El documento que se dio a conocer este martes incluye 10 medidas para reparar a los afectados por el conflicto y explica las tareas que tendrán los excombatientes.
Con la firma del acuerdo sobre el punto 5, el Gobierno y las Farc ratificaron uno de los compromisos que habían adquirido desde el inicio de la negociación: que habría justicia y que las víctimas serían reparadas por los graves impactos que sufrieron durante la guerra.
El documento de 63 páginas, calificado como “histórico”, incluye los componentes de verdad, justicia, reparación y no repetición, que habían sido exigidos por las víctimas en múltiples ocasiones.
Además de hacer públicos los detalles de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya creación se había anunciado el pasado 23 de septiembre, ambas delegaciones declararon que los derechos de las víctimas serán garantizados mediante cinco componentes. Estos son:
Reparación integral
1. El acuerdo contempla la participación de los futuros excombatientes en tareas de reconstrucción de infraestructura en territorios afectados por el conflicto y en los programas de desminado, sustitución de cultivos de uso ilícito y búsqueda de desaparecidos. Además, los desmovilizados trabajarán en programas de reparación del daño ambiental, entre los que podrán incluirse tareas de reforestación.
2. Tal como se esperaba, las Farc se comprometieron a aportar recursos económicos para pagar la reparación de las víctimas. Sobre este punto, se dejó claro que la guerrilla sólo reparará a las personas que hayan resultado victimizadas durante hechos que sean identificados por la Jurisdicción Especial para la Paz. La manera como las Farc entregarán esos recursos estará contemplada en el Acuerdo Final, que será firmado en 2016.
3. De manera similar a lo realizado en Bojayá (Chocó) el pasado 6 de diciembre, el Gobierno y las Farc realizarán actos de reconocimiento de responsabilidad, en los cuales asumirán su participación en distintos hechos victimizantes y pedirán perdón por el daño causado. La coordinación de esos actos estará a cargo de las iglesias y de las organizaciones de víctimas.
4. El acuerdo, que se centra en medidas de reparación para grupos y no para individuos, también contempla la incorporación de planes de reparación colectiva a los Planes de Desarrollo Rural, que se acordaron en el punto sobre desarrollo rural integral. Dichos planes, que buscan rehabilitar las zonas más afectadas por la violencia, serán complementados con medidas materiales y simbólicas de reparación, y de recuperación del tejido social y promoción de la convivencia, que incluirán a víctimas, exparamilitares, exguerrilleros y terceros que hayan participado en el conflicto.
5. Además, y tal como viene haciendo la Unidad de Víctimas, se crearán planes nacionales de reparación colectiva. Con ellos se buscará reparar a organizaciones de mujeres, gremios económicos, partidos y movimientos políticos y sociales, entre otros colectivos.
6. Las partes escucharon los reclamos de las víctimas en cuanto a la necesidad de mejorar la atención psicosocial que brinda el Gobierno. Por eso, acordaron ampliar la cobertura y mejorar los servicios tendientes a recuperar emocionalmente a las víctimas, tanto de manera individual como colectiva.
7. Otro punto en el que el Gobierno se comprometió a redoblar esfuerzos es en el del retorno de los desplazados a sus tierras. El acuerdo incluye retornos colectivos, que se realizarán de manera prioritaria en las zonas donde se implementen los Planes de Desarrollo Rural. Los procesos incluirán restitución de tierras y garantías de seguridad para los retornados.
8. De manera novedosa, y tal como habían exigido los colombianos agrupados en el Foro Internacional de Víctimas, el Gobierno facilitará el regreso al país de los exiliados y contribuirá a la reconstrucción de sus proyectos de vida en Colombia.
9. En lo que se refiere a los procesos adelantados por las unidades de Víctimas y de Restitución de Tierras, las partes acordaron que se ampliará la participación de las víctimas y se tendrán en cuenta sus exigencias para hacer ajustes en las estrategias de ambas entidades. La decisión responde a la opinión de algunas organizaciones de víctimas, que han planteado la necesidad de mejorar la interlocución entre aquellas y el Gobierno. En todo caso, la manera como ambas unidades asumirán o se articularán con lo acordado en La Habana deberá ser reglamentado en la fase de implementación de los acuerdos.
10. Por último, el Gobierno y las Farc decidieron que se reconocerán como víctimas a los guerrilleros que han sido objeto de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. La manera como serán reparados los integrantes de las Farc que se consideren víctimas se definirá en el punto sobre el fin del conflicto. Igualmente, el Gobierno se comprometió a mejorar la atención y la reparación de los miembros de la Fuerza Pública víctimas de esos delitos.
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Acceso a la verdad
Tal como anunció la mesa en junio de 2015, el componente de acceso a la verdad se garantizará con la creación y el funcionamiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. La Comisión tendrá entre sus tareas explicarle al país qué ocurrió durante la guerra y cuáles fueron sus impactos sobre las víctimas, además de promover la solución pacífica de los conflictos y la tolerancia. Todo ello deberá hacerse con enfoque territorial, diferencial y de género.
Los comisionados también deberán investigar contextos y patrones de victimización que comprendan graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, de manera similar a lo que ha venido haciendo la Fiscalía en Justicia y Paz desde 2012. Asimismo, deberán indagar por las responsabilidades del Estado, las Farc y los paramilitares, “así como de cualquier otro grupo, organización o institución, nacional o internacional”, que haya participado en el conflicto.
La Comisión también tendrá entre sus funciones documentar las afectaciones que han sufrido distintos grupos políticos, poblacionales, culturales y gremiales, y los combatientes y sus familias. Igualmente, los orígenes del conflicto, incluyendo las causas y el modus operandi del paramilitarismo, y los fenómenos del desplazamiento y del despojo de tierras.
Con esos insumos, la Comisión deberá elaborar y publicar un informe global, a más tardar tres años después de firmado el Acuerdo Final.
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Garantías de no repetición
Para el Gobierno y las Farc, la implementación de las medidas contempladas en el punto 5 (y en los otros tres que se han acordado) generarán un escenario en el cual será posible garantizar que los hechos violentos no se repetirán. Otras medidas al respecto se acordarán en el punto sobre el fin del conflicto.
Búsqueda de desaparecidos
En octubre de 2015, las partes anunciaron que se crearía una “unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado”. El acuerdo global sobre el punto 5 reitera la creación de esa entidad, cuya labor será buscar a las personas que hayan sido desaparecidas, identificar restos y garantizar la entrega digna de los cuerpos a los familiares.
Asimismo, la Unidad deberá elaborar e implementar un registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas, brindar atención psicosocial a los familiares de los desaparecidos y elaborar un informe final con destino a la Comisión de la Verdad y a las víctimas.
Respeto por los derechos humanos
Sobre este punto, el Gobierno se comprometió a promover el respeto por los derechos humanos, fortalecer los sistemas de información y monitoreo sobre la situación de derechos humanos en el país, y robustecer y proteger a las organizaciones defensoras de esos derechos, tal como se había acordado en el punto sobre participación política. Asimismo, se acordó crear el Plan Nacional en Derechos Humanos, con la participación de distintos sectores sociales.
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