Varios líderes sociales de la región señalaron a las Autodefensas Gaitanistas como responsables de las amenazas.
Ayer jueves fue asesinado Jorge Arbey Chantré Achipis, líder indígena de Jamundí, Valle del Cauca. Con Chantré ya son 33 los líderes sociales asesinados en Colombia desde que arrancó la implementación de los acuerdos de paz. Para más información haga clic aquí.
Todos quieren hablar pero nadie da la cara. Se esconden si ven una cámara y no quieren saber de entrevistas. Están dispuestos a dar información pero dudan en decir su nombre, incluso si les digo que no voy a publicarlo. Son reclamantes de tierra, y están en Apartadó, Antioquia, para decirle al gobierno, a las organizaciones y a los periodistas cómo van sus procesos.
Tienen miedo. Vienen de los municipios más alejados de Urabá: llegaron desde Necloclí, Turbo y Mutatá, en Antioquia; y desde Acandí, Carmen del Darién y Riosucio, en Chocó. Representan a casi todos los campesinos, afros e indígenas que piden restitución en la región, por eso tienen amplio respaldo popular pero también cientos de enemigos.
El miedo tiene nombre propio, usa uniforme de militar y armas largas. Está en “cada una de las esquinas” de Urabá, según un líder social que asistió al evento. El miedo se llama Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y ordena “la ley de los paracos”. Dice que “al que no le guste lo matamos o se va”.
Es el mismo grupo que, según las denuncias de comunidades de varios departamentos del país, ha asesinado a la mayoría de los 33 líderes sociales desde el inicio de la implementación de los acuerdos de paz, en diciembre del año pasado. Parece que con la salida de las Farc de los territorios para la dejación de armas, esta bacrim se apoderó del control de los límites entre Antioquia y Chocó.
El encuentro de Apartadó, organizado por el Cinep, la Unión Europea, Somos Defensores y otras organizaciones, se convirtió en un refugio de quejas y denuncias sobre la situación de seguridad en la región. Todos creen que los van a matar y vinieron aquí para desahogarse.
Por ejemplo, un líder de esta región dijo que en diciembre del año pasado recibió una llamada en la que alguien le advertía que, a poca distancia, había una reunión entre cuatro jefes paramilitares para preparar su asesinato, como parte de un “plan pistola”. El nivel de amenaza se incrementó hasta el punto en que, el 10 de abril de este año, escuchó que las AGC estaban pagando un millón de pesos por cada líder muerto.
Otro dirigente dijo que una noche, hace un par de semanas, supuestos funcionarios de la gobernación de Antioquia llegaron a su casa a decirle que se tenía que ir de la región. Terminó escondido en un batallón militar, acompañado por la Defensoría del Pueblo.
Los defensores de Derechos Humanos de esta región tienen tanto miedo que ni siquiera quieren que se mencionen las veredas donde viven, ni los municipios de donde son. Nada.
“Solo diga que es en el Urabá”, me dicen algunos.
Los panfletos son pan de cada día para los líderes sociales en esta zona del país. Les dicen que los van a matar, que son unos sapos, que pertenecen a la guerrilla y que no van a dejar que llegue “la tal paz”. Además, según dijeron varios dirigentes, cuando van a hacer denuncias a la Fiscalía “los paracos nos llaman al poco tiempo a decir que saben lo que dijimos”, señala uno. “Nos dicen que sigamos denunciando y veremos lo que nos pasa”.
De hecho, al representante legal de una organización social en Urabá le tocó salir corriendo, pues hombres armados lo fueron a buscar a la casa porque él había denunciado a las AGC. La connivencia entre estos nuevos grupos paramilitares y funcionarios del Estado y la fuerza pública es, según investigadores del Cinep, uno de los factores de riesgo más importantes en el momento actual de la región.
En los municipios cercanos al río, los líderes sociales denuncian que los Gaitanistas trataron de “envenenar el agua para matarnos”. También dicen que le pusieron veneno a los cultivos de plátano y que, según una dirigente de la zona, les mataron “70 gallinas y algunos perros”. Los perros, justamente, se convierten muchas veces en sus guardianes, pues avisan si viene alguien.
Según los líderes, los Gaitanistas también han hecho atentados, han ejercido violencia sexual contra niñas de la región, han intentado envenenar con escopolamina a los dirigentes y alistan, según un defensor de derechos humanos, 800 hombres para contener una eventual ofensiva del Eln en Urabá. “Van a desplegar 50 hombres en 16 puntos de la región para pelear”, dijo.
Las amenazas, por desgracia, ya se han materializado. Porfirio Jaramillo Bogallo, reclamante de tierras de la comunidad de Guacamayas y miembro activo de la organización Tierra y Paz, fue asesinado el 28 de enero de este año. Sus compañeros dicen que había ido varias veces a la Fiscalía a denunciar las amenazas y que no recibió respuesta institucional.
Ellos no quieren ser el siguiente Porfirio. Por eso más que un chaleco, un escolta o un celular, exigen al gobierno medidas de protección colectiva y, sobretodo, que se comience a desmontar el paramilitarismo en el país, como acordaron en La Habana con las Farc.
Sin embargo, uno de los líderes se levanta y en medio de la reunión dice: “el buen luchador muere en la lucha. Los que quedamos vivos, debemos seguir adelante”.
