La Fiscalía empezó el cierre del proceso de Justicia y Paz.
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El Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá le exigen a la Fiscalía y al Estado que se exhumen los restos óseos de sus familiares y haga un proceso de identificación de nuevo, pues desconfían del procedimiento que tuvo lugar años antes cuando los restos se exhumaron de la fosa común.
Con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a la vuelta de la esquina, la Fiscalía anunció que le meterá el acelerador al proceso de Justicia y Paz, creado en 2005 para juzgar a más de un millar de los 30 mil paramilitares que se desmovilizaron durante el gobierno de Álvaro Uribe. Después de una década, los fiscales y magistrados tienen la difícil tarea de terminar de reparar a las víctimas y condenar a los exjefes ‘paras’, pese a que buena parte de ellos ya están libres porque cumplieron la pena máxima de ocho años contemplada en la ley.
Como el próximo año la justicia deberá volcar todos sus esfuerzos a poner en marcha la JEP, la vicefiscal María Paulina Riveros declaró el pasado jueves que la entidad diseñó una “estrategia de cierre” de Justicia y Paz, que empezará con la imputación de 22.221 crímenes cometidos por 725 exparamilitares de los bloques Norte, Catatumbo, Montes de María, Central Bolívar, Cacique Nutibara, Héroes de Granada, Héroes de Tolová, Élmer Cárdenas, Pacífico, Calima, Bananero y Centauros.
Son más de 49 mil víctimas de distintos lugares del país, por las que serán juzgados los excomandantes paramilitares Raúl Hasbún, Heberth Veloza, Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo, Jorge Iván Laverde, Édwar Cobos, Iván Roberto Duque, Rodrigo Pérez Alzate, Diego Fernando Murillo, Freddy Rendón y Manuel de Jesús Pirabán.
Estos son algunos de los crímenes más representativos por los que comparecerán ante la justicia:
El desplazamiento de la Asociación de Mujeres Productoras del Campo
En 1995, cerca de 750 toneladas de peces murieron en la Ciénaga Grande de Santa Marta. El Gobierno y los pescadores lanzaron distintas hipótesis sobre la tragedia, que dejó sin ingresos a miles de familias del Magdalena. Para sobreponerse a la crisis, un grupo de mujeres de Pueblo Viejo, Aracataca, el Retén y Ciénaga crearon la Asociación de Mujeres Productoras del Campo (Asomuproca).
En 1996, las mujeres consiguieron que el Instituto Colombiano de Reforma Agraria les subsidiara la compra de un globo de tierra en el municipio de Pivijay, que costaba más de $1.400 millones, y la adquisición de ganado por un valor superior a $498 millones.
En 1999, paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) asesinaron a la representante legal de la Asociación y saquearon las parcelas: robaron ganado y herramientas. En octubre, al menos 50 familias fueron obligadas a abandonar las tierras mediante volantes distribuidos por las AUC.
Años después, cuando los paramilitares ya se habían desmovilizado, Asomuproca intentó recuperar las tierras, pero las encontró invadidas. Hoy, las asociadas luchan por la restitución, pese a que son víctimas de amenazas y hostigamientos. La Fiscalía imputará cargos por los desplazamientos ocurridos entre enero de 1999 y agosto de 2000.
El asesinato del profesor Alfredo Correa de Andreis
El 17 de septiembre de 2004, en una calle de Barranquilla, fue asesinado el sociólogo Alfredo Correa de Andreis. Correa había sido catedrático de las universidades del Norte, Atlántico y Simón Bolívar, reconocido por sus investigaciones sociológicas sobre desplazamiento forzado, conflicto armado, violencia urbana y desarrollo social. Era, además, miembro fundador del capítulo Atlántico de la Asociación Colombiana de Sociología y socio fundador del Fondo de Empleados y Profesores de la universidad Simón Bolívar.
Tal solo tres meses antes de su asesinato, Correa había sido víctima de un montaje judicial con testimonios falsos de guerrilleros desmovilizados, que lo acusaban de ser ideólogo del bloque Caribe. La Fiscalía sólo pudo sostener el montaje durante 27 días, por lo que, finalmente, tuvo que liberarlo.
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Alfredo Correa de Andreis. Foto: Youtube-Elpimentónrojo
Según ha establecido la justicia, Correa fue asesinado por una alianza entre el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y las AUC. En 2011, la Corte Suprema de Justicia condenó al exdirector del DAS Jorge Noguera por su participación en ese crimen. De acuerdo con el fallo, Noguera le entregó al exjefe paramilitar “Jorge 40”, también condenado por esos hechos, los nombres de supuestos auxiliadores de las guerrillas que debían ser asesinados. Entre ellos estaba Correa de Andreis.
El homicidio de la fiscal Yolanda Paternina
El 29 de agosto de 2001, Yairsiño Meza, un paramilitar del bloque Héroes de los Montes de María, asesinó en Sincelejo a la fiscal especializada de esa ciudad Yolanda Paternina. Paternina había participado en la investigación por la masacre de Chengue, en la que paramilitares de ese bloque asesinaron a sangre fría a 27 personas en Ovejas (Sucre). La fiscal también perseguía a los integrantes de esa estructura, dirigida por Édwar Cobos.
Varios paramilitares han confesado el crimen, y Meza declaró que agentes estatales participaron en su planeación. La intención de los ‘paras’ habría sido mantener la impunidad, tal como dijo entonces la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En su momento, la Oficina emitió un comunicado declarando que “tales hechos ponen de manifiesto la existencia de una campaña sistemática de retaliación e intimidación, con la que se busca, mediante el terror, lograr la impunidad total para los responsables de graves crímenes cometidos en el país”.
Por el homicidio de Paternina ha sido condenados Meza, Cobos y el desaparecido jefe paramilitar Rodrigo Mercado, todos ellos responsables de la masacre de Chengue.
La desaparición de los defensores de derechos humanos Ángel Quintero y Claudia Monsalve
El 6 de octubre de 2000, hacia las 10:30 de la noche, hombres armados secuestraron y desaparecieron a Ángel Quintero y Claudia Monsalve en Medellín. Ambos eran integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes).
Ángel era familiar de seis personas desaparecidas y dos asesinadas, y presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Antioquia. Claudia era la hermana de otro desaparecido, y se había vinculado a Asfaddes en el proceso de búsqueda.
La desaparición de ambos motivó una investigación en la Fiscalía que destapó una red criminal que había encabezado el entonces jefe de seguridad del presidente Álvaro Uribe, Mauricio Santoyo. La Procuraduría lo investigó y concluyó que, durante su paso por el Gaula de Medellín, Santoyo ordenó la interceptación ilegal de casi 2 mil líneas telefónicas de defensores de derechos humanos y otras personas. Entre los “chuzados” estaban Ángel y Claudia.
En 2003, la Procuraduría destituyó a Santoyo, pero el oficial se mantuvo en el cargo hasta que decidió retirarse, en 2009, porque la sanción nunca quedó en firme. Más tarde, Santoyo fue condenado en Estados Unidos por vínculos con las AUC, con quienes intercambiaba información sobre los líderes “chuzados”. En 2008, cuatro integrantes del Gaula fueron condenados por participar en las escuchas ilegales.
La masacre de Bojayá
En 2002, guerrilleros de las Farc y paramilitares del bloque Élmer Cárdenas se enfrentaron en Bojayá (Chocó). Durante los combates, los insurgentes lanzaron un cilindro de gas que cayó en el techo de la iglesia del pueblo, en la que se refugiaban decenas de civiles. Más de un centenar de niños y adultos murieron por la explosión.
La Fiscalía le imputara cargos a Freddy Rendón por la toma de ese municipio y por los desplazamientos masivos que generó, con un estimado de 1.300 víctimas.
