Este martes, la Unidad de Investigación Periodística (UIP) del Politécnico Grancolombiano entregó a la Comisión de la Verdad el informe ‘Criminalización de estudiantes en Colombia’. Hicimos un resumen de lo que ocurrió y les contamos datos valiosos de la investigación.
La UIP exploró, durante 2 años (2018 y 2019), el flagelo de criminalización y persecución de estudiantes en Colombia, a partir de bases datos de la Fiscalía General de la Nación, de las historias de familiares de algunas víctimas, y del análisis de las acciones y actitudes de los cuatro actores que han intervenido a lo largo de la historia: el Estado, los medios de comunicación, los grupos armados y la opinión pública.
El primer gran hallazgo presentado ante la Comisión de la Verdad es que, aún con vacíos de información –como edad, género y grado es escolaridad– en las bases de datos de la Fiscalía, entre enero de 2000 y febrero de 2018, se abrieron 10.471 casos a jóvenes entre los 15 y 25 años: 9.282 por rebelión y 1.189 por terrorismo. De ellos, solo fueron hallados culpables 491, lo que quiere decir que, “en 17 años, el Gobierno no ha logrado demostrar la culpabilidad del 95% del total de jóvenes señalados”, explicó Lizeth León Borja, codirectora de la investigación y hermana de Ricardo Ruíz, víctima de criminalización de estudiantes.
Según la directora de la UIP, Juliana Castellanos, la importancia de este trabajo periodístico está en que “permite colocar en el centro del debate preguntas como: ¿de qué forma los jóvenes en Colombia han sido víctimas del conflicto armado? ¿Cómo, de alguna manera, se han convertido en actores por el contexto político-social en el que habitan? ¿Cómo el conflicto armado entró a entornos educativos, como colegios y universidades, y el Estado no hizo nada, por el contrario, los persiguió? (…) ¿cómo el Estado actúa, particularmente en momentos de coyuntura en el que le urge mostrar resultados a la opinión pública, lo que implica buscar rápidamente culpables?, y ¿cómo, muchas veces, encuentran a esos culpables, entre comillas, en jóvenes estudiantes que piensan y actúan diferente?”.
Para Darío Sendoya, coordinador de la Macroterritorial Bogotá–Soacha–Sumapaz, de la Comisión de La Verdad, este informe es un aporte fundamental para comprender la sistematicidad de las violencias, en el marco de la historia de los estados de excepción, que han “creado unos dispositivos que relacionan una serie de andamiajes penales con el sistema carcelario”. Dice, también, que este informe muestra muy bien cómo se relacionan esos dispositivos con la producción de discursos de imaginarios sociales, impulsados por los medios, que han generado estigmatización y legitimación de las violencias hacia estudiantes y jóvenes del país. Y, además, que la investigación “nos muestra la evolución de este dispositivo de represión y de miedo que se instala en el movimiento estudiantil. Nos muestra muy bien estos dos periodos, que constituyen unos picos de violencia, que son el Estatuto de Seguridad y el periodo de la Seguridad Democrática, en las cuales se exacerban estas violencias hacia el movimiento estudiantil”.
No deja de llamar la atención que el 78% del total de casos de jóvenes procesados por rebelión y terrorismo –es decir, 8.216–, ocurrió entre el 2000 y 2011, periodo en el que comenzó la implementación y se estableció la Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe.
“Los montajes judiciales son producto de una política de Estado, de exterminio de la oposición reflexiva que ejerce la juventud en Colombia”: Aracely León, madre de una de las víctimas de criminalización de estudiantes.
La UIP cruzó el análisis de las bases de datos de la Fiscalía con la revisión de prensa y encontró que siempre hay un doble proceso, el jurídico y el mediático, que por lo general no es compatible. Dentro de los hallazgos puntuales de ese cruce se encuentran:
- El grupo armado asociado no se registró en el 63,7% de los casos, pero en los medios sí se establece una relación entre, por ejemplo, un joven y cierto grupo.
- Los medios de comunicación privilegian la información de fuentes estatales, se les otorga una excesiva credibilidad dejando por fuera los testimonios y el aporte de familiares o amigos de la víctima, y se viola la presunción de inocencia de los jóvenes, “incluso, se ha usado a los medios como una extensión del sistema judicial (…) los medios citan como pruebas, elementos que nunca hacen parte del proceso ni se presentan en las audiencias, y los fiscales, a su vez, usan artículos de prensa que no hacen parte formal del proceso, como elementos para presionar decisiones de los jueces”, dijo en la presentación la periodista León.
- Existe relación entre algunos estudiantes y grupos armados, pero el estigma por parte de los medios y del sistema judicial no ha permitido comprender cómo es esa relación.
- El fenómeno es urbano, ha trascendido lo rural, y se puede confirmar con la presencia del ESMAD y la infiltración paramilitar en los campus de las universidades, policías y miembros de inteligencia participando en los grupos estudiantiles, la amenaza y violación constante de derechos humanos en los entornos escolares, y la posibilidad de acceso de los estudiantes a la manipulación de explosivos.
“Todas estas, creemos, son caras de la degradación del conflicto y muestran que ser estudiante en Colombia es también una condición de alto riesgo”, finalizó Lizeth León.
En la presentación del informe también participó Aracely León, quien contó cómo fue el montaje judicial que le hicieron, en febrero de 2017, a su hijo Mateo Gutiérrez León –uno de los casos más mediáticos en los últimos años–, acusado públicamente como uno de los mayores terroristas por el expresidente Juan Manuel Santos, por el exalcalde Enrique Peñalosa y por el exministro de defensa Guillermo Botero. Mateo fue absuelto en el 2018 y hoy está exiliado tramitando el asilo.
Aracely León hizo énfasis en que en Colombia se está criminalizando la juventud, el derecho a la protesta y el pensamiento crítico, comparó la cárcel de Jamundí, en el Valle del Cauca, con Guantánamo en Cuba (por la vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad), aseguró que con los montajes judiciales a jóvenes se busca silenciar, generar miedo, entorpecer las investigaciones y encubrir a los verdaderos responsables; y pidió a la Comisión de La Verdad especial atención en esclarecer: “¿quién está detrás de las órdenes de los montajes judiciales?, ¿por qué esto se ha convertido en una política de Estado?, ¿por qué en la Política de Seguridad Nacional, con relación a la particular del enemigo interno, se aplica a los jóvenes, al movimiento estudiantil, a los líderes sociales, barriales, a los defensores de derechos humanos?, ¿por qué se hacen unas acusaciones desproporcionadas a unos actos que, normalmente, no tienen porqué ser calificados como terroristas o concierto para delinquir?”.
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Este es el segundo informe que la Unidad de Investigación Periodística presenta a la Comisión de La Verdad. Pueden ver el primero en ‘Usme, los rastros de la guerra’.
A María Camila la pueden leer acá.
