Los niños empezarían la ruta de reintegración cuando las unidades guerrilleras lleguen a las zonas veredales.
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La participación de menores de 15 años en conflictos armados está prohibida por el Derecho Internacional Humanitario y la Corte Penal Internacional la considera un crimen de guerra. Imagen: Captura de video - Esta semana se trasladó al Congreso el debate por la liberación de los menores que permanecen en los campamentos de las Farc. Como resultado de ello, el Gobierno y la guerrilla informaron que llegaron a un acuerdo sobre el programa pactado en La Habana para la reincorporación de los niños y adolescentes. La liberación de los menores se ha anunciado cuatro veces desde 2015 sin mayores resultados, lo que ha generado fuertes críticas desde distintos sectores políticos y de la sociedad civil.
Además de ese programa, se conocieron avances en la adecuación de las zonas veredales y en la conformación de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Estos son algunos de los hechos más representativos de la octava semana de la implementación del Acuerdo Final:
1.
El pasado martes, el presidente de Francia, François Hollande, visitó la sede local del Mecanismo de Monitoreo y Verificación de la zona veredal de Los Monos, en Caldono (Cauca). Desde allí, ratificó el compromiso de su país con la financiación de labores de desminado humanitario, desarrollo rural y búsqueda de desaparecidos.
Un día después de la visita, Rodrigo Londoño, máximo comandante de las Farc, reclamó vía Twitter por las demoras en la construcción de la infraestructura de zonas y puntos. Dijo que en la zona de Playa Rica, en La Macarena (Meta), no hay agua; que en la zona de Colinas, en San José del Guaviare (Guaviare), tampoco hay agua ni alcantarillado; y que en las zonas de La Carmelita, en Puerto Asís (Putumayo), y Carrizal, en Remedios (Antioquia), “no hay nada construido”.
Pese a ello, el gerente de las zonas veredales, Carlos Córdoba, insistió en que para el próximo 31 de enero las áreas comunes de zonas y puntos estarán listas, lo que permitirá el traslado de los guerrilleros a esos lugares, donde trabajarán en la construcción de los alojamientos con materiales suministrados por el Gobierno. De acuerdo con Córdoba, aún no se han arrendado dos de los 24 terrenos donde se ubicarán las Farc para dejar las armas y empezar el proceso de reincorporación.
Entre tanto, el Ministerio de Cultura anunció que llevará bibliotecas móviles a 20 zonas y puntos, mientras el SENA informó que tendrá unidades móviles de atención en 20 campamentos “para ofrecer capacitación a los excombatientes”. El Ministerio de Salud, por su parte, declaró que 6.247 integrantes de las Farc ya fueron afiliados a la Nueva EPS.
2.
Las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron el proyecto de ley que reglamenta la participación del movimiento político Voces de Paz en los debates sobre las normas que se requieren para implementar el Acuerdo. El proyecto busca que ese movimiento tenga tres voceros en Cámara y tres en Senado, y que los seis puedan intervenir en los debates con las mismas facultades que los congresistas, excepto el voto.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, declaró que con recursos públicos y de cooperación internacional el Gobierno les pagará un salario a los voceros, que por ahora han participado en las discusiones del Congreso en calidad de invitados. Aún restan las votaciones en plenaria de Senado y Cámara para que el proyecto pase a sanción presidencial.
3.
El miércoles, el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, levantó polémica al advertir que si las Farc no liberan a los menores combatientes el Congreso “podría tomar medidas de no implementar los acuerdos en la velocidad que se necesita”. La senadora Claudia López, del Partido Verde, respaldó el ultimátum y dijo vía Twitter que “ni el Gobierno cumple con zonas de concentración-desarme, ni las Farc con la entrega de niños. El Congreso debe suspender el trámite de leyes de paz hasta que ambos cumplan”.
La representante a la Cámara y copresidenta de la Comisión de Paz del Congreso, Ángela María Robledo, cuestionó esas declaraciones y opinó que “Lizcano no tiene ningún derecho a chantajear el trámite de proyectos”. Además, señaló que “infinitamente hemos dicho que los menores de edad no debieron estar en ningún ejército (…), pero que no vengan a torpedear la posibilidad de pasar un acuerdo de paz a la realidad con el cuento de proteger a los niños, cuando lo que quieren son votos”.
Ante la advertencia de un sector del Congreso, el máximo comandante de las Farc, Rodrigo Londoño, dijo que “no vamos a ceder a la presión de campañas sucias en el tema de menores” y que el Gobierno les había dado un “trato carcelario” a 13 niños que la guerrilla liberó en septiembre de 2016. El pasado 18 de enero, “Pastor Alape”, representante de las Farc en el Consejo Nacional de Reincorporación, aseguró que el Gobierno no había permitido que 12 de los 13 menores se reencontraran con sus familias y que los tenían bajo unas “normas casi penitenciarias”, lo que les había generado “mucho malestar” en las Farc.
Ante el debate y la presión ciudadana, el Consejo de Reincorporación anunció el jueves que están listos los lineamientos del programa integral para atender a los menores que salgan de las filas guerrilleras y que los niños empezarán el proceso de reincorporación cuando las Farc lleguen a zonas y puntos —lo cual, según ha dicho el Gobierno, deberá ocurrir el próximo 31 de enero—.
4.
El jueves, en un acto simbólico realizado en la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos cerró oficialmente la mesa de negociaciones de La Habana, que funcionó entre 2012 y 2016, y que negoció el Acuerdo Final firmado en noviembre pasado en el teatro Colón de Bogotá.
Durante la ceremonia, Santos anunció los nombres de tres de los cinco integrantes de la comisión que elegirá a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz: Diego García-Sayán, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; José Francisco Acuña, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y María Camila Moreno, directora en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ). Pese al anuncio de Santos, el ICTJ declaró este viernes que aún no ha elegido a su delegado y que está a la espera de “clarificaciones”.
La comisión estará completa cuando, además del ICTJ, la Corte Europea de Derechos Humanos y el Sistema Universitario Estatal nombren sus delegados.
