Entre enero y junio de 2020, de acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, se registraron 181 víctimas de estos artefactos explosivos. Buena parte de los casos se dieron durante la emergencia por el Covid-19.
Hablar hoy de minas antipersona y campos con explosivos en Colombia suena a un tema del pasado, de los años más duros y cruentos del conflicto armado con la antigua guerrilla de las Farc. Pero estos artefactos siguen dejando víctimas. De acuerdo al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en el primer semestre del 2020 —de enero a junio— se registraron 181 personas afectadas por explosivos.
“De las 181 víctimas registradas, 126 son civiles. Las consecuencias humanitarias de la violencia armada en Colombia no han cesado”, explica Ana María Hernández, coordinadora de la Unidad de Contaminación por Armas del CICR. Además, de las 181 víctimas de minas antipersona y otros explosivos, 27 fallecieron y 154 terminaron heridos.
El año pasado, la cifra total de víctimas de estos artefactos en el país alcanzó las 352 personas. Y entre enero y junio de 2019 se contabilizaron 195. Es claro que el registro de lo que va de 2020 es mínimamente inferior al del primer semestre del 2019, por lo que se podría inferir que va decayendo el impacto de las minas antipersona y otros explosivos en Colombia. Pero el CICR aclara que buena tarde de los casos de este año se dieron durante la emergencia por el Covid-19 y las medidas de aislamiento obligatorio en todo el país.
“Los accidentes por artefactos explosivos transforman de manera definitiva la vida de las personas, pues quedan con unas consecuencias de carácter físico y psicológico”, comenta Hernández del CICR. “Los que sobreviven normalmente requieren de una atención de manera definitiva durante toda su vida. Esto no solamente impacta la vida de esas víctimas sino también la de sus familiares”.
A principios de este año, en el informe de Retos Humanitarios 2020, el CICR reseñó que de las 352 víctimas de minas y otros explosivos en Colombia durante 2019, al menos 159 fueron civiles y 42 fallecieron. También habla del crecimiento de los afectados en los últimos años: en 2017 se registraron 57 y en 2018 se contabilizaron 221, lo que representa un aumento del 288 por ciento. Tres departamentos concentraron a la mayoría de víctimas de 2019: Norte de Santander, con 110; Arauca, con 54; y Antioquia, con 38.
“Debemos ver todo lo que está detrás de esas cifras. No son solamente números, son las historias de estas personas, los relatos de cómo tratan de sobrellevar el accidente (con el explosivo) y todo lo que eso conlleva”, agrega la coordinadora del CICR.
Pero los daños a las víctimas no solo se quedan en lo físico y lo psicológico. Para Hernández, hay otras consecuencias humanitarias a las que poco se les presta atención. “Una de esas es el confinamiento de las comunidades en zonas rurales. Por la presencia de minas y otros explosivos, las comunidades no pueden acceder a bienes y servicios, no pueden acceder a cultivos, no pueden acceder a educación y salud. Y por esta razón también hay que considerar el confinamiento como un indicador de la problemática”.
Precisamente en los primeros días de abril de este año contamos en Pacifista! el doble confinamiento que vivieron 3.083 personas de la zona rural del municipio de Alto Baudó, en el Chocó, por cuenta de la emergencia por el Covid-19 y la presencia de grupos armados que entre sus estrategias de control en la región siembran minas antipersona para restringir la movilidad. “Tenemos intranquilidad porque uno no se puede mover para las fincas a cortar la comida. Hay minas por todo lado”, contó en ese momento uno de los habitantes del pueblo.
