La guerra de grupos armados y la constante instalación de minas antipersona asechan a la población.
San José de Uré, municipio ubicado en el Sur de Córdoba es el nuevo objetivo de intimidación que ha utilizado el Bloque Virgilio Peralta Arenas de las ‘Autodefensas Campesinas’, para continuar con el control en la zona.
Este grupo, también conocido como ‘Los Caparrapos’, llegó el jueves 23 de mayo al corregimiento Brazo Izquierdo, en compañía de la disidencia del frente 18 de las Farc. Los hombres armados llegaron a intimidar a la población: “Sacaron forzosamente a las personas de sus hogares, a la gran mayoría los acostaron al suelo, los insultaron, los amedrantaron y los amenazaron con asesinarlos”, informó la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba en una denuncia.
Ese día, en frente de los pobladores, asesinaron a Jader Polo y Jader Pertuz, ambos campesinos de 24 años que hacían parte del Programa de Sustitución Integral de Cultivos Ilícitos (PNIS). Y posteriormente en el corregimiento Batatalito, asesinaron a Luis Fernando Velazquez, campesino que también hacía parte del PNIS.
Al salir del corregimiento advirtieron a la población “si el Ejército sube hasta el corregimiento, regresamos para masacrarlos”. Este hecho, hizo que más de 140 familias salieran desplazadas al Corregimiento Versalles, en el mismo municipio de San José de Uré.
Durante finales del mes de marzo y todo el mes de abril, más de 2.000 personas en el Sur de Córdoba estuvieron desplazadas a causa de la guerra que viven el Bloque Virgilio Peralta Arenas de las Autodefensas Campesinas –en alianza con el frente 18 de las Farc– contra el frente Ruben Dario Avila de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (resquicio de los viejos grupos paramilitares, también conocidos como el Clan del Golfo).
Dicha disputa se debe al control del corredor que permite el acceso a la Costa caribe, pero también al Urabá antioqueño y a la costa pacífica. El cual ha sido usado como una ruta de narcotráfico.
Los municipios más afectados fueron Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador, este último, fue en donde se trasladaron las familias que estaban desplazadas, exactamente en el corregimiento de Juan José. Según información de la ONU, dentro del total de desplazamientos que se han presentado en la zona hay 927 menores de edad y 184 indígenas embera katío.
Andrés Chica, defensor de Derechos Humanos en el Sur de Córdoba explica que un 70% de las personas desplazadas ya retornaron a sus hogares pues “manifestaron que no hubo ningún tipo de garantías diferentes en materia de seguridad en el último Comité de Justicia Transicional hecho a finales de abril. A pesar de no tener garantías para el retorno las personas decidieron volver el 8 de mayo” El otro 30% de la población sigue en el Corregimiento de Juan José.
Esta falta de garantías de seguridad se debe en gran parte al incremento de instalaciones de minas antipersona. Incluso, antes del retorno de la mayoría de familias, el 26 de abril, la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, informó que un joven desplazado de 16 años había pisado una mina antipersona cuando estaba retornando a su hogar junto a su familia cerca de la quebrada Zabaleta de la vereda las Flechas. El joven fue trasportado en un helicóptero del Ejército hasta un centro asistencial en Monteria, pero perdió uno de sus pies por el impacto de este artefacto.
Esta presencia de artefactos explosivos en la zona ya había sido denunciada por la Defensoría del Pueblo desde diciembre de 2018: “En la vereda Río Sucio, un perro activó un artefacto explosivo ubicado a 30 metros de dos viviendas; el 28 de febrero de 2019 dos mulas en las que se desplazaban dos jóvenes a la vereda Santa Rosa, activaron a su paso un artefacto explosivo ubicado en el camino por donde se desplazaban. El hecho ocasionó lesiones menores a los campesinos que debieron lanzarse a las aguas del río San Jorge para poder llegar a Juan José”.
Según información presentada por el Ejército, sólo en el Sur de Córdoba, se han desinstalado 12 minas antipersona, destruido tres campamentos y limpiado dos zonas minadas. La Defensoría también informó que es frecuente ver transitar en horas de la tarde y las mañanas, por caminos y trochas, a miembros del Nuevo Frente 18 de las disidencias de las Farc y de las AGC con mulas cargadas de minas y artefactos explosivos improvisados dentro de costales o cestas, en ocasiones colocándolos y en otras retirándolos.
