El acuerdo sobre justicia que se firmó incluye amnistías e indultos para guerrilleros que solo hayan cometido delitos políticos.
El Estado no juzgará a los guerrilleros de las Farc que no estén involucrados en delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra, secuestro, tortura, desaparición forzada, violencia sexual, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores. Así quedó consignado en el acuerdo sobre el punto 5 al que el Gobierno y esa guerrilla acaban de llegar en Cuba.
Lo anterior significa que el Tribunal Especial para la Paz no juzgará a los combatientes que únicamente hayan cometido delitos políticos y conexos; por tanto, sus cuentas con la justicia quedarán saldadas después de la desmovilización. Las partes también acordaron que los guerrilleros y otras personas sentenciadas por rebelión serán indultadas; es decir, que sus condenas les serán perdonadas.
No es la primera vez que un gobierno colombiano perdonará masivamente a quienes lo combatieron. En el país se han concedido múltiples amnistías e indultos, que han sido fuertemente cuestionados porque sacrificaron los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Teniendo en cuenta la importancia de la figura, y las lecciones del pasado que intentará corregir el nuevo acuerdo con las Farc, presentamos un breve recorrido por los perdones que han concedido distintos gobiernos en la hasta ahora fallida búsqueda de la paz.
La amnistía de guerrilleros liberales
El general Gustavo Rojas Pinilla fue el primer gobernante en ‘perdonar’ los delitos de grupos guerrilleros. En 1954, Rojas decidió amnistiar delitos políticos y cobijó con esa medida a todos los colombianos, excluyendo a los militares desertores que se habían alzado en armas y a quienes hubieran cometido delitos atroces. Por “atroces” se entendieron los crímenes que “revelaran una extrema insensibilidad moral”.
Las guerrillas liberales que entonces operaban en Tolima, los Llanos, y otras regiones del país, decidieron desarmarse y acogerse al beneficio, que estaría acompañado del retorno de los desplazados al campo. No obstante, varios desmovilizados fueron asesinados y el Gobierno se negó a buscar la paz con las guerrillas comunistas, lo que a la larga se convirtió en caldo de cultivo para la creación de nuevas organizaciones insurgentes.
Una amnistía en medio de la represión
En 1978, Julio César Turbay se convirtió en presidente de Colombia. Tres años después les concedió una amnistía incondicional a todos los responsables de delitos políticos y conexos, y decidió juzgar el secuestro, la extorsión, el homicidio fuera de combate, el incendio, el envenenamiento de fuentes de agua y los “actos de ferocidad o barbarie”. Mientras tanto, Turbay dirigía un gobierno represivo, que restringía las libertades y reprimía la protesta social.
Por esa época, las Farc, el Epl y el Eln llevaban más de una década en armas y estaban en pleno proceso de consolidación. También habían surgido el M-19 y otros movimientos guerrilleros, en un ambiente en el que la represión del gobierno parecía legitimar la lucha insurgente en campos y ciudades.
En ese contexto, el hecho de que la amnistía no hubiera surgido de un proceso de negociación, y de que exigiera la entrega previa de los guerrilleros, impidió que la iniciativa fuera bien recibida.
La paz fracasada de Betancur
Aunque pertenecía al partido Conservador, Belisario Betancur llegó a la Presidencia con la idea de buscar la paz negociada con las guerrillas. En 1982, durante su primer año de gobierno, expidió una ley de amnistía para los alzados en armas y decidió indultar a todos aquellos procesados por delitos políticos y conexos. Sólo se excluyeron de la amnistía los responsables de homicidios fuera de combate y de los asesinatos cometidos con sevicia.
Betancur también inició un diálogo nacional con las Farc, el Eln, el Epl, el M-19 y la Autodefensa Obrera (Ado). No obstante, ninguna de esas guerrillas decidió desmovilizarse haciendo uso de la amnistía, porque consideraban que el Gobierno pretendía su rendición. La medida tampoco contó con el respaldo de las Fuerzas Armadas ni del partido Conservador, aunque sí con el de ciertos sectores de la sociedad civil.
La falta de voluntad política de las organizaciones insurgentes (que se encontraban en proceso de expansión), además de la intensificación de las acciones militares por parte del Ejército, impidieron que las negociaciones tuvieran éxito.
El indulto al M-19
Durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) las Farc, el Eln, el Epl, el M-19, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (Prt), el Movimiento Armado Quintín Lame y el Movimiento de Integración Revolucionario – Patria Libre (Mir – Patria Libre) crearon la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. La Coordinadora fue un espacio de articulación de esas organizaciones, que estaban siendo fuertemente golpeadas por el Ejército y grupos paramilitares.
A pesar de ello, el debilitado M-19 decidió sentarse a negociar con el Gobierno. En ese contexto, Barco promulgó una nueva ley de amnistía e indulto en 1989. Ese año el M-19 se acogió a la ley que cobijaba delitos políticos y conexos y excluía los homicidios fuera de combate y “actos de ferocidad o barbarie”. La amnistía tampoco aplicaba para integrantes de “organizaciones terroristas”.
La medida fue la puerta de entrada a la desmovilización del M-19, que dejó las armas en 1990 y presionó la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Ese proceso, a su vez, facilitó la dejación de las armas y la concesión de amnistías e indultos para el Epl, el Quintín Lame y el Prt.
Amnistía e indulto durante los diálogos con el Eln
España, Alemania y Venezuela fueron sede de distintas reuniones entre el Eln y el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) para llegar a acuerdos que permitieran instalar formalmente una mesa de negociación.
En 1997, Samper promulgó una ley que abarcaba distintos temas y con la cual buscaba allanar un camino para la paz. Entre las disposiciones se encontraban medidas para facilitar el diálogo con las guerrillas y su desmovilización, impedir que los menores de 18 años prestaran servicio militar, “atender a las víctimas del conflicto”, controlar las radiocomunicaciones, adjudicar baldíos, y evitar que los recursos públicos terminaran en manos de organizaciones armadas al margen de la ley.
La norma también incluyó nuevas medidas de amnistía e indulto por delitos políticos y conexos a los integrantes de grupos armados a los que se les reconociera estatus político y demostraran voluntad de reincorporarse a la vida civil. Por fuera de esos beneficios quedaban los responsables de “actos atroces, de ferocidad o barbarie, terrorismo, secuestro, genocidios, homicidios cometidos fuera de combate o colocando a la víctima en estado de indefensión.”
Como en otras oportunidades, esas medidas no desembocaron en procesos de desmovilización colectiva.
Durante el gobierno de Andrés Pastrana, la vigencia de esa ley se prorrogó tres años para favorecer la negociación con las Farc en el Caguán.
