Bogotá: el infierno invisible de los líderes sociales

Colaborador ¡Pacifista! - Marzo 20, 2019

Según la Unidad Nacional de Protección (UNP), de todas las solicitudes protección radicadas por líderes sociales en 2018, casi un tercio fueron hechas en Bogotá, para un total de 1.189.

Este reportaje tiene una versión en audio. Escúchela acá:

Por: Tomás Mantilla 

Desde que se firmó el Acuerdo de Paz en 2016, una ola de violencia viene asesinando sin tregua a cientos de líderes sociales en Colombia. Ellos, además de construir tejidos sociales y luchar por mejores condiciones de vida, son claves para la implementación de los puntos que se acordaron con las Farc después de cuatro años de negociaciones

En el que se supone sería un momento histórico para abrirle espacio a la diferencia política en el país, más de 170 líderes sociales han sido asesinados, según nuestro registro, que comenzó desde el primero de diciembre de 2016. ¿Quiénes son los presuntos victimarios? En orden de número de homicidios, según el estudio  ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de Líderes Sociales en el Post Acuerdo: grupos paramilitares, disidencias de las Farc, el Ejército Nacional y el ELN, dejando a un lado aquellos casos en que es posible establecer el autor del crimen.

Las cifras de violencia y asesinatos contra líderes sociales son tan abrumadoras, que rara vez nos detenemos a oír a los que están vivos. Por eso Bogotá ha sido un actor de reparto en este tema: con cuatro líderes asesinados desde 2016 –según cifras de la Defensoría del Pueblo–, la capital del país pareciera estar parcialmente aislada de este tipo de violencia.

En el trabajo periodístico que hemos realizado por meses, encontramos que en Bogotá está presente el flagelo de los líderes sociales aunque no a fuerza de muertes. La capital se ha convertido en una suerte de refugio para quienes se ven obligados a huir de sus regiones. La ciudad se hace visible en este problema que aqueja a Colombia por ser el principal destino para los líderes amenazados.

Según documentos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la entidad responsable del amparo de los líderes sociales, de todas las solicitudes de medidas de protección radicadas por ellos en 2018, casi un tercio fueron hechas en Bogotá, para un total de 1.189 –entre 4.811–. Mientras tanto, en los dos departamentos donde han sido asesinados la mayoría de líderes, Cauca y Antioquia, con 35 y 24 líderes asesinados el año pasado (según la Defensoría del Pueblo), el número de solicitudes de protección fue significativamente menor, 240 y 307. Este dato podría sugerir que los líderes no solicitan protección en los lugares donde la violencia los asedia con más fuerza.

Al contrario, los datos sugieren que un gran número de líderes sociales opta por marcharse a Bogotá. Sin embargo, en Colombia no existe una  institución que lleve un conteo sobre los líderes que se desplazan por motivos de seguridad de sus regiones.

Según testimonios de varios líderes desplazados –recogidos a lo largo de esta investigación– la capital es el destino ideal porque pueden escapar de la violencia, denunciar hechos frente a la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo y establecer contacto con la UNP. En las regiones, todas estas instituciones o bien no tienen presencia directa en los territorios; o están, pero los líderes no confían en ellas, pues asumen que, en buen número de los casos, se encuentran corrompidas a nivel local.

Huir de la tierra de nadie

“¿Que por qué me vine a Bogotá?” repitió en voz alta mi pregunta Álvaro*, líder promotor de proyectos agrícolas y medioambientales, minutos después de llegar desplazado a la terminal de transportes de Bogotá. “Porque acá sí se puede denunciar, allá en mi pueblo la Fiscalía está podrida, no hay Defensoría ni Personería. En el Valle no le prestan atención a uno, menos cuando uno dice que es víctima”.

Álvaro dejó su casa y a su familia la madrugada anterior luego de que presuntas disidencias de las Farc lo convirtieran en objetivo militar y le dieran 72 horas para irse de la región. Sin mucho dinero, un morral y una pequeña maleta de rodachinas, logró que el conductor de un carrotanque que transportaba leche lo llevara hasta el Tolima. Entonces tomó un bus hasta la capital.

Él es Álvaro, deambulando por la terminal de transportes de Bogotá después de llegar desplazado por la violencia. Foto © Tomás Mantilla

Lo primero que hizo al llegar a la terminal fue preguntarle a un guardia dónde podía poner un denuncio. “Al fondo a la derecha”, le respondió. Pasó por las tiendas de galguerías y por la plataforma donde llegan los buses. Más adelante se encontró con un agente de la Policía, a quien le contó que acaba de llegar desplazado por amenazas de muerte recibidas.

Le tomaron su declaración, agarró su maleta y caminó a dos locales de distancia, al Centro Local de Atención a Víctimas (CLAV), en donde le mostró a varios funcionarios una carpeta llena de documentos que daban fe de su liderazgo. Se tomó un tiempo pero al final le asignaron un cupo en uno de los dos albergues de paso en los que, en convenio con la Secretaría Distrital de Gobierno, la Cruz Roja ofrece alojamiento humanitario a líderes sociales y otros en situaciones de vulnerabilidad.

Han pasado cinco meses desde ese día en que Álvaro llegó a Bogotá y a pesar de no hacer más que buscar trabajo, sigue desempleado. Durante dos de esos meses vivió y pagó arriendo con poco más de $400.000 a los que pudo acceder gracias a la ayuda humanitaria que le otorgó la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación. Hoy Álvaro está a la expectativa de conseguir un empleo como guardia de seguridad de alguna empresa y darle a sus empleadores la protección que él no pudo tener en su región.

Cada vez hay más líderes desplazados

Un memorando interno de la UNP del primer semestre de 2018 constata que la situación de Álvaro no es excepcional. El documento afirma que “a Bogotá arriban personas desplazadas, reclamantes de tierras, líderes étnicos y denunciantes de hechos de corrupción y violencia de todas las regiones del país, quienes realizan su denuncia en la capital y a su vez, intentan permanecer en ella como un mecanismo de autoprotección”. Un mecanismo que estaría siendo utilizado cada vez más por los líderes.

Las cifras de las solicitudes de protección radicadas ante la UNP por líderes sociales en Bogotá muestran que estas se han triplicado en los últimos tres años. En 2016 se radicaron 334; en 2017, 524; y durante 2018 fueron radicadas, como ya vimos, 1.189 solicitudes.

En total, desde 2016 hasta octubre de 2018, la entidad ha atendido 2.248 solicitudes de protección radicadas en Bogotá, lo que da cuenta de las solicitudes tramitadas por líderes desplazados pero también de las presentadas por aquellos que viven en la capital. Al analizar el dato a la luz de los 1.055 casos que se presentaron entre enero y octubre del año pasado, es evidente que las solicitudes de protección en la ciudad se están configurando como un fenómeno en franco ascenso.

No obstante, no es posible determinar cuántas solicitudes corresponden a los líderes que llegan desplazados a Bogotá y cuentas corresponden a quienes ejercen su liderazgo en la ciudad. En contacto con ¡Pacifista!, la UNP aseguró que no puede filtrar sus registros según la proveniencia departamental de los líderes que han hecho solicitudes de protección. Ese pronunciamiento resulta extraño, pues los solicitantes deben detallar su departamento de nacimiento y domicilio cuando piden protección.

Según la Subdirección de Evaluación de Riesgo de la UNP, “la información solicitada (la proveniencia departamental de los líderes que radicaron solicitudes de protección en Bogotá) no es posible brindarla teniendo en cuenta que las herramientas tecnológicas no cuentan con las variables que permitan discriminar dicha información”.

Es decir, la UNP, la entidad a la que le compete única y exclusivamente la protección de líderes sociales, y en particular la dependencia que se encarga de entender los factores de riesgo a los que estos están expuestos, no sabe la procedencia de las más de 2.248 solicitudes de protección radicadas desde 2016.

Según el mismo memorando, la UNP considera que gran número de las solicitudes presentadas por líderes en Bogotá son producto de denuncias y acciones que los líderes toman “en contra del microtráfico, la venta al menudeo de estupefacientes y la inseguridad ciudadana”, trazando así factores de inseguridad sin un causante en particular. Mientras tanto, para la Defensoría del Pueblo estas actividades, en el caso particular de la ciudad, están relacionadas en ciertas zonas con la influencia de grupos como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo.

Además de este grupo armado al margen de la ley, descendiente de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se lucra de múltiples economías ilegales y que en los últimos años “ha ampliado el control territorial en la ciudad, particularmente en aquellas zonas de la periferia urbana”, la Defensoría también ha alertado sobre el riesgo que implica la presencia del ELN y de disidencias de las Farc en la ciudad.

Dos caballos caminan frente a un bloque de viviendas de interés social en Usme, al sur de Bogotá. La localidad ha sido constantemente mencionada por la Defensoría del Pueblo en las alertas tempranas sobre el riesgo que corren los lideres sociales en la capital. Foto: ©Tomás Mantilla.

***

“Comprémonos una gaseosa de litro y la compartimos. Y, ¿alguien tiene hambre?”. Unos van por vasos, otros por la gaseosa y platanitos. Son seis líderes sociales desplazados con sus familias sentados alrededor de una mesa alejada de las demás personas en el segundo piso de una panadería del centro de Bogotá. Una de ellas, quien lideraba proyectos de emprendimiento para mujeres cabeza de familia en el Valle del Cauca, fue contactada por ¡Pacifista! para esta nota y decidió invitar a la entrevista a otros líderes que también llegaron a Bogotá buscando protección. Algunos se habían conocido en cursos de Derechos Humanos, otros en los albergues de paso. Desde entonces procuran cuidarse entre sí y ayudar a los otros líderes que llegan a Bogotá.

Los unos escuchan las historias de los otros, se cuentan cómo han estado, en qué proyectos comunitarios participan, cómo han pasado las duras y las maduras. Son de Bolívar, Córdoba, Huila, Santander, Valle del Cauca y Nariño. Todos tienen algo en común: la causa por la que se levantaban a luchar todos los días puso en riesgo su vida.

El hijo pequeño de uno de ellos forcejea con su madre para que lo deje irse a explorar y a jugar en el lugar. Su padre, Iván*, conformó una asociación que asesoraba a reclamantes de tierras y era vocero de una red departamental de víctimas jóvenes. Iván cuenta que llegaron desplazados del Huila hace menos de un mes, luego de que un presunto miembro de la disidencia del Frente 70 de las Farc lo amenazara. Según relata, esto ocurrió después de que Iván le dijera que él y otras víctimas no le iban a pagar vacuna por el cultivo de cannabis para uso medicinal al que le estaban apostando. El presunto disidente le respondió: “Si usted no se rige a la norma de nosotros, usted sabe que le ocurre (…) Entonces, ¿usted quiere pasar a la historia como pasaron los demás?”

Sin pensarlo dos veces y sin conocer a nadie en la capital, Iván y su familia se montaron en un bus con destino a Bogotá.

Todos aseguran estar en las mismas condiciones desde que llegaron: sin conseguir trabajo y sin saber cómo seguir con sus vidas luego de saldar cuentas con la burocracia. A una lideresa que llegó a Bogotá, desplazada con su esposo de Puerto Wilches (Santander), le es imposible ocultar su insatisfacción. A ella la amenazaron por difundir a través de Whatsapp un audio en el que se oponía a la posibilidad de que en su municipio tuviera lugar el que podría ser el primer proyecto de fracking del país. “Esto (estar en Bogotá) se le vuelve a uno un encierro, sin conocer la ciudad, sin conseguir trabajo, uno se queda en el apartamento esperando”.

Del mismo modo que los presentes sentados en la mesa, más de 10 líderes locales y desplazados también consultados para esta historia coinciden en que al margen del conflicto que se vive en sus territorios, gran parte del riesgo al que están expuestos se debe a que la UNP no cumple con su deber, pues aunque las alcaldías, las gobernaciones, la Policía y la Fiscalía también pueden articular acciones para protegerlos, la tarea de tomar acciones para garantizar su seguridad recae en la Unidad. Los líderes desplazados consultados coinciden en algo: si la entidad brindara medidas de protección de manera oportuna es probable que no hubieran tenido que irse de sus territorios.

Los líos de la UNP

Los líderes sociales que llegaron a Bogotá en los últimos meses, consultados por nosotros, aseguran que los tiempos de hasta tres o seis meses que se toma la entidad para dar respuesta a las solicitudes de protección son demasiado largos y que en muchas ocasiones no obtienen respuesta alguna a menos de que presionen insistentemente.

Los problemas de desempeño de la UNP no son nuevos. Desde hace tiempo la entidad está desfinanciada y por lo tanto ha sido incapaz de asumir el alto costo de proteger al creciente número de líderes que solicitan medidas de protección. En septiembre de 2018 le hacían falta 50.000 millones de pesos para siquiera cumplir con sus necesidades operativas hasta fin de año. En julio, Diego Mora, en ese entonces director, afirmó que aunque la institución se encontraba “desbordada” por el alto número de solicitudes de protección de líderes sociales, “a nadie se le ha negado una medida de protección por tema presupuestal”.

Sin embargo, documentos internos de la UNP consultados por ¡Pacifista! ofrecen un panorama claro de la institución y demuestran que  la desfinanciación de la entidad ha hecho que varias áreas sean ineficientes e inoperantes, comprometiendo la entereza y fiabilidad de los procesos de evaluación de riesgo. Esta realidad afecta las posibilidades de que una persona se le asigne un nivel de riesgo que amerite protección.

Según el mapa de riesgo de 2018, elaborado por la subdirección de evaluación de riesgo, la UNP tiene un “presupuesto insuficiente para el funcionamiento misional de la Entidad”, lo que causa que se presente una “insuficiencia de personal calificado para adelantar las actividades del proceso de evaluación del Riesgo”. Esto a su vez afectaría “los derechos fundamentales (vida, integridad, seguridad y libertad) del peticionario de medidas de protección en cualquier etapa de la ruta de Protección”. La misma UNP califica el riesgo de que esto suceda dentro de la institución como de nivel “extremo”.

También se afirma que por falta de presupuesto no se implementan medidas de protección de manera oportuna, y no se cuenta con un “sistema de Información adecuado que integre toda la Ruta de Protección –la totalidad del proceso de protección que asume la institución”. Por esto hay una “pérdida y/o ingreso erróneo de la información en cualquier etapa de las actividades del Proceso Gestión Evaluación del Riesgo“, causando una serie de respuestas no oportunas y la “revictimización” de quienes piden protección.

El problema viene de tiempo atrás. El mapa de riesgo del año anterior identifica los mismos problemas y afirma que a causa de estos no se atienden “oportunamente” las solicitudes. La UNP incluso prevé sanciones en su contra de parte de otros entes estatales como posibles consecuencias: “acciones disciplinarias, fiscales y jurídicas en contra de la entidad”. Sin embargo, hasta el momento la UNP no ha recibido ninguna sanción por este motivo.

La desfinanciación de la entidad no solo ha causado su inoperancia, también ha llevado a que su planta de agentes escoltas sea absolutamente ínfima frente al número de solicitudes de protección. Según su informe de gestión del segundo semestre del 2018, la UNP contaba con 1.130 escoltas, un número menor de los 1.200 que tiene aprobados por el decreto 301 de 2017. Mientras tanto, desde 2015 hasta finales de 2018 las solicitudes de protección suman más de 143.000.

De esos 1.130 agentes solo 888 hacían parte de esquemas de seguridad que protegen no sólo a líderes sociales sino también a políticos, periodistas y personas con situaciones de riesgo elevadas.

En el transcurso de esta investigación también resultó inquietante que con un lapso de cinco meses la UNP facilitó a ¡Pacifista! cifras diferentes y discordantes sobre el número de evaluaciones de riesgo realizadas por la entidad en los últimos dos años. El tema particular eran las solicitudes de protección radicadas por líderes sociales en Bogotá.

En respuesta a una solicitud de información realizada en el mes de septiembre de 2018 este medio obtuvo cifras que mostraban una falta de efectividad de la UNP a la hora de evaluar el riesgo de los líderes en Bogotá. No obstante, cifras obtenidas en marzo de 2019 muestran que la Unidad habría llevado a cabo evaluaciones de riesgo para la mayoría de las solicitudes de protección en cuestión e inclusive habría hecho un número mayor de evaluaciones de este tipo respecto al número de solicitudes radicadas. Veamos:

Según el primer paquete de información solicitada, en 2017 no se hicieron ni la mitad de evaluaciones de riesgo de las solicitudes de protección radicadas por líderes sociales en Bogotá, se hicieron 151 evaluaciones de las 524 solicitudes de ese año. En 2018, la proporción de evaluaciones de riesgo habría sido aún más limitada. Al 21 de agosto se habían hecho 112 evaluaciones de riesgo frente a 933 solicitudes de protección atendidas. Pero según información del segundo paquete de datos, proporcionado en 2019, durante 2017 no se habrían realizado 151 evaluaciones de riesgo, sino 803, y a lo largo de 2018 se habrían llevado a cabo 1.249 evaluaciones de riesgo, es decir más evaluaciones que solicitudes radicadas (1.189).

Según el segundo conjunto de información, 968 de estas evaluaciones habrían sido calificadas como de riesgo extraordinario, lo que reconocería que un gran número de líderes se encuentra bajo riesgo en Bogotá.

Junto con esto los documentos internos de la UNP mencionan que las evaluaciones de riesgo no estarían siendo aplicadas “de acuerdo a la situación de riesgo, amenaza y/o vulnerabilidad del evaluado”, pues además de que no hay presupuesto para que se verifiquen en terreno las condiciones de riesgo de cada caso, los funcionarios estarían plasmando información errónea a cambio de “soborno, dádivas o estímulos económicos (…) buscando beneficiar al evaluado, a terceros y/o beneficios propios”, según dice el mapa de riesgo de la Gestión de Evaluación del Riesgo de 2017.

Además, se advierte que algunos funcionarios encargados de evaluar el riesgo de los solicitantes se dejan llevar por “estereotipos o prejuicios”, restándoles aún más rigor. Hay que decir que ha habido casos en los que los prejuicios han sido fomentados por el propio gobierno nacional, como sucedió con el ministro de Defensa de la pasada administración, Luis Carlos Villegas. Villegas llegó a asegurar que la violencia contra los líderes sociales en el país se derivaba de “líos de faldas”.

El desplazamiento también es interurbano

Frente a la compleja situación de los líderes sociales en Bogotá, la Alcaldía de Enrique Peñalosa ha venido adelantando acciones para proteger a los líderes sociales en la capital. En 2017 implementó la Ruta Distrital de Atención y Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, el cual brinda medidas de seguridad preventivas a líderes sociales mientras se encuentran a la espera de que la UNP de respuesta a sus solicitudes de protección.

Entre 2018 y el 23 de enero de 2019 la Ruta había beneficiado a 315 líderes con medidas transitorias como un apoyo de arrendamiento que permite a los líderes reubicarse dentro de la ciudad para mitigar su situación de riesgo: apoyo para alimentación, atención psicosocíal, solicitud de medidas a otras entidades (incluidas de tipo policivo) y remisiones de casos a la Fiscalía y a la misma la Unidad Nacional de Protección.

Sin embargo, el director de Derechos Humanos de la alcaldía Peñalosa y director de la Ruta, Francisco Acuña, reconoce que las medidas de la ruta son solo temporales y su duración, establecida de acuerdo al análisis de cada caso, puede ser de hasta máximo de tres meses, un tiempo menor a los hasta ocho meses que el mismo Acuña reconoce que puede tomar la UNP para llevar a cabo una evaluación de riesgo.

Anteriormente Acuña fue Coordinador del Grupo de la Secretaría Técnica del Cerrem (Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas) de la UNP, el mismo comité que suele tomar más de tres meses para evaluar la situación de riesgo de los líderes y que tiene como tarea recomendar al director de la entidad a quienes se le deben brindar medidas de protección.

“La gente de afuera piensa que en Bogotá no amenazan líderes, que no matan o no torturan gente, pero uno llega y se da cuenta de que sí pasa”, dice una de las lideresas que llegó desplazada a Bogotá y depende de un subsidio de emergencia que le da la Alta Consejería para el Postconflicto (rebautizada por este gobierno como Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación). Al igual que en el resto del país, en Bogotá los líderes también están expuestos a amenazas y atentados.

En un caso reciente, el jueves 6 de diciembre del 2018, el líder social Edgar Juanías recibió un panfleto que lo declaraba objetivo militar. La amenaza, firmada por las ‘Aguilas Negras’, terminaba con la oración: “Mate a un líder social y reclámenos un premio”. Según el Centro Integrado de Información de Inteligencia contra el Crimen Organizado este grupo no es más que una marca delincuencial que no corresponde a ningún grupo armado organizado.

Panfleto amenazante contra líderes sociales en Usme.

En el documento también se amenaza de muerte a una lideresa integrante del comité local de derechos humanos de Usme; a un exedil de la misma localidad y miembro del observatorio local de derechos humanos; a la presidenta de una asociación que vela por los derechos de las personas que viven en la invasión de ‘Tocaimita’, también en Usme; y al presidente de la mesa territorial del barrio Bolonia, donde, se ha reportado, que operan grupos armados ilegales, descendientes del paramilitarismo.

Juanías es defensor de Derechos Humanos y promueve proyectos de desarrollo para distintas comunidades de la localidad de Usme y sus jóvenes. Este trabajo, afirma, le ha causado enemistad con bandas criminales que tendrían nexos con estructuras paramilitares y que ven en su labor un obstáculo para el microtráfico y el reclutamiento de menores. Sobre el elevado riesgo que corren líderes como Juanías, que actúan para “prevenir la vinculación de menores de edad a las acciones delictivas de las organizaciones ilegales”, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta a finales de 2018 –la alerta temprana 086-18. En ella se lee que en Bogotá los mayores indicadores de riesgo se concentran en tres localidades, entre ellas Usme (además de Rafael Uribe Uribe y San Cristobal), y puntualmente en los barrios en los que trabaja Juanías.

Además, Juanías tiene a cuestas un largo historial de amenazas y también un atentado del que salió ileso, cuando abrieron fuego contra su casa y algunas balas alcanzaron a atravesar la fachada. También le dejaron un panfleto amenazante en el que le decía que matarían a toda su familia y que debía dejar la localidad. Su padre, quien también era líder social, fue asesinado en 2015 en Bogotá.

La sombra de el líder social Édgar Juanías se proyecta sobre una de las paredes de su casa. Juanías es defensor de Derechos Humanos y su trabajo, dice, le ha causado enemistad con bandas criminales. Foto: ©Tomás Mantilla.

Luego del atentado, Juanías tuvo que desplazarse interurbanamente con su familia, abandonar el barrio El Virrey en la localidad de Usme y buscar un bajo perfil en otra parte de la ciudad. Regresó cuando la UNP le asignó medidas de protección y un guardaespaldas, sin embargo, luego de un tiempo se lo retiró porque su riesgo fue reevaluado. En respuesta, Juanías decidió desplazarse nuevamente dentro de la capital.

“A menos de que el gobierno de verdad le dé importancia a que estén matando a los líderes sociales que buscamos el bien de nuestras comunidades a nosotros no nos van a dejar de matar” dice.

Hoy, como cientos de líderes más en Colombia , Edgar se pregunta si será hora de abandonar las causas que lo han motivado a luchar todos estos años.

*Nombres cambiados para proteger a las fuentes. 

‘Sapos’, ‘guerrillos’ o ‘paras’: ser líder y vivir atrapado en el fuego cruzado

Staff ¡Pacifista! - Marzo 20, 2019

Hablamos con varios líderes que sufren amenazas y visitamos la región del Bajo Cauca, donde el liderazgo social es un objetivo militar.


Este reportaje tiene una versión en audio. Escúchela acá:

Ser líder social en una comunidad rodeada por grupos armados y ser, de repente, amenazado, es vivir con un horizonte de vida que día a día se hace más estrecho. No es pensar en 2020 o 2030, sino en cómo sobrevivir mañana o en la siguiente hora. La muerte puede aparecer en cualquier instante, yendo a la tienda por la mañana o rumbo a la casa después del trabajo.

No existe algo que despeje esa angustia. La probabilidad más alta para un líder amenazado, por lo menos en Colombia, es la muerte. Solo veamos una cifra, una de tantas: entre enero de 2016 y julio de 2018 fueron asesinados 343 líderes sociales, según cifras del Cinep y la Universidad Nacional. Antes de morir, 33 líderes habían reportado sus amenazas ante el Estado y no fueron escuchados.

Quizás muchos más intentaron ser oídos. Pero como nos contó un líder en el Bajo Cauca, “cuando estamos trabajando en las veredas no hay ningún funcionario del Estado”. Puede que en algún punto del trayecto se encuentren con un militar o un policía, pero ese encuentro está lejos de generar un sentimiento de tranquilidad.

En la Alcaldía de Zaragoza (Antioquia), cuando les preguntamos por este tema, algunos de sus funcionarios –que mantenemos en anonimato para evitarles riesgos– lanzaron denuncias : “El 25 de enero asesinaron a un muchacho porque supuestamente era de un grupo al margen de la Ley, pero no se sabe nada, nunca lo probaron. Es verdad que muchos pobladores no confían en la Fuerza Pública porque les quitan los cultivos, les cierran minas artesanales, les dicen guerrilleros, los desaparecen y muchas veces los dejan en la pobreza”.

A finales de febrero recorrimos algunos municipios del Bajo Cauca antioqueño con la Defensoría del Pueblo. En pocos días nos dio vueltas una pregunta latente: ¿Cómo es la vida de un líder social amenazado en una zona donde los grupos armados y el Ejército se disputan la autoridad? Esta región es una de las que supuestamente será priorizada por el gobierno de Iván Duque en el  Plan de Acción Oportuna (PAO) para los defensores de derechos humanos en Colombia. Lo lanzó en noviembre pero en el territorio no ha pasado nada.

Líder social amenazada. Todas las fotos por: ¡Pacifista!

Cáceres, Antioquia. Su estación de policía parece una trinchera de los noventa; con rejas, capas de cemento gruesas y huecos para disparar. Sus calles son las de un pueblo en guerra: paredes agrietadas, tiendas cerradas, caminantes en silencio y un ruido leve, el del río Cauca, de fondo. Sus casas están vacías, la casa cural dice “cerrada temporalmente”, en la Iglesia se puede ver, a lo lejos, a un grupo de señoras que evitan cualquier contacto visual. El parque del pueblo está solo. Ni siquiera se pueden ver a los viejos que salen a leer el periódico o a charlar.  A veces pasan hombres y mujeres en motos, ese es el único movimiento.

-Sigan, siéntense por favor, que ya viene el defensor del Pueblo, dice una funcionaria de la Alcaldía mientras llega la caravana de policías que custodia a un grupo de periodistas que acompaña al Carlos Alfonso Negret, el defensor.

En silencio y dispersos, los líderes de Cáceres se acomodaron en unas sillas. Parecía un salón de clases. Un profesor de la escuela municipal fue uno de los primeros en tomar la palabra.

“Señor defensor, antier el rector se vio obligado a hacer una modificación del horario de clases y colocar clases de 50 minutos para salir más temprano. Los muchachos tienen problemas por fronteras invisibles, no pueden salir después de las seis de la tarde. Ya se han ido 93 estudiantes por desplazamientos forzados defensor… ¿Qué vamos a hacer nosotros? Es difícil recuperarlos, yo estoy pidiendo traslado… es que, es que no soporto el estrés”.

Silencio.

Al profesor se le quiebra la voz. Llora. “No soporto ver matar a mis compañeros y a mis alumnos. Todos los muchachos que han matado aquí han sido alumnos míos. Estoy dolido en el alma. Estoy impotente, no tengo a dónde recurrir. No queremos mil o dos mil policías, por lo menos tres que sean honestos. Le pido que le ayude a esta gente que se está desplazando. Están aguantando hambre. A mí me duele”.

En Cáceres, hoy, las Autodefensas, el ELN y Los Caparrapos –disidencia del Clan del Golfo– sostienen una guerra intensa que en el transcurso de un año ha generado por lo menos seis desplazamientos masivos y ha dejado a 677 familias sin casa.

Cáceres parece un pueblo fantasma y, desde allí, los líderes sociales tratan de mediar, de hablar con los grupos, de resguardar a la población civil. Muchas veces, como nos dijeron, estas conversaciones fueron inútiles, porque alguna de las partes –Estado o grupos armados– dejó de escuchar.

La Defensoría del Pueblo tiene un programa de alertas tempranas, un sistema de protección conectado con la Policía para atender a los líderes — incluso es la única entidad que ha visitado el Bajo Cauca en los últimos meses—. Sin embargo, este sistema no es suficiente, tanto por problemas de conectividad como por respuestas lentas de la Policía.

Lo decía claramente un líder social de Caucasia, cuando hablaba de su jornada durante un encuentro conjunto con la Defensoría y la Gobernación de Antioquia: “Mire, acá hay alrededor de 17 veredas y cada una tiene una Junta de Acción Comunal (JAC). Cuando un presidente de una JAC sale a trabajar en su vereda, a escasos cuatro o cinco minutos pierde totalmente la señal de celular. No tenemos contacto con nadie, a veces en 10 o 15 días mientras se recorren las veredas. No podemos comunicarnos con nadie. Si llega un grupo armado a amenazarnos no hay nadie del Estado que nos pueda ayudar”.

Un funcionario de la gobernación lo interrumpió, preguntándole detalles sobre las veredas.

“Un momento, es que no he dicho todo”, continuó el líder. “Nosotros no podemos desacatar una orden de un grupo armado porque eso significa la muerte. Vea al compañero de la vereda La Floresta. Siguió al servicio de las comunidades y unos grupos lo cogieron, lo amarraron dos días y luego le dijeron: desocupe inmediatamente. Entonces uno se comunica con ustedes pero no hay respuesta. Uno se puede quedar horas y días esperando a que hagan algo. Por eso los líderes huyen, porque las amenazas son en serio”.

Es difícil calcular el número de líderes amenazados en Colombia. Las cifras varían y no existen consolidados oficiales. En 2017, por ejemplo, la Defensoría dijo que por lo menos 500 líderes estaban siendo amenazados cada año. Pero el espectro es mucho mayor. Según el Ministerio del Interior, a corte de noviembre de 2018, un total de 6.200 líderes sociales pidieron el amparo de la Unidad Nacional de Protección (UNP). De este número, agrega la misma fuente, 3.733 recibieron protección integral. En Antioquia, donde hablamos con varios líderes, están amenazados por lo menos 108 líderes, según la ONG Nodo Antioquia.

Estas cifras, aterrizadas a la realidad, esconden por lo menos dos aspectos:  la desconfianza que existe entre los líderes sociales y el Estado  y la ineficiencia de las medidas que brinda la UNP. Existen varios casos, como el de Temístocles Machado, en Buenvantura, o el de Bernardo Cuero en Malambo, donde las amenazas fueron recurrentes y el Estado hizo poco para evitar que se convirtieran en realidad.

En el caso de Temístocles Machado, su liderazgo –desde comienzos de los 2000 lo sabían– incomodaba a las multinacionales del puerto de Buenaventura. Fue él uno de los principales opositores a la construcción de la vía Alterna-Interna, la cual fue inaugurada en 2006. En ese entonces el Estado le asignó un esquema por las constantes amenazas que recibía, pero a los dos años se lo desmontó porque, supuestamente, “no estaba en riesgo”. Luego le dieron un chaleco antibalas. Sin embargo, Temístocles pedía una protección colectiva para las comunidades negras.

Retrospectiva ¡Pacifista!
Temístocles Machado en la cancha de fútbol que, según él, empresas transportadoras trataron de arrebatarle al barrio. A finales de 2017 y antes de que lo asesinaran, conversamos con él (para leer la historia completa, haga clic en la imagen). Foto: Elizabeth Otálvaro. 

Pasaron años 10 años y el Estado nunca se tomó en serio la pregunta sobre cómo protegerlo. ¿En serio un chaleco antibalas bastaba? ¿En serio la Policía, cuestionada por ser permisiva con los despojadores de tierras, podría darle protección? Temístocles Machado fue asesinado en la tarde del sábado 27 de enero de 2018 por un sicario. En ¡Pacifista! lo advertimos un mes antes: en cualquier momento lo podían matar y él mismo lo decía. No hubo grito de auxilio que sirviera.

Al final asesinaron a don ‘Temis’ y el gobierno no hizo nada por la causa que él defendía: la conservación de tierras para poblaciones afro. Algo similar pasó con Bernardo Cuero, asesinado en junio de 2017 y quien recibió amenazas desde el 2000, cuando sufrió dos atentados. Cuero era un líder afro de 64 años, uno de los más respetados. Cuando lo mataron era fiscal nacional y coordinador en el Atlántico de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes). Desde 2013 pidió medidas de protección pero la Unidad Nacional de Protección (UNP) dijo que no necesitaba ningún esquema, que su riesgo era “ordinario”.

Una semana antes del asesinato, Bernardo Cuero dijo en la Mesa departamental de Víctimas de Atlántico que necesitaba cambiar de residencia, que había recibido diferentes amenazas, pero que solo tenía 200 mil pesos y que estaban comprometidos para el arriendo. Tres días antes de ser asesinado por un sicario, dijo que quería irse, pero nadie lo escuchó.

“Nos dicen a qué hora salir, nos tienen sitiados”

En Tarazá, un municipio donde los grupos armados sostienen confrontaciones por los cultivos de coca y la minería irregular, los líderes sociales corren peligro todos los días. Con voz baja, en un salón de la Alcaldía, un líder nos contaba que, así no pareciera, en la región “hay fronteras invisibles. Uno no se puede mover de una vereda a otra porque van a decir que es de algún grupo armado. Y cuando llegó la Fuerza Pública nada mejoró porque llegaron sin avisar, nos dijeron guerrilleros, detuvieron campesinos. Somos objetivos militares de todos”.

En la vereda La Caucana, por ejemplo, la comunidad se ha quejado públicamente por presuntos abusos de los militares que ejecutan el plan antinarcóticos de erradicación: “Llegan sin ningún plan social, sin alternativas. La verdad es que todos los grupos nos violan los derechos humanos. Ya hay personas que se desesperan y que en momentos de rabia llegan a decir: ‘Nos va a tocar usar el fusil para proteger a los jóvenes. No quedan más alternativas'”. Las palabras son de una madre desesperada; ella ha visto el reclutamiento de menores, el desplazamiento de familias y el silencio de las instituciones que deberían protegerlas.

Militares en el Bajo Cauca.

Este mismo desespero lo sienten los líderes de Tumaco, del Cauca, de Antioquia y Catatumbo, zonas en donde están la mayoría de cultivos de coca del país. Un líder de una de estas regiones nos lo contaba de esta manera: “A un miembro de la Junta de Acción Comunal los policías antinarcóticos lo sacaron de su casa, le robaron el celular. Después se metieron a cuatro viviendas, sacaron comida, ropa, todo y luego presentaron esas casas como laboratorios de cocaína. Y cuando uno reclama dicen que uno no puede decir nada, que no importa que uno diga que es líder social. Uno les muestra la cédula y no sirve para nada, dicen que uno es guerrillero. La amenaza viene de todos lados porque si los grupos armados nos ven hablando con la Fuerza Pública entonces nos dicen sapos”.

La encrucijada lleva al desespero: el gobierno de Iván Duque le ha apostado a la erradicación y no tanto a la sustitución de cultivos de uso ilícito. Existen corregimientos donde el 95% de la coca ha sido erradicada y los campesinos, como nos dijeron, se quedaban sin empleo. “Por eso es que los pelados arrancan para cualquier grupo armado, porque no hay solución, es meterse a trabajar con los paramilitares o con la guerrilla para no ser desplazado. No hay caminos”, nos contaba una líder.

Lo triste, como lo han denunciado las asociaciones campesinas, es que 99.096 familias están inscritas en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en distintos territorios, y el gobierno Duque no les está cumpliendo, o al menos no con la agilidad que esperaban. Los líderes sociales que apoyan la sustitución ,además, se están quedando sin oportunidades y, en caso de amenazas, tampoco tienen para dónde salir.

En el Bajo Cauca nos hablaron sobre una inquietud que ni la prensa ni las instituciones suelen tener en cuenta: a un líder lo amenazan y luego lo asesinan. ¿Quién protege a su familia? ¿Quién las tiene en cuenta? “Las familias de los líderes han quedado desamparadas y nadie les pregunta qué necesitan”. Imagínese cómo viven, nos decía un líder, “sin salud, educación, carreteras, empleo y amenazados porque todo se puso otra vez muy peligroso. Estamos a merced de los grupos armados. No podemos decir nada, si decimos algo nos siguen. Estamos sitiados, a veces no podemos ni siquiera salir”.

Impotencia, esa palabra

El Bagre, otro municipio del Bajo Cauca sitiado por los grupos armados, se ha convertido en un lugar de resistencia de las 12 comunidades indígenas que viven en los territorios. Algunos líderes, como nos contaron, han sido amenazados por rechazar incursiones en sus resguardos, por pedir respeto, como nos dijo un cacique. “Nosotros tenemos nuestra guardia indígena y nos toca defender el territorio con lo que tengamos. Sí nos han amenazado, pero acá nuestra protección es estar unidos. El problema es que la gente se termina exiliando porque no hay nada que hacer, porque no nos dejan trabajar en el campo”.

A diferencia de otras épocas, cuando un solo grupo armado controlaba las movidas en la región, ahora existe una fuerte disputa que, en efecto, tiene a los líderes sitiados, amenazados. Disidencias de las Farc, paramilitares, ELN y Ejército cambian las fronteras del mapa todo el tiempo. “Es difícil porque no podemos hablar con otras familias. Digamos que un amigo de mi hermano está en otra vereda, pero allá tienen el control Los Caparrapos, entonces no podemos hablar con él. Si lo ven cerca a la casa entonces van a decir que es un sapo. No podemos hablar con nadie, no podemos salir de la casa, así es difícil ser líder, ¿si me entiende?”, nos dijo un líder campesino que está tratando, desde hace años, dejar los cultivos de coca pero no encuentra otras opciones para subsistir.

Para nosotros, los que vivimos lejos de la ruralidad, es difícil entenderlo. En la ciudad, usualmente, no nos sentimos sitiados, no tenemos un grupo armado diciendo por dónde nos podemos mover. Claro, existe el desplazamiento intraurbano y existen bandas que controlan el microtráfico y que extorsionan. Pero aquí podemos llegar a un CAI de Policía, a una Alcaldía local, a un hospital. Allá no. Por eso cuesta tanto entender lo que significa vivir con una amenaza en una zona de conflicto. Sentir que un tercero dispone de nuestra vida y que nadie puede detenerlo cuando nos quiere hacer daño es algo difícil de asimilar.

Retrospectiva ¡Pacifista!

A comienzos de 2017, y en alanza con el artista Toxicómano Callejero, pintamos un mural con nuestro contador de líderes asesinados sobre la fachada de un edificio de Chapinero. Fue una manera de informar y alertar sobre la ola de violencia que entonces estaba comenzando (Para ver el video, haga clic sobre la imagen). 

Volvamos entonces a la pregunta: ¿Cómo alertar algo cuando se está 15 días incomunicado trabajando en las veredas? ¿Cuándo el mismo Estado le dice al líder “guerrillero”?

¿Por qué ahora? Les preguntábamos a las familias de Cáceres tratando de encontrar respuestas para la violencia que lo está copando todo. La respuesta es la misma: antes, cuando estaban las Farc, no había problema de fronteras invisibles, no había una disputa armada por el territorio pues, en alguna medida, ellos respetaban a los civiles.

“Ahora por todo nos piden extorsión, por todo nos dicen sapos, por eso se desplaza tanta gente”, contaba una mujer que se resiste a dejar su casa en el municipio.  Y antes, en los noventa y hasta el 2006, cuando mandaban las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los líderes buscaban diálogos con ellos, acuerdos mínimos para sobrevivir. “Con ellos por momentos nos sentíamos seguros. El problema es que ahora todos se disputan el territorio y uno queda ahí, en el fuego cruzado”, nos decía un antiguo funcionario de la Alcaldía.

En la tarde del sábado 23 de febrero llegó un panfleto a Cáceres: líderes sociales y algunas familias tenían 24 horas para abandonar el territorio o, de lo contrario, serían asesinados. Entre Policía y Ejército suman 100 uniformados, pero las personas amenazadas sumaban más de 100: darle protección a cada una parece imposible.

Líder social amenazado.

“Yo nací y crecí en este bello municipio, pero mi padre fue asesinado por las bandas criminales y ahora quieren asesinarme a mí. Aparecí en el panfleto y mis tres hijas lo vieron. ¿Es cierto que te van a asesinar papi? , me preguntaron mis hijas. Eso es muy duro….”, hasta ahí llegó la conversación que tuvimos con un líder local. Interrumpió su testimonio para tomar algo de aire y no romper en llanto. “Es la impotencia”, nos dijo más tarde. La impotencia por tener que dejar su casa, huir a Medellín, pedir limosnas, pedir posada donde algún familiar, donde su lucha por los campesinos pierde todo sentido.

Impotencia, esa palabra tan repetida por las comunidades cuando hablan sobre la violencia en el Bajo Cauca.

Las alertas

En enero de 2018, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por diferentes “conductas criminales que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos” en la región. El panorama fue descrito claramente por la entidad: existe una “disputa entre estructuras armadas de los autodenominados frentes Rubén Darío Ávila, Francisco Morelos Peñate y Julio Cesar Vargas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (en adelante AGC), contra las estructuras armadas del autodenominado frente Virgilio Peralta Arenas (más conocidos como ‘Los Caparrapos’) y en alianza con la organización armada ilegal ‘Los Paisas’”. Una disputa que, de avanzar, dejaría al territorio sin liderazgo social.

Un mes más tarde, en febrero de 2018, la Defensoría emitió otra alerta que al parecer fue ignorada por el gobierno. Los espacios que dejó el Frente 18 de las Farc comenzaron a ser copados por ‘Los Caparrapos’ en alianza con ‘Los Paisas’. Después llegaron las Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo, grupo armado que ha intentado tomarse el corredor de movilidad entre el centro del país con la salida al mar en Córdoba y Sucre. “Como consecuencia de dicha disputa, los miembros de estos grupos armados ilegales, han venido cometiendo homicidios y amenazas en contra de líderes sociales, campesinos y étnicos (…) Lo anterior genera terror en las comunidades, fragmenta su cohesión comunitaria y obliga al desplazamiento forzado como vía para eludir el riesgo”.

El gobierno, más allá de planear intervenciones militares, no escuchó a la población y la violencia incrementó — en Caucasia, por solo mencionar uno de los municipio, la violencia aumentó un 100% entre 2017 y 2018 —. En marzo de 2018, una vez más, la Defensoría dijo que estaban circulando panfletos de ‘Los Caparrapos’, imponiendo toques de queda a partir de las 7:00 p.m. En ese entonces, por un paro armado del ELN, las amenazas se hicieron más frecuentes. Como cuenta la Defensoría, la guerra entre los grupos armados llegó a los cascos urbanos, desplazando a familias y a líderes sociales.

Ha pasado un año desde entonces, uno que no deja ningún tipo de esperanza. Han pasado 12 meses y pareciera que para el Estado, el Gobierno y los grupos armados la historia se hubiera detenido en el mismo punto: ese en el que la vida de los líderes significa muy poco. Igual que ayer y quizá igual a mañana.

¿Qué puede hacer la ciudadanía por los líderes sociales?

Staff ¡Pacifista! - Marzo 20, 2019

Difundamos manuales de autocuidado y, lo más importante, apoyemos sus causas.

Fotomontaje: Lady Chaparro – ¡Pacifista!

El objetivo de este texto es que usted, como lector, conozca algunas herramientas para ayudar a proteger a los líderes sociales. Si sabe de alguna persona a quien le puedan servir los datos de este artículo, no dude en compartirlos.

Lo más importante: apoyarlos en sus causas 

Detrás de cada líder social existe una causa: la restitución de tierras, la sustitución de cultivos, la implementación del Acuerdo de Paz, la protección del medio ambiente, la lucha por los derechos étnicos y de minorías, entre otros. Entre el primero de enero y el 30 de noviembre de  2018, tomando en cuenta las cifras del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, 164 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinatos ¿Cuáles eran sus causas según este registro? Comunales (62), campesinas (26), comunitarias (22) e indígenas (21). Los comunales, en su mayoría, son considerados líderes políticos, pues suelen tener algún papel en las Juntas de Acción Comunal (JAC).

Para respaldar a un líder político no es necesario adherirse a sus campañas o simpatizar con él ideológicamente. Sería útil, por ejemplo, que como ciudadanos exigamos una rendición de cuentas frecuente de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que nos diga quiénes son los políticos que están en riesgo y qué medidas están tomando. El pasado 2 de enero, en Caicedonia (Valle) unos sicarios asesinaron al líder Jesús Adier Perafán Correa, presidente de la JAC del barrio Valle y aspirante a concejal. Nos vinimos a enterar de su trabajo como líder político y como fundador de la organización Coraje Caicedonia cuando lo mataron.

Llegar a conocer sus movimientos y tenerlos en el radar político puede ser una primera forma de ayudar. Se trata, al final, de visibilizar el trabajo en las regiones, más allá del partido al que pertenezcan.

Pasemos al trabajo de los líderes campesinos. Aquí el margen de acción es mucho más amplio. Como lo hemos contado en Proyecto Coca, existen miles de campesinos que le están apostando a la Reforma Rural Integral y al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Nosotros, como ciudadanos, podemos respaldarlos con un acto simple: comprando sus productos. En la Candelaria, pleno centro histórico de Bogotá, podemos encontrar un café que proviene de una zona donde antes había cultivos de uso ilícito. El proyecto es de Hernando Chindoy, líder del resguardo inga de Aponte (Nariño), donde lograron sustituir 2.000 hectáreas de amapola por café especial. El lugar se llama Café Wuasikamas  y está ubicado en la carrera 4 con 12 B.

Por solo mencionar algunos ejemplos —porque hay cientos de asociaciones similares— los ciudadanos podemos comprar y respaldar el trabajo de organizaciones como la Asociación de campesinos pimenteros del Valle del Guamuez (Asapiv) en Putumayo o la Red Nacional de Cacaoteros, que reúne a campesinos que sustituyeron coca por cacao.

¿Cómo ayudamos a la población indígena y afro? Esto depende, pero podemos comenzar por acercarnos a los trabajos de organizaciones importantes como el Proceso de Comunidades Negras (PCN) o  la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), para saber qué están haciendo y cuáles son sus luchas. En muchas ocasiones, los despojos de tierras de pueblos étnicos está relacionadocon proyectos de grandes multinacionales —no siempre es así, pero veamos, por ejemplo, el caso de Chiquita Brands — por lo cual, al estar informados, podemos saber cómo respaldarlos, ya sea desde una manifestación o dejando de comprar ciertos productos.

Lo mismo aplica con los líderes que defienden los derechos de los trabajadores. Nosotros, como ciudadanos y consumidores, podemos exigir por el bienestar de las personas que laboran en el sector público y privado.

Existen otros frentes de movilización no menos importantes: los de la educación, los derechos sexuales y reproductivos, los de la población LGBTI y los de los activistas ambientales. Si no fuera por los líderes que defienden el medio ambiente en el Magdalena Medio, por ejemplo, quizás el fracking ya se hubiera implementado en Colombia. Sin embargo, ha sido el activismo organizaciones como la Corporación Yariguies lo que ha permitido que se abra un debate nacional alrededor de esta técnica para extraer petróleo. Lo mismo han hecho otras organizaciones, como Ríos Vivos, un movimiento fundamental para entender las consecuencias ambientales del proyecto Hidroituango.

Retrospectiva ¡Pacifista!

En julio de 2018, acompañamos a nuestras amigas de Type of Tape a manifestarse en contra del asesinato de líderes sociales en el país. Para ver el video, haga clic en la imagen.  

Tomar acciones legales

Consultamos con abogados especialistas sobre qué puede hacer un ciudadano para consultar o reclamar ante las autoridades competentes por la situación de los líderes sociales.

Una acción que puede resultar efectiva es elevar una queja o una petición de información a instituciones estatales cuestionando la situación de los líderes. También es útil hacer peticiones a las entidades encargadas de las investigaciones judiciales que se llevan sobre los asesinatos y amenazas de líderes.

Los organismos estatales a los que usted puede elevar una petición de información, una queja o un reclamo en relación a la situación de los líderes sociales son la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y, en últimas, incluso al despacho de la Presidencia.

Estos derechos de petición (aquí hay un formato de cómo se redactan), usted los podrá enviar por correo o en físico.

El abogado penalista Giancarlo Mejía nos aconsejó pedir de la manera más concreta posible la información de la procedencia de los líderes asesinados, de los autores intelectuales o materiales de sus amenazas y asesinatos, de las medidas de protección que se están implementando para proteger la vida de los líderes e incluso preguntar por el estado de los procesos judiciales e investigaciones alrededor de lo que les sucede a estas personas.

¡Pacifista! ha estado haciendo este ejercicio en los últimos meses y la gran revelación es que las entidades competentes de proteger a los líderes ni siquiera tienen un sistema para clasificar y organizar la información sobre los mismos, lo que dificulta los procesos.

Pablo Elías González, director de la UNP nos dijo que actualmente no tienen un sistema para manejar oportunamente la información que tienen sobre las peticiones de protección de los líderes.

El otro camino legal que se puede tomar, según Mejía, es la acción de tutela (aquí encuentran el formato). Esta va dirigida a la Corte Constitucional, también es de respuesta obligatoria y en ella usted puede hacer una denuncia de lo que considere una violación a cualquier derecho fundamental, entre los cuales está, por supuesto, la vida.

Si va a presentar una tutela por los líderes, le recomendamos que tenga una Constitución a la mano para que pueda escribir los artículos en los que se fundamenta su tutela. El acoso, las amenazas y en últimas asesinato a líderes sociales son todas consideradas violaciones a los derechos fundamentales.

Parte de el éxito de esta estrategia, nos dice Mejía, depende de la presión de la ciudadanía, por lo cual se han hecho populares las “tutelatones”, es decir: ciudadanos en masa interponiendo este tipo de recursos.

Cartas a los líderes 

Hace algunos meses surgió Los líderes no están solos” , una iniciativa que recoge cartas escritas a mano por la ciudadanía y se las hacen llegar a los líderes en los territorios. Para el día de la Velatón por los líderes sociales (evento del 6 de julio del año pasado), se alcanzaron a recoger más de 600 cartas.

Si usted desea escribirle una carta a un líder o lideresa puede hacerlo ahora mismo, y si así lo prefiere, no tiene que firmar la carta. Esta puede ser escrita a mano o a computador, y la idea es que contenga el mensaje positivo que usted quiera que un líder lea. Las cartas las puede enviar  a loslideresnoestansolos@gmail.com

Estos son un par de ejemplos de cartas que le han llegado a líderes sociales a través de esta iniciativa.

Cortesía: Los líderes no están solos.

Manual de autocuidado

Hace algunos meses en ¡Pacifista! exploramos un documento de Naciones Unidas sobre protección para líderes sociales, defensores de Derechos Humanos y sindicalistas. Con base en este documento elaboramos una pequeña guía que explica términos básicos y métodos de cuidado para los líderes en su vida personal, casa y trabajo.

Para descargar o imprimir el manual en PDF, haga click aquí.

Ilustraciones: Juan Ruiz – ¡Pacifista!
El manual contiene nueve páginas con explicaciones sencillas de términos básicos de protección y consejos para personas amenazadas. Hay recomendaciones como cambiar las rutas de tránsito, conocer muy bien a todas las personas que lo rodeen a uno, saber cuándo viajar acompañado o solo y cómo se deben usar tecnologías como celulares para que su uso no se convierta en un riesgo.

Las personas para las que fue hecho este manual son quienes son perseguidos constantemente por grupos armados que ven como amenaza sus labores sociales. Si conoce a alguien en esta situación, no dude en mostrarle el manual o en imprimirlo para lograr hacer difusión.

Manifestación, ruido e indignación

6 de julio de 2018 tuvo lugar la gran velaron por los líderes sociales. Foto © Tomás Mantilla.

Como ya mencionamos, el pasado 6 de julio de 2018 se realizó una manifestación en contra de la violencia que sufren los líderes sociales. El foco de los medios estuvo en Bogotá, pero desde 80 ciudades del mundo se alzó una voz por los líderes y lideresas asesinados, y por los que siguen vivos.

La manifestación en sí puede no haber tenido un efecto profundo en las cifras de asesinatos (estos siguieron ocurriendo desde entonces), pero sí unió a una parte de la ciudadanía en una manifestación pacífica para pedirle al gobierno soluciones.

El evento incluso atrajo la mirada de algunos medios internacionales, que en sus titulares y noticias mencionaron la violencia contra líderes en Colombia como un gran problema. Este tipo de movilizaciones puede ser un detonante para que la opinión pública se enfoque en encontrar una salida a este flagelo.

Aunque una vez más reiteramos que la violencia no ha cesado, el reconocimiento público de este fenómeno hace que más personas se pregunten cada día por la suerte de los líderes sociales en nuestro país. Luis Trejos, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Norte, nos dijo que “mantener este tema en la agenda pública hace que no se margine de los espacios de toma de decisión”.

A continuación les mostramos una lista de organizaciones que están trabajando por las causas que apoyan los líderes sociales. Si le interesa alguna en particular, no dude en seguirlas y contactarse con ellas. Desde ¡Pacifista! estamos abiertos a darle una mano en ese propósito: escríbanos a través de nuestros perfiles en redes sociales o al correo pacifistacol@gmail.com

– Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra – REDEPAZ

– Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz – REDPRODEPAZ

– Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – COEUROPA

– Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

– Asociación Minga

– Asociación Campesina del Catatumbo – Ascamcat

– Corporación Viva la Ciudadanía

– Movimiento Nacional de Víctimas de Crimenes de Estado – MOVICE

– Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC

– Congreso de los Pueblos

– Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CAJAR

– Corporación Clateriana Norman Pérez Bello

– Vamos Por Los Derechos

– Somos Defensores

– Fundación Foro Nacional por Colombia

– Ruta Pacífica de las Mujeres

– Colectivo Las Mujeres Contamos

– Corporación El País Primero

– Campamento por la Paz

– Life & Peace Engagement Foundation

– Acuerdo Ya

– Ojo a la Paz

– Paz A La Calle Colombia

– Paz A La Calle Barcelona

– Comité de Paz Uniandes

– Sinestesia ONG

– Corporación Yariguies

– El Avispero

– Fundación Sabana y Paz

– Abrazo a la JEP

– Abrazo a la Paz

– Juventud Humana

– Alianza Colombianista

– Misión Ciudadana

– Piensa Colombia

– Un Sueño de Paz

– Origen de Paz

– International Campaign to Abolish Nuclear Weapons in Colombia – ICAN

– Peace Boat

– Goal Keepers Colombia

– Red Nacional de Jóvenes Constructores de Paz – Red Acción de Paz

– UNESCO Center for Peace en Colombia