Según Indepaz, esas estructuras hacen presencia en 338 municipios de 31 departamentos.
Desmontar las “estructuras paramilitares”. Esa ha sido, desde el inicio de las conversaciones de La Habana, una de las exigencias más recurrentes de las Farc. El asunto está consignado en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y en el acuerdo sobre participación política, y resulta definitivo para la seguridad de los futuros excombatientes.
En ese contexto, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) acaba de presentar su décimo informe de seguimiento sobre la presencia de grupos armados posdesmovilización o bandas criminales en Colombia, según el cual esas estructuras hacen presencia en 338 municipios de 31 departamentos. De acuerdo con esa cifra, el 31,5% del país experimenta ese tipo de criminalidad.
En el informe, el Instituto también reporta la existencia de 17 organizaciones de ese tipo, entras las que se encuentran los Urabeños, los Rastrojos, los Botalones, los bloques Meta y Libertadores del Vichada, la Oficina de Envigado y las Autodefensas Campesinas del Tolima. Los Urabeños y Los Rastrojos, con presencia en 270 y 111 municipios, respectivamente, serían las estructuras con un control territorial más extendido.
Además, en el último semestre de 2014, se habrían creado las Fuerzas Armadas Irregulares de Colombia (FIAC), un grupo armado posdesmovilización que tendría “presencia en la Orinoquía, especialmente en los departamentos del Meta, Vichada y Guaviare”. Según el informe, las FIAC “han reclutado jóvenes de la comuna 3 de Ibagué y tienen como objetivo el control territorial de la Orinoquía colombiana, teniendo como su principal enemigo al grupo Libertadores del Vichada, el cual es apoyado por los Urabeños”.
Para el instituto, estas organizaciones buscan ejercer el control de aquellos territorios “propicios para el narcotráfico, el lavado de activos, el contrabando, el tráfico de armas, la minería ilegal, la apropiación de tierras, y zonas con potencial para algunos macroproyectos extractivos o de agroindustria”. Con ese objetivo, cometen”amenazas, asesinatos, confinamiento a la población, confrontaciones, desaparición forzada, desplazamiento, extorsión, masacres y reclutamiento forzado”.
En ocho de los 32 departamentos del país, al menos el 60% de los municipios han registrado alguna presencia de bandas criminales entre 2014 y septiembre de 2015, mientras en otros nueve la existencia de esas organizaciones se ha reportado en entre el 30% y el 59% de las poblaciones. Las situaciones más críticas, según Indepaz, “se observan en la Costa Caribe y Cesar, el andén Pacífico y la Orinoquía”.
Así estarían distribuidos los grupos armados posdesmovilización:
