Las confesiones de estos hombres nos ayudan a entender por qué es tan grave que Jorge Pretelt, presidente de la Corte Constitucional, sea dueño de una porción de ellas.
Por: Ana Cristancho
Los presento: ese hombre que ahí arriba que nos mira con la ceja arqueada, como si se burlara o sospechara de nosotros, se llama Jorge Pretelt. Mírenlo ahí, todo bien puestecito, como todo un doctor, ni más faltaba. ¿Cómo más podríamos esperar verlo, si es un caballero de alta cuna caribe, presidente de la Corte Constitucional de Colombia, supuesto guardián de la ley?
Así y todo, desde hace un mes no hay título que le pueda al honorable doctor Pretelt. Acusado de corrupto por uno de sus colegas, la imagen del magistrado se ha convertido en el prototipo del político rompenormas, que aprovecha las grietas legales para alimentarse de ella como un parásito: sea pidiendo una supuesta coima de 500 millones de pesos por fallar a favor de una empresa petrolera, o aprovechando las dinámicas de la guerra en beneficio propio.
Justamente, este martes 14 de abril, la esposa del aún presidente de la Corte Constitucional, se presentó ante la Fiscalía General de la Nación para explicar las circunstancias en las que compró, con su esposo, un grupo de fincas en Antioquia que, según el Fiscal General, están “manchadas de sangre” pues pertenecieron a campesinos desplazados.
Aunque el proceso apenas comienza, la historia de las fincas de los Pretelt ejemplifica uno de los mecanismos a través de los cuales se reconcentró la propiedad de la tierra en Colombia, acabando con lo poco que quedaba de las reformas agrarias que, en el pasado, beneficiaron a los pequeños campesinos (esos mismos con quienes la opinión pública conectó con tanta fuerza hace dos años, durante el paro agrario). La fórmula fue tan efectiva como macabra: las fincas más pequeñas en zonas de guerra, propiedad de campesinos que, temiendo por su vida, estaban rugidos de venderlas para salir de la zona con algo de dinero, fueron adquiridas por testaferros, ganaderos, palmeros, bananeros, empresarios y campesinos de clase media que podían englobar sus predios.
Sí, esta es la historia de cómo el miedo y la guerra enriqueció a unos pocos.
Sí, el conflicto armado es rentable.
Entendamos esta historia desde el caso del matrimonio Pretelt. Su finca, La Corona, está ubicada en Turbo, Antioquia, corazón del Urabá. Allí, durante los años 60 y 70, se libraron vehementes luchas por la tierra. Muchos colombianos llegaron a la región esperando conseguir tierra propia, luego de pasar mucho tiempo trabajado para otros a cambio de tener donde quedarse y unos pocos pesos. Con azadón, machete y manos callosas, estos colonos le robaron a la selva terrenos cultivables.
La historia de las fincas de los Pretelt ejemplifica uno de los mecanismos a través de los cuales se reconcentró la propiedad de la tierra en Colombia.
Luego vino la lucha burocrática. Los campesinos necesitaban los títulos de sus predios. Solo así podían ser propietarios ante los demás, vender y tener derechos sobre los mismos. Así nació la vereda El Naranjal, de la que hace parte La Corona, cuyo título de propiedad fue expedido por el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, creado en 1960 por el presidente Alberto Lleras. Es decir, al menos una de las fincas en manos del presidente de la Corte Constitucional, pertenecía a campesinos beneficiarios de las reformas agrarias que, desde hace 50 años, buscaron reducir la brutal y feudal desigualdad que ha caracterizado estas tierras.
Paralelo a este proceso, las Farc y el EPL llegaron al Urabá. Desde los años 60, ambos grupos guerrilleros se “solidarizaron” con las organizaciones campesinas y se apropiaron sin permiso de las causas agrarias y obreras de la zona –tierra y trabajo–, pese a que muchos rechazaron las armas y el apoyo ofrecido.
Pronto, el Urabá se convertiría en el escenario perfecto para que corriera la sangre de muchos campesinos inocentes. Los paramilitares ingresaron desde el norte y tildaron de “colaboradores de la guerrilla” a los líderes campesinos. La guerrilla, por su parte, apegada a sus planfletos, los consideró incoherentes, sin identidad de clase, sin compromiso con una lucha que supuestamente los favorecía.
Así, a finales de los 80 la población del Urabá quedó inmersa entre el fuego cruzado de cuatro actores armados (si contamos a las Fuerzas Militares, que también hacía presencia en la zona).
Muchos conocen esta historia. Pocos, sin embargo, entienden la forma en la que opero la lógica empresarial de la guerra justo en la zona donde se encuentran los predios que hoy tienen sentada frente a la justicia a la esposa del presidente de la Corte Constitucional de Colombia.
Buscando responder esa inquietud, hace unas semanas visité la cárcel La Picota. Días antes, había logrado contactar a Germán Senna Pico, antiguo comandante de frente de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU), que llegó a ser escolta de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, cuando se crearon las Autodefensas Unidas de Colombia.
Senna Pico se encuentra recluido en uno de los patios de Justicia y Paz en esa cárcel bogotana, como muchos otros comandantes postulados a la Ley que permitió el desarme y la reinserción de miles de paramilitares. Tras intercambiar varios mensajes, logré concertar una cita con Senna Pico (alias ‘Nico’, en sus años paramilitares). Allí, en su celda, Senna me ayudó a comprender el contexto en el que se produjo el despojo a los campesinos en las zona de la finca de los Pretelt. Y luego, días después, respondió algunas de mis inquietudes por correo electrónico. En su respuestas, se comprende con mucha claridad parte de esta historia:
El Urabá cordobés y antioqueño ha sido catalogado zona roja desde los años 70. Entre 1986 y 1989, terminando el gobierno de Belisario Betancur y empezando el de Virgilio Barco, se decidió (los paramilitares determinaron) implantar una jefatura militar en toda la zona de Urabá para contrarrestar la amenaza de las Farc y el EPL en esta zona del país (…) En Turbo, zona en que ocurrieron los desplazamientos y el presunto despojo de tierras perteneciente al municipio de Turbo, Antioquia, había una confrontación entre los frentes 5 y 57 de las Farc, la disidencia de loas Caraballo, del EPL, al mando de David Meza Peña, alias “Gonzalo”, y por parte de las AUC, estaba el personal de la Casa Castaño al mando de Fidel Castaño Gil.
Sumaban cinco fuegos disparándose entre sí, como si no estuviera la comunidad en la mitad. Lo anterior detonó la más cruda guerra contra los campesinos y todas sus acciones tenían riesgos. Todas podían conducir a la muerte. Si, por ejemplo, le decían que sí a los paracos, al otro día podía llegar la guerrilla a matarlos. Igualmente, si les decían que no, pues lo mataban ahí mismo, por negarse. Y viceversa. No había qué hacer para garantizar la propia supervivencia. Para sobrevivir, había que desplazarse.
Así me lo confiesa alias Nico: “Se desplazaron algunas personas que -supuestamente- tenían vínculos o que eran parientes de guerrilleros. En muchos casos, se desplazaron quienes tenían hermanos o padres en las Farc y EPL. Lo abandonaron todo”.
La guerra mandó los precios de la tierra hacia abajo. La necesidad de las víctimas por sobrevivir y la presencia de los actores armados pusieron el precio. En el caso de la vereda El Naranjo, en donde se encuentran los predios del magistrado Pretelt, “el 22 de junio de 1992 fue la emboscada que el Frente 57 (de las) Farc, nos hizo por los lados de Naranjita, cerca de la finca La Corona. En esta zona mucha gente se desplazó, por la confrontación”.
Esto último lo narra Manuel Salvador Ospina Cifuentes o Móvil 5, otro exmiembro de las ACCU, recluido en La Picota, quien participó en las respuestas al cuestionario que le envié a Senna Pico.
La guerra mandó los precios de la tierra hacia abajo. La necesidad de las víctimas por sobrevivir y la presencia de los actores armados pusieron el precio.
Si bien, en algunos casos fueron los mismos paramilitares lo que se quedaron con las tierras de los desplazados (Nico y Móvil 5 coincidieron en decirme que muchas de “estas tierras fueron cogidas por las ACCU”), también ocurrió que oportunistas legales aprovecharon este papayazo del mercado. Las tierras a precios risibles eran, pues, una inversión. Así, los territorios luchados durante décadas pasaron a manos de paramilitares, testaferros, ganaderos, empresarios, y todo tipo de personas con sentido de especulación. En palabras de los victimarios, algunos de los campesinos “vendieron a los que compraban”.
Sobre el predio de Pretelt, alias Móvil 5 añade: “en el caso de La Corona y los predios vecinos en litigio, la gente vendió, no recordamos si hubo amenaza para que vendieran. Lo cierto es que estos predios sí se compraron en su gran mayoría a bajo costo. De lógica el campesinado se sentía amenazado por obvias razones, eso no se puede negar”.
Es que hasta el desplazamiento forzado implica dinero. “Abandonarlo todo” exige al menos tener lo de los pasajes de la flota. Los gatillos en la cabeza o las tripas pegadas a las costillas en las periferias de las ciudades, no dan espera. Se vende al precio que se ofrezca y al primer comprador. En estas circunstancias extremas cualquier peso es ganancia. No tener que mendigar o tener donde dormir, al final, valía el precio de las fincas. Los campesinos, a diferencia de los compradores, no podían esperar.
“Lo cierto es que estos predios sí se compraron en su gran mayoría a bajo costo. De lógica el campesinado se sentía amenazado por obvias razones, eso no se puede negar”.
“Esperar” en ese escenario de conflicto armado es un lujo. Quienes compraron tenían el “privilegio” de ignorar que en Colombia se vivía un cruel conflicto armado; tenían dinero suficiente, podían escampar en las ciudades y esperar pacientes a que eventualmente su precio subiera; compraron quienes, a diferencia de los campesinos, no dependían del trabajo de la tierra.
Estos “oportunistas” tenían en común que eran funcionales, de alguna manera, a la guerra paramilitar. En específico, los “oportunistas” tenían capacidad económica para pagar por la seguridad de sus fincas. “La mayoría de los ganaderos de Córdoba y Antioquia, que tenían fincas de más de 70 hectáreas, acordaron desde los años 80 pagar a las ACCU para salvaguardarlas”, me dice Senna Pico. Era por lo menos rentable tener personajes como Pretelt en sus zonas de influencia, antes que campesinos dedicados al trabajo de la tierra, así como grandes fincas y no
minifundios.
En el Urabá, en específico, esta suerte de “repoblamiento” –sacar campesinos que no pagan, por terceros que sí– no fue un accidente sino una política. Los paramilitares dieron su bendición a las compras de los oportunistas. Les convenía.
Fue allá donde, por ejemplo, Vicente Castaño, alias El Profe, comandante (¿financiero?) de las Autodefensas Unidas de Colombia, fue uno de los cerebros del plan para transformar el uso del suelo. En cuestión de pocos años, esta tierra dejó de ser destinada a los cultivos de pan coger para convertirse en suelo “agro industrial”.
Quiso, pues, invitar a empresarios, preferiblemente agrícolas, a invertir en proyectos palmeros, sembrados en parcelas campesinas englobadas en grandes fincas. De acuerdo al testimonio de Raúl Hasbún, comandante del bloque bananero ubicado en esa zona urabeña, El Profe buscó hacer un “holding empresarial”. Este anglicismo de mesa directiva significaba que diversos empresarios se asociaban en una persona jurídica y juntaban sus capitales para “invertir” en la región. Los paramilitares, por su parte, prometieron conseguir las tierras –muchas de ellas despojadas a los campesinos por vías violentas o “compradas” a bajos precios– y prestar seguridad al proyecto palmero. Además cobraban una comisión por las transferencias de los títulos de propiedad.
¿Pagó a los paramilitares el actual presidente de la Corte Constitucional por la seguridad de su patrimonio?
Así, la población de las zonas controladas por los grupos paramilitares se renovó poco a poco, tal como esperaba Vicente Castaño. Abandonaron el territorio los más vulnerables, los que decidieron no colaborar con ninguno de los dos bandos y los más pobres, y fueron reemplazados por oportunistas.
Con el pasar de los años, la combinación de la “inversión” de los oportunistas, la “seguridad” privada prestada por los paramilitares y luego la llegada de la Seguridad Democrática, con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, detonó de nuevo la subida de los precios de las tierra. Es decir, la seguridad producto de la victimización de campesinos inocentes que patrocinaban los que pagaban por la seguridad de sus fincas, se tradujo en el incremento de los precios de la tierra de los dueños. Predios que se compraron en menos de 100.000 pesos la hectárea entre el 94 y el 98 fueron vendidos a 600.000 en 2005, como reveló hace poco El Espectador.
El matrimonio Pretelt es apenas un ejemplo del oportunismo endémico de los compradores “a bajo precio” y del proceso de reconcentración de la propiedad de la tierra. De tantos que vieron cómo la violencia engordaba sus bolsillos. Si bien muchos se excusan en el libre mercado para justificar los despojos, lo cierto es que los costos del incremento del precio de la tierra logrado por los paramilitares en sus zonas de influencia –así como el de la guerra misma– la pagaron los campesinos más vulnerables con sus vidas y sus tierras.
De todo esto, sería bueno que el fiscal que interroga por estos días a la esposa del magistrado, le haga una pregunta sencilla: ¿pagó también el actual presidente de la Corte Constitucional a los paramilitares por la seguridad de su patrimonio?
Ana María es socióloga y maestra en estudios políticos, y en VICE Colombia escribe sobre seguridad y crimen. La encuentran en Twitter como @hyperbolica_
