Desde que empezó la Ley 1448, es la primera vez que las víctimas tendrán incidencia directa en los planes de desarrollo.
Desde el principio se sabía que uno de los retos más grandes de la Ley de Víctimas, que entró a regir en 2011, sería escuchar e interpretar las demandas de los más de siete millones de colombianos que han sufrido la guerra. Aunque la Ley dispuso diferentes instancias para cumplir ese propósito, se creó también una medida simbólica: desde 2011, cada 9 de abril se conmemora el Día de Solidaridad con las Víctimas. Además de marchas, foros y conciertos, ese día, por mandato, el Congreso escucha a las víctimas.
Hace tres años, la Unidad de Víctimas le propuso al Congreso que no solo participaran ellos en la sesión, sino que se invitara también a las asambleas departamentales y se transmitiera el evento por el Canal Institucional, para que quienes no pudieran asistir estuvieran al tanto de lo que se discutía allá adentro. El Congreso aceptó y así se hizo. La actividad tuvo buena acogida entre las mesas de víctimas, que querían mostrarle a los órganos legislativos la necesidad de que tomaran decisiones que apoyaran la reparación integral, aunque varios denunciaron que cada año la asistencia de congresistas es menor y que no se quedan hasta el final.
Además, en muchos escenarios se han escuchado quejas de que lo que las víctimas decían no tenía incidencia real. Las escuchaban, asentían con la cabeza, pero las políticas y las leyes seguían siendo las mismas. La queja se repitió tanto y llegó tan arriba que este año, aprovechando que recién se eligieron alcaldes, gobernadores, diputados y concejales, parece que las víctimas por fin podrán influir de verdad en las políticas territoriales.
Toda esta semana, en el marco de los eventos del próximo 9 de abril, las 32 mesas departamentales víctimas, algunas mesas municipales, la mesa distrital y la mesa nacional debaten sobre la reparación integral en los planes de desarrollo de cada territorio. El debate se hace teniendo en cuenta el balance que hizo la Unidad de Víctimas de los mandatarios que salieron y los borradores de plan de desarrollo que existen a la fecha. Las víctimas analizarán y harán recomendaciones, que deberían ser incluidas en los planes definitivos que los entes territoriales entregarán en mayo.
Aunque es la primera vez que las víctimas tendrán un escenario de influencia directa en los planes de desarrollo de los entes territoriales, no es la primera vez que se le pide directamente a alcaldes y gobernadores que lo hagan. La Unidad de Víctimas, para el periodo 2016-2019, formuló un documento con lineamientos muy específicos para la inclusión de políticas de reparación en los planes de desarrollos. Además, también habían sacado un documento con recomendaciones para asesorar a los candidatos en la inclusión del tema en los planes de gobierno.
Sin embargo, las víctimas sienten que no se han acatado esas recomendaciones. Alfonso Castillo, líder de víctimas en Bogotá, dice que el plan de desarrollo de la administración de Enrique Peñalosa carece de un plan de inversiones en temas de víctimas, no considera un enfoque diferencial y, aunque propone fortalecer la Alta Consejería para las Víctimas, se queda corto en mecanismos para garantizar el derecho a la verdad, a la memoria histórica y a la justicia.
Por su parte, Anaidalyt Delgado, lideresa en Antioquia, dice que, aunque lo han pedido en distintas ocasiones y la Unidad de Víctimas insiste en ello, el borrador de plan de desarrollo sigue sin tener indicadores y objetivos claros en lo que concierne a las víctimas, por lo que no es posible saber cuándo se cumplen las metas y cuándo falla la política.
Hasta el año pasado, los entes territoriales no estaban obligados a incluir de alguna forma determinada los temas de víctimas en sus planes. Con eso, muchos mandatarios se excusaban ante las demandas, y casi todo el asunto dependía de voluntades políticas, sobre todo en la regiones donde la veeduría es más complicada. Pero, a partir del 17 de diciembre pasado, a raíz de un decreto firmado por el Presidente, se reafirmó el deber de los alcaldes y gobernadores de definir con rigor cómo serán ejecutados los temas de política pública para las víctimas.
Ese decreto exige que las entidades territoriales incluyan programas, metas y recursos sobre prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral. Para eso, las entidades deberán crear un Plan de Acción Territorial que, además de especificar instrumentos, presupuestos y metas claras para cada año, tendrá que articular todos los componentes de la política pública: retornos y reubicaciones, reparaciones colectivas, prevención, acción contra minas, etc. Todos estos, por supuesto, de acuerdo a las necesidades y condiciones de cada territorio.
Las víctimas y algunas de las instituciones que trabajan con el tema coinciden en que todas esas acciones no son fortuitas. Lo que pase este año y las proyecciones que se hagan de cara al periodo 2016-2019 serán claves para probar el temple del Gobierno y sus instituciones a la hora de reparar. La coyuntura es clara: el avanzado proceso con las Farc, los nuevos diálogos con el ELN y la cuenta regresiva hasta 2021 (cuando se cumplen diez años de la Ley de Víctimas y todas deberían haber sido reparadas).
El presidente Santos y toda la cúpula que trabaja en temas de paz han resaltado que la implementación del posconflicto depende de lo que se haga en los territorios. En esos territorios, gran parte de la responsabilidad es de los alcaldes y gobernadores que, por recomendación de la Unidad de Víctimas, por mandato del decreto y por presión de las víctimas, estarán bajo la lupa del país durante los próximos años.
La necesidad de un compromiso serio por parte de las entidades territoriales hizo que incluso la misma Unidad de Víctimas, buscando presionar cada vez más, cambiara el método bajo el que evaluaban a los mandatarios, haciendo más difícil de superar el examen de calidad que hacen al finalizar cada año.
La importancia que reviste todo el asunto pide que este Día de las Víctimas trascienda la conmemoración y pase a los hechos. Después de debatir toda la semana y de trabajar sobre las propuestas que ya traían de antemano, las víctimas están listas para exigir lo que merecen y los mandatarios están obligados a escucharlos y hacer algo al respecto. En mayo, cuando se publiquen los planes de desarrollo definitivos, se sabrá qué tanta voluntad hay frente a la que para muchos es la causa más importante del país en este momento.
