Tras la salida de las Farc, la disputa por el corredor de narcotráfico se agudizó.
Los campesinos del Sur de Córdoba están viviendo serios tiempos de guerra. En estos momentos, nueve veredas en las que están asentados dos cabildos indígenas enfrentan una situación difícil por el desplazamiento forzado: 732 familias, según la Personeria municipal, fueron desalojadas de sus casas por el conflicto entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y una disidencia de las Farc que se autodenomina Frente 18.
La tensión no es nueva. Dos meses atrás, más de 96 familias de estas veredas salieron a protestar por el retraso en la implementación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS),según la Asociación de Campesinos del Sur Córdoba. Más adelante, en la tercera semana de marzo, los campesinos de las nueve veredas del municipio Puerto Libertador y dos cabildos indígenas Embera Katío en Córdoba recibieron un panfleto firmado por la disidencia de las Farc que decía lo siguiente: “desocupen las veredas”.
A raíz de esta amenaza, más de 2.159 personas se han desplazado de sus territorios; la mayoría (más de 1.000, según Andrés Chica, Defensor de Derechos Humanos) han llegado al colegio Santa Teresita en el corregimiento Juan José, del municipio Puerto Libertador.
Las familias habitan en la zona conocida popularmente como “Cañón de Riosucio“, y en el transcurso de los últimos años han sido amenazadas constantemente por diferentes grupos ilegales. Así lo ha venido denunciando la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor) desde 2018. En marzo pasado, por ejemplo, llamaron la atención de las autoridades por el asesinato del líder campesino José Herrera a manos de grupos armados ilegales.
En noviembre hicieron unas de las denuncias más graves que las autoridades no escucharon:
“En cercanías al casco urbano del corregimiento de Juan José, un grupo armado organizado que se identificó como la nueva FARC-EP retuvieron durante 4 horas a cerca de 11 personas a orillas de la vía que se dirige hacia la vereda Soledad, perteneciente al mismo corregimiento. Pasadas alrededor de 2 horas de la retención, la persona al mando de los hombres armados se dirigió hacia las personas retenidas, exigiéndoles que realizaran en un término de ocho días un censo poblacional del corregimiento de Juan José y sus veredas y con la claridad de que quien no apareciera censado, en un eventual encuentro con ellos, será asesinado”.
El comunicado concluye de la siguiente manera: “Pedimos entender que como población civil somos neutros, y que ante cualquier vulneración y amenaza contra nuestra vida, integridad y dinámica, no veremos otro camino más que el desplazamiento masivo hacia las cabeceras municipales y departamental”, dijo Ascsucor.
Según Ana Carolina Sánchez, defensora del Pueblo en la regional Córdoba, esta zona, al ser utilizada como corredor de droga, es muy codiciada por los grupos armados. “Esos espacios eran de las Farc y quedaron desocupados, luego entraron las AGC para utilizarlos y ahora está la disidencia de las Farc está reclamando el territorio, porqueque según dicen, es de ellos. Esta lucha por el territorio tiene que ver directamente con el transporte de droga”.
Jorge Ricardo, presidente de Ascsucor, explica que para ellos no fue sorpresa el desplazamiento: “Hace mucho rato ya imaginábamos el desplazamiento, incluso en una de esas veredas había una condición de hacinamiento, no los dejaban salir ni entrar, la gente no podía salir de las casas. Y eso siempre pasa cuando está en disputa el territorio y cuando los grupos armados no llegan a un acuerdo. Eso fue lo que pasó, no llegaron los acuerdos y ahí está el desplazamiento”.
Las denuncias ya se habían hecho antes: “Nosotros activamos la Alerta temprana 0-83-18, emitida el 25 de noviembre ante la Unidad Nacional de Protección”, agrega Ana Carolina Sáchez, defensora regional. A pesar de que el Ministerio de Defensa fortaleció la presencia militar a comienzos de enero de 2019 con cuatro mil uniformados del comando Aquiles del Ejército, la seguridad no mejoró. Las tareas del Ejército se han limitado al control de la minería ilegal con la destrucción de varias retroexcavadoras.
Los desplazados, sin atención ni albergues
Las condiciones actuales de la población desplazada no son las mejores, pues como explicaba la defensora regional del Córdoba, aún no se han construido albergues que acojan a toda la población. La mayoría de afectados se encuentran en el colegio Santa Teresita. La defensora agregó que “donde están ubicados los indígenas los techos están rotos y las personas están durmiendo en el suelo. A raíz de esa situación hicimos un comité de justicia transicional departamental para llegar a unos acuerdos”.
El lunes primero de abril, dijo, se llevó a cabo otra reunión con la gobernación y con el municipio para establecer cómo se iban gestionar las ayudas. “Ya tenemos conocimiento de que la Secretaría de Salud departamental está a cargo de los exámenes médicos, y se espera que en los próximos días lleguen 500 carpas, mil colchonetas y almohadas. Ahora estamos a la espera de la construcción de esos albergues, que es un compromiso que adquirió la Alcaldía de Puerto Libertador”, agregó Ana Carolina Sánchez.
En una de esas veredas había una condición de hacinamiento, no los dejaban salir ni entrar, la gente no podía salir de las casas
El más reciente reporte sobre la situación de desplazmiento en el Sur de Córdoba, presentado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), da cuenta de las graves condiciones que está viviendo la población. “Desde que inició el desplazamiento, algunas familias no han tenido acceso al agua ni a los elementos de higiene para el aseo personal. Adicionalmente, se evidencia una situación de hacinamiento, debido a que en algunas viviendas duermen hasta 10 niños y niñas en una habitación. Es necesario realizar atención psicosocial por la afectación mental y emocional, evidenciada en los niveles de estrés, ansiedad, tristeza y llanto de las personas desplazadas”.
La protección de los habitantes, señala la misma fuente, sigue siendo una promesa en vilo. “Los riesgos en protección siguen latentes por el accionar de los grupos armados en todos los municipios del sur de Córdoba. También se conoció sobre la alta contaminación con minas antipersona (MAP) en muchas de las veredas de las que se desplazaron las personas.”
Uno de los temas que más preocupa es la gran cantidad de niños y de madres gestantes afectadas, pues según el reporte que dio Andrés Chica, defensor de Derechos Humanos en el Sur de Córdoba, los menores de edad representan el 40% de la población afectada y 27 mujeres gestantes fueron registradas como víctimas. La deserción escolar es otro problema latente. “Desde que empezó el desplazamiento, los niños no han recibido clase. Los más afectados son los del colegio Santa Teresita, porque allá están los desplazados sin albergue ocupando el colegio y los estudiantes sin escuela”, dijo Chica.
En estos momentos, la Gobernación de Córdoba es la encargada de atender a las familias y de brindarles la atención necesaria. A su vez, diferentes organizaciones están haciendo presencia, como la fundación Caritas, la Fundación Tierra de Hombres (TDH), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Alcaldía de Puerto Libertador y la Unidad de Víctimas.
A pesar de los esfuerzos de estas organizaciones, los problemas persisten. “La alimentación está escasa, no se ha recibido suficiente atención de la Gobernación de Córdoba; dicen que el lunes próximo es que asumen. Y el tema de las fumigaciones para controlar el tema de los casos de paludismo fue solo un día”, cuenta Andrés Chica.
La gobernadora del Córdoba, Sandra Patricia Devia Ruiz, le dijo al medio La Razón que “no hay combates. El Ejército está en la zona, tanto la Séptima División como la fuerza de Tarea Aquiles tienen el control del área, lo que tenemos es un problema de cultivadores de coca y lo que tenemos que hacer es luchar contra la coca que es el origen de todos los problemas de seguridad tanto de Córdoba y de Antioquia”, dijo.
Estas declaraciones no cayeron bien en la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba: “La Gobernadora de Córdoba, Sandra Patricia Devia Ruiz miente, desinforma, deslegitima la veracidad de las causas del desplazamiento forzado del Sur de Córdoba; las revictimiza y pone en grave riesgo los liderazgos sociales y comunitarios, además de las familias beneficiarias del PNIS tras sus falacias mediáticas. Su respuesta no solo ha sido tardía, es también insuficiente.”
La realidad es que las familias están a la espera de que se les entregue las carpas y diferentes implementos necesarios para su bienestar, ya que por las lluvias muchos están pasando por un momento complejo, en el que no sienten, si quiera, seguridad. El Ejército les ha dado la espalda, dicen, y pareciera que el país también.
