El pasado 28 de abril, 14 personas fueron capturadas en Bogotá, Cali e Ibagué. La Fiscalía los señala de ser “terroristas”, pero los cargos en su contra son ambiguos y las capturas fueron declaradas ilegales, aunque el proceso sigue en curso. PACIFISTA! conoció varios documentos relacionados con la investigación.
Por: Nicolás Sánchez Arévalo y Laura A. Torres Martínez
“Quienes se organizan para violentar la ciudadanía y crear zozobra, caos, en los residentes de cada ciudad, son terroristas”, dijo ante los medios de comunicación el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, la tarde del 28 de abril. Fue el mismo día en el que iniciaron las jornadas del Paro Nacional, que ya completa 12 días de movilización continua en toda Colombia.
En la rueda de prensa, Barbosa anunció que la Fiscalía y la Policía Nacional dieron “un golpe contundente contra estas estructuras del terrorismo urbano”. Se refería a la captura de 14 personas, la mayoría jóvenes; el mayor es un docente pensionado de 71 años y los demás, hombres y mujeres, tienen entre 18 y 28 años.
PACIFISTA! tuvo acceso a 20 documentos, entre esos, solicitudes y órdenes de captura, informes de Policía Judicial y actas de control en el marco de la investigación contra estas 14 personas, que fueron capturadas en la mañana del 28 de abril.
De acuerdo con uno de los informes, la investigación inició por hechos que ocurrieron el 25 de septiembre del 2019: “Al parecer en su interior (de la Universidad Pedagógica Nacional) detonó un artefacto explosivo que como consecuencia resultaron personas heridas dentro del establecimiento educativo”.
A eso se suman las palabras del fiscal Barbosa, quien dijo que se pudo evidenciar que “estas personas habrían participado en diferentes actos vandálicos y ataques contra la fuerza pública en Bogotá, como los ocurridos el 9 y 10 de septiembre de 2020 contra los CAI de la Policía Nacional en la localidad de Bosa y el barrio Villa Luz; y el portal de Transmilenio de Las Américas. También hay indicios de que estarían involucradas en la destrucción de una sucursal bancaria el 21 de septiembre de 2020, en el centro”.
Pero la información que corrobora estas declaraciones dadas a la prensa no está consignada en los documentos que revisamos. Las confusas actuaciones de la Fiscalía son criticadas por la abogada de uno de los señalados, que nos pidió mantener su nombre en reserva: “Ni siquiera sabemos a estas alturas del paseo qué fue lo que hizo cada uno de estos pelados según la Fiscalía”. “Dentro de lo que nos exhibió la Fiscalía no había hechos específicos de alguna conducta delictiva”, nos dijo otro de los abogados defensores.
La Fiscalía señaló supuestos vínculos entre procesados, aunque no aclaró quienes ni cómo se dio esa relación, y supuestos grupos radicales de los cuales hay muy poca información publica: “Movimiento JAIME BATEMAN CAYON, grupo radical LOS ESCUDOS AZULES, movimiento M-JBC, GRUPO JUVENIL VIOLENTO MR-21, MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 21 DE NOVIEMBRE, MOVIMIENTO ÁLVARO FAYAD DELGADO J-M-19”.
A estas conclusiones llegó la Fiscalía tras usar a un agente encubierto, cuyas actuaciones se autorizaron el 20 de mayo del 2020. También, luego de que el 19 de agosto de ese mismo año, se aprobara el seguimiento y vigilancia a cinco personas durante un año.
Los resultados de ambos procedimientos, coincidencialmente, fueron entregados en un informe el 25 de abril de este año, a tan solo tres días del inicio del Paro Nacional.
Sin embargo, un poco más de un mes antes, el Juez 61 Penal Municipal de Control de Garantías, Eduardo José Barrera Maestre, ya había expedido órdenes de captura contra las 14 personas. Estas fueron aprobadas el 19 de marzo del 2021, en una audiencia virtual que inició sobre las 11 de la mañana y que duró alrededor de cuatro horas, según se lee en una de las actas.
Adicionalmente, se expidió una orden de allanamiento contra nueve inmuebles en Bogotá. Estas solicitudes, a diferencia de las de captura, se hicieron el 27 de abril, luego de que ese mismo día, a las 4 de la tarde, los investigadores entregaran a la Fiscalía el informe de cada uno de los lugares que se allanarían a la mañana siguiente.
«Se ha convertido en una práctica común de la Fiscalía y la Policía allanar justo antes o el día en que está anunciada una movilización. Lo que buscan es asustar al que se moviliza, generar precedentes bastante adversos en términos de “si usted sale, mire lo que le pasa”», enfatizó la abogada, quien recordó el allanamiento contra el medio alternativo Cartel Urbano en el marco del paro del 21 de noviembre de 2019. “No era necesario hacer las capturas y los allanamientos ese día, se pudieron haber hecho antes o después, pero lo hicieron así para dar un mensaje a la sociedad de que la Fiscalía está persiguiendo a la protesta social y desmotivar el ejercicio ciudadano de movilización”, agregó el otro defensor que consultamos.
Al respecto, nos comunicamos con el Fiscal Jorge Enrique Jiménez, de la Fiscalía 153 Local especializada contra organizaciones criminales, encargada de la investigación. Le preguntamos por qué estas órdenes fueron solicitadas un día antes de la jornada nacional de movilización del 28 de abril. Nos respondió que, dado que aún se encuentra en etapa de indagación, tales actuaciones están sujetas a reserva y él no puede brindar información.
Ese mismo día tuvo lugar una audiencia de control de los allanamientos; es decir, un espacio ante un juez para revisar si era legal o no la orden que se había expedido esa tarde. Esta diligencia inició cerca de las 7 de la noche y duró media hora, aproximadamente.
El Juez 11 Penal Municipal de Control de Garantías, Ruben Darío de Jesús Forero Briceño, consideró, luego de revisar la evidencia que tenía la Fiscalía, que no era necesario “impartir legalidad a la orden de allanamiento con fines de captura (…). En el entendido de que la Fiscalía puede llevar a cabo diligencias de allanamiento, bien sea para realizar capturas o para recolectar EMP (evidencia material probatoria), debiendo acudir a un control posterior dentro de las 36 horas siguientes a su realización”.
Con esta decisión, la mañana del 28 de abril, agentes de la Sijín acudieron a cada uno de los nueve inmuebles en Bogotá para capturar a las personas e incautar cualquier elemento que consideraran relevante para la investigación.
Las pruebas
Los nueve allanamientos ocurrieron entre las 6:00 a.m y 9:00 a.m en Bogotá. Dentro de las pertenencias que la Policía le quitó a las personas capturadas están celulares, computadores, memorias usb y memorias micro sd. Cosas que, fácilmente, podrían encontrarse en un hogar de clase media.
PACIFISTA! accedió al acta de allanamiento y registro de un inmueble ubicado al sur de la ciudad. El documento firmado por 12 agentes de la Sijín, da cuenta de que los funcionarios incautaron “una agenda de color violeta identificada en su portada ‘Bogotá Humana’” y “34 comprobantes de transacciones de diferentes entidades bancarias”.
En el informe final que recopila los resultados de todos los allanamientos también se refiere a estos objetos. Este último fue firmado por los policías judiciales Jeison Alirio Beltrán Preciado y John Jairo Suárez, a las 6:30 de la tarde del 28 de abril.
En Ibagué (Tolima) se capturó a una persona y en Cali (Valle del Cauca), en plena vía pública, a cuatro. A dos de ellos se les incautaron dos elementos que los investigadores también hallaron como valiosos en el proceso: una bandera del M-19, guerrilla que se desmovilizó en 1990 y se convirtió en partido político, y otra del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), organización étnica de ese departamento. Así quedó consignado en un informe firmado por los patrulleros Andrés Bernal Murcia y Afranio José González; y otro, por el subintendente Wisney Iván Cuellar Santos y el patrullero Cristian David Beltrán.
La justificación de la Fiscalía
“Quienes se dedican a estas actividades al margen de la ley, lo hacen de manera clandestina, por lo tanto no es posible evidenciar su realización en público, y sólo puede accederse a ellas mediante la infiltración de personas dentro de la organización criminal o incidiendo directamente el ámbito de intimidad de los miembros de la organización criminal como en el asunto que ocupa nuestra atención”, se lee en uno de los formatos de orden de allanamiento, con fecha del 27 de abril.
Frente a la urgencia de hacer los allanamientos, si bien todavía no tenemos explicación sobre por qué se solicitaron a pocas horas de la jornada de Paro Nacional, uno de los documentos establece: “El registro y allanamiento es inaplazable en el tiempo, como quiera que es apremiante para el Estado obtener las capturas de los indiciados y recolectar la información legal y los elementos materiales probatorios que permitan prevenir atentados terroristas y controlar las actividades ilícitas que despliegan los miembros de las organizaciones criminales sub júdice”.
Pero las justificaciones de la Fiscalía no fueron suficientes. Después de las capturas y allanamientos era necesario acudir a un juez que legalizara estos procedimientos. El encargado de revisarlos fue el Juzgado 33 Penal Municipal de Control de Garantías, que el viernes de esa semana los declaró ilegales y dejó en libertad a las 14 personas.
A su juicio, el Juez 61, Eduardo José Barrera Maestre, quien emitió las órdenes de captura, no sustentó la información necesaria que soportara este tipo de procedimientos.
“Lo que muestra esto es la ligereza con la que la Fiscalía viene operando por el afán de mostrar ese acto ejemplarizante y de intimidación al resto de la manifestación, se hacen las cosas mal hechas. No dijeron cuál es la información en la que se basan para ingresar a una casa, no aclararon qué es lo que dice el testigo, qué se podría encontrar en ese lugar”, explicó la abogada. No solo las capturas, sino también los allanamientos fueron declarados ilegales.
Lo anterior no quiere decir que la investigación se suspende, sino que la Fiscalía debe justificar otra vez por qué considera necesaria la captura de estas personas. PACIFISTA! conoció que el viernes, 7 de mayo, tendría lugar la nueva audiencia. No se llevó a cabo porque la defensa pidió su aplazamiento y este fue concedido. Se espera que en esa diligencia el ente investigador pida medida de aseguramiento contra los señalados.
“Sospechamos que la Fiscalía no tiene material probatorio sólido, porque de lo contrario hubiera exhibido algo ese día para impedir que se le cayeran esos allanamientos y esas capturas”, afirmó el abogado defensor citado anteriormente.
De acuerdo con la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano, entre el 2000 y 2018, se investigó a alrededor de 10.471 jóvenes que no superaban los 25 años, por los crímenes de rebelión y terrorismo. Del primer delito, se hicieron 9.282 judicializaciones en ese lapso; del segundo, 1.189. Según evidencian las cifras recopiladas, “en 17 años, el Estado no ha logrado demostrar la culpabilidad del 95% del total de jóvenes señalados por rebelión y terrorismo”.
Los abogados defensores y los señalados esperan entender siquiera cuáles son los hechos por los que los señala la Fiscalía. Por ahora, están enfrentando a tientas a una institucionalidad que celebra las capturas, pero no ha sustentado sus acusaciones.
Esta publicación hace parte de nuestro especial:
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