Claudia Ángela Argote y Antonio Argote Bolaños presuntamente se aliaron con los paramilitares con el fin de desplazar a comunidades afrodescendientes en Chocó y apropiarse de sus tierras para hacer ganadería extensiva. Esa familia ha tenido que devolver parcelas despojadas en Chigorodó (Antioquia). Aunque un exjefe paramilitar los señaló de financiar ese grupo armado, el ente investigativo no los acusó de ese delito.
Esta semana Urabá fue noticia por el nombramiento de José Augusto Rendón, quien ha sido apoderado de compradores de tierra despojada, como defensor regional del Pueblo. A esa se suma otra noticia que involucra a poderosos empresarios de la región: la Fiscalía acusó a Claudia Ángela Argote Romero y a Antonio Argote Bolaños de aliarse con los paramilitares para desplazar a comunidades afrodescendientes, con el fin de instaurar proyectos de ganadería extensiva en la cuenca del río Curvaradó (Chocó).
La historia se remonta a 1997, cuando la población de Caracolí, una comunidad en la ribera del río Curvaradó, se desplazó ante el temor que infundieron los paramilitares. El 6 de octubre de 1996, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llegaron a ese afluente y masacraron a cinco personas en la comunidad de Las Brisas. El desplazamiento se intensificó con la Operación Cacarica de los paramilitares, perpetrada entre febrero y marzo de 1997, y la Operación Génesis, comandada por el condenado general del Ejército Rito Alejo del Río, también en febrero.
Los Argote son una familia poderosa en Urabá. Son propietarios de Promotora Palmas de Urabá (Promurabá), dedicada al cultivo de palma africana, de la cual figura como representante legal Graciela Romero de Argote; de Agropecuarias Bananeras S.A.S (Agroban), dedicada al cultivo de banano; y también son ganaderos. Además, tienen un predio de unas 308 hectáreas llamado Tukeca, ubicado en el consejo comunitario de Curvaradó.
Precisamente, los Argote son acusados por la justicia por la manera como se hicieron a la tierra de la finca Tukeca. PACIFISTA! tuvo acceso a la resolución de acusación de la Fiscalía:
Claudia y Antonio son señalados de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica. “Un numeroso grupo de personas pobladoras de las riberas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó fueron objeto de desplazamiento forzado de su hábitat ancestral mediante actos hostiles y violentos desplegados de manera sistemática, generalizada y sucesiva, y sobre un sector de la población, por las llamadas autodefensas quienes se cohonestaron con diferentes empresarios en la palma de aceite, por un lado, y empresarios en la explotación de la ganadería extensiva, entre (ellos) la llamada sociedad Tukeka de la familia Argote en Caracolí”, señaló el ente investigador.
En 2014 fueron condenados varios empresarios que hicieron parte del plan criminal que lideraron los hermanos Castaño, máximos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó. Son los casos del ganadero Gabriel Jaime Sierra Moreno y del bananero Irving Jorge Bernal Giraldo. Por los mismos hechos fue condenada Sor Teresa Gómez, familiar de los Castaño. Ahora, los Argote están a punto de ir a juicio.
Los testimonios de las víctimas
En la resolución de acusación hay testimonios de pobladores de la zona que aseguran que le vendieron sus parcelas a los Argote por presión de los grupos armados y a un precio bajo. Por ejemplo, Walter Atencio Garay relató que intentó volver a su parcela en 2004, de la que había sido desplazado, pero le dijeron que esa figuraba a nombre de Claudia. “(Llegaron) Orlando Moreno y Marcelino quienes me dijeron que si no sabía que esa finca tenía (ese) problema o que si quería que entrara la gente y me tirara al río, yo me asusté y me fui otra vez”, indicó el campesino.
Sixta Tulia Pérez aseguró que los Argote invadieron una finca de su familia en Caracolí, dijo que su parcela ahora hace parte de Yukeca. Santander González declaró que su padre nunca le dio poder a un abogado que hizo una escritura de su parcela familiar a nombre de Claudia: “indica que intentó recuperar el predio, compró alambre, hicieron los linderos, pero eso lo dañaron los trabajadores de Claudia Argote y se llevaron todo”, reseñó la Fiscalía. Liria Rosa García relató que sus padres habrían tenido que vender su finca por supuestas amenazas hechas por los Argote.
A esas declaraciones se suman las de dos campesinos más que dijeron que Claudia los citó a un local comercial en el casco urbano de Chigorodó y les pagó a $200.000 y $300.000 cada hectárea de sus parcelas. Claudia Argote, por su parte, dijo en indagatoria que pagó por los predios un valor cercano al que se pagaba en la zona y que los consiguió por intermedio de un amigo de su hermano.
“Es una buena noticia porque estos empresarios son representativos de todo lo que sucedió en Curvaradó, en el Jiguamiandó y en toda esta región. Sin ellos no hubiese sido posible la frustración del proyecto de vida de esas comunidades”, dijo Jhonatan Orozco Tamayo, defensor de derechos humanos de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, organización social que le ha hecho acompañamiento a las víctimas.
Los antecedentes de los Argote
Un primer revés para los negocios de los Argote en esa región se dio en 2012, cuando el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) hizo una caracterización de los consejos comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó). “Se resalta la ocupación irregular que en la comunidad de Caracolí ejerce la familia Argote Romero, a través del predio La Tukeca, sobre un área aproximada de 308 hectáreas del territorio colectivo dedicadas a la ganadería extensiva”, señaló la institución.
En la acusación del delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica también está vinculado Rafael Antonio Argote Romero. El ente investigador expuso que el establecimiento de proyectos ganaderos y palmeros en la zona conllevó la reducción del caudal de 12 cuerpos de agua. También documentó afectaciones a la flora y a la fauna de la región. “El cultivo de palma y la matriz de ganadería alteraron negativamente la biodiversidad, el suelo y el agua, debido a las actividades de adecuación de terrenos, sistema de drenaje, la construcción de vías y el establecimiento de pastos”, precisó la Fiscalía.
Pero no es la primera vez que el sistema judicial señala irregularidades en los negocios de tierra de los Argote. El 23 de marzo de 2018, el Tribunal Superior de Antioquia falló en contra de Claudia Argote en un proceso de restitución de tierras. Luz Mery Pino de Zapata denunció que tras el asesinato de su esposo y su hijo mayor, el 12 de agosto de 1997, ella abandonó la finca El Reposo (ubicada en zona rural de Chigorodó, Antioquia) y que el 12 de septiembre de ese mismo año un vecino la obligó a firmar un derecho de dominio a favor de Claudia, quien le dio 10 millones de pesos. El hombre la amenazó de muerte si intentaba volver a la parcela.
Ante esa solicitud de restitución, los Argote señalaron a los dos señores asesinados de ser integrantes de las Farc y aseguraron que otros dos hijos de Pino hicieron parte de los paramilitares. Esos señalamientos resultaron ser falsos. “No es de recibo que un rumor no probado le ocasione la muerte a persona alguna”, enfatizaron los magistrados. “Ella fue forzada a aceptar unas condiciones desfavorables y ventajosas en su contra (…) La violencia permitió la transacción efectuada”, agregaron. Claudia Argote tuvo que devolver la tierra a sus legítimos dueños.
“La opositora inició su relación material con la tierra solicitada en restitución desde el año 1997, hasta la fecha de este fallo, se ha visto beneficiada de aproximadamente 20 años a expensas del despojo de las víctimas”, señaló el Tribunal. Ese proceso no le salió bien a los Argote porque, además, el juez compulsó copias porque en un interrogatorio Claudia dijo que tenía 800 hectáreas de tierra en Curvaradó, lo que según el togado puede constituir una ilegalidad pues son terrenos de comunidades étnicas.
Los Argote y las finanzas del paramilitarismo
En la resolución de acusación hay dos detalles que reviven un señalamiento que les han hecho a los Argote hace años: que presuntamente apoyaron financieramente a los grupos paramilitares.
Jaime de Jesús López Echeverri, quien se hizo de manera irregular a tres haciendas en Carepa (Antioquia), aseguró que un contador de los Castaño le dijo que los Argote le donaron a los paramilitares una hacienda de más de 600 hectáreas. Esa acusación no ha sido demostrada judicialmente.
Por otra parte, el exparamilitar Raúl Hasbún dijo que Claudia Argote “financió económicamente a las autodefensas, por lo menos, desde 1996 a 2004 (sic)”. Aunque la Fiscalía no acusó a la familia de la presunta comisión de ese delito, hay información que podría sustentar las acusaciones de Hasbún.
En 2012, el excomandante ‘para’ le entregó a Justicia y Paz dos listados: uno de bananeros y otro de ganaderos que habrían financiado a los paramilitares. En el de ganaderos aparece Antonio Argote con una suma de siete millones de pesos y en el de bananeros aparece Claudia Argote, sin una suma determinada.
El 26 de febrero de 2015, en una audiencia que la Fiscalía llevó a cabo en la cárcel de Itagüi (Antioquia), Hasbún habló del proceso de conformación de los paramilitares en Urabá y volvió a salpicar a los Argote. Según dijo, el primer grupo que se conformó en la zona ganadera hacía reuniones con Ángel Adriano Palacios Pino, Eli Gómez y los Argote.
PACIFISTA! tuvo acceso a documentos de las Convivir de Urabá, organizaciones que se crearon a la luz del decreto del 356 de febrero de 1994, expedido por el gobierno de César Gaviria, pero que en esa región fueron creadas y controladas por los paramilitares. Así lo confirman las sentencias contra personas que dirigieron cooperativas de ese tipo en Urabá.
Antonio Argote fue asociado de la convivir Chigorodó Alegre, figura un listado de socios en el que también está incluido Raúl Hasbún, que para la época ya era comandante paramilitar. En esa organización militaron otros integrantes de ese grupo armado como Faber Leonel Londoño Londoño y Realvale Sepúlveda Corrales.
En 1997 la Corte Constitucional emitió una sentencia que les puso límites a las Convivir. En Apartadó (Antioquia), ante ese fallo, los representantes de 300 de esas cooperativas pidieron cancelar sus licencias de funcionamiento. Pero en esa región se conformaron los Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada (SEVSP), empresa que reemplazó a la Convivir Papagayo y que también era controlada por paramilitares.
Argote fue asociado de los SEVSP, como lo comprueban tres actas en poder de PACIFISTA!. El bananero tenía inscritas las fincas Labrador, San Andrés, San Rafael y Chelas. Los industriales aportaban a SEVSP tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada. Esa fue la cifra que, según Hasbún, muchos empresarios de la zona entregaron voluntariamente al grupo criminal que él comandaba.
En 2004, la Asociación de Ganaderos del Urabá Grande (Aganar) pidió que los SEVSP le prestaran seguridad a ese gremio a cambio de aportes, como los que ya hacía la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura). Para el momento en que se dio la entrada de ese gremio a dicha empresa de los paramilitares, Claudia Argote figuraba como suplente en la junta directiva de Aganar.
A pesar de esos hechos, la Fiscalía no los acusó de presuntamente financiar grupos paramilitares. Aunque esa entidad declaró la financiación de ese grupo armado como crimen de lesa humanidad, no se ha emitido ninguna sentencia contra empresarios del Urabá por su papel en el financiamiento de las Convivir de los paramilitares.
A eso se suma que la justicia ha sido muy lenta para esclarecer lo que pasó en Curvaradó, Jiguamiandó y otras comunidades de la zona. “Este proceso ha sido muy lento. Hace casi 10 años Claudia Ángela Argote fue indagada y hasta ahora conocemos la acusación. Desde 2016 no hay condenas por este proceso ¿Cuándo va a terminar el de Claudia Argote? ¿En 2030?”, se preguntó Orozco.
Aunque contactamos telefónicamente a Claudia Argote para que diera su versión sobre los señalamientos que recaen sobre su familia, dijo no estar interesada en dar declaraciones. También intentamos que nos pusiera en contacto con su abogada para saber si van a apelar la decisión, pero no accedió.
En la resolución de acusación contra los Argote, la Fiscalía cuestiona lo que han dicho algunos excomandantes de las autodefensas sobre el objetivo que tenía la llegada de los paramilitares a esa zona del país. “El pretexto de operaciones contrainsurgentes pusieron como blanco a la población civil bajo la justificante de persecución a la guerrilla de las FARC EP; pero años después se vislumbró que la ocupación ilícita e ilegal de los territorios colectivos de las comunidades realizada por mencionadas empresas palmeras y ganaderas tuvo y tiene otros móviles, era el apoderamiento de las tierras, el implante de megaproyectos palmeros y ganaderos”, se lee.
Aunque todavía falta mucha verdad sobre el papel que jugaron los empresarios en la expansión y fortalecimiento de los paramilitares a Urabá, el posible juicio en contra de los Argote puede dar pistas sobre de dónde salía el combustible de la maquinaria de guerra que los paramilitares vieron crecer en Urabá y trasladaron a otras zonas del país.
El nuevo defensor del Pueblo en Urabá fue abogado de compradores de tierra despojada
