Colombia es el país con mayor índice de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en América Latina. Organizaciones sociales presentaron un informe que da cuenta de 944 asesinatos entre 2016 y el 30 de junio de 2020 y criticaron la falta de avances por parte de la Fiscalía en la investigación de estos crímenes.
Siete organizaciones no gubernamentales presentaron este martes el informe Sistematicidad, estigmatización y precarios avances en materia de investigación, juzgamiento y sanción, en el que denuncian que, entre el primero de noviembre de 2016 y el 30 de junio de 2020 se registraron a nivel nacional 944 homicidios a líderes, lideresas sociales y excombatientes de las Farc.
La investigación, que se centró en el Urabá, Bajo Cauca, nordeste antioqueño, norte del Cauca, Bajo Atrato (Chocó) y sur de Córdoba, da cuenta que en esas regiones se dieron 255 asesinatos: 213 de líderes y lideresas sociales y 42 de excombatientes de las Farc, entre noviembre de 2016 y el 30 de junio de 2020. El informe fue elaborado por la Fundación Forjando Futuros, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el programa Somos Defensores, el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), Protección Internacional, Indepaz y la Comisión Colombiana de Juristas, con el apoyo de OXFAM y DIAKONIA.
Según Andrea Becerra, coordinadora del área de investigación de la Comisión Colombiana de Juristas, el Gobierno ha incumplido con varios de sus deberes.
El primero de ellos, la prevención estatal de los asesinatos de defensores de derechos humanos. Según Becerra, mandar fuerza pública a las seis regiones mencionadas está causando un efecto adverso. Incluso, asegura que la fuerza pública sería responsable de algunos asesinatos a líderes y lideresas. Según la investigadora, “pese a ello, hay pocas investigaciones; en realidad ninguna que dé cuenta de qué manera se ha ejercido alguna sanción o se ha procesado a los responsables”.
La segunda denuncia tiene que ver con la desprotección a los firmantes del Acuerdo de Paz, firmado por el Estado y las Farc en 2016. Según la misión de verificación de la ONU, 259 excombatientes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz. Incluso esa organización multilateral hizo un llamado para que en 2021 la protección de excombatientes fuera una prioridad para el Estado.
Informe Secretario General @ONU_es de @MisionONUCol hace recuento de logros y balance de #AcuerdoDePaz tras 4 años. Insta, una vez más, a su implementación integral ya que sus instrumentos brindan oportunidades de desarrollo, seguridad y paz a comunidades. https://t.co/XLxXhy9mQ0 pic.twitter.com/HrkYfXw5SK
— Misión de la ONU en Colombia (@MisionONUCol) January 7, 2021
Tercero, denuncian el Gobierno no está garantizando la participación democrática de los ciudadanos, pues los desplazamientos forzados y el confinamiento de poblaciones han hecho que la democracia se desdibuje. Según el documento, los líderes y lideresas que corren mayor peligro son quienes ejercen el liderazgo comunal, campesino y político: “de los 255 registros analizados en la investigación, 120 víctimas (47%) coincidían en el ejercicio o pertenencia a organizaciones políticas, comunales y campesinas”
Cuarto, Becerra denuncia que: “el Gobierno ha omitido el deber de protección respecto a personas defensoras que han denunciado amenazas contra su vida, y que luego son asesinados”.
Por eso es urgente que el Estado reconozca la magnitud de los hechos, que a estas alturas, según las organizaciones se convirtió en un hecho sistemático. Le piden a la Fiscalía investigue los antecedentes y los móviles del fenómeno y que no reporte avances de esclarecimiento cuando hay capturas, imputaciones o muertes de los sindicados.
La controversia por las cifras
La Fiscalía no ha reconocido públicamente la información que arroja la base de datos construida por las siete organizaciones, la única fuente que el ente acusador utiliza es la base de datos del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
“A pesar de tener a su disposición todas estas fuentes”, dice el informe, “el gobierno nacional, publica sólo las que recibe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Colombia, que ha sido, hasta diciembre de 2020, la más baja entre todas las fuentes”. Además, aclara que “no hay explicación alguna sobre las razones para esta escogencia”, infieren que hay una “intención política de manipulación de la información, que omite incluso la advertencia que el OACNUDH ha hecho en varias oportunidades sobre el carácter parcial de sus registros y la necesidad de completarlos con otras fuentes”.
“Casi en su totalidad, los municipios seleccionados tuvieron tasas de homicidio por encima de 10 por cada 100 mil habitantes durante los 5 años estudiados”, informe Sistematicidad, estigmatización y precarios avances en materia de investigación, juzgamiento y sanción.
La única manera, según el informe, de comprender el asesinato sistemático a líderes sociales es “mediante la trasparencia en la información de los datos oficiales sobre las investigaciones de los líderes sociales y los avances en la judicialización de estas conductas”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció el 6 de diciembre de 2019, por medio del informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia: “preocupa a la CIDH la falta de estadísticas oficiales y de un registro detallado, desagregado y unificado de las agresiones contra este grupo”. Por otro lado, esa instancia enfatiza: “la impunidad constituye un factor que aumenta el riesgo de las y los defensores, los deja en una situación de indefensión y desprotección que favorece la repetición de estos delitos”.
Al respecto, Becerra expresó su preocupación y dijo que “la oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha reiterado que las cifras que ellos manejan no dan cuenta de la magnitud del problema”, y que, además, no representan todo el universo del problema, como lo afirma la Fiscalía.
En la mayoría de los casos, según Becerra, la causa de los asesinatos es por el control territorial. En Córdoba, según líderes y lideresas, han llegado paramilitares con lista en mano a llamar y convocar reuniones. Mientras tanto, según Becerra, la Fiscalía prefiere asumir que dichas alianzas no existen.
“Muchos líderes y lideresas nos han comentado cómo el Ejército sabe que hay control territorial de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), de los Caparrós y no realiza ninguna acción para contrarrestar ese control social y territorial que ejercen estos grupos sobre los territorios”, denuncia Becerra. La investigadora insiste que omitir el nivel de investigación, ha sido una constante en este fenómeno: asumir que el paramilitarismo no existe, y que no existen esos vínculos, no permite ver la magnitud del problema.
