Las instituciones jurídicas no pueden hacer caso omiso de su deber de hacer justicia y deben actuar en beneficio de todas las colombianas convirtiendo el derecho fundamental al aborto en una realidad.
Por: Catalina de la Mar Calderón*
La interrupción voluntaria del embarazo es un derecho de todas las colombianas cuando es producto de una violación, la gestación es inviable o la vida de la madre se encuentra en riesgo. Así lo determinó la Corte Constitucional en su sentencia C355/06 al declarar exequibles de manera condicionada los artículos 122, 123 (parcial) y 124 del Código Penal, en los que se tipifica el aborto. En otras palabras, el aborto continúa siendo un delito, excepto en los casos señalados anteriormente.
Según la corte, la prohibición total del aborto es una medida penal desproporcionada, porque obligar a las mujeres a llevar a término un embarazo en estas situaciones implica una carga extrema que vulnera derechos fundamentales como la vida, la salud, la integridad, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. Esta decisión, basada en diferentes avances internacionales en materia de derechos humanos, es un hito histórico y ejemplo latinoamericano de la garantía y protección que merecen los derechos sexuales y reproductivos, la autonomía y autodeterminación de las mujeres.
Esta posición jurídica ha sido ratificada en diferentes fallos de tutela que han dejado claro que en Colombia no se pueden imponer dilaciones al aborto sin fundamento, como juntas médicas, exámenes innecesarios y trámites burocráticos. Este tipo de impedimentos, infortunadamente frecuentes, afectan principalmente a las colombianas sin acceso a recursos económicos, educación y servicios de salud; y constituyen una vulneración grave de sus derechos fundamentales.
Por esta razón, los fallos de la Corte Constitucional han sido enfáticos en ratificar que la interrupción voluntaria del embarazo no tiene límite de semanas y por tanto debe estar disponible para todas las colombianas tan pronto como sea posible y realizarse tan tarde como sea necesario.
Sin embargo, en este momento todos estos avances constitucionales que benefician a las niñas y mujeres en Colombia se encuentra bajo ataque. Actualmente, la Corte Constitucional estudia dos demandas interpuesta por la abogada Natalia Bernal que pretende que el aborto vuelva a estar totalmente prohibido, desconociendo la jurisprudencia y retrocediendo en la garantía de los derechos y libertades de las niñas y mujeres.
Esto significa que, si prosperaran las demandas, las mujeres con embarazos ectópicos (cuando la gestación se da fuera del útero) no podrían acceder a los servicios de salud que protegen su vida. Aquellas con gestaciones incompatibles con la vida por graves malformaciones como la anencefalia no tendrían otra opción que continuar sus embarazos, lo que constituye una terrible tortura física y psicológica. Las víctimas de violación, por su parte, se verán obligadas a ser madres en contra de su voluntad, perpetuando así la cadena de violencia.
El impacto en la vida, salud, dignidad y autonomía de un fallo en contra de la interrupción voluntaria del embarazo lo viven en carne propia todas las niñas y mujeres de El Salvador. En 1998, el aborto volvió a ser totalmente penalizado en este país centroamericano y desde ese momento la vulneración de los derechos fundamentales de las salvadoreñas es una práctica sistemática, constante y naturalizada.
Las salas de urgencias de los hospitales salvadoreños, donde todas las personas deben recibir un trato digno y humano, se convirtieron en centros de detención donde las mujeres que ingresan a causa de emergencias obstétricas o partos extrahospitalarios son consideradas sospechosas de aborto. Muchas de ellas han sido esposadas a las camillas por las autoridades antes de recuperar el conocimiento, acusadas injustamente y condenadas a más de 30 años de prisión.
A este ataque jurídico a los derechos sexuales y reproductivos se le suman la desinformación de los últimos días, los prejuicios, el estigma y las cargas sociales que pesan sobre quienes deciden interrumpir un embarazo. Los medios de comunicación se han abalanzado sobre la noticia de un aborto en una etapa avanzada de la gestación, centrando su atención en un proceso penal absurdo, informando de manera parcializada y desconociendo la grave situación en la que se encontraba la mujer.
El afán de sensacionalismo ha dejado de lado que el embarazo representaba un peligro real para la vida de esa mujer. Además, los medios no han reportado los obstáculos que debió enfrentar y olvidaron mencionar que a causa de la presión social lleva meses sin poder salir de su casa. Este caso evidencia que aún queda mucho camino por recorrer para que los derechos y libertades de las colombianas sean promovidos y garantizados efectivamente.
Las instituciones jurídicas no pueden hacer caso omiso de su deber de hacer justicia y deben actuar en beneficio de todas las colombianas convirtiendo el derecho fundamental al aborto en una realidad. Y en este sentido existe una luz de esperanza.
En los últimos días, diferentes medios han dado a conocer que el magistrado Alejandro Linares se encuentra elaborando un fallo que permitiría a las mujeres acceder libremente a la interrupción del embarazo en las primeras semanas de gestación, sin que esto afecte las excepciones que existen actualmente. Esta solución, acorde con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, puede convertirse en un paso más para superar la inequidad institucionalizada en torno al aborto y garantizar efectivamente los derechos fundamentales de todas las colombianas.
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*Catalina es abogada y directora asociada para América Latina y el Caribe del Women´s Equality Center, una organización que defiende los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Pueden encontrarla en: @catcalderon2
