#Divergentes | Las comunidades hablaron, de frente, con el gerente de EPM y otras autoridades que tienen responsabilidad en lo que está pasando.
Por: Alejandra Vergara
Medellín lo necesitaba. Este miércoles 27 de febrero se realizó una audiencia pública para mirar en detalle los elementos del proyecto Hidroituango. Sucedió en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, después de más de 10 meses de que empezaran las contingencias en el megaproyecto. Allí se reunieron por primera vez diferentes autoridades nacionales y locales representantes de EPM, integrantes de las comunidades afectadas por la hidroeléctrica, expertos académicos, miembros de diferentes movimientos que se oponen a la obra y ciudadanos del común para exponer sus opiniones y visiones sobre el futuro de Hidroituango.
Puertas cerradas y filas de decenas de personas confundidas y sin saber si lograrían entrar o no a la audiencia. Así era el panorama en la plaza de San Ignacio en el centro de Medellín, cuando aún no eran las 9 a.m., hora en que iniciaba el evento.
Así, mientras adentro se daba inicio con el himno nacional y las palabras del contralor y el procurador general, afuera periodistas de distintos medios preguntaban por qué puerta podían ingresar, miembros de la autoridad nacional y local reclamaban que los estaban esperando y varios campesinos que habían viajado por horas para estar en la audiencia gritaban arengas que se podían escuchar desde los balcones del auditorio. Arengas, claro, a favor del río.
Adentro y con el auditorio a reventar, Fernando Carrillo, procurador general de la Nación, aseguró que esa se trataba de una audiencia de vigilancia y prevención que buscaba promover acciones de diálogo entre las diferentes partes de este proyecto y no definir situaciones disciplinarias. Sin embargo, pidió que “se hagan públicos los expedientes y que sepamos todos de la manera más transparente qué es lo que está sucediendo [con el proyecto]”
Dividido en cuatro tipos de intervenciones (comunidad, entes territoriales, expertos e instituciones gubernamentales), el evento que duró cerca de 6 horas, contó con las voces e intervenciones de más de 20 personas.
Las comunidades
Después de las palabras de apertura, la primera en tomar el micrófono fue Cecilia Muriel, pescadora y barequera de Puerto Valdivia, quien denunció que desde el pasado 12 de mayo sus derechos han sido vulnerados: “Estamos aguantando hambre, estamos viviendo momentos muy difíciles y no tenemos trabajo (…) llevamos 10 meses esperando y no se han visto las soluciones porque nadie quiere sentarse con nosotros”,
Al igual que Muriel, los representantes de distintas comunidades que hacen parte de la zona de afectación denunciaron ante el auditorio que EPM no les ha cumplido. Por solo mencionar un ejemplo: en Puerto Valdivia, las familias afectadas dicen que el proceso de indemnización no ha empezado.
Por su parte, los pescadores denunciaron que con los cambios ambientales de las últimas semanas el ciclo de reproducción de los peces cambió y que con los drásticos cambios en el nivel del río, “Hidroituango acabó con su patrimonio, sus costumbres y su cultura”.
Isabel Zuleta, vocera del movimiento Ríos Vivos Antioquia, también intervino reclamando a la Gobernación de Antioquia por no haber cumplido su palabra y a EPM por “haberse negado de manera sistemática a dialogar con las comunidades”. Insistió en que si las instituciones hubiesen actuado de manera apropiada, el proyecto y las comunidades no estarían pasando por este momento. Además, señaló que cada día que pasa la situación es más angustiante y desgarradora, y que “no es cierto que con devolverle el agua el río este vuelva ser lo que era”
Además de las comunidades del Bajo Cauca, también hubo representación de habitantes de La Mojana, quienes denunciaron que desde el 16 de enero “ha habido un aceleramiento de erosión en 23 mil hectáreas, tenemos municipios totalmente desabastecidos de agua, hubo secamiento total de los diques y la gente está pasando hambre y sed porque sin agua todas las arroceras de la zona están cerradas”, dijo Laura Cantillo.
Las autoridades
Al finalizar las intervenciones de las comunidades afectadas, fue el momento para las entidades territoriales de exponer sus puntos de vista. El primero en hacerlo fue el gobernador de Antioquia Luis Pérez quien denunció que el túnel #3 fue construido en contra de todas las advertencias técnicas, sin licencia ambiental y sin diseños definitivos.
Además, Pérez declaró que el departamento “también es una víctima institucional de la megaobra”, pues varios proyectos que se encontraban atados a los ingresos que recibiría una vez la hidroeléctrica entrara en funcionamiento, aparecían inciertos. Y todo lo dijo sin mencionar que él preside la junta de Hiroituango. En pocas palabras: en ningún momento aceptó la responsabilidad que él, como gobernador, puede tener en todo este escándalo.
Después llegó el turno del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien empezó diciendo que desde su alcaldía y desde EPM estarán prestos para colaborar en todas las investigaciones y acatar los resultado que determinen responsabilidades si es que hay lugar a ellas.
Aunque intentó destacar todo el trabajo y las inversiones que ha hecho EPM para aliviar las afectaciones que ha provocado el proyecto en la comunidad, Gutiérrez fue interrumpido por los abucheos del público que lo llamó mentiroso por declaraciones como que la zona donde está ubicada la obra es una zona crítica y que “los males de la región no son culpa de una empresa como EPM”.
De igual forma se pronunciaron los gobernadores de Bolívar, Sucre y la gobernadora encargada de Córdoba, quienes coincidieron en que aunque son conscientes de la importancia de Hidroituango para el bien de la nación, su éxito no puede ser a costa del perjuicio que se ha causado en la región.
Las promesas, y solo eso, promesas
Durante la segunda parte de la jornada y con los ánimos más tranquilos entre el público, el Gerente general de EPM respondió a las comunidades y comunicó que “una vez terminada la contingencia de la alerta roja, los habitantes de Puerto Valdivia van a poder regresar a sus casa y allí nosotros vamos a responder por todas las afectaciones presentadas y les vamos a reconstruir sus viviendas a aquellos que las perdieron”.
Finalmente el director de la ANLA aseguró que como entidad ellos han “iniciado los procesos sancionatorios correspondientes” de los que destaca un peritaje de cómo se encuentran la presa, los vertederos y la casa de máquinas, cuyo informe espera se hará público en los próximos días.
Cuando se estaba llegando al final de la audiencia, dos personas se tomaron los micrófonos del auditorio para presentar sus opiniones, entre el forcejeo con el maestro de ceremonia y los gritos de los campesinos pidiendo que se les diera la palabra, lograron exponer sus puntos y pidieron al procurador que para la próxima invitara a hacer parte de la discusión al presidente Iván Duque. Y que más adelante se siguieran las investigaciones correspondientes y que se sancionara de la forma más estricta a los responsables.
Si bien no se puede asegurar qué pasará con la relación fragmentada que hay entre todas las partes involucradas de este proyecto, el Procurador destacó la audiencia de hoy como un gran paso para formar una mesa de la que todos hagan parte y donde se pueda tener la mayor cantidad de representatividad posible para que de esta forma se pueda evitar la vulneración a los derechos de las comunidades de la zona. Declaración con la que la mayoría de los asistentes coincidió pues consideraron que es la primera vez que se les tiene en cuenta para una socialización de este tipo.
Ojalá cumplan.
