Causa Justa reunió a activistas y organizaciones de distintas partes del país alrededor de un objetivo: eliminar el delito de aborto. Tras un año de haber sido lanzado públicamente este movimiento, se han fortalecido redes y colectivas en todo el territorio nacional. Hoy esperan que la marea verde que se vive en Latinoamérica lleve a la Corte Constitucional a tomar una decisión a su favor.
Marcela*, una joven huilense, quedó en embarazo el año pasado, una situación que desestabilizó casi por completo su salud mental. Se tomó unas pastillas sin ningún tipo de acompañamiento del sistema de salud o de alguna de las organizaciones que brindan apoyo a las mujeres que, como ella, deciden interrumpir la gestación. Debido a una complicación, se acercó a un centro médico en donde la persona que la atendió llamó a la Policía, al considerar que lo que ella había hecho era un delito.
Esta historia se repite en miles de rincones de Colombia. Aunque la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es un derecho fundamental en nuestro país, luego de que la Corte Constitucional le dio este estatus en una decisión que marcó un antes y un después para el movimiento por su despenalización, en la práctica hay múltiples barreras para hacerlo efectivo.
Desde hace casi 15 años, gracias a la sentencia C-355 del 2006 de este alto tribunal, en Colombia es legal abortar en tres escenarios: cuando el embarazo constituye un peligro para la salud física y mental de las mujeres y de las personas gestantes; cuando el feto tiene una inviabilidad con la vida fuera del útero; y cuando el embarazo es resultado de una violación, incesto, inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentida. A pesar del avance que supuso este fallo, el aborto sigue siendo un delito en Colombia y por esto, para quienes luchan por su despenalización, este sistema de causales es insuficiente.
El caso de Marcela, quien finalmente sí pudo acceder al aborto legal, fue uno de los que conoció la Red Huilense de Defensa y Acompañamiento en Derechos Sexuales y Reproductivos (RHUDA), con la que PACIFISTA! se contactó, y que evidencia lo problemático que es que esta práctica siga siendo un crimen. Mientras sean judicializadas, las personas que desean acceder a la IVE no buscarán información sobre qué pueden hacer ante un embarazo no deseado y sus vidas estarán en riesgo al abortar en espacios inseguros.
Como sigue siendo un delito, algunos profesionales de salud, por su parte, preferirán objetar conciencia para evitar problemas legales y justificaciones extenuantes frente a este derecho, lo que representa un uso indebido de este alegato. O incluso, en contravía de lo que se ha dicho por la jurisprudencia, ciertos centros médicos no garantizarán que haya al menos un médico o médica que no alegue la objeción.
RHUDA está conformada por varias mujeres que, tras atender el llamado de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres para consolidar un movimiento por la despenalización del aborto con alcance nacional, decidieron agruparse como red en el departamento del Huila. Es una de las más de 90 organizaciones y colectivas que hacen parte de Causa Justa, el movimiento fruto de esta invitación y que este mes cumple un año de haber sido lanzado.
“Queríamos posicionar una conversación pública a propósito del aborto y que generara presión sobre los tomadores de decisiones”, explicó a PACIFISTA! Laura Castro González de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, frente a la conformación de Causa Justa. “Consolidamos un movimiento diverso en sus expresiones territoriales, pero también en sus apuestas políticas e incluso, en las agendas que tenemos las distintas organizaciones”, agregó.
Un año después de que el país lo conoció y con más de 100 activistas respaldándolo, este movimiento sigue trabajando para que el aborto deje de ser un delito y para que los estigmas alrededor de esta práctica dejen de costarles la vida e integridad a las mujeres, hombres trans y personas no binarias que pueden gestar.
Para lograrlo tienen múltiples frentes de batalla y uno está en los estrados judiciales: en septiembre del 2020 Causa Justa interpuso una nueva demanda para pedir a la Corte Constitucional que declare que el artículo 122 del Código Penal (el del aborto) contradice principios constitucionales y derechos fundamentales. Su apuesta: eliminar este delito en Colombia. Ahora, la marea verde que vive Latinoamérica es gasolina para las activistas que esperan que, algún día, este sea un derecho real y efectivo en el país.
La desbogotanización del debate: en muchas regiones abortar no es un derecho
Entre 1998 y 2019, 7 de cada 10 casos de aborto que conoció la Fiscalía General de la Nación fueron reportados por el mismo personal de centros médicos. Al igual que Marcela, miles de mujeres se vieron enfrentadas al aparato penal al que fueron llevadas por quienes debieron garantizar su derecho a la IVE. Y en este mismo periodo, la entidad inició 5.833 actuaciones por este delito; desde el 2005, al menos 340 personas han sido condenadas.
Esta situación es una de las razones por las que el movimiento insiste en que cese la criminalización de quienes toman la decisión de interrumpir el embarazo. “Hay muchos operadores de justicia que siguen judicializando personas, autoridades de policía que siguen iniciando investigaciones y médicos que avisan a las entidades sobre peticiones para acceder a una IVE, aun cuando se han emitido directrices para que esto no pase”, le dijo a PACIFISTA! Lina Morales de la Red Jurídica Feminista, una colectiva de abogadas que brinda acompañamiento legal no solo frente al aborto sino a otros asuntos, y que hace parte de Causa Justa.
En la práctica, la sentencia C-355 y los pronunciamientos de entidades como el Ministerio de Salud o la Fiscalía General no son conocidos ni cumplidos, lo que se traduce en que hay muchas personas, en especial en zonas rurales de Colombia, que creen que abortar es un delito en cualquier circunstancia y en funcionarios que hacen un uso desproporcionado del aparato punitivo del Estado.
“Lo que busca la política criminal de un Estado es que con la existencia de unos delitos contemplados en un Código Penal se reduzcan los índices de criminalidad. ¿Realmente el artículo 122 reduce la práctica de abortos? ¿O más bien lo que hace es revictimizar a las mujeres, que al no poder acceder a la prestación de un servicio son criminalizadas y judicializadas?”, se preguntó en diálogo con PACIFISTA! Aura Carolina Cuasapud Arteaga, asesora jurídica y de incidencia de Católicas por el Derecho a Decidir, una de las organizaciones que hacen parte del movimiento nacional.
A ese 17 de febrero de 2020, día en el que el país conoció a Causa Justa, le anteceden más de tres años de trabajo de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, en los que estudió y preparó los argumentos por los cuales el camino para garantizar el libre acceso a la IVE es insistir en su despenalización. Con este plan, se dio a la tarea de agrupar a activistas, colectivos y colectivas, así como organizaciones que hoy conforman y tienen vocería en el movimiento. En el camino, se logró descentralizar el debate sobre la despenalización del aborto y escuchar a otras voces que están hablando de esto fuera de Bogotá.
Yapuranas, una colectiva feminista con incidencia en Caquetá y que integra a Causa Justa, es enfática en que es necesario hablar del aborto en escenarios diversos. Abortar en una zona rural de este departamento, por ejemplo, no es igual a hacerlo en Florencia y mucho menos en la capital del país. “Nuestros derechos, que son los mismos de todo Colombia, tienen un ejercicio distinto porque estamos en un contexto más complicado y si se quiere, injusto a la hora de garantizarlos”, sostuvo el grupo en conversación con PACIFISTA!
Como ellas, otros colectivos y colectivas de Quindío, Huila, Cauca y Boyacá, están convencidas de que el debate por el aborto libre, gratuito y seguro debe “desbogotanizarse”. Con esta intención y luego de coincidir en espacios de Causa Justa y de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, decidieron reunirse para hablar del aborto en sus regiones. Así nació el #JunteRegionalPorElDerechoADecidir, un espacio en el que se comparten historias reales de personas que abortaron.
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“En la EPS me dijeron que debía pagar para que me hicieran el procedimiento, pues no podían cubrirlo. Luego supe que las EPS deben garantizar mi derecho”, es lo que se escucha en uno de los relatos que fueron difundidos a través de las redes sociales de todos los grupos que hacen parte del Junte Regional. También fueron transmitidos en radios locales, con el propósito de llegar a otras personas que desean interrumpir el embarazo u obtener información al respecto.
Yukasa es una organización social y una casa feminista, la primera de Quindío, que brinda información sobre derechos, entre estos, los sexuales y reproductivos. Ha acompañado casos de personas que desean acceder a la IVE y, además, hace activismo en múltiples municipios del departamento. “En las regiones también se aborta y también hay organizaciones que estamos haciendo incidencia y que venimos trabajando para que se garantice el derecho al aborto en el territorio. La presencia de Yukasa en Causa Justa ha sido importante para poder posicionar lo regional en este debate”, argumentaron sus integrantes al dialogar con PACIFISTA!.
Hablar del aborto en ciudades y municipios lejanos a Bogotá es difícil. “Hay muchos lugares en gran parte del Huila en los que antes de explicar por qué hay que despenalizar completamente el aborto, nos toca hablar sobre el cuerpo, derechos sexuales y reproductivos y maternidades deseadas. Luego debemos hablar de la sentencia, porque hay mucho desconocimiento sobre lo que ya está aprobado por la Corte. Y luego, en ciertos espacios, ahí sí hablar de la despenalización”, le dijo a PACIFISTA! Erika Saldarriaga de RHUDAS.
Si hablar de aborto es difícil, acceder al procedimiento lo es aún más. No solo por la falta de instituciones en los municipios, sino por las creencias, estigmas y desinformación que hay alrededor de este derecho. En las regiones, intentar una IVE segura a través del sistema de salud es someterse a la negativa y prejuicios de los profesionales y funcionarios encargados de garantizarla, argumentó Angie de Yapuranas. Además, a la judicialización, pues según cifras de la Fiscalía General, el 97% de las mujeres que fueron denunciadas por el delito de aborto entre el 2010 y el 2017 vivía en zonas rurales.
“Es ilusorio decir que en Caquetá hay un derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Es un departamento disperso que tiene una población de escasos recursos y que está empobrecida”, explicó. Cuando una mujer debe desplazarse más de seis horas para llegar a la zona urbana de Florencia u otra ciudad, donde tiene que derrumbar otras barreras, las posibilidades de garantizar su derecho a la IVE son mínimas. Y allí, al igual que en otros departamentos del país, tener un embarazo avanzado en medio de los trámites para interrumpir la gestación es una situación dolorosa y compleja.
Nos pone muy orgullosas hacer parte de este movimiento nacional Causa Justa por el Aborto#CausaJustaPorElAborto https://t.co/JSUTXd82n5
— Yukasa Feminista (@YukasaFeminista) September 16, 2020
Por estas razones, Ita María de las Viejas Verdes, una colectiva que hace activismo digital y en las calles alrededor del derecho al aborto, coincide con otras activistas de Causa Justa en que conocer los relatos y experiencias de ciudades y municipios fuera de Bogotá es un gran avance para el movimiento. Es un diálogo que, pese a las restricciones que trajo la pandemia de covid-19, se pudo entablar con organizaciones y grupos que están en las regiones.
La marea verde que resuena en Colombia
Despenalizar el aborto es un objetivo que solo puede cumplirse si se trabaja de manera colectiva. Ese es uno de los principios de Women’s Link Worldwide, una organización que defiende los derechos de las mujeres y las niñas y que tiene amplia experiencia en el litigio de alto impacto. Para Lucía Hernández, una de sus abogadas y quien ha estado junto a otras compañeras detrás de la demanda que Causa Justa interpuso ante la Corte Constitucional, es fundamental que este debate trascienda el escenario judicial y llegue a las calles.
“Hace 16 años no podíamos hablar de barreras para acceder a la IVE, porque la penalización era total. Era la muerte o la cárcel”, le dijo a PACIFISTA! la abogada, a propósito de la demanda que dio origen a la sentencia C-355 del 2006. “Estos años nos evidenciaron las barreras que se fueron constituyendo, luego de que la Corte permitió las tres causales pero dejó al aborto como un delito”, agregó.
Estos obstáculos, la migración y la precaria situación en la que se encuentran las mujeres que llegan a Colombia desde otros países, el uso indebido de la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la salud y las limitaciones que tienen en su trabajo ante el estigma alrededor del aborto, son algunos de los nuevos elementos que sustentan esta demanda, cuya decisión está en cabeza de la Corte Constitucional. Por ahora, varias activistas, colectivas y organizaciones confían en que se emita un fallo a la altura del siglo XXI y que esté en línea con los derechos constitucionales.
En cualquier caso, sea cual sea la decisión, están convencidas de que este momento marca un hito para el movimiento por la despenalización del aborto. “Hoy en día la conversación se está dando en nuestros términos. Los planteamientos expuestos hacen que los magistrados deban argumentar en términos jurídicos y de salud pública y no como solía hacerse hace unos años, cuando eran válidos los prejuicios y comportamientos sobre lo que hacen o no hacen las mujeres”. Esta es la lectura que Carolina Sintura de Siete Polas compartió con PACIFISTA!. Esta plataforma, que también integra el movimiento, hace parte del ala de comunicaciones de Causa Justa, que ha sido fundamental en medio de la pandemia.
Otras colectivas como Las Parceras, argumentan que si bien es importante la conquista de derechos a través de escenarios jurídicos, la realidad es que las mujeres y las personas gestantes seguirán abortando y, por eso, requieren de todo el acompañamiento posible. La acción directa es necesaria, dijo Eliana Riaño Vivas, para quien la despenalización del aborto no es, necesariamente, fruto de una ley o de una batalla ante las cortes.
“El Congreso de Argentina no es feminista. Lo que hubo fueron años de intensos debates y de movilización social que llevaron a lo que hay en este país, que es una ley de aborto legal. Esto no fue un logro del Congreso y por eso es necesaria la movilización”, le dijo a PACIFISTA! Riaño Vivas.
En esto coinciden Laura Castro González e Ita María, quienes recordaron que las argentinas llevan años luchando por este derecho por lo que, si bien es un escenario distinto al colombiano, no deja de ser motivo de inspiración para ellas. Sobre esto, Riaño Vivas dijo que aunque “la marea verde se está ampliando y cada vez somos más mujeres en las calles luchando por este derecho, eso no quiere decir que la movida política tenga un efecto dominó. Esperemos que acá sí pase”.
Lo cierto es que las discusiones que se están teniendo en Colombia no son ajenas al momento que vive la región. La Corte Constitucional deberá tomar una decisión en medio de estas circunstancias, un escenario que, para algunas activistas, podría ser favorable.
“Esto es imparable, somos imparables”. Esa fue una de las conclusiones de Sandra Mazo, directora de Católicas por el Derecho a Decidir en Colombia, quien lleva años trabajando a la par de la Mesa Por la Vida y la Salud de las Mujeres. Para ella, la Corte está en capacidad de tomar una decisión a favor del movimiento y aún si no lo hace, no habrá un retroceso frente a los derechos que ya han ganado. Eso es una victoria.
Eliminar el delito de aborto en Colombia es una causa justa por las mujeres, por su libertad y dignidad. De eso están convencidas las más de 90 organizaciones que conforman Causa Justa, un movimiento que logró reunir a activistas de vieja guardia, a jóvenes, a mujeres en regiones apartadas del centro del país, a colectivos con agendas diversas y a un número importante de personas que defienden el derecho a decidir y que, desde sus orillas, trabajan cada día para materializarlo.
A Laura pueden encontrarla acá.
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