Por Jennifer Giraldo
Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, en junio de 2021, a dos meses del inicio del estallido social en Colombia, se pronunció con preocupación por las denuncias de violaciones a los derechos humanos en nuestro país, especialmente por las cometidas por la Fuerza Pública. Por esto, en Julio de 2021, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), que registró esas vulneraciones, dejó 40 recomendaciones para el Gobierno de Iván Duque, entre las que destaca “separar a la Policía Nacional y al ESMAD del Ministerio de la Defensa a fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares”.
Las recomendaciones están centradas en temas relacionados con derecho a la protesta social, el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en medio de las protestas, la violencia basada en género, la violencia basada en discriminación étnico-racial —pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades tribales—, el uso de la figura de traslado de protección y la desaparición de personas, el uso de las facultades disciplinarias, la asistencia militar y la aplicación de la jurisdicción penal militar, las afectaciones a derechos de terceros y bienes públicos en las protestas, los cortes de ruta (bloqueos), y la protección a periodistas, a la libertad de expresión, al acceso a Internet y a las misiones médicas.
En diciembre, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, (OACNUDH), publicó un informe en el que afirmó que se había verificado la muerte de 46 personas (44 civiles y dos agentes policiales) en medio de las protestas —principalmente en la ciudad de Cali—, así como 60 denuncias de violencia sexual. Y de esas denuncias, verificó 16 casos de violencia sexual presuntamente cometida por miembros de la Policía Nacional. Para la ONG Temblores y el instituto INDEPAZ fueron 75 asesinatos durante las protestas de 2021 y de estos, 44 cometidos presuntamente por miembros de la Fuerza Pública, registran, además, 28 víctimas de violencia sexual.
Desde el 2018, año en que se posesionó el presidente Iván Duque, hubo movilización social y denuncias de represión al derecho a la protesta. En 2020, la tortura y asesinato del ciudadano Javier Ordoñez, cometido por dos policías, desató un rechazo general y nacional hacia la fuerza pública colombiana, especialmente hacia la Policía. Y en 2021, tras las evidentes vulneraciones de los derechos humanos durante el episodio conocido como estallido social, el país ha discutido la necesidad de una reforma estructural a la Policía, discusiones en las que incluso se ha planteado la eliminación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
Y como las posiciones frente al comportamiento de la Fuerza Pública y a la protección de los derechos humanos son significativas a la hora de ejercer el voto en la elección presidencial, en Pacifista quisimos saber que plantean los candidatos frente la Policía —¿se reforma o no?—, el servicio militar obligatorio y la protesta social. Temas escogidos por la coyuntura de 2021 y que dejan ver posiciones relevantes frente a la seguridad y los derechos humanos.
- Posición frente a la institución Policial
¿Qué dicen los candidatos sobre esto?
Gustavo Petro: habla de una Policía civil para la vida y la seguridad humana. El redimensionamiento de la Policía Nacional conforme al mandato constitucional implica que sea reubicada bajo el Ministerio de Interior o de Justicia (Alemania y EE.UU. son ejemplo de ello). Responde a las recomendaciones de la CIDH. Su prioridad será recuperar, a nivel institucional y operativo, el carácter civil del cuerpo policial y, de acuerdo con ello, redefinir sus funciones y prioridades, que incluye el desmonte del ESMAD y el tránsito a una fuerza orientada a la solución pacífica e inteligente de conflictos. La propuesta de Petro apunta a algo fundamental que es la estructuración ideológica, simbólica y práctica de la Policía y de la Fuerza Pública.
Federico Gutiérrez: no propone una reforma sino unas mejoras a la policía desde la profesionalización y especialización de la Fuerza Pública con formación en derechos humanos, ciberseguridad, inteligencia, e investigación criminal y en enfocar los esfuerzos de las fuerzas militares en la especialización y combate tanto de Grupos Armados Organizados, como de delitos complejos como la minería ilegal, la deforestación, el control en fronteras, y el narcotráfico en todas sus dimensiones. También habla de eliminar las funciones que desvían la tarea constitucional de las fuerzas, implementando mecanismos de participación de personal civil para tareas administrativas. El programa de Gutierrez es una apuesta a la continuidad.
Sergio Fajardo: propone la creación de un Ministerio de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en donde confluyen la Policía Nacional y otras unidades administrativas especiales encargadas de la seguridad ciudadana. Tendría los mismos recursos —personal y presupuesto— asignados a la Policía y a las unidades que hagan parte del mismo. Según su programa, la Policía Nacional tendría como eje institucional el respeto, la promoción y la garantía de los derechos humanos. Una Policía para la comunidad y una comunidad respaldando su policía. Tendría controles de todas sus actividades, con participación orgánica del control social y político. Propone mejorar los procesos de incorporación de policías, profesionalizando más la actividad, y mejorar las condiciones de salud física y especialmente de salud mental, procurando procesos permanentes de acompañamiento con profesionales del área. Según su programa, el Ministerio que propone crearía un equipo permanente de seguimiento a las denuncias por abuso de poder y corrupción; sin embargo, vigilancia y control dentro de la misma institución en la práctica ha demostrado que resultan en encubrimiento y protección.
Rodolfo Hernández: Impulsará la formación en derechos humanos. Propone revisar y depurar la Policía Nacional de manera que recupere la confianza ciudadana y se minimicen los abusos de autoridad. Dice que los miembros de la fuerza pública involucrados en violaciones a derechos humanos serán retirados. Y habla de Implementar una estrategia de fortalecimiento de la imagen institucional de las fuerzas armadas, teniendo como eje central el concepto de legitimidad. Sin embargo, las campañas que plantea no van de la mano con una mejora de la institución.
¿Qué dicen quienes saben del tema?
Santiago Alarcón, abogado, fundador y director de Fidedigna, defensor de derechos humanos: plantea que es más útil que las fuerzas militares y armadas estén en el Ministerio del Interior que en el de Defensa. En el Ministerio del Interior, dado el enfoque en derechos humanos, permitiría observar posibilidades como las policías de los cuidados en Argentina, que resultan novedosas y generan interacciones diferentes —desde el respeto a las garantías constitucionales y a los derechos humanos— entre la fuerza pública y la ciudadanía, y no implicaría crear una nueva cartera sólo para eso.
Por lo anterior, frente a la creación del Ministerio que propone Fajardo, Alarcón dice que es una propuesta problemática porque no propone un cambio estructural, y que pretender que un sólo ministerio se dedique a la seguridad y convivencia es complejo porque las dinámicas de seguridad de Colombia están muy mediadas por asuntos externos a los temas relacionados con la convivencia cotidiana y ciudadana: “Tener una cartera aparte no sé hasta qué punto soluciona un problema estructural que es de formación ideológica de las fuerzas armadas y de la policía”. Finalmente, agrega que “la propuesta de Federico es quizá la más escueta y la que más falencias tiene en materia de derechos humanos. La formación en derechos humanos es si acaso un asunto que se debe tener en cuenta, pero no tiene peso para generar cambios profundos que se necesitan”.
Apunte Pacifista: la legitimidad de la fuerza pública está mediada por una transformación de la misma que implica el traslado de la cartera en el caso de la policía y en todo caso un nuevo enfoque de sus funciones y relacionamiento con los ciudadanos, la sola formación en materia de DDHH es insuficiente para lograr esto. El proceso de depuración no dice mucho, en la práctica deben darse garantías procesales a los procesos penales y disciplinarios y mantener los asuntos de violación de DDHH fuera de la justicia penal militar.
- Protesta social y el ESMAD
¿Qué dicen los candidatos sobre esto?
Gustavo Petro: frente a la manifestación o la protesta social, dice: “Brindaremos todas las garantías para el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, a la movilización y la protesta social, al derecho a defender los derechos en particular los territoriales y ambientales, el acceso a la información pública, la libertad de prensa y en general al conjunto de derechos humanos individuales y colectivos”. Además, plantea el desmonte del ESMAD y el tránsito a una fuerza orientada a la solución pacífica e inteligente de conflictos. No obstante, es necesario problematizar su poca profundidad al proponer el desmonte del ESMAD.
Federico Gutiérrez: no menciona nada sobre el Esmad y en su programa de gobierno tampoco menciona la protesta social. En debates presidenciales ha afirmado que respetará la protesta social, siempre y cuando no ocurran hechos violentos ni bloqueos.
Sergio Fajardo: frente al comportamiento del Gobierno de Iván Duque ante la protesta social, dice: “Las acciones de este gobierno son reactivas e inconsultas con la sociedad civil, con las autoridades locales y con las entidades especializadas. Son medidas débiles frente a la magnitud del problema, como la reciente ley de seguridad que criminaliza la protesta y aumenta las penas”. En cuanto al ESMAD, plantea que este tendrá capacitación no solamente en derechos humanos, sino también en aspectos sociales y políticos del acontecer nacional; y que además tendrá relacionamiento con las comunidades y sus liderazgos, en función de prevenir los estigmas y demás comportamientos que atenten contra la diversidad y demás derechos ciudadanos.
Rodolfo Hernández: dijo que “el derecho a la protesta será protegido de cualquier violación del Estado”. No habla del ESMAD.
¿Qué dicen quienes saben del tema?
Santiago Alarcón, abogado, fundador y director de Fidedigna, defensor de derechos humanos: menciona que es un error creer que las capacitaciones en derechos humanos son más que suficientes con el ESMAD. Plantea que la experiencia ha demostrado que la actuación del ESMAD no proviene del desconocimiento de las normas de respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH), sino por un sesgo de la relación de la fuerza pública con la ciudadanía y, sobre todo, con el ejercicio de la protesta. “Creo que las capacitaciones son paños de agua tibia, necesarias y se deben mantener mientras que el ESMAD exista, pero se necesita una rearticulación de la fuerza pública”.
- Servicio militar obligatorio
¿Qué dicen los candidatos sobre esto?
Gustavo Petro: plantea que el servicio militar dejará de ser obligatorio y respetará la objeción de conciencia. Dice que todos los miembros de las fuerzas armadas accederán a la educación superior, y a una mayor y mejor formación en derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario y en diversas áreas del conocimiento. Ajustará la política de ascensos por la vía de la meritocracia, promoviendo la igualdad de condiciones para que el más bajo rango pueda ascender. Dice que la institucionalidad debe ser más corporativa para ser más eficiente, más estratégica para transparentar sus procesos de contratación, y más operacional para organizar mejor su estructura y funcionamiento interno. Su propuesta es valiosa porque apunta al respeto de la objeción de conciencia ante la prestación del servicio militar y a eliminar su obligatoriedad.
Federico Gutiérrez: ha dicho que el servicio militar obligatorio debe continuar.
Sergio Fajardo: propone un tránsito, en cuatro años, hacia la profesionalización del servicio militar. “Es hora de acabar el servicio militar sin comprometer nuestra seguridad. Transitaremos hacia un servicio social obligatorio para que jóvenes aporten y conozcan a su país, más allá de las armas. Lo haremos sin reducir el pie de fuerza”.
Rodolfo Hernández: ha mencionado mantener el servicio militar obligatorio, según él, porque la soberanía nacional necesita defensa, pero no profundiza en las implicaciones de sostenerlo.
¿Qué dicen quienes saben del tema?
Knabico Objetor, activista antimilitarista y por la objeción de conciencia: señala que el servicio militar obligatorio va en contravía de los derechos humanos, por eso es enfático en que la postura del próximo presidente de la república debe estar en sintonía con el cumplimiento del Acuerdo de Paz con las extintas Farc. Esto se traduce en desescalar las expresiones de la guerra y construir una sociedad desmilitarizada. Dice que se debe revisar la pertinencia de que aún exista la obligatoriedad de portar una libreta militar para acceder a derechos fundamentales como la educación y el trabajo. La ley 48 de 1993 es clara en plantear que la obligatoriedad gira en torno a que los hombres al cumplir la mayoría de edad tengan que definir la situación militar, lo que no significa ser obligados a ser reclutados. Y se debe regular la objeción de conciencia para ejercer el derecho con autonomía y estatus político. La vida de los niños, niñas, hombres, mujeres, la vida de los territorios debe ser desmilitarizada, concluye.
Santiago Alarcón, abogado, fundador y director de Fidedigna, defensor de derechos humanos: ante la propuesta de fajardo, alarcón manifiesta que “No queda claro de qué manera Fajardo pretende no reducir el pie de fuerza frente al servicio militar obligatorio, a pesar de que dejará de ser obligatorio según él y se convertiría en un servicio social. Hay una diferencia entre profesionalizar el servicio militar y profesionalizar la carrera militar. Lo primero es problemático dentro de los parámetros actuales, se convierte en una estrategia de militarización de la vida de las personas”.
Finalmente Alarcón aclara que en en materia de derechos humanos lo principal es entender que su enfoque debe ser transversal a todas las actuaciones de un gobierno en el manejo que da al Estado. Sin embargo, para el caso de Colombia, hay una serie de asuntos en particular que necesitan un enfoque de derechos humanos con más urgencia. Por ejemplo, la categoría de la alimentación como DDHH y la necesidad de generar en el país no sólo seguridad sino soberanía alimentaria, esto va de la mano con una necesaria reforma rural integral que al mismo tiempo reconozca la categoría de sujetos de derechos al campesinado. Hay otros relevantes como la protección de liderazgos sociales, eliminación de la brecha digital, la defensa de la libertad de expresión, la garantía efectiva del derecho a la protesta, los derechos humanos de las mujeres y de las poblaciones disidentes del sistema sexo género, así como las políticas migratorias.
A modo de cierre
Los derechos humanos son mencionados doce veces en el programa de gobierno de Sergio Fajardo, diez en el de Gustavo Petro, nueve en el de Federico Gutiérrez y tres en el de Rodolfo Hernández. Desde Pacifista seremos vigilantes de las garantías y el cumplimiento de los derechos humanos en el país, por eso la necesidad de conocer las posiciones de los candidatos más opcionados para llegar a la presidencia de Colombia.
