Las movilizaciones estudiantiles lograron que el gobierno cediera y aceptara girarle a las universidades públicas 4,5 billones de pesos en los próximos cuatro años.
—Vimos lo de las amenazas de los capuchos. ¿Tienes miedo?
—Sí, tengo miedo. Mis papás me dicen: “queremos un hijo, no un mártir”.
Alejandro Palacio llega cansado a la casa de ¡Pacifista! Lo vigila un escolta. Son las cinco de la tarde del viernes 30 de noviembre. Se despertó a las cinco de la mañana para revisar leyes, decretos e informes; todo relacionado con la educación superior. Salió, unas horas más tarde, a reuniones con profesores, estudiantes y representantes del Ministerio de Educación para buscarle una salida al paro estudiantil. Entra a la casa. Toma aire y continúa: “Pero seguimos en la pelea. La movilización estudiantil va a seguir así haya amenazas. He recibido muchos mensajes de ánimo en los últimos días. Eso me da fuerza”.
Su rutina parece la de un candidato presidencial. Entrevistas en televisión, debates con la ministra de Educación, discursos en la Plaza de Bolívar frente a más de 20.000 personas y en la noche debates en programas radiales o reuniones de cinco horas con representantes estudiantiles de todo el país. Uno podría imaginarse que su perfil es el del típico líder político: ocupado, algo arrogante, oportunista en tiempos electorales y carismático con la gente para obtener algún rédito. Y no. Alejandro es tímido, tiene veinte años y no se considera un tipo muy extrovertido. “Mi vida era normal en Medellín: de la casa a la universidad, de la universidad a la casa”.
Todo lo que ha pasado en los últimos meses es extraño para él. En cuestión de días pasó de ser el representante estudiantil en el Consejo Superior de la Universidad Nacional a ser la cara visible de una movilización estudiantil histórica. De ahí las entrevistas en televisión, los 12.400 seguidores en Twitter, la foto con Residente de Calle 13. Y de ahí, también, las amenazas telefónicas, personales y a través de panfletos. Grupos radicales, encapuchados, le han dicho varias veces a Palacio que se retire del movimiento estudiantil, “por tibio” y, si no lo hace, amenazan con asesinarlo.
Alejandro no camina solo. En las movilizaciones estudiantiles y en las discusiones con la ministra de Educación lo acompañan varios jóvenes. Una de las activistas más visibles es Jennifer Pedraza, estudiante de economía de la Universidad Nacional. Ella le ha ganado varios pulsos al gobierno cuando hablan sobre presupuesto y, de hecho, su voz fue clave en el acuerdo que alcanzaron el pasado 14 de diciembre.
Aunque no se levantó el paro, el presidente Iván Duque cedió y aceptó aumentar las transferencias del Estado para las 32 universidades públicas del país. Las instituciones públicas de educación superior recibirán un 3,5% de presupuesto adicional en los años 2019 y 2020, 4% en 2021 y 4,65% en 2022. En total, el gobierno aceptó girarle a las universidades 4,5 billones de pesos en los próximos cuatro años. De estos recursos, 1,3 billones de pesos serán invertidos en lo esencial: pagar la nómina de los docentes, los servicios públicos y otras inversiones para que los campus universitarios puedan funcionar. Esta es la primera vez que un gobierno cede tanto. En 2011, la Mesa Amplia Estudiantil (MANE), después de movilizaciones en todo el país, logró que el gobierno retirara la reforma a la Ley 30 de educación superior, pero no cedió más.
Todavía faltan puntos por resolver – como la reforma al Icetex o las condiciones laborales de los profesores – pero por primera vez en dos meses Alejandro pudo darse un respiro. Para muchos líderes de opinión, él y Jennifer Pedraza son los personajes del año, y es probable que lo sean. Dese 2011 no se veían movilizaciones estudiantiles tan espontáneas y creativas. Con el paso del tiempo se unieron los sindicatos obreros, los trabajadores de la rama judicial, en fin, los estudiantes dieron el primer paso, sin miedo, con arte, abriendo un camino para exigirle al gobierno algo básico: que cumpla con la Constitución del 91.
Una vez más, ¿quién es Alejandro Palacio?
Soy estudiante de ciencia política de la Universidad Nacional, sede de Medellín. Estoy en sexto semestre, tengo 20 años.
¿Cómo llegaste a liderar este movimiento estudiantil?
En estos momentos soy el representante estudiantil del Consejo Superior de la Universidad Nacional. Estoy allá desde mayo de este año. La verdad es que este movimiento tiene algo particular y es que fue muy espontáneo. Comenzó por los profesores, quienes se movilizaron a finales de agosto por la eliminación de un punto de la reforma tributaria que les permitía contar con la exención del 40% de los impuestos en su salario. Pasaron de pagar 0 pesos en impuestos a dos o tres salarios. Hoy hay profesores que pagan 25 millones de pesos en impuestos. Tuvieron que endeudarse con cooperativas universitarias, sacar créditos. Todo esto comienza con los profes.
Justamente en agosto te eligieron presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior (Acrees). Y estalló todo… ¿Cómo fue eso?
Nosotros siempre hemos dicho que no importaba quién estuviese en la presidencia de Colombia: si no le giraba recursos a la educación superior para el presupuesto de 2019, y si la importancia de la educación superior no se veía reflejada en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, saldríamos a movilizarnos. Esta no es una movilización contra Iván Duque, sino a favor de la educación.
Entiendo, pero la línea de Santos era muy similar a la de Duque. ¿Por qué ahora?
Esta movilización estalla porque 25 años de desfinanciación dejaron a las universidades al borde del abismo. Las universidades públicas en 2018 no tuvieron certeza sobre cómo iban a pagar los servicios públicos, las nóminas de los profesores, el papel higiénico. Nuestras universidades simplemente no han tenido garantías de funcionamiento o sostenimiento. En la discusión del presupuesto general de la Nación, el Congreso no escuchó el clamor de los estudiantes, por eso salimos a las calles y por eso mismo estamos en un paro universitario.
¿Por qué se llegó a este déficit?
La ley 30 de 1992 es la que rige el servicio de la educación superior. Concibe la educación como un servicio, no como un derecho. Esta ley plantea que los recursos de las universidades públicas van a aumentar de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC). ¿Eso qué implica? Que las universidades reciban recursos de acuerdo a la inflación y este indicador no tiene en cuenta los gastos de renovación tecnológica, infraestructura y aumento de cobertura.
Esto nos ha llevado a una crisis presupuestal con un déficit de 18.2 billones de pesos. La cobertura desde 1993 hasta hoy ha aumentado en un 284% y los recursos de las universidades siguen siendo los mismos de 1993. De esos 18.2 billones de pesos, 15 billones de pesos se necesitan para inversiones en infraestructura y 3.2 billones de pesos para pagar servicios públicos, nómina docente, comprar resmas de papel, en fin, para invertir en todo lo que se necesita para que una universidad funcione. Esto quiere decir que nuestras universidades necesitan 3,2 billones de pesos para no cerrar y 15 billones de pesos para no caer.
¿Cómo llegaste al activismo?
Yo vengo de Medellín. Me tocó ver cómo se transformó la ciudad por medio de la educación. Medellín en los noventa era la ciudad más violenta de América Latina y hoy es una de las que tiene mejor calidad de vida en Colombia. Esa transformación se debe al potencial de la educación. Nosotros sabemos de sobra en el país que la violencia no conduce a nada, y al evidenciar que por medio de la educación las sociedades se transforman, decidí entrar a la Universidad Nacional y me encontré con un espacio en donde todos somos iguales, donde el conocimiento es el principal objetivo de la universidad.
Venías de un colegio privado…
Yo me gradué del colegio Corazonista en 2015. La gran mayoría de mis amigos entraron a universidades privadas porque la universidad pública en Colombia es un privilegio. La Universidad Nacional tan solo recibe el 8% de la demanda que tiene. Cuando llegué a la Universidad Nacional la vi cayéndose a pedazos, con alza en las matrículas para poder funcionar y con recortes en bienestar universitario, en deporte y cultura. Esta es una de las razones por las cuales llegué al activismo. Además, creo que todos pueden tener movilidad social por medio de la universidad pública.
¿En el colegio también eras activista?
En el colegio fui delegado del salón un par de veces, pero el punto de quiebre fue en 2016, cuando me metí de lleno a defender el proceso de paz y cuando entré a la universidad pública.
¿Cómo te parecieron las movilizaciones de la MANE en 2011?
Cuando se dio la MANE yo tenía 13 años. Ahora me doy cuenta de que sostenían las mismas discusiones que estamos dando nosotros. El panorama no ha cambiado por completo. En 2011 el éxito de la MANE fue tumbar una reforma de la Ley 30, pero la movilización de ahora ha sido un éxito porque hemos logrado conseguir nuevos recursos para nuestras universidades.
¿Hoy, como en 2011, las 32 universidades públicas están en riesgo?
En Colombia existen 32 universidades públicas que reciben recursos de la Nación. Sin embargo, el 70% de esos recursos, por la Ley 30, van para la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la del Valle, la Universidad Industrial de Santander y la Universidad de Caldas. La Nacional, que es la que más recursos recibe, se está cayendo a pedazos. Ahora imaginemos lo que pasa en la Universidad de Chocó o en la de la Guajira, que están ubicadas en los departamentos más pobres. Mientras la Universidad Nacional recibe en promedio 5 millones de pesos por estudiante, otras universidades, como la del Chocó, recibe 900 mil pesos por estudiante. Así, ¿qué educación de calidad vamos a tener?
Hablemos de las amenazas que has recibido…
Me parece preocupante que en un país como Colombia, donde sabemos que la violencia no conduce a nada, donde hemos vivido más de 50 años en conflicto, una causa tan noble como la defensa de la educación pueda costar la vida. En las últimas semanas he recibido amenazas de encapuchados que me advirtieron que si no me retiro del movimiento estudiantil me van a matar.
¿De dónde vienen esos encapuchados?
Los encapuchados son tanto de izquierda radical como de derecha radical. Ambos buscan sabotear nuestras movilizaciones, buscan deslegitimar nuestra causa. Ninguno de ellos representan al movimiento estudiantil, por eso los hemos denunciado. En las movilizaciones varios encapuchados se han acercado a decirme que me van a asesinar si no me retiro. He recibido un par de llamadas donde me dicen que me cuide y en las redes sociales el pan de cada día son mensajes de odio, injurias, amenazas de muerte por montones. Es lamentable que este tipo de situaciones sigan sucediendo en Colombia.
¿Qué le molesta a los encapuchados de tu liderazgo?
Es una pregunta compleja. Cuando me amenazan no me dicen por qué, solo me dicen que me retire del movimiento, que están cansados de mí. Nosotros no les seguimos el juego, porque nosotros sabemos que el camino no es la violencia sino que estamos dando la discusión de manera argumentada y ganándonos el cariño de la gente. En Colombia, lastimosamente, la protesta social ha estado muy estigmatizada y por eso hemos trabajado tanto desde el diálogo y con la gente, con los padres de familia, con los niños, dejándoles claro que la educación es para ellos, para las generaciones que vienen y para los que lastimosamente no han podido ingresar a la universidad pública porque les cerró la puerta en la cara por falta de recursos.
¿Por qué te eligen como el representante de esta movilización?
Creo que son dos razones: el compromiso con la defensa de la educación superior pública y los argumentos que sostuve en la mesa de negociación con el gobierno. Nosotros le estamos ganando el debate técnico al gobierno y ahora estamos en medio de un debate que es político: o financiamos la oferta de la educación pública para que las instituciones sean robustas financieramente o financiamos la demanda que se hace a través del crédito educativo. Al país le hemos demostrado que plata sí hay, lo que no hay es voluntad política. El gobierno quiere financiar la demanda, el crédito, el Icetex.
El gobierno en un comienzo ofreció 500 mil millones de pesos y ustedes dijeron que no, ¿por qué?
Luego de estas movilizaciones el gobierno se ha comprometido con nuevos recursos que nosotros no hemos rechazado. Cualquier recurso adicional para las universidades públicas será valioso. Sin embargo, esos recursos son insuficientes. Nuestras universidades se están cayendo a pedazos, tienen un déficit de 18,2 billones de pesos. En el primer acuerdo con los rectores el gobierno se comprometió a incrementar los recursos de las universidades en 3 puntos adicionales al IPC en 2019 y en 2020 cuatro puntos. Nuestras universidades públicas están creciendo en 4,5%, por eso esos recursos no tendrían mayor incidencia en la deuda, solo la controlarían, pero no van a reducir el déficit.
Bueno, ¿y cómo han lidiado con afirmaciones como la del ministro de defensa, quien dijo en septiembre que “grupos armados financian la protesta social”?
Uno de los grandes problemas de Colombia es que está supremamente polarizado. Es un país en el que no podemos ser diferentes sin ser enemigos, un país que le cree al miedo y no a la esperanza. Por eso es difícil, porque la movilización y la protesta social están altamente estigmatizadas, entonces cualquier persona que defienda los derechos consagrados en la Constitución es tildado de guerrillero. Y lo hemos dicho muchas veces: la defensa de la educación no tiene un color político. Aquí no estamos defendiendo partidos políticos. Todos los jóvenes, ya sean de derecha o de izquierda, pueden entrar a las universidades públicas.
¿En qué se inspiraron para estas movilizaciones?
Van ocho movilizaciones nacionales y siento que hemos tenido diferentes inspiraciones. Lo que pasó en los años sesenta y en 2011 con la MANE fueron movilizaciones muy valiosas porque nos demostraron que había que ganarse el cariño de la gente. La pelea no es de los estudiantes contra el gobierno, sino de toda la sociedad reclamando por los derechos que hemos ganado.
¿Y tú, personalmente, en quién te has inspirado?
Pienso en políticos recientes en Colombia como Alonso Salazar, exalcalde de Medellín, quien logró, por medio de la inversión social y la educación, reducir la pobreza y la desigualdad. También admiro mucho a personas como Jaime Garzón, Jorge Eliécer Gaitán. A congresistas como Angélica Lozano, Jorge Enrique Robledo e Iván Marulanda. Ellos han estado de nuestro lado en la defensa por la educación.
Incluso se unieron las universidades privadas…
Nosotros siempre lo hemos dicho: no hay que ser de la universidad pública para salir a defenderla, así como no tenemos que ser homosexuales para defender a los homosexuales. Acá se trata de defender los derechos, y por eso nos hemos ganado la solidaridad de los estudiantes de las universidades privadas. La universidad privada no tiene que ser la obligación, sino una opción. Lo que pasa es que como la pública le cierra la puerta en la cara a miles de jóvenes, la privada termina convirtiéndose en la única opción. Cuando revisamos las cifras encontramos que el 70% de los estudiantes de la Universidad de los Andes tienen que pedir una ayuda financiera, un crédito para seguir estudiando. Se ven obligados a pagar muchísimo dinero por una educación de calidad.
¿Hasta dónde pueden llegar como movimiento?
El papel de los jóvenes en la historia de Colombia ha sido fundamental. En 1991 fueron los jóvenes los que salieron a las calles con una séptima papeleta y lograron una nueva Constitución, la del 91. En 2016 los jóvenes se echaron al hombro la campaña del plebiscito por la paz, y aunque ganó el No, se logró sacar el Acuerdo de Paz adelante. Nosotros hemos logrado que el gobierno se siente en la mesa, que ceda. Y ahora queremos reformar de manera estructural el sistema educativo, pensando en otro modelo, reformando la Ley 30, incluyendo en esta discusión el rol del Icetex, así como el de Colciencias. Queremos transformar la historia en este aspecto. La educación superior no puede seguir siendo un privilegio.
Muchos se han aventurado a decir que ustedes quieren tumbar al presidente…
Si nosotros estamos sentados en una mesa de negociación es porque estamos dispuestos a dialogar sobre nuestras exigencias. Tenemos toda la voluntad para resolver la crisis de la educación superior, no buscamos derrotar al presidente o tumbarlo. Hay personas que votaron por Duque y que han salido a marchar pidiendo que se cambie la Ley 30, que se solucione el problema de desfinanciamiento en nuestras universidades.
Sin embargo, lograron atraer a los sindicatos, a los trabajadores de la rama judicial en una movilización…
Las últimas movilizaciones han tenido un apoyo significativo de las centrales obreras, de diferentes actores sociales que defienden la educación superior y que a su vez están movilizándose por una reforma tributaria que buscaba ponerle IVA a toda la canasta básica familiar, afectando a la clase media. Defender la educación y la clase media son causas nobles, por eso hemos aunado esfuerzos.
Desde la ciencia política, ¿qué te llevó a ponerte de este lado?
Entender que por medio de la educación se logra aumentar la movilidad social de las nuevas generaciones. Si acá tenemos una familia en la pobreza y le damos educación, los niños de esta familia pueden terminar en otro punto. Es a través de la educación que las clases bajas y medias pueden ascender, obteniendo una mejor calidad de vida. No es por medio de la violencia o de los subsidios que eso va a cambiar, es a través de la educación que podemos mejorar el nivel de vida.
¿Para ti, quiénes son los capuchos?
Son personas que se ocultan y sabotean las movilizaciones, dañan las instalaciones públicas y buscan desvirtuar y deslegitimar las movilizaciones estudiantiles. Son infiltrados, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha.
Siendo realistas, ¿ustedes creen que Duque va a cambiar la Ley 30?
Estas movilizaciones han sido muy masivas, no se veían desde hace mucho tiempo. Yo creo que estamos haciendo historia, estamos transformando la educación de Colombia. Y hay un cambio: antes siempre se estaba hablando de guerra, de violencia, y con el Acuerdo de Paz vimos otros problemas que necesitan soluciones de raíz, como la corrupción y la educación.
¿Ustedes creen que el gobierno debe reducir el presupuesto de defensa para aumentar el de la educación?
No es necesario que el gobierno haga eso. El gobierno tiene plata, lo que no tiene es voluntad política. Para el 31 de octubre de 2018 tenía recursos apropiados por 51 billones de pesos que no estaban comprometidos. Con que saquemos el 1% de esos recursos podríamos subsanar el déficit de las universidades públicas para 2018. También hemos planteado otras posibilidades, como usar los recursos de utilidades que genera el Icetex para financiar a las universidades públicas o cumplir con la Reforma tributaria de 2016, que le otorga nuevos recursos a las universidades.
¿Qué lograron en casi tres meses de paro?
Hemos alcanzado un acuerdo y logramos poner la educación superior como el primer tema en la agenda de Colombia. Las movilizaciones en la calle fueron todo un éxito. El gobierno al final cede porque se dio cuenta de que esto no era un capricho de los estudiantes, sino una reivindicación de todo un país.
¿Qué tan precaria es la educación en Colombia?
En el país existen 32 universidades públicas que tienen 620 mil estudiantes. El gasto en promedio por estudiante en Colombia es de 5.000 dólares, mientras que el promedio en la OCDE es de 15.000 dólares. Colombia hace el ridículo a nivel internacional cuando se habla de gasto público en educación superior. Mientras en Colombia el gasto privado de los hogares en educación es alrededor del 50% y el otro 50% es gasto público, el promedio internacional es diferente: el gasto de los hogares es del 30% y el 70% es público. Colombia no le apuesta a la educación, no es una de sus prioridades, mientras que sí lo es para los países de vanguardia.
En Colombia, por no invertir en educación, a los jóvenes les quedan pocas opciones: educación privada de mala calidad; ingresar al mercado laboral desde la informalidad o quedar parados en las lógicas de la criminalidad y la delincuencia.
¿Qué va pasar con tu vida, qué piensan tus papás?
Yo espero que mi vida vuelva a la normalidad, seguir siendo un estudiante más en la Universidad Nacional y trabajando por resolver los líos de la universidad. Quiero regresar a mi ciudad, Medellín, yo no soy de Bogotá. Tan solo tengo 20 años y mi gran sueño es ser rector de mi universidad. Yo creo que la transformación no solo se da desde la política, sino que desde la academia se pueden hacer grandes transformaciones.
¿Y tu familia cómo ha tomado todo esto?
Todo esto ha sido muy complejo para mi familia. No tenerme en casa ha sido difícil y se enteraron de las amenazas por medio de la radio. Yo no había querido contarles porque entiendo lo difícil que debe ser para ellos que su hijo de 20 años, por defender la educación pública, haya sido amenazado de muerte. Ellos me piden que me cuide, que regrese a Medellín, que entiendan que quieren un hijo y no un mártir, como te decía.
¿El Estado te dio protección?
En estos momentos cuento con protección de la UNP. El gobierno nacional ha estado al frente de mi seguridad porque sabe que en estos contextos la vida vale muy poco. La verdad nunca me habían amenazado, nunca había andado con un escolta, tan solo tengo 20 años. Mi vida era la de un estudiante promedio en la universidad, por eso todo esto ha sido difícil.
¿Cómo han sido estas jornadas?
Han sido muy pesadas: de cinco de la mañana a 12 de la noche, estudiando, dando las discusiones, dialogando con el gobierno, informándole a los estudiantes sobre los acuerdos. No nos ha quedado ni un segundo libre.
¿Cómo los han acompañado los profesores?
El apoyo del profesorado ha sido fundamental. Existen grandes referentes de nuestro lado: Leopoldo Múnera, Mario Hernández, Juan Carlos Yepes, John Mario Muñoz… Ellos se han sentado en la mesa de negociación y nos han ayudado a orientar las discusiones.
Con 20 años… ¿Te sentiste respetado por el gobierno en la mesa de negociación?
Bueno, es complejo. El gobierno no nos quería escuchar ni siquiera. Nosotros logramos sentarlos en una mesa y no hemos caído en sus trampas. El debate ha sido argumentado y no nos hemos dejado hacer conejo. Hoy, el gobierno está reconociendo a los estudiantes como interlocutores válidos y legítimos.
¿Qué lecciones te dejan otras movilizaciones sociales?
Las movilizaciones en México han sido muy importantes, lo mismo las de Chile. Ambos países son ejemplos sobre cómo los estudiantes pueden dar grandes pasos y alcanzar grandes victorias. Los estudiantes han demostrado tener mucho coraje, incluso en México, donde los han matado por protestar.
Por último, ¿qué le dirías a un capucho?
Yo les diría que la defensa de la educación superior es con argumentos, dando la cara, ganándose el corazón de la gente. En Colombia, lo sabemos de sobra, la violencia no conduce a nada. Ya nos cansamos de ella.
