Hablamos con el vocero de esa organización, que acaba de ser creada y que fue cuestionada por el Gobierno.
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César Jerez. Foto Facebook César Jerez
Para velar por el cumplimiento del punto cuatro del acuerdo que firmaron el Gobierno y las Farc —que se refiere a la solución al problema de las drogas— se acaba de crear en Bogotá la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam). La entidad agrupa a campesinos e indígenas de 15 departamentos y será presentada oficialmente este viernes en Popayán, con la participación de por lo menos 7.000 personas —según cálculos de los organizadores—.
La creación de la Coordinadora no fue recibida con entusiasmo por parte del Gobierno. Eduardo Díaz, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, declaró en una reciente entrevista con el diario El Tiempo que “es preocupante que se creen asociaciones alrededor de una actividad ilícita (…) Si el propósito es sustituir la coca, no tiene sentido crear organizaciones de campesinos que la defiendan”.
Aunque el Gobierno y los cultivadores comparten el objetivo de sustituir los cultivos, cada uno parece estar hablando idiomas distintos. Mientras el Gobierno busca acabar los sembrados ilícitos para evitar que grupos ilegales tomen el control de los territorios que estaban en poder de las Farc, a los cultivadores les preocupa que el Gobierno no les dé garantías suficientes para la sustitución y termine erradicando por la fuerza.
Y pese a que la manera de sustituir quedó definida en el acuerdo de paz, el problema puede radicar en la interpretación. Por eso, Coccam quiere tomarse la vocería. Sobre todo, por el descontento y la preocupación que generó entre un sector de los cultivadores la resolución 3080 —expedida en 2016 por el Ministerio de Defensa para adoptar una nueva estrategia de lucha contra el narcotráfico— y la nueva meta del Gobierno de erradicar 100 mil hectáreas de coca en 2017.
Hablamos con César Jerez, vocero de Coccam y de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), para que nos explicara cómo va a funcionar la Coordinadora y qué le preocupa sobre el futuro de los acuerdos en materia de sustitución.
¿Qué es Coccam?
La Coordinadora es el acumulado de un antiguo proceso de creación de comités y coordinaciones de cocaleros en las veredas, los municipios y los departamentos. Se revivió hace 10 días en Bogotá con el ánimo de exigir el cumplimiento del acuerdo en materia de sustitución. Queremos ser parte protagónica, tal como lo concibe el mismo acuerdo, que determina que la implementación está compuesta por tres partes: el Gobierno, la guerrilla, y los campesinos que viven de estos cultivos declarados ilícitos.
¿Cómo garantiza la Coordinadora que sus integrantes son pequeños y no grandes cultivadores?
El perfil de un pequeño cultivador de coca es una persona que tiene un cuarto de hectárea, media hectárea y a veces hasta tres. Y que basa su economía en esa actividad: una actividad agrícola familiar.
¿Qué les preocupa en el tema de sustitución?
Primero, que los campesinos no participen del proceso de manera directa. Segundo, que haya lecturas unilaterales del acuerdo, como está pasando ahora mismo con el Gobierno: anunció una campaña de erradicación en el marco de la resolución 3080 del Ministerio de Defensa, que implica que lo que se va a hacer es erradicar y ponerle peros a la implementación del acuerdo.
Coccam ha logrado un consenso nacional hacia la sustitución, entonces si el Gobierno erradica va a generar tensiones y conflictividad social.
Pero nunca se ha dejado de erradicar…
Es cierto. El año pasado el Gobierno reconoció que en 14 puntos de la geografía nacional los campesinos impidieron la erradicación. La diferencia es que ahora se acrecienta esa medida con la resolución de la que hablé antes, que es a cinco años y que contempla 420 millones de dólares para financiar un plan de erradicación a nivel nacional.
¿Qué le proponen ustedes al Gobierno?
La propuesta es muy sencilla: sustituir, tal cual está en el acuerdo. Ahí están previstos un plan nacional de sustitución y unos planes de desarrollo alternativo en cada municipio. Además, ahí dice que se trata de un proceso participativo y se reconoce que los campesinos no son narcotraficantes. Hay, incluso, un apartado sobre alternatividad penal, pues en este momento hay 3.000 campesinos en la cárcel, como si fueran narcotraficantes.
En el acuerdo siempre ha estado consignado que lo primero será la sustitución voluntaria: hay que ver cómo lo hacemos cumplir.
Entonces, el tema que les preocupa es el de las condiciones de la sustitución…
Todas las condiciones están en el acuerdo. Pero si el Gobierno dice: “No, el punto cero es que erradiquen primero”, eso hace inviable el acuerdo. O, si dice, por ejemplo, que va a entregar una ayuda de 12 salarios mínimos con la condición de erradicar en el primer pago, eso hace inviable el acuerdo. Si el Gobierno llega a erradicar a una región como el Catatumbo, donde hay un consenso sobre la sustitución, la gente se va a dedicar a conflictuar.
Eso es lo que queremos evitar con el nacimiento de la Coccam. Buscamos que haya una interlocución clara con el Gobierno, de tal forma que con acuerdo en mano la gente sustituya y mejore sus condiciones de vida. Aquí todo el mundo está de acuerdo con eso
¿Cómo está la relación entre la Coccam y el director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos?
La relación a veces es conflictiva, porque si el Gobierno, o él personalmente, hacen una interpretación unilateral del acuerdo, rompen escenarios de confianza. Yo creo que Eduardo Díaz tiene la mejor voluntad, pero a lo que llamamos nosotros de manera urgente es a reunirnos con el Gobierno y con las Farc para concertar esa ruta de implementación que contiene el acuerdo. Ahí está la solución a todo el problema.
¿Qué pasa si no llegan a acuerdos con el Gobierno?
El acuerdo ya está, el objetivo es implementarlo. Pero, si no hay consensos, la gente seguirá sembrando coca, marihuana y amapola.
Al Gobierno le preocupa que, si no se sustituye de manera ágil, van a aparecer otros grupos armados a apropiarse de los territorios y de la coca…
Esos grupos ya están. Colombia es un país que vive del narcotráfico desde los años 80, y hay narcotráfico porque hay corrupción. Los campesinos que siembran eso lo hacen porque no tienen ninguna alternativa. Si usted les brinda alternativas, pues sustituyen.
Ahora, digamos que todo sale bien y solo quedan 50 campesinos sembrando coca. ¿Quién les va a comprar la pasta o la hoja? Pues la mafia. ¿Y quién permite la mafia? El Estado, la corrupción. Entonces, que no le achaquen al campesino el problema del narcotráfico.
La sustitución es una medida, pero no una solución al problema del narcotráfico. ¿Qué posición tiene la Coccam en el debate sobre cómo solucionar el problema de las drogas?
Hay que defender culturalmente la hoja de coca, para las comunidades indígenas y como patrimonio cultural. Hay que decir que con esas hojas de coca se pueden hacer otros productos industriales y se puede obtener renta para el país. Pero, por ahora, el centro de la Coccam es la sustitución.
¿Por qué ese rechazo contundente a la erradicación?
Porque todas esas medidas de fuerza fracasaron, no solucionaron el problema. Esas medidas generan violación de los derechos humanos, gasto público y corrupción, y cuando hay un acuerdo sobre sustitución, pues hay que sustituir. ¿Para qué insistir en una política fracasada?
