Ese tribunal le llamó la atención al Gobierno del presidente Iván Duque y a la Fiscalía por la situación de seguridad de los excombatientes de las Farc. Le ordenó al Estado a tomar medidas efectivas para detener la matanza que ya suma 259 víctimas.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se mostró preocupada por la falta de garantías para los excombatientes de las Farc, de los cuales 259 han sido asesinados. Así lo dio a conocer en tres autos, fechados el 26 de febrero, por medio de los cuales cuestionó las acciones que ha tomado el Estado para proteger a los firmantes del Acuerdo de Paz, y les dio órdenes a varios funcionarios para evitar los ataques en contra de esta población.
Un hecho que la JEP evidenció es la alta impunidad en los casos de amenazas contra excombatientes: solo hay siete sentencias frente a 251 investigaciones abiertas. El Tribunal también reveló que 19 reincorporados que denunciaron amenazas fueron asesinados. “La investigación, juzgamiento y sanción de las amenazas no solamente es esencial para la materialización del derecho a la justicia, sino también para la propia protección de las víctimas que buscan una respuesta pronta del Estado para evitar que éstas se consuman”, enfatizó.
En los autos expedidos por la JEP también se señala la preocupación por el archivo de 32 procesos por amenazas debido a que la Fiscalía fue incapaz de encontrar a los responsables. “En más de una de cada 10 investigaciones la Fiscalía ni siquiera continúa la investigación, reconociendo su imposibilidad de esclarecer los hechos y en las demás apenas el 1,10% de los procesos está en juicio”, aseveró el tribunal.
“La mínima garantía que debe otorgarse a una persona que acude a un organismo de justicia denunciando haber sido objeto de una amenaza es que esta no se consume, y por ello es inaceptable que esta se materialice posteriormente con la muerte del reincorporado”, criticó la JEP. Por eso le ordenó a la Fiscalía adoptar medidas, en conjunto con la Unidad Nacional de Protección, para que garanticen la vida de los excombatientes amenazados.
La institución cuestionó el alcance que han tenido las investigaciones de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, creada en virtud del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y las Farc en 2016. Aunque el Tribunal reconoció que esa entidad hace esfuerzos, advirtió: “los resultados de ese trabajo presentan un bajo nivel en el cumplimiento del objetivo”. Hay 33 condenas por homicidios, desapariciones forzadas y tentativas de homicidios de excombatientes y en total se han abierto 280 procesos.
A eso se suma lo que reveló PACIFISTA! el pasado domingo: solo cuatro autores intelectuales de asesinatos han sido condenados. “Llama la atención que solo en uno de cada 3 casos en los que hay avances investigativos se haya vinculado a los determinadores, lo cual además en relación con el número global de víctimas implica que solo se ha hecho en un 17 por ciento de los casos (48 de 280 víctimas)”, puntualizó la institución.
La JEP estará vigilante de la judicialización de autores intelectuales de crímenes de excombatientes. Por eso, le ordenó a la Fiscalía enviar informes bimensuales tanto a ese tribunal como a la Procuraduría en los que den cuenta de los avances en esa materia.
“Existe un bajo grado de esclarecimientos de los hechos victimizantes que ha sufrido la población reincorporada de las FARC – EP, el cual es de solo el 11 por ciento en relación con homicidios, tentativas de homicidios y desapariciones forzadas de personas y de apenas un 2 por ciento en relación con las amenazas”, señaló la institución.
La Fiscalía también admitió que en uno de cada tres casos de homicidios, desapariciones forzadas o tentativas de homicidios no ha podido llegar al lugar donde se dieron los hechos. Por eso, la JEP le ordenó al Ministerio de Defensa apoyar al ente investigativo para llegar a todos los lugares donde se presenten ataques contra los reincorporados.
Otro aspecto que genera preocupación en la JEP es que no se han definido los Lineamientos y el Plan de Acción de la Política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales. “Debían haberse adoptado hace 2 años”, recriminó el Tribunal. Por ese hecho los magistrados le llamaron la atención de Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz, a quien en junio de 2020 le había sido otorgado un plazo de 60 días para entregar esos documentos y no los entregó. Por eso le ordenó remitir esos documentos en un plazo de 15 días so pena de ser sancionado por desacato.
La importancia de ese Plan de Acción lo explicó la JEP: “aunque haya esfuerzos realizados por la Unidad Especial de Investigación, estos no se ejecutan en el marco de una política para el desmantelamiento de las organizaciones criminales, que haría más efectiva las acciones”.
Los autos de la JEP se dan en el marco de las medidas cautelares que pidió el partido Comunes por los ataques en contra de sus integrantes. Esa colectividad también le ha pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que les brinde medidas cautelares ante lo que consideran un “exterminio sistemático”.
Barbosa y Ceballos, a rendir cuentas en la JEP sobre matanza de excombatientes
