Dos años después de que la Alcaldía de Bogotá implementaran el Plan de Asistencia, Atención y Reparación Integral, ¿mejoró la calidad de vida de las víctimas?
Por Camila Tovar
Hasta el sol de hoy la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas ha reportado un total de 614.833 personas víctimas del conflicto armado que viven en Bogotá. Un aumento aproximado del 60% desde 2013, cuando la Alta Consejería para las Víctimas de la Alcaldía puso en marcha el Plan de Acción Distrital y los afectados llegaban a los 400.340.
“Bogotá es una ciudad receptora de manera significativa. En la actualidad, por ejemplo, 525.269 de estas personas registradas están en condición de desplazamiento forzado y han llegado de diferentes regiones a la capital”, afirmó Ana Teresa Bernal, alta consejera Distrital para las Víctimas.
Según la información proporcionada por la Unidad de Víctimas, el departamento de Antioquía es el lugar de procedencia de la mayoría, con 16.842 personas que han llegado a Bogotá desde el segundo semestre de 2014 hasta la actualidad. Le siguen el centro del país con 8.284 y el departamento de Bolívar con 5.484. De estos, cerca de cinco mil personas recibieron ayuda del Plan de Asistencia, Atención y Reparación Integral (PAARI) en lo que lleva 2015.
También en el primer semestre del año, 916 víctimas fueron beneficiarias del programa de vivienda. De acuerdo con la Unidad, 5.629 personas ya tienen una vivienda gratis. Las zonas de la ciudad más pobladas por víctimas son Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Suba, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, la parte alta del Codito, entre otras. Del total, el 80% vive en hogares de más de cinco personas y el 50% en inquilinatos.
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Foto Unidad de Víctimas.
De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, Ciudad Bolívar es la localidad en la que hay más residentes víctimas de desplazamiento forzado, aproximadamente unas 100.000 personas. La calidad de vida de esta población no es la ideal, según cuenta Luis Emil Sanabria, director de Redepaz, la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra.
“Para el Distrito ha sido muy complicado cumplir esta obligación, no solo por disponibilidad de terrenos en Bogotá sino por la cultura y las costumbres de las víctimas. A pesar de los esfuerzos, siempre encontraremos gente insatisfecha. No se les brinda seguridad ni un techo decente que incluya lo necesario para tener una vida digna”, sostiene Sanabria.
En noviembre de 2014 la administración distrital hizo pública la iniciativa de construir 372 viviendas de interés prioritario (VIP) en lotes de la Alcaldía ubicados en barrios estrato 5 y 6 como El Lago, Chicó y Santa Bárbara. Este proyecto causó polémica por la forma en la iban a ser costeadas las viviendas, las dificultades económicas que enfrentarían las víctimas del conflicto habitando esos lugares y la molestia que generó la idea en algunos antiguos residentes de esos sectores.
En junio de este año el proyecto de vivienda que quería llevar a cabo la Alcaldía de Petro fue suspendido provisionalmente por un juzgado luego de una acción popular interpuesta por quince vecinos de los predios que se convertirían en VIP. El argumento de quienes lograron frenar esa iniciativa es que se trata de un proyecto inequitativo e inoportuno que destina cuantiosos recursos a unos pocos beneficiarios.
Además, la situación frente a los subsidios de vivienda para las víctimas no es la mejor. Desde 2012, cuando la Ley 1537 (Ley de vivienda de interés prioritario) desvaneció la promesa del Plan de Desarrollo distrital de brindar 40 mil viviendas a esa población, el proceso se sometió a los cupos que el Gobierno Nacional otorgaba para vivienda gratuita. De esa forma, los subsidios pasaron a asignarse sin distinción, priorización ni enfoque diferencial entorno a la integración de víctimas.
Este tipo de incumplimientos provocó manifestaciones, como la sucedida en la localidad de San Cristóbal a principios de 2015. Más de 600 víctimas se tomaron un predio en el barrio Santa Rita inconformes con el cumplimiento con la oferta de vivienda y la ausencia de canales de interlocución entre el Estado y las comunidades afectadas.
La alta consejera se pronunció frente a los hechos diciendo que junto a la Secretaría de Hábitat, de Gobierno y el Ministerio de Vivienda solicitaría una mesa del Gobierno Nacional y distrital para esta problemática. Tres años después de la promesa de vivienda, el pasado mes de mayo se entregaron 1.656 casas en Bosa y Kennedy.
Por otra parte, en materia laboral, en 2014 el Servicio Público de Empleo (SPE) implementó un proceso para que las víctimas pudieran acceder a ofertas laborales a nivel nacional. Hasta abril de este año, según cifras del Ministerio de Trabajo, se han hecho aproximadamente 3.000 ofertas de trabajo para los afectados; entre esas, cupos de formación en BOP, call centers, autopartes, hotelería, transporte y culinaria.
El programa de Rutas de Empleo y Autoempleo Rural y Urbano para Víctimas, liderado por el Ministerio de Trabajo, dice haber favorecido a más de 30 mil personas hasta 2014. Sin embargo, las estadísticas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo muestran que en la capital solo el 49 por ciento de la población víctima del conflicto es asalariada. El resto trabaja en el sector informal.
“La sociedad bogotana, más que el Distrito, debe encargarse de ofrecerle a las víctimas no solamente empleo sino la posibilidad de un ingreso. Esto permitiría que fueran generadores de desarrollo. Lamentablemente todavía no existe un abordaje colectivo que permita la asociación de las víctimas a un proyecto productivo”, comenta Luis Emil Sanabria, director de Redepaz.
Este año la ley 1448 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) cumplió su cuarto aniversario. Si bien su implementación ha llevado un tiempo considerable, trajo muchas expectativas para los sectores involucrados. Por otra parte, el montaje de los Centros Dignificar, de las mesas de participación de víctimas distritales, y otra serie de herramientas, demostraron avances y compromiso con la integración y la reparación en la capital.
Durante la administración de Gustavo Petro, en los Centros Dignificar de la ciudad se ha logrado la capacitación de 6.270 personas como gestoras de paz, la mayoría afectados por el conflicto. De acuerdo con los datos de la Alta Consejería, estos centros también han brindado asistencia educativa y de salud psicosocial a más de mil víctimas.
Por su parte, la Unidad de Víctimas ha indemnizado a cerca de 10 mil afectados hasta la fecha, con un monto superior a los 65.070 millones de pesos. Esas personas recibieron apoyo entorno a la creación de negocios, vivienda y educación. La Alta Consejería, a su vez, ha colaborado en la reparación de aproximadamente 5.000 víctimas: 4.000 hogares acompañados en retorno y reubicación, y mil con apoyo financiero.
Para especialistas en el tema, como Sanabria y Angelika Rettberg, directora de ConPaz en la Universidad de los Andes, la educación, además de la vivienda, debe ser una asistencia primordial. Según cifras del Ministerio de Educación, más de 21 mil niños y niñas víctimas del conflicto están estudiando en Bogotá. Sin embargo, son cerca de 53.900 los niños afectados por el conflicto armado interno que residen en la capital.
“Muchas de las víctimas no conocen Bogotá y tienen bajos niveles educativos que no les permite tener la mejor competitividad. No se ha abordado colectivamente el tema más importante: la educación, el mayor escenario para la paz”, sostiene el director de Redepaz.
