“No basta con darles carros blindados o un escolta”: Defensor del Pueblo

Staff ¡Pacifista! - Marzo 20, 2019
Durante 2018, el 80 % de los homicidios de líderes sociales y a defensores de derechos humanos se presentaron en municipios donde la Defensoría había emitido alertas.

A Carlos Alfonso Negret, actual defensor del Pueblo, le tocó ver la ola de violencia contra los líderes sociales en Colombia desde septiembre de 2016, mes en el que se posesionó. Esta época coincidió con la etapa final y posterior firma del Acuerdo de Paz con las Farc. En los primeros seis meses de implementación asesinaron a más de 50 líderes sociales, un fenómeno que fue incomprendido por el Estado pero que la Defensoría, al menos, denunció. Entre 2016 y 2018, según los registros de la entidad, han sido asesinados 446 líderes y defensores de derechos humanos.

La Defensoría tiene delegados en los 32 departamentos. De la información de estas dependencias se emitieron alertas tempranas en las que se reportaba, en detalle, cuántos líderes sociales estaban siendo amenazados en cada región,  pero el gobierno no escuchó. Es más, sigue sin hacerlo. En 2018, a través de la Alerta 026-18, la Defensoría puso en conocimiento la situación de riesgo de los líderes sociales. Desde marzo de 2017, señala el documento, persiste el riesgo para líderes y defensores en 277 municipios del país. Además, verificaron que 345 organizaciones sociales estaban en riesgo. Pasó un año y los mismos municipios siguen en riesgo y lo mismo sucede con las organizaciones.

“Las alertas tempranas no son para controvertirlas, sino para acatarlas y evitar que ocurran actos violentos que luego repercuten e impactan en todo el país”: Defensor del Pueblo. Foto: Defensoría del Pueblo

En la Alerta, la Defensoría mencionó varios ejemplos concretos en los que era evidente la necesidad de protección pero el gobierno hizo caso omiso. Veamos el siguiente: “Porfirio Jaramillo Bogallo, líder reclamante de tierras de la comunidad Guacamayas fue asesinado el 28 de enero de 2017 en el municipio de Turbo. El consejo comunitario de La Larga Tumaradó cuenta con medidas cautelares provistas en el Auto 181 de 2014. Desde el año 2015 esta comunidad ha denunciado numerosas amenazas, intimidaciones, ataques armados y agresiones físicas, las cuales al parecer tienen el objetivo de que las personas que han decidido retornar voluntariamente a sus tierras, las abandonen y desistan de la respectiva reclamación”.

En los reportes regionales comenzaron a verse patrones de violencia en ciertos departamentos. La Defensoría alertó: en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Risaralda, Nariño, Valle del Cauca y Arauca están en riesgo los líderes sociales y las medidas de protección no son suficientes. Algo andaba mal. Pasado el año, el defensor lo dijo públicamente: “El 80 % de los homicidios de líderes sociales y a de Derechos Humanos se presentaron en municipios advertidos en la alerta temprana 026-18”. El gobierno no puede decir que la información no se entregó en detalle, pues incluso la alerta habla de los riesgos a nivel municipal: “Diez 10 municipios concentran el 30% del total de homicidios: Riosucio (Chocó), Tumaco (Nariño), Tame (Arauca), Corinto y Suárez (Cauca), Medellín (Antioquia), Tibú (Norte de Santander), Bogotá DC, Pueblo Rico (Risaralda) y Mesetas (Meta)”, se puede leer en el documento.

Durante los últimos dos años, la Defensoría ha implementado algunas estrategias para proteger a los líderes sociales. Estrategias que, valga la pena decirlo, tienen un margen de acción limitado, pues la responsabilidad de protección le corresponde a la UNP (Unidad Nacional de Protección), adscrita al gobierno. Uno de los proyectos que la Defensoría sacó adelante es el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras, que establece rutas de acción para que los funcionarios asesoren y acompañen a las mujeres que están en situación de riesgo.

Este año, la Defensoría, además de hacerle seguimiento a las alertas tempranas, está participando en la comisión que debe sacar adelante el Plan de Acción Oportuna (PAO) para líderes sociales, integrado por los ministerios de Interior, Defensa, Justicia, la Policía, la UNP y las Fuerzas Militares. El PAO, que está vigente desde noviembre de 2018, establecerá Zonas Estratégicas de Intervención (ZEI) para proteger a los líderes sociales que están en las regiones donde el riesgo es mayor.

Son tres cambios los que, a grandes rasgos, traería el PAO: una reingeniería institucional para dar una respuesta eficaz en los casos de líderes sociales amenazados. Segundo: una intervención en el territorio que no solo sea militar sino que incluya “una respuesta institucional adecuada a las necesidades”. Y tercero, una “estrategia de comunicaciones y capacitación: este eje responde a la necesidad de una campaña para contrarrestar la estigmatización de la condición de líder y de la actuación del Estado en las garantías que brinda para el ejercicio de defensa de derechos, así como de dar a conocer la oferta existente de programas de protección y autoprotección”.

Hasta el momento no se han cumplido ninguna de esas propuestas. El asesinato de líderes sigue creciendo –tan solo en el transcurso de 2019 han sido asesinados 18 líderes sociales, de acuerdo con nuestro registro –. Después de tres años de estar en el cargo, el defensor dice que todavía existen muchos riesgos para los líderes y defensores de derechos humanos. En síntesis, el panorama es desalentador, nos contó.

¿Defensor, qué se puede hacer por  los líderes amenazados en el país?

Cobijarlos, respaldarlos y que todo el país entienda sobre la importancia de la labor de los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. Ellos quieren mejorar la situación en la que están sus comunidades o que se hagan efectivos sus derechos, a pesar de que arriesgan sus propias vidas o las de sus familiares.

Y en cuanto a la lucha de las entidades, existe el Plan de Acción Oportuna (PAO) para protección de líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas. Con esta estrategia, de la que hace parte la Defensoría del Pueblo con la emisión de las Alertas Tempranas, se busca prevenir cualquier ataque en contra de estas personas, así como enfrentar o investigar y dar con los autores intelectuales o materiales de estos crímenes que tanto daño le hacen a la sociedad.

¿Cuántos líderes sociales pueden estar amenazados en Colombia?

Podemos decir que en 2017 se denunciaron 270 amenazas individuales y para el 2018 fueron 470. Es decir, se llegaron a 740, lo que significa que hubo un preocupante aumento del 63,5 %. A esto se agrega que en contra de organizaciones sociales hubo otras 500 amenazas en todo el país.

¿Qué se puede hacer con la Unidad Nacional de Protección, que ni siquiera tiene presupuesto suficiente para protegerlos?

No es un tema de la Defensoría del Pueblo; pero entre más óptimo sea el funcionamiento de cualquier entidad que proteja a los líderes, más efectivos serán los resultados para que ellos puedan realizar su labor.

¿Quiénes son los que más amenazan a los líderes sociales en Colombia y por qué?

Los perpetradores son los llamados grupos armados posdesmovilización como las AGC y Los Caparrapos, así como el ELN y las disidencias de las Farc. La mayoría por medio de panfletos amenazantes y se concentran en las zonas donde hay mayor violencia que son los departamentos de Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, Chocó, Córdoba, Valle del Cauca y Nariño.

¿Qué medidas ha tomado la Defensoría del Pueblo al respecto?

No somos una entidad que pueda brindar protección o seguridad a los líderes. Nuestra función principal es la prevención y para eso tenemos el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) con la información de los servidores públicos que están en los terrenos, que caminan por las veredas y los pueblos en donde viven muchos de estos líderes.

Y por eso alertamos sobre presencia de grupos armados ilegales o riesgos para la comunidad, como cuando emitimos la Alerta Temprana para Santa Marta, en la que se habló del peligro para los funcionarios públicos y contratistas de todas las entidades del Estado y luego ocurrió el crimen de un contratista de Parques Naturales Nacionales.

Las alertas tempranas no son para controvertirlas, sino para acatarlas y evitar que ocurran actos violentos que luego repercuten e impactan en todo el país.

¿Qué opina sobre las medidas de protección colectivas que muchos de ellos solicitan?

Lo que he manifestado es que no se le puede dar un carro blindado o escoltas a cada uno de los líderes sociales en todo el país y que por eso hay que trabajar con la protección colectiva, que consiste en adoptar medidas preventivas de las autoridades y la comunidad, en aquellas veredas, corregimientos o municipios en donde se sabe que los líderes sociales son vulnerables.

Se trata de dar a conocer a tiempo y que las autoridades adopte las medidas necesarias para evitar los actos criminales.

¿Cuál es el riesgo de los líderes sociales durante la implementación del Acuerdo de Paz?

Si bien es  cierto que la situación de los líderes no es la mejor porque siguen siendo amenazados y asesinados; sin la firma del Acuerdo de Paz estarían peor o no se visibilizarían los riesgos, y mucho menos en los sitios más apartados del país.

El tema pasa por la aparición o permanencia de grupos armados ilegales que buscan controlar el terreno dejado por las Farc y en esa lucha armada por el narcotráfico y la minería ilegal, cometen acciones violentas como los asesinatos, los desplazamientos forzados y los homicidios selectivos de defensores de derechos humanos y líderes sociales.

Retrospectiva ¡Pacifista!

En julio del año pasado, en más de 80 ciudades del mundo alzaron la voz para oponerse al asesinato sistemático de líderes sociales. En este video hicimos un recuento de la jornada.

‘No he negado que exista corrupción en la UNP’, director de la Unidad Nacional de Protección

Staff ¡Pacifista! - Marzo 19, 2019
Pablo Elías González asumió como director de la UNP en septiembre del año pasado. A su juicio, la entidad debe mejorar en varios aspectos.

Uno asumiría que el conducto regular que un líder social debe seguir para pedir protección debería ser a través de la UNP.

 

La Unidad Nacional de Protección (UNP) es la entidad que pone en consideración si una persona está en riesgo. Esta evaluación tiene en cuenta el perfil del solicitante: qué tanto reconocimiento tiene la persona, evalúa quién pueda estar detrás de las amenazas, el trabajo o la función que ejerce el amenazado y el nivel de riesgo.

 

A partir de esa valoración, la UNP asigna escoltas, carros, chalecos antibalas, celulares o botones de pánico para pedir el apoyo de las autoridades –dependiendo el riesgo del amenazado.

 

Para solicitar la protección, hay que llenar un formato que debe entregarse a un funcionario de la UNP para que la entidad evalúe. Este proceso de evaluación suele tardar meses.

 

A pesar de que en el formulario el solicitante debe llenar una casilla con el lugar de nacimiento y el domicilio en el que vive, la UNP asegura que no puede saber –con certeza– el lugar de procedencia de todos los solicitantes. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible pretender la protección de una persona si no se saben datos básicos como el lugar de dónde vienen los amenazados?

 

El actual director de la UNP es Pablo Elías González, quien asumió el cargo a comienzos de septiembre del año pasado. González no encontró la institución en condiciones óptimas: desde 2015 la UNP está sumida en escándalos de corrupción, presunta venta de información de personas amenazadas, huelgas y desfalcos presupuestarios. En el historial de la UNP hay incluso un exdirector que está siendo investigado por la ProcuraduríaAndrés Villamizar, su director entre 2011 y 2015, actualmente está siendo investigado por hechos que le harían enfrentar cargos relacionados con delitos de corrupción.

 

“Tenemos la información pero está mal organizada”: dice Pablo Elías González, actual director de la UNP.

Hechos como estos son doblemente peligrosos en una entidad como la UNP,  pues además de la corrupción –de por sí nociva en entidades estatales– pone en riesgo la integridad de personas amenazadas: desde líderes sociales y políticos, hasta actores o deportistas.

 

Sumado a esto la UNP tiene un presupuesto insuficiente –a finales de 2018 padecía un déficit de $ 50.000 millones– para el buen funcionamiento de la entidad. Esto provoca una “insuficiencia de personal calificado para adelantar las actividades del proceso de evaluación del riesgo”, según lo dice un memorando interno de la propia entidad.

 

En 2018 la UNP contaba con 1.130 escoltas, un número menor de los 1.200 que tiene aprobados por el decreto 301 de 2017. Mientras tanto, desde 2015 hasta finales de 2018, las solicitudes de protección suman más de 143.000.

Documento de la UNP que muestra el número total de escoltas.

¡Pacifista! estuvo en las oficinas de la UNP. Allí conversamos con su director, Pablo Elías González, que nos atendió con sonrisa amable en su oficina: una estancia amplia donde también cuelga una copia de La noche estrellada de Van Gogh.

 

Esto fue lo que conversamos con él.

 

¿Cómo es la “operación” diaria o semanal de la UNP?

 

Semanalmente estoy firmando 250 resoluciones con las que se asignan, se incrementan o se retiran medidas de seguridad. La mayoría de la gente, claro, no suele estar de acuerdo. En gasolina, salarios y otros gastos de este tipo se consumen en la UNP más de $10.000 millones de pesos diarios.

 

¿Cómo está la situación financiera actual de la Unidad?

 

La UNP sigue estando en déficit, pero queremos resaltar que, pese a los problemas que pueda tener la entidad, no se han dejado de pagar salarios ni se ha visto afectado el cumplimiento de la misión institucional por cuestiones de tipo presupuestal.

 

Ustedes hacen un estudio de riesgo a las personas que hacen solicitudes de protección. ¿Cada cuánto renuevan ese estudio a las personas teniendo en cuenta que el riesgo puede empeorar?

 

El estudio se le reasigna a cada persona cada año. Lo evalúa un comité. En el caso de que haya un hecho sobreviniente –es decir, que agrave el riesgo–, hacemos la reevaluación antes y asignamos más recursos si es necesario. También puede darse el caso de que retiramos las medidas si, por el contrario, la persona está en una situación en la que deja de necesitarlas o si su riesgo pasa a ser ordinario.

 

¿Qué decir de los casos en los que luego de que se reduce la protección, los líderes son atacados, intimidados o, en algunos casos, asesinados?

 

Las medidas de protección asignadas corresponden a una evaluación de riesgo realizada por personal experto, con base en las respuestas emitidas por todas las autoridades consultadas y las labores de campo realizadas por el analista. Estas respuestas son puestas en conocimiento de los Grupos Interinstitucionales del Grupo de Valoración Preliminar, que recomienda las medidas idóneas a implementar, según el resultado de esta evaluación.

 

¿Tienen ustedes datos o información sobre la efectividad de la protección que tienen elementos como celulares, chalecos y botones de pánico? ¿Sirve un celular en una región donde no hay señal, por ejemplo? ¿Sirve un botón de pánico en regiones donde el punto de fuerza pública más cercano está a varios kilómetros de distancia y sin infraestructura que los conecte?

 

Como UNP podemos decir que no ha sido afectada la integridad física de ningún beneficiario de medidas como chaleco blindado, celular o botón de apoyo. Es claro que este tipo de medidas se brindan para ser usadas en donde se puedan usar, mas está demostrado que el 99.9% de los beneficiarios de botones de apoyo, celulares y chalecos no ha sido afectado y, en los casos en que ha existido atentados contra alguno de los protegidos, las medidas han respondido efectivamente.

 

¿Cómo calificaría el desempeño de la Unidad Nacional de Protección?

 

Yo lo califico de acuerdo a lo que he visto, a lo que han dicho líderes sociales, que nos agradecen que ‘si no fuera por la UNP, me habrían matado’. En eso lo resumo.

 

Una lideresa amenazada nos decía lo siguiente sobre la UNP: “Prefiero no mandar ninguna solicitud de protección a esa institución porque no confío en ella. La UNP está podrida por dentro”. ¿Qué opina?

 

Es posible que exista corrupción, yo no lo he negado. Una de las tareas que yo tengo que hacer es luchar contra la corrupción, porque esta entidad no es inmune. Pero siempre pido que no caigamos en las generalidades. Necesitamos que nos precisen cuáles son los actos de corrupción, porque decir que la UNP u otra institución es corrupta lo puede decir cualquiera.

 

Una información anónima puede ser cierta o no. Puede ser utilizada contra una persona con fines de desprestigio o con fin de revelar una verdad. Entonces uno tiene que ser muy cauteloso y hacer una investigación. Si a mí me dan más datos, dirijo la mirada hacia donde debo para averiguar y no cometer injusticia, porque todo puede ser un rumor.

 

Esta es otra cita, de un memorando interno de la UNP, que describe el rendimiento de la institución en el primer semestre de 2018, antes de que usted llegara. El documento dice que en la UNP “hay insuficiencia de personal calificado (…), lo que pone en riesgo los Derechos Humanos de quienes solicitan protección”. ¿Qué medidas piensa tomar para solucionar estas deficiencias?

 

No conozco el documento pero, si fuera así, le puedo decir qué medidas hemos tomado. La primera, que empezó este año, son los programas de capacitación para los evaluadores de riesgo. Así mejorará el nivel de quienes hacen las evaluaciones de riesgo a las personas amenazadas.

 

También habrá capacitaciones para sensibilización de toda la Unidad en materia de Derechos Humanos. Y obligatoriedad dentro del pliego de licitación de que los operadores de hombres y mujeres escoltas (que no hacen parte directamente de la UNP) tengan que hacer cursos de Derechos Humanos vigilados por nosotros.

 

Lo otro serán cursos de autoprotección para los protegidos a nivel nacional. Porque, por ejemplo, con las elecciones regionales vamos a tener 120.000 candidatos a protección pero no le vamos a cumplir a todos, porque es demasiada gente. A partir de enero (de este año) arrancamos con estos programas.

 

Como en cualquier entidad, en la UNP hay gente buena, regular y mala. Pero digamos que aquí hay gente especializada, lo puedo confirmar. Por ejemplo, hasta ahora vine a ver un grupo operativo táctico para casos extremos, o sea un equipo élite dentro de la unidad, que tienen toda la formación y la capacitación para el trabajo.

 

¿La UNP sí tiene capacidad para responder al desafío de proteger a los líderes sociales cuando cuenta con 1.130 escoltas, de los cuales 888 están destinados para esta tarea? Solo en 2018, por ejemplo, hubo 4.843 líderes que pidieron protección….

 

Lo primero que hay que tener en cuenta es que no todas las solicitudes de protección resultan en la implementación de un esquema. A todas se les hace evaluación de riesgo, que determina si hay lugar a implementación de medidas y de qué tipo. Cuando el proceso da como resultado la implementación de un esquema integrado por hombres de protección, la UNP implementa, ya sea con escoltas de la planta de la entidad o solicitando personal a las empresas operadoras, pero hasta el momento se ha respondido a la demanda del servicio que se presta.

 

De otro lado, cabe aclarar que en total la entidad cuenta con aproximadamente 5.500 escoltas.

 

(Ver documento de la UNP que muestra que en total tienen 1.130 escoltas).

 

Hace unas semanas les enviamos a ustedes un derecho de petición para el dato exactos de cuántos líderes sociales piden protección en Bogotá después de salir desplazados de sus regiones. La subdirección de Evaluación de Riesgo de la UNP nos contestó que “la información no está disponible porque las herramientas tecnológicas no cuentan con las variables para discriminar la información que solicitan”. 

 

¿Podría explicarnos esto?

 

Sí estamos en capacidad individual de reconocer los datos de las personas que solicitan la protección, pero ese es otro problema que he detectado. Inclusive hemos estado desarrollando reuniones de planeación estratégica planteando objetivos, y uno de ellos identificamos que será tener una base de datos confiable y nuestra.

 

Necesitamos herramientas tecnológicas. Estamos trabajando en una reingeniería para ello. Hace varios años, cuando llegué al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI de la Fiscalía) me sucedió exactamente lo mismo: no había información. Los analistas manejaban la información en diskets, en esa época. Aquí la información está, pero está mal organizada.

 

La idea es empezar a trabajar con un nuevo programa que permita el relacionamiento de la información y trabajar con variables, por ejemplo para poder sacar una clasificación por edad de los amenazados, o por sexo, etc. También estamos buscando otro software, pero ese se aplica más en la investigación criminal. Tenemos que decidir cuál de los dos nos sirve más para esta tarea.

 

¿Cuándo empezarían a utilizar esos programas y tecnologías a favor de la protección de quienes solicitan protección?

 

Eso no se sabe, porque la utilización de un programa también requiere a un grupo de personas que lo conozcan y lo sepan manejar y utilizar bien. Primero hay que definir la herramienta tecnológica, coger el grupo de personas (que ya está conformado) y que trabaje con la herramienta cuando aprenda a usarla.

 

La idea también es que la herramienta esté conectada con todas las subdirecciones de la UNP, para facilitar el acceso a la información. Obviamente con unas restricciones de acceso, porque toda aquella es información confidencial.

 

Tenemos falencias. Pero también hay que entender que en un país sin violencia (esta entidad) no debería de existir. Esperamos que en un tiempo no tenga que existir la UNP.

 

¿Que la UNP deje de existir antes de que usted termine su ciclo como director? 

 

Ojalá antes. Me da pena tener que decirles a las personas de la UNP que de pronto se quedan sin trabajo porque dependemos de la paz, pero sería lo mejor.