Un informe de varias organizaciones deja ver los lazos que tuvo la Primera Brigada del Ejército, que opera en Boyacá, con las Autodefensas Campesinas del Casanare entre 2001 y 2008.
El primero de diciembre de 2001, hace 18 años, ocurrió uno de los episodios del conflicto armado que más se recuerda en Boyacá: la masacre del Páramo de la Sarna. Ese día un bus de la empresa Cootracero salió a las 6 de la mañana desde Sogamoso hacia Labranzagrande, otro municipio boyacense que queda en la provincia de La Libertad. Luego de un hora de recorrido, el bus fue detenido por paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) cuando pasaba cerca del páramo.
Los paramilitares, según el relato de los pocos sobrevivientes de la masacre, hicieron bajar a todos los pasajeros del bus y ordenaron atravesar el carro en la vía. Después acostaron a 15 de los viajeros sobre el pavimento y los mataron, uno por uno, con un tiro en la cabeza.
Gracias a la investigación para esclarecer lo que sucedió en la Sarna, el Consejo de Estado determinó en 2019 que esa masacre es un crimen de lesa humanidad y condenó al Estado colombiano por participar en su planeación y ejecución, pues integrantes de la Primera Brigada del Ejército y la Sijín de la Policía colaboraron con las ACC.
La masacre del Páramo la Sarna y otros episodios violentos ocurridos en Boyacá en el marco del conflicto armado, donde la fuerza pública está involucrada, quedaron documentados en el informe ‘Boyacá: sembrado justicia, memoria y dignidad’, elaborado por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar) y el Colectivo Vida, Memoria y Dignidad y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).
El informe, que fue entregado a finales del pasado agosto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la Comisión de la Verdad, recopila la información de 86 ejecuciones extrajudiciales y de 18 asesinatos bajo la modalidad de exterminio social entre 2001 y 2008. Según el documento, en esos años hubo 119 muertes —incluidas las 15 víctimas de la masacre del Páramo de la Sarna— en la que participaron militares, policías y agentes de inteligencia del Estado.
En el caso de La Sarna, el informe hace énfasis en la responsabilidad del brigadier general Fabio Bedoya Correa, quien para la fecha de la masacre era el comandante de la Primera Brigada del Ejército. “A pesar de tener conocimiento sobre el inminente riesgo de ataque a la población civil, no tomó ninguna medida para prevenirlo. Incluso reposan pruebas en la decisión del Consejo de Estado para concluir que ordenó levantar el retén militar en la carretera la noche anterior a la masacre”.
En cuanto al exterminio social, el informe destaca que entre noviembre de 2002 y marzo de 2003 integrantes de la Primera Brigada del Ejército, de la Policía Nacional y del extinto Departamentos Administrativo de Seguridad (DAS) coordinaron y en algunos casos ordenaron a las ACC perpetrar estos crímenes.
Además, las organización que hicieron el informe analizaron 64 casos de ejecuciones extrajudiciales que dejaron 86 víctimas, las cuales fueron presentadas como falsos positivos en operaciones militares. Al menos 175 miembros del Ejército, adscritos a la Primera Brigada, cometieron estos asesinatos.
“Para la comisión de estas ejecuciones extrajudiciales, la sección de inteligencia de la Primera Brigada entregaba listas a las ACC con información de las personas que debían ser asesinadas: la mayoría de ellas eran habitantes de calle, consumidores de estupefacientes o habían sido sindicadas arbitrariamente de cometer algún delito o de ser “colaboradores” e “integrantes” de las guerrillas”, explica un documento con apartes del informe.
Estas violencias evidencian patrones de criminalidad dentro de la Primera Brigada del Ejército entre 2003 y 2008. Durante esos años estuvieron al mando de esa unidad militar los oficiales Luis Antonio Coronado León (de noviembre de 2003 a diciembre de 2004), Sergio Mantilla Sanmiguel (de enero de 2005 a noviembre de 2006), Germán Enrique Cardona Pinzón (de enero de 2006 a enero 2007), Rafael Alberto Neira Weisner (de diciembre de 2006 a diciembre de 2007) y Luis Fernando Rojas Espinoza (de febrero de 2008 a septiembre de 2008).
Aparte de recopilar información sobre la violencia de la fuerza pública en Boyacá, las organizaciones también indagan sobre la búsqueda de justicia. Apenas 22 militares tienen sentencia condenatoria por los crímenes que se mencionan en el informe y en esta nota, lo que representa un 12,5 por ciento de los implicados. “Todos los condenados son militares de bajo rango, lo que también refleja la responsabilidad de las diferentes instituciones estatales en la demora de la satisfacción de los derechos de las víctimas”.
Junto a la entrega del informe, la CCJ, el CSPP, el Cajar y Movice le solicitaron a la Comisión de la Verdad y a la JEP seguir investigando para esclarecer las causas de los crímenes con el fin de hacer visible la responsabilidad colectiva y agravada del Estado. También le pidieron a la JEP que incluya a la Primera Brigada del Ejército dentro del caso 003, sobre ‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’.
