Violencia contra líderes sociales: la pesadilla que empeora

El colectivo Somos Defensores presentó su informe anual de la situación de violencia contra líderes sociales en el país.

“El panorama del conflicto en el país, en la actualidad, se puede calificar como claroscuro”, se lee en una de las primeras ideas de Una piedra en el zapato, el informe que la organización Somos Defensores acaba de lanzar y que cuantifica y explica la situación de violencia de líderes sociales en el país durante todo el 2017.

El contexto que nos da el documento explica que, efectivamente, hay realidades esperanzadoras en cuanto a la paz, como el acuerdo logrado con las Farc, la incorporación de los excombatientes a la vida política legal, los índices de violencia más bajos en la historia del país, la sensibilidad nacional frente a la corrupción, entre otros. Sin embargo, la oscuridad de esa ‘claridad’ está en temas como el extractivismo indiscriminado de los bienes naturales y la falta de apertura democrática y, sobre todo, el asesinato de líderes y lideresas sociales.

Una Piedra en el Zapato elaboró una base de datos con las cifras recogidas por distintas organizaciones que investigaron esta realidad durante el año pasado y registró 560 agresiones a líderes que pusieron en riesgo su vida e integridad, además de obstaculizar su trabajo de liderazgo. Según estos datos, las agresiones se incrementaron en un 16,6 por ciento con respecto a 2016.

En materia de homicidios, las cifras que presenta el informe también evidencian un alza: en 2017 hubo 106 homicidios y 50 atentados, 26 más que en 2016. Esto significa un incremento del 32,5 por ciento. Del total de los asesinatos, el 82 por ciento correspondieron a hombres, el 15 por ciento a mujeres y el 3 por ciento a población LGBTI. En promedio, el año pasado, cada tres días asesinaron a un líder social.

Asímismo, el informe también cuantifica los homicidios a líderes sociales de acuerdo a su labor u ocupación. Las cifras están en esta tabla:

¿Dónde fueron asesinados?

Los departamentos con mayores niveles de riesgo para los defensores a partir de la ocurrencia de hechos de violencia fueron Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Córdoba, Chocó, Cesar, Nariño y Norte de Santander. Cabe resaltar que estos episodios se registran por lo general en zonas rurales donde históricamente ha existido presencia de grupos armados al margen de la ley y confrontación de estos con la Fuerza Pública.

En la siguiente tabla se muestra el número de líderes y lideresas sociales asesinados en cada departamento durante 2017:

Se presentaron casos en 24 de los 32 departamentos de país. Es decir, se están asesinando líderes sociales en el 70 por ciento del territorio nacional: 30 de los casos fueron en ciudades, los demás en areas rurales.

¿A quién se atribuyen las muertes?

En las investigaciones que tratan de atribuir la responsabilidad de las muertes se presentó una llamativa disminución en la presunta participación de paramilitares en comparación con los casos registrados en 2016. En contraste, el grupo denominado como ‘Desconocidos’ fue el responsables más recurrente de estos asesinatos.

Hay indicios de que esta disminución de los registros de asesinatos por parte paramilitares e incremento de los por parte de desconocidos puede estar ligada a la confrontación territorial entre grupos de ascendencia paramilitar, el ELN, el EPL, disidencias de las Farc y grupos de crimen organizado por controlar las zonas.

El informe describe que hay zonas donde imperan economías ilícitas que dejaron las Farc y que, en la ausencia del Estado, aún no tienen dueño. Los grupos al márgen de la ley se disputan estos negocios, y en medio de estas confrontaciones están muchos líderes de las zonas rurales o de pueblos lejanos que son la única voz capaz de enfrentarse a denunciar, o a mediar para que la violencia no se enquiste en sus territorios.

De acuerdo con Somos Defensores, llama la atención que, a pesar de estar advertidos, el Gobierno y el Estado en conjunto han demostrado incapacidad para asumir y ocupar de manera integral los territorios dejados por las Farc, y esto ha permitido el aumento de las agresiones y asesinatos contra el liderazgo social. Del mismo modo, que a la Fuerza Pública le fueran atribuidos cinco ataques levanta alarmas.

¿Por qué los asesinaron?

Una Piedra en el Zapato trata también de describir y analizar las razones por las que sigue existiendo y aumentando la violencia contra los líderes sociales en Colombia.  La primera que enumera es la lenta implementación de los Procesos de Paz, situación que ha dejado a muchos defensores de causas en el país a merced de qué tan rápido se ejecuten las políticas que los van a proteger o de qué tan pronto puede neutralizarse a quienes amenazan su seguridad.

Otra situación que, según el documento, ha puesto en peligro a los líderes sociales tiene que ver con el lanzamiento de la Farc como partido político por primera vez en su historia. Quienes defienden la implementación del proceso de paz y la participación de los excombatientes en la política, así no pertenezcan a este partido ni hayan pertenecido a la guerrilla, son blancos de insultos, estigmatización y atentados.

Todo esto, sumado a los que históricamente han sido los conflictos conexos a la violencia contra el liderazgo social: la de minería ilegal, el narcotráfico, la reclamación de tierras y la corrupción.

Todos los estudios del informe determinaron que los líderes con más casos de homicidios corresponden a defensores de la tierra y el territorio con enfoques étnicos y poblacionales (campesinos, indígenas, afrodescendientes, Juntas de Acción comunal de zonas rurales), que desarrollan su liderazgo en ámbitos locales.

¿Y el Estado?

Una Piedra en el Zapato culpa de la violencia a la actitud del Estado colombiano, que se niega a reconocer que se trata de un problema estructural del país.

Desde hace ocho años, la Corte Constitucional exhortó al Estado, mediante sentencias y actos de seguimiento, a implementar un programa de protección colectivo que, entre otras poblaciones designadas, incluyera a los líderes sociales. También la sección tercera del Consejo de Estado hizo un llamado al presidente Juan Manuel Santos para que le prestara atención a la realidad preocupante del asesinato de líderes. A pesar de estas dos iniciativas de dos fuerzas de la rama judicial, no se ha implementado aún un plan integral que contemple la protección de líderes sociales en el país.

El presidente Santos, sin embargo, ha dicho que su gobierno sí tiene la intención y convicción de garantizar la vida de los líderes sociales, incluso asegurando que no va a permitir que se repita algo como lo que le sucedió a la Unión Patriótica en los ochenta y noventa. Sin embargo, las cifras históricas arrojan que la impunidad impera en el 90 por ciento de los casos pues, por ejemplo, hay registros de casos que se encuentran en proceso de indagación preliminar (recolección de pruebas materiales, entrevista a testigos) hasta ocho años después de ocurrido el asesinato. En esta instancia es muy difícil que las investigaciones se desarrollen.

¿Hay solución?

El documento, tras ponderar  los resultados hallados en la investigación, Somos Defensores se arroja a sugerir  propuestas para intentar desactivar la violencia contra los líderes. Aquí les presentamos algunas:

1. Desarmar las palabras porque Colombia necesita un lenguaje conciliador en el momento histórico que vive.
2. Que el Estado tenga un discurso claro referente a la situación de violencia contra líderes sociales en el país: los diferentes organismos deben reconocer la dimensión y sistematicidad del problema.
3. Denunciar las falsas acusaciones y la persecución hacia los líderes sociales.
4. Que Colombia se eduque en el respeto a la diferencia.