El 27 de julio, por fin, se iniciarán las excavaciones para buscar a los desaparecidos sepultados en la comuna 13 de Medellín. Otra etapa en una tragedia que todavía no termina
El proceso no fue fácil. Escepticismo, desconfianza, impotencia. Eso es lo que dicen algunas de las víctimas cuando piensan que será el Estado, uno de los responsables de la violencia que les tocó, el encargado de excavar y buscar entre los escombros a sus familiares desaparecidos durante los años más crudos de la violencia en la comuna 13 de Medellín.
Fueron años de acercamientos, de exigencias de los familiares y, según ha reconocido el propio gobierno de la ciudad, de oídos sordos de algunas instituciones. Finalmente, a partir del próximo 27 de julio, el CTI de la Fiscalía iniciará la remoción del material depositado en un lote donde, según testimonios de exparamilitares y de las comunidades cercanas, fueron sepultados decenas, tal vez centenares, de cuerpos de personas asesinadas entre los años 2001 y 2003.
La mayoría de los cadáveres que permanecen allí, según la Corporación Jurídica Libertad, organización que ha acompañado el proceso, corresponden a personas que fueron asesinadas durante la operación Orión que se llevó a cabo en octubre de 2002 para desterrar a las milicias guerrilleras que hacían presencia en la zona. También, en los meses siguientes, durante el proceso de consolidación de los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara, que se adueñó de ese territorio luego de la salida de las milicias.
Alias “Don Berna”, quien tuvo a su mando esa estructura, reconoció en 2009, desde una cárcel en Estados Unidos, que la toma militar de la comuna fue el resultado de una alianza entre el Ejército, la Policía y las propias autodefensas. Por eso muchas de las familias que creen que sus muertos están en la escombrera insisten en que el Estado también es victimario.
“Ha sido un proceso de concertación porque nosotros entendemos que es responsabilidad del Estado buscar a los desaparecidos y con mayor razón si es responsable”, dice Adriana Arboleda, coordinadora del Programa de Víctimas de la Corporación Jurídica Libertad. Ella es una de las personas que ha acompañado a los habitantes de la zona en los pleitos legales y en los espacios de discusión con las instituciones estatales que asumirán la búsqueda con recursos humanos y económicos.
El resultado de la concertación fue un acuerdo para construir un Plan Integral de Búsqueda que, según explica Jorge Mejía, consejero para la Convivencia, la Reconciliación y la Vida de la Alcaldía de Medellín, ha sido crucial para generar confianza y ha dado a los familiares de los desaparecidos la participación que exigen.
“Es que uno de los grandes logros fue vencer la animadversión de las víctimas a todo lo que oliera a institucionalidad. Es el resultado de la persistencia y de mostrar el compromiso y la voluntad de proceder, de pasar de las palabras a la acción conjunta. De informarles lo que se estaba haciendo de tal manera que hubiera compenetración con los distintos componentes del proyecto”, dice el consejero.
El plan, cuyo primer borrador fue elaborado por la Fiscalía, se encuentra ahora en manos de las organizaciones que agrupan a las víctimas. Sus observaciones serán consignadas y el 27, durante los actos simbólicos que acompañarán el inicio de las excavaciones, será ratificado como un compromiso entre las entidades participantes y los familiares de los desaparecidos.
“La Fiscalía accedió a construir con las víctimas ese plan. Es muy importante porque la comunidad creía que sin él era imposible proceder. No es solo la excavación sino hacer un trabajo de memoria, atención psicosocial, construir un relato histórico de lo que pasó y, si se encuentran los cuerpos, la inhumación y la identificación”, agrega Mejía.
Ahora bien. Existe un riesgo que reconoce la propia Fiscalía: pese a que información como la entregada por el exparamilitar alias “Móvil 8” ha permitido identificar un sector de 3.700 metros cuadrados donde se iniciará el proceso de búsqueda, para los investigadores es posible que no se halle ningún cuerpo en la zona.
Por un parte, la cifra de 90 desaparecidos es el resultado de contrastar los listados de la propia Fiscalía, la Alcaldía de Medellín y las organizaciones sociales. Sin embargo, se ha llegado a hablar hasta de 300 cuerpos que estarían en el lugar. Por tanto, no existe un registro totalmente confiable del número de personas que se buscan.
Por otro lado, y pese a que un auto del Tribunal Superior de Medellín exhortó a la Alcaldía en 2013 a detener el depósito de escombros, en una decisión que luego fue ratificada por la Corte Suprema, según las víctimas la decisión no solo no se cumplió en ese momento sino que todavía hay puntos de los lugares denominados La Escombrera y La Arenera donde las volquetas siguen arrojando materiales.
“Nosotros siempre hemos dicho que desde el punto de vista técnico, forense y psicosocial es un problema complejo. Es una montaña que se convirtió en montaña porque se han seguido arrojando escombros. Por eso no tenemos ninguna certeza de lo que vamos a encontrar y si no encontramos nada hay que seguir buscando. Es un reto de una magnitud tremenda. Pero ese es un derecho de las víctimas”, afirma Adriana Arboleda.
Por su parte, el consejero Mejía asegura que el compromiso de la Fiscalía es excavar hasta tocar tierra firme. Los cálculos preliminares indican que serían entre ocho y 10 metros de profundidad. El plazo inicial para esas actividades gira alrededor de cinco meses, pero la consigna, dice el funcionario, es persistir en la búsqueda hasta encontrar a los desaparecidos.
Las víctimas han esperado ya 13 años y lo seguirán haciendo. Desde el momento en que se inicien los trabajos estarán en un campamento que se instalará en la zona. Se turnarán para hacer seguimiento al proceso y ejercer la veeduría que les corresponde. Será una “participación activa”, dice Arboleda. Se trata de que durante los meses que dure el proceso sean ellas mismas las encargadas de la reconstrucción de memoria y de exigir el esclarecimiento del horror que vivió la comuna 13.
Jorge Mejía responde que el acuerdo con la Fiscalía es que las víctimas tengan participación y que, pese a que se trata de una diligencia judicial con implicaciones penales, en la que además se espera encontrar evidencia para avanzar en las investigaciones, el papel de las familias es necesario para seguir buscando la verdad.
Las otras ‘escombreras’ que avergüenzan a Colombia
El caso de la escombrera no tiene antecedentes en el mundo. Las autoridades no se atreven a afirmar que se trata de la fosa común más grande del mundo por las mismas dudas que persisten sobre la posibilidad real de encontrar cuerpos. Sin embargo, Carlos Villamil, director nacional de Justicia Transicional de la Fiscalía, afirma que sí se trata del primer caso de una búsqueda a cielo abierto de esas características en una zona urbana.
“No podemos decir cuántos cuerpos haya para denominarla como una gran fosa común. Tenemos información de los diferentes postulados de que en esa zona pueda haber una gran cantidad de personas, pero son informaciones susceptibles de verificar”, dice Villamil.
Pero pese a que el proceso que se inicia en la escombrera de la comuna 13 es el de mayores proporciones en la historia de Colombia, el mismo Villamil afirma que hasta el momento la Fiscalía ha encontrado 4.649 fosas en todo el país. En ellas se han hallado 5.978 cuerpos. En el caso particular de Antioquia han sido 803 las fosas intervenidas por los investigadores y 1.026 los cuerpos recuperados.
Esas cifras dan cuenta de la magnitud de la tragedia y del reto que enfrentan quienes tienen la tarea de desenterrar la verdad del conflicto colombiano de las muchas ‘escombreras’, grandes o pequeñas, que se extienden por todo el territorio Nacional.
Los familiares de los desaparecidos de la comuna 13 han convertido una frase en consigna. De esa forma explican su proceso particular, pero sirve, al mismo tiempo, para entender qué representa cada cuerpo hallado y cada búsqueda que se inicia. Ellos dicen que es “una gota de esperanza en un mar de impunidad”.
