ProyectoCOCA | El proyecto de ley impulsado por Néstor Humberto Martínez, que pretende “fortalecer la seguridad ciudadana”, sigue en la línea de criminalizar al consumidor.
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Cifras falsas.
Cuando se refirió al consumo de drogas por parte de menores de edad, Néstor Humberto Martínez usó cifras incorrectas.
El Fiscal general habló el pasado miércoles en la Comisión Primera del Senado donde se discutía un proyecto de ley que busca establecer nuevos tipos penales para combatir delitos que afecten la seguridad ciudadana.
El proyecto de ley tiene tanto de largo como de ancho. Bajo la idea de seguridad ciudadana ha entrado en la discusión una baraja diversa de temas: desde los delitos digitales hasta el narcomenudeo.
Y es en este último aspecto, en la aproximación al tema de drogas, fue el que alarmó a distintos sectores y organizaciones. El Fiscal hizo una enérgica defensa de este proyecto de ley el pasado miércoles en el Senado y dijo que “estamos a punto de perder una generación en Colombia por medio del consumo de drogas”, decía mientras subía las cejas y fruncía el ceño. Y añadía que “a estas alturas, el 7.5% de los niños en edad escolar ya han consumido al menos una vez cocaína”.
Para Julián Quintero, director de ATS, “el Fiscal general miente cuando dice que más del 7% de los escolares han probado cocaína en su vida”. Según el Estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en población escolar, del año 2016, (y que es, hasta la fecha, el documento oficial más reciente en temas de consumo en esta población) establece que el 3.9% de jóvenes entre los 12 y los 18 años ha consumido cocaína al menos una vez en su vida.
Una cifra inferior (casi la mitad) a la que dio el Fiscal en el primer debate de la ley la semana pasada.
Pero más allá de las cifras falsas, el proyecto de ley que impulsa el Fiscal –con el apoyo de los alcaldes de Bogotá, Cali, Medellín, Valledupar, Ibagué, Villavicencio y Neiva– vuelve a abrir el debate (que quizás nunca se ha cerrado del todo) sobre el consumo de sustancias psicoactivas y la manera de afrontar esa situación.
El proyecto de ley sigue la política de ‘mano dura’ frente al consumidor que ya había establecido el gobierno de Duque cuando emitió el decreto que le permitía –y le permite hoy– a la Policía decomisar sustancias ilegales –incluso si están dentro de la cantidad de la dosis mínima permitida por la Corte. “Un decreto que le da a las herramientas a la fuerza pública, a la policía, para destruir la droga en las calles de nuestras ciudades. Destruir cualquier dosis, por supuesto, y se hacen en lo que yo llamo la continuidad de una política de Estado”, dijo en su momento el presidente Duque.
Con el proyecto de ley que impulsa el Fiscal, se intenta, en sus primeros cuatro artículos, seguir la línea establecida por el Gobierno en el sentido de continuar una política punitivista frente al tema de drogas. Nuestra “principal preocupación es que bajo el concepto de ‘seguridad ciudadana’ se está haciendo una propuesta que le apuesta a un enfoque punitivo y de persecución penal y esto pone en riesgo derechos constitucionalmente protegidos”, dice Paola Aguirre de Elementa, consultora en temas de Derechos Humanos.
Por su parte, Quintero dice que, “con su proyecto de ley (el Fiscal) quiere imponerle a los jueces la interpretación de la dosis de aprovisionamiento, perseguir consumidores por llevar pipas o dinero ‘sencillo’ y meter a la cárcel a los dueños de los bares y discotecas si se consume en sus negocios. Más penalización y criminalización antes que prevención, educación y salud pública”.
Quintero hace referencia al parágrafo tres del primer artículo del proyecto. Allí se establecen nuevas razones (el texto habla de “circunstancias contextuales”) para establecer si un individuo está comercializando o distribuyendo sustancias ilícitas. Las razones que esgrime el proyecto de ley, para establecer si hay venta de drogas, son las siguientes:
(i) tener cantidades fraccionadas de una misma o más de una sustancia estupefaciente, sicotrópica o droga sintética.
(ii) tener dinero de variada denominación o documentos que permitan inferir la actividad de comercialización o distribución de sustancia estupefaciente, sicotrópica o droga sintética.
(iii) tener elementos, instrumentos, materiales o equipos comúnmente destinados para la elaboración, fabricación, pesaje, almacenaje, empacado a escala o distribución de sustancia estupefaciente, sicotrópica o droga sintética.
Como se puede inferir de los anteriores apartados, a ley incluye situaciones muy ambiguas en donde la Policía puede determinar que un ciudadano está traficando con droga a partir de cosas como “tener dinero de variada denominación” o tener “cantidades fraccionadas de una misma sustancia”.
Otra de las preocupaciones del proyecto de ley es la brecha que abre para condenar a un mesero de un restaurante o al administrador de un bar, en caso de que la Policía encuentre que dentro de ese establecimiento hubo venta de drogas. Incluso sin el conocimiento del mesero o el administrador.
Angélica Lozano, senadora del Partido Verde, y quien integra la Comisión Primera de Senado, dice que “no estamos de acuerdo que en este artículo se utilicen expresiones como permitir o tolerar, SON PELIGROSAS y sirven para múltiples interpretaciones, y no conllevan al fin último de la norma. Por ejemplo, con esta medida hasta un mesero de un restaurante podría ser condenado con pena de 4 a 8 años de prisión si gente está haciendo transacciones de drogas aun cuando él no se dé cuenta”.
¿Qué pasa entonces con los consumidores y los no consumidores que a ojos de la autoridad podrían ser sospechosos de serlo?
Se los criminaliza.
Para Paula Aguirre de Elementa “limitar el tema a un asunto de política criminal y de aumento de penas y nuevos delitos genera altos costos, además de que la aplicación de este tipo de leyes generalmente recae sobre poblaciones pobres y con bajos niveles de escolaridad.”
Además: “el proyecto de ley plantea regular la dosis de aprovisionamiento con el fin de generar seguridad jurídica, sin embargo esta regulación no está teniendo en cuenta las prácticas de consumo de las personas que consumen drogas ni está sustentado en evidencia, y esto puede derivar en casos de criminalización de quienes necesitan más cantidad de la que propone el proyecto de ley, asumiendo que la tienen para comercialización. Y atentando contra la presunción de inocencia”.
Por ahora, el proyecto sigue su curso natural en el Congreso. Esperaremos cómo votan los distintos senadores y representantes a los artículos conciertnietes al tema de drogas.
