La Reforma Rural, la sustitución de cultivos de uso ilícito, la participación de las víctimas y la justicia son tres de los puntos estancados actualmente.
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El Congreso tendrá la tarea de tramitar de forma prioritaria varias normas que quedaron definidas en el acuerdo final. Foto Presidencia de la República
Una serie de reuniones políticas serán la antesala de la próxima legislatura en el Congreso. Antes del martes 20 de marzo, diferentes congresistas se están citando para perfilar los proyectos de Ley y los debates de control político en los que van a trabajar hasta el 20 de julio, justo antes de dejar sus curules a los candidatos electos el domingo que acaba de pasar. Aunque el boom mediático de las elecciones presidenciales puede distraer la atención sobre el trabajo en el Capitolio, la implementación del Acuerdo de Paz en la recta final de este legislativo es clave para partidos como Alianza Verde y Polo Democrático. Intentarán, pese a una posible oposición de Cambio Radical y del Centro Democrático, poner el tema en la agenda.
Actualmente, el Congreso tiene serias deudas con el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc. Existen varios puntos, como la Reforma Rural Integral y la reforma la Ley de Víctimas, que están pendientes de reglamentarse porque no fueron tramitados por los congresistas en 2017, cuando estaba en vigencia el fast-track, un procedimiento especial que le permitió al gobierno tramitar los proyectos con un lapso menor al que usualmente se necesita para aprobar las leyes. Sin fast-track y quizás con un presidente opositor al acuerdo al mando durante la segunda legislatura de este 2018, la implementación dependerá en buena medida de la persistencia de los congresistas.
Frente a la reforma rural, a la fecha no ha sido posible aprobar el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, el Sistema Nacional Catastral Multipropósito, la adjudicación de baldíos en zonas de reserva forestal y la jurisdicción agraria. Sin estos proyectos, el Gobierno no puede adelantar los planes de infraestructura de riego o el sistema de créditos y capacitaciones para campesinos que según lo acordado, son claves para la manutención de las zonas rurales.
Por otro lado, tanto el proyecto de adjudicación de baldíos como el Sistema Nacional Catastral Multipropósito son determinantes para definir los terrenos que el gobierno les entregará a los campesinos y la financiación que destinaría para sus proyectos productivos. Sin estos proyectos aprobados, por ejemplo, no será tan factible identificar los baldíos que están siendo ocupados de manera irregular para que el Estado pueda apropiarlos. Además, con la Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria en vilo, las disputas alrededor de la propiedad de la tierra continuarán en el terreno político sin trascender a la práctica.
Otro de los proyectos de Ley pendiente es el de un tratamiento penal diferencial para pequeños cultivadores de plantas de uso ilícito, el cual ayudaría a facilitar la implementación de la sustitución de cultivos. Este punto es importante por reconoce implícitamente a los campesinos como el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico y prioriza alternativas para el paso a la legalidad. No menos importantes son otras promesas del acuerdo, como la de crear 16 Circunscripciones Especiales para las Víctimas del Conflicto, un intento que fracasó en 2017.
También, en relación con las víctimas, está la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual se encargará de juzgar a los actores del conflicto y otorgarles verdad. De esa ley depende que se establezcan las normas procesales penales en la JEP a la hora de juzgar a los diferentes actores. En esta ley deberá quedar clara la independencia judicial, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, entre otros aspectos básicos que debe tener cualquier organismo judicial. El proyecto de reforma de Ley de Víctimas también está paralizado y define, por ejemplo, nuevos mecanismos de reparación, financiación y cobertura.
Sobre el proyecto de Ley de la JEP, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que “la reforma constitucional que creo la JEP señaló que serían los magistrados que integrarían la JEP los encargados de redactar el proyecto de Ley. El gobierno ha respetado esa disposición constitucional”. Tan pronto los magistrados entreguen ese proyecto, agregó, “estaríamos radicando para que sea uno de los proyectos prioritarios de la agenda legislativa. Aspiramos a sacar adelante ese proyecto de Ley para que la JEP pueda empezar a funcionar con la totalidad de las herramientas normativas”. Este y otros proyectos pendientes, según Rivera, serían aprobados antes de julio. “Sumados los partidos que han venido apoyando la paz, sigue existiendo una mayoría proclive a la paz”.
Sobre las Circunscripciones Especiales de Paz, el ministro señaló que existen dos posibilidades: volver a presentar una acción de cumplimiento ante el Consejo de Estado o presentar un proyecto de reforma constitucional, “el cual se tomaría al menos dos períodos”, es decir, no saldría antes de diciembre de este año. Si el Consejo de Estado acepta la acción de cumplimiento, las curules para las víctimas podrían ver la luz antes.
¿Qué piensan los congresistas?
En los próximos cuatro meses se viene entonces un pulso político intenso en el Senado. El Centro Democrático, con 20 senadores y el respaldo de partidos como el Conservador y Cambio Radical, con 18 y 9 curules respectivamente, buscará cambiar lo acordado en puntos como la JEP y las circunscripciones, mientras que los 27 senadores que hacen parte del Partido Liberal, de los verdes y el Polo seguramente defenderán lo acordado. “Nos preocupa la lentitud que pueda existir por las elecciones, pero vamos a defender las circunscripciones, el plan de implementación y la Ley de procedimiento de la JEP”, le dijo a ¡Pacifista! el senador Iván Cepeda.
Que los proyectos a favor de la paz tengan éxito en la segunda legislatura del año depende de bancadas como las de los liberales y la U, las cuales podrían inclinar a favor la balanza si se tiene en cuenta que el Polo, los verdes y Decentes se la van a jugar por aprobar lo que hace falta. Entre todos suman 52 curules en Senado, de 102, y en Cámara 79, de 164. Este sería el escenario más favorable, pues estaríamos suponiendo que algunos congresistas liberales y de la U no se unirían a las posiciones de Cambio Radical o el Centro Democrático, partidos muy críticos del Acuerdo de Paz.
De entrada, la congresista Paola Holguín, del Centro Democrático, nos contó que harán todo lo posible por tumbar la JEP: “Nosotros pensamos que se tiene que cumplir el mandato de las urnas cuando ganó el ‘No’ en el plebiscito. Esto quiere decir que los criminales tienen que pagar cárcel antes de hacer política, por eso lo primero que vamos a hacer es derogar la JEP, ya sea a través de un referendo derogatorio de recolección de firmas que va marchando o a través de actos legislativos y leyes ordinarias”.
Desde otra orilla, el senador Armando Benedetti, considera que los retrasos en la implementación del acuerdo depende exclusivamente del Gobierno, pues “al presidente Juan Manuel Santos le importó un carajo la implementación del Acuerdo de paz. En el tema agrario solo metió un proyecto de los nueve que tenía que meter. Mi principal objetivo por ahora será meterle a la reforma política”.
Por la intensidad de la campaña electoral, temas como la ley de procedimiento de la JEP podría estancarse y pasaría a la segunda legislatura, lo que retrasaría el funcionamiento completo de la Jurisdicción. Juanita Goebertus, congresista electa por el Partido Verde, considera que existen cinco puntos prioritarios en los que tienen que trabajar: el agro, la reforma electoral, las políticas alrededor de crimen organizado, la política de sustitución de cultivos y la JEP:
“Tenemos que meterle la ficha a la Ley de tierras para sacar adelante el catastro multipropósito, la jurisdicción agraria, entre otros puntos. Segundo: necesitamos una reforma electoral y sacar adelante las circunscripciones especiales. Tercero: trabajar en el tema de crimen organizado, de la política de reincorporación y la estrategia de seguridad territorial. Y cuarto: la política de sustitución de cultivos ilícitos necesita de dos leyes claves: el tratamiento penal diferencial a cultivadores y el plan marco de sustitución. El quinto es la ley procedimental de la JEP, el cual es clave para establecer plazos normas y toda la lógica que necesita un procedimiento penal”.
En una segunda etapa, María José Pizarro, representante por la lista a la Decencia, nos dijo que intentará poner sobre la agenda el “cumplimiento del capítulo étnico, el tema de tierras que aún no tiene avances legislativos y una reforma política en donde las mujeres tengan prioridad”. La congresista Angélica Lozano, además de respaldar los proyectos de la implementación, aseguró que la bancada verde priorizará los temas anticorrupción, justicia, derechos laborales y medio ambiente.
Este Congreso, según Aída Avella, senadora electa de la Unión Patriótica, “le ha sacado el cuerpo a la paz. Nosotros esperamos que con la renovación lleguen nuevas personas que entiendan lo que está en juego. No pueden quedar embolatadas las curules para las víctimas ni el tema de la reforma política”. En los próximos cuatro meses sabremos si Avella tenía razón, o si, por el contrario entidades claves como la JEP por fin comenzarán a operar.
