Este artículo hace parte de Divergentes, un proyecto sobre movilización y organizaciones sociales. Para ver todos los contenidos haga clic acá. OPINIÓN |A última hora la Corte Constitucional tumbó la inhabilidad que tenían las personas defensoras de derechos humanos para ser magistrados en la Jurisdicción Especial para la Paz. Por: Colectivo de
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OPINIÓN |A última hora la Corte Constitucional tumbó la inhabilidad que tenían las personas defensoras de derechos humanos para ser magistrados en la Jurisdicción Especial para la Paz.
Por: Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
El pasado 16 de agosto, cuando la Corte Constitucional por fin le dio su visto bueno a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), a última hora los magistrados decidieron tumbar las inhabilidades pactadas para ser magistrado de esta justicia, veto que decía que “no podían llegar a ese cargo quienes, en los cinco años anteriores, participaron en casos en contra del Estado por reclamaciones de derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario o al Derecho Penal Internacional”. De acuerdo con la Sala, esto resulta “inconstitucional” porque se estableció después de que los 31 magistrados fueran elegidos.
Más allá de la buena noticia que representa que la columna vertebral de esta justicia por fin obtuviera luz verde, y que con esta reglamentación este mecanismo ponga en su centro de atención los derechos de las víctimas tocando temas sensibles como las sanciones para exguerrilleros, participación política y extradición de excombatientes, el fracaso de este veto en particular es una victoria más para las víctimas y organizaciones que se dedican a la defensa de derechos en Colombia. Cabe decir que este colectivo intervino ante la misma Corte, con una petición en Change.org con más de 7.000 personas, para que dicha inhabilidad fuera retirada. Queremos que a los magistrados defensores se les respete su derecho a la igualdad y el libre acceso a la función pública. Sin embargo, ya que salimos victoriosos de todo este meollo, tenemos un par de cosas por decir.
Queremos que a los magistrados defensores se les respete su derecho a la igualdad y el libre acceso a la función pública
La primera es que dicho sesgo contra las personas defensoras está tan incrustado en la institucionalidad, que el día que fuimos a radicar nuestra intervención ciudadana junto a las miles de firmas recolectadas, los agentes policiales querían impedir nuestra entrada porque temían que “pusiéramos en riesgo la seguridad de las Altas Cortes”, ya que supuestamente éramos muchos y para colmo teníamos camisetas que decían: “por nuestro derecho a defender nuestros derechos”. Tal fue la situación, que tuvieron la osadía de comparar nuestro ingreso con el de la guerrilla del M-19 hace 33 años.
A todas luces una forma de estigmatización que lo único que sigue haciendo es poner en riesgo vidas en un país que ha sufrido el asesinato sistemático y generalizado de alrededor de 522 defensores y defensoras de enero de 2010 a junio de 2017, según reportes del Programa “Somos Defensores”, y de 126 líderes y liderezas según el lamentable registro que lleva ¡Pacifista! desde que inició la implementación del acuerdo final de paz. Pese a esta actitud de censura, la paradoja que les quisimos hacer ver es que justo gracias a nuestro trabajo en la defensa de los derechos de las víctimas es que se está haciendo justicia y saliendo a la luz la verdad de lo que ocurrió en la retoma del Palacio.
La segunda es el proceso agridulce que han tenido que pasar las víctimas en la JEP. Todo comenzó con más expectativas que realidades cuando las primeras normas que fueron aprobadas en el Congreso no contaron con su participación, y solo por su exigencia se convocó luego audiencias públicas con intervenciones ciudadanas. A partir de ahí, las víctimas y sociedad civil llevaron propuestas al Congreso y las altas Cortes para que la garantía de sus derechos pasara del dicho al hecho. Entre muchas, lograron a pulso que se garantizara su derecho a participar en la JEP, acceso a archivos, a intervenir todo el Sistema Integral (CEV, JEP y UBPD), y a que se nombraran personas idóneas en cada una de estas instituciones. En reacción, y tal vez por miedo a la verdad, diferentes sectores de empresarios, políticos, parapolíticos, Altas Cortes, el Fiscal General de la Nación, Procurador, Militares y Policías comenzaron a incidir, muchas veces para que lo pactado en la Habana se ajustara a sus intereses y hasta fuera cambiado radicalmente.
Sin embargo, en esta discusión pública, se habló mucho de penas y beneficios para los militares y muy poco de derechos de las víctimas. Tanto así, que en un Sistema creado exclusivamente para las víctimas, primero se creó un mecanismo de Defensa Pública para los agentes de Estado, antes que una dependencia de atención a estas. La misma Corte Constitucional, en una decisión controversial desde el punto de vista jurídico, sacó de la competencia obligatoria de la JEP a empresarios y políticos vinculados con crímenes en el marco del conflicto armado. Fue entonces cuando las bancadas de Cambio Radical y del Centro Democrático emplearon maniobras dilatorias y llevaron a que esta Ley Estatutaria de la JEP se aprobara hasta la última semana de Fast Track, así como otras iniciativas como las Circunscripciones de Paz para las Víctimas terminaran archivadas.
De ahí que esta decisión sea un logro sumamente importante, y además un mensaje a la sociedad de que se necesitan más y mejores defensores y defensoras de derechos humanos en todas las instituciones públicas. Dicho trabajo no es perjudicial o parcializado, por el contrario, contribuye a la defensa del Estado Social de Derecho y dignidad de las víctimas.
Quedan todavía algunos retos importantes, como los micos del Centro Democrático a las Reglas de Procedimiento de la JEP que ya fueron demandados, la necesidad de garantizar la financiación de la CEV, UBPD y JEP, o las nuevas reformas para impedir que se sepa la verdad. Pero, que no les quepa la menor duda, las víctimas y organizaciones defensoras seguiremos trabajando incansablemente para que la verdad, justicia, reparación y no repetición, sean más una realidad que palabras bonitas.
