#Divergentes | Primero fueron estudiantes y rectores de universidades. Ahora Fecode anunció suspensión de actividades, aunque con sus propias reivindicaciones.
Más de ocho millones de niños en todo el país no tendrán clase este martes luego de que los maestros de escuelas y colegios públicos anunciaran paro nacional por 24 horas (aunque no descartan hacerlo indefinido). Así lo comunicó la Federación Colombiana de Trabajadores por la Educación (Fecode) desde el fin de semana, cuando se declararon en estado de alerta por el “constante” incumplimiento del Gobierno Nacional a los acuerdos a los que llegaron el año pasado y que tienen que ver, al igual que las manifestaciones de los estudiantes de educación pública superior, con la desfinanciación y la falta de recursos que por ley les corresponde.
Sin embargo, si bien este paro se da en el marco de la gran movilización estudiantil que inició a principios de mes, los docentes de escuelas y colegios públicos tienen sus propias reivindicaciones. ¿Qué es lo que realmente está pidiendo el magisterio colombiano? Acá le explicamos punto por punto.
Un problema de tiempo atrás
Fecode tiene dos razones principales por las cuales entró en paro, pero la una es consecuencia de la otra. La primera es por los incumplimientos que, dicen, el gobierno ha tenido sobre los acuerdos a los que llegaron el año pasado, entre ellos sanear la deuda que viene cocinándose desde el gobierno de Andrés Pastrana, cuando se recortó el crecimiento de los recursos que financian la provisión del servicio público educativo en Colombia.
La segunda es sobre el proyecto de ley (057 de 2018) que el gobierno retiró la semana pasada y que pretendía reformar ese mismo régimen de transferencias, es decir el dinero que gira el gobierno nacional a los municipios y departamentos que deben ser destinados a salud, educación y agua potable. De acuerdo con el gobierno esto ayudaría a solucionar la crisis financiera del sector educativo, pero para el magisterio colombiano este proyecto, que pretendía modificar el Sistema General de Participaciones y dividir lo correspondido entre más personas, en su lugar reducía los recursos que está necesitando la educación pública actualmente.
Pero vayamos un poco atrás para entender la raíz del problema. Resulta que la Constitución de 1991 consagró la educación como un “derecho humano fundamental” y descentralizó su gestión a las entidades territoriales. La cosa es que para materializar este propósito, el gobierno debía transferir cada año “hasta el 46.5 % de los Ingresos Corrientes de la Nación a los municipios y departamentos”, y así quedó estipulado en los artículos 356 y 357 y en la Ley 60 de 1993. No obstante, esto se cumplió a medias pues ocho años después, cuando Pastrana estaba en la presidencia y su ministro de Hacienda era Juan Manuel Santos, el gobierno promovió una Reforma Constitucional para recortar el crecimiento de estos recursos.
Aunque este era un ajuste que en un principio, se adujo, era transitorio, quedó permanente en el año 2007 cuando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, a través de su ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga, presentó otro acto legislativo para tal efecto. En palabras sencillas esos recursos ascendentes que no solo por ley sino por constitución le correspondían a la educación pública, quedaron ‘congelados’ con esa modificación del régimen de transferencias y los estudiantes, profesores y en general los municipios, quedaron desfinanciados para cubrir salud, saneamiento de agua y educación.
“Fruto de eso se perdió un montón de plata. Inclusive, eso de los famosos ‘bonos de agua’ o los ‘bonos Carrasquilla’, obedecen es justamente a ese congelamiento. O sea se hace la reforma para que a los municipios les entre menos plata para salud, educación y agua potable y el gobierno propone planes que no ofrecen solucione sy, por el contrario, causan problemas”, dijo Carlos Andrés Galeano, abogado y egresado de la Universidad de Antioquia
Así las cosas, los municipios y departamentos dejaron de recibir entre 2002 y 2016 cerca de 138 billones de pesos, de los cuales 73 billones eran para financiar el sistema educativo público. Las transferencias para este sector, que debían representar casi la mitad de los Ingresos Corrientes de la Nación, pasaron a significar el 26,7% de este dinero reduciendo casi a la mitad su participación. Otro golpe los terminó de desfinanciar en 2017, cuando el crecimiento adicional ya era del 1.8% y las transferencias territoriales para educación se vieron realmente en crisis: no pudieron cumplir con sus compromisos de nómina, servicios públicos, mantenimiento, vigilancia, aseo, transporte y alimentación escolar.
Ese mismo año, después de que también se presentaran varias manifestaciones, paros y protestas por parte de docentes, estudiantes y padres de familia, el gobierno tuvo que echar mano a los préstamos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) por un valor de 1.3 billones de pesos para lograr cerrar año. Consecuencia de esto el Ministerio de Educación y la comunidad educativa se sentaron en una mesa y llegaron a unos acuerdos específicos, entre los que estaba descongelar estos recursos por transferencias para que pudieran llegar a los municipios.
Sin embargo, para eso se tenía que hacer una reforma constitucional que nunca llegó. ¿Y qué pasó? Pues ahí surgió el proyecto de ley 57 de 2018, el cual pretendía regular los artículos de la constitución que hablan sobre estas transferencias, pero Fecode y en general el magisterio colombiano lo rechazó y solo hasta la semana pasada fue retirado.
“Este proyecto presentaba una sobrecarga a los recursos en el sentido en el que se agregaba el componente a la educación inicial. Es decir que se destinaran al ICBF y a otras entidades que desde el orden territorial se determinaran y esto sin ningún nuevo recurso. Además, prohibía expresamente que los recursos se pudieran destinar a kits escolares que en últimas ha sido una gran ayuda para las diferentes instituciones y chicos y chicas de bajos recursos”, manifestó Ángela María Correa, de la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria (ANDES),
El problema, insisten los docentes, es que independientemente de que la caída de este proyecto de ley les haya ayudado a ganar pulso, los incumplimientos persisten.
¿Qué están incumpliendo?
La crisis de las finanzas para la educación pública es en todo el sector y las soluciones que ha querido brindar el gobierno de Iván Duque, como una adición presupuestal de un billón de pesos que anunció hace días, son para los docentes y estudiantes “paños de agua tibia”. Piden, en lugar de una reforma de carácter legal para distribuir la “pobreza” de los recursos asignados para agua potable, saneamiento básico, salud y educación, una reforma constitucional que solucione de fondo el déficit fiscal que vienen sufriendo desde hace décadas. Por ello entre los puntos que alegan y los incumplimientos que dicen han sido constantes pese a los acuerdos a los que llegaron en 2017, están:
-El deterioro del sistema de salud que, de acuerdo con Correa, de la ANDES, “inclusive con las nuevas contrataciones a principios de año no ha habido mejoría, y eso pone en riesgo completamente la vida de toda la comunidad educativa. Es un servicio de salud nefasto que atenta contra la salud y la vida de los maestros y sus familias, y que redunda contra la actividad laboral normal del gremio”.
-”Se ha mantenido la dinámica de la jornada única aún sin garantías en términos de financiación que logren llenar todos los vacíos para cumplir con la misma”, agregó Correa.
-El incumplimiento en la convocatoria de ascensos y reubicación salarial de algunos maestros, así como el estado “lamentable” en la infraestructura de las instituciones educativas y las dificultades en la accesibilidad, la desfinanciación de la canasta educativa.
-El no pago de las deudas por diversos conceptos y el no reconocimiento y pago de las primas regionales y las precarias garantías de seguridad que dicen existen para el ejercicio de la labor docente y sindical, entre otros aspectos.
Una sola defensa por la educación pública
Para la ANDES además de las reivindicaciones propias de los maestros, la movilización de hoy se suma a una sola defensa por la educación pública nacional. Cabe recordar que desde hace 120 horas los docentes Adolfo Atehortua, (Profesor de la U. Pedagógica Nacional, ex Rector) y Juan Carlos Yepes (Profesor U. de Caldas) entraron en huelga de hambre, con el fin de que se instale otra mesa de diálogo y negociación entre el gobierno, estudiantes y docentes.
“La ministra se comprometió a hacer una mesa para que se levantara el ayuno y así lo expresó en una carta que entregó anoche. El paro de hoy es en apoyo a los estudiantes de educación básica y universitarios para que les cumplan una parte del acuerdo incumplido”, comentó Pedro Hernández, presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU).
Según el comité ejecutivo de Fecode, la marcha principal en Bogotá comenzó a las 9:00 a.m. con una concentración frente a la Secretaría de Educación Distrital y avanzará hacia la Plaza de Bolívar. En otras ciudades la movilización, que se espera sea de una concentración igual o mayor que la del pasado 10 de octubre, se llevará acabo de la siguiente manera:
– En Bucaramanga desde las 8:30 a.m. en Puerta del Sol
– En Cali desde las 9:00 a.m. en la Estación del Ferrocarril
– En Cartagena desde las 3:00 p.m. en el Castillo de San Felipe
– En Armenia desde las 9:00 a.m. frente a la Universidad del Quindío
– En Medellín desde las 10:00 a.m. en la sede de ADIDA
– En Valledupar los maestros y su organización sindical, Aducesar, anunciaron que permanecerán en paro hasta que la Alcaldía cancele el mes de diciembre de 2017.
“Fecode apoya la lucha de los estudiantes de las universidades públicas, exige al gobierno la asignación presupuestal suficiente para la finalización del presente año escolar y comparte la lucha por una adición presupuestal de 3.2 billones de pesos para el año 2019 y la destinación a largo plazo de los 18 billones de pesos que son la deuda estructural con las universidades”, concluyó la Federación.
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