El informe presentado a la Comisión de la Verdad por parte del Centro de Derechos Reproductivos muestra las vulneraciones a los derechos de mujeres, niñas y personas LGBTI+ durante el conflicto armado.
Durante el conflicto armado en Colombia, los derechos reproductivos de mujeres, niñas y población LGBTI+, tanto civiles como integrantes de grupos armados, han sido vulnerados e invisibilizados de manera sistemática por el Estado y las guerrillas, haciendo más difícil la identificación de las violaciones a estos derechos y la reparación a las víctimas.
En un informe presentado este lunes 27 de julio a la Comisión de la Verdad, el Centro de Derechos Reproductivos evidencia que, como parte de una política interna de diferentes grupos armados, incluido el Ejército, hay normas y procedimientos que atentan contra los derechos reproductivos de las mujeres. Esta política afecta su capacidad de tomar decisiones libres sobre la maternidad, sin discriminaciones ni violencia en las zonas afectadas por el conflicto. Esto es parte de un contexto en el que se discrimina a las mujeres y se anulan sus derechos.
“Parte de esa discriminación deriva en quitarles la posibilidad de decidir por sí mismas y frente a su capacidad de reproducirse y de ejercer o no la maternidad”, explica Cristina Rosero, coautora del informe y asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos. A pesar de que estos derechos se relacionan estrechamente con los derechos sexuales, es importante que en el marco del conflicto sean reconocidos como un eje independiente, pues abarcan distintas áreas de protección de mujeres y niñas.
Los departamentos del César, Magdalena y Atlántico, según Rosero, presentan los mayores índices de violencia de género. Cada caso evidencia la discriminación y vulnerabilidad que las mujeres enfrentan en medio del conflicto, así como lo establece la Corte Constitucional: “la violencia ejercida en el conflicto armado colombiano victimiza de manera diferencial y agudizada a las mujeres, porque por causa de su condición de género están expuestas a riesgos particulares y vulnerabilidades específicas”.
#VerdadReproductiva | Presentamos un informe a la @ComisionVerdadC identificando la violencia reproductiva en el conflicto armado colombiano. Es resultado del análisis de 68 documentos oficiales. Escucha los testimonios grabados por @TeatroPetra. Informe: https://t.co/mXuFhIIdBA pic.twitter.com/bz4Pd3Ugs2
— Centro de Derechos Reproductivos (@ReproRightsLAC) July 28, 2020
En 68 documentos de decenas de investigaciones, el centro encontró violaciones a derechos reproductivos perpetrados por las Farc, ELN, paramilitares y otros grupos armados. Los relatos de las víctimas muestran casos de anticoncepción, planificación y esterilización forzada, embarazos y maternidades coaccionados y abortos sin consentimiento.
Además, hay otras prácticas violentas que atentan contra la integridad de las mujeres como el empalamiento, mutilaciones de órganos sexuales, golpes a mujeres en estado de embarazo. Estas dos últimas con el fin de afectar la capacidad de reproducción de las mujeres.
Estas violaciones a sus derechos repercuten en la salud física y psicológica de las víctimas, en sus proyectos de vida, y las someten a la estigmatización social de su entorno. Incluso, las privan de más derechos como el acceso a la salud y les niegan la posibilidad de denunciar los actos de violencia a los que fueron sometidas.
Una víctima de violación a estos derechos pueden tener infecciones y traumatismos en sus órganos reproductivos por las condiciones en las que fue sometida a los procedimientos, y producir enfermedades crónicas e infertilidad que comprometen su integridad física. Esto, sin contar los traumas y manifestaciones emocionales como respuesta a los maltratos que afectan la salud mental de las mujeres, dificulta su interacción con su entorno y el desarrollo de su proyecto de vida.
Por eso antes de reparar a las víctimas, el Estado debe involucrarse y reconocer su participación y responsabilidad en la violación de los derechos reproductivos de las niñas, mujeres y población LGBTI. Por acción del Estado también existen casos como la caqueteña Yaneth Valderrama, quien estuvo expuesta a las aspersiones con glifosato durante su embarazo y sufrió un aborto.
Además, no garantizar el acceso a un sistema de salud sexual y reproductiva – y a información sobre este tema- niega la posibilidad a las mujeres de tomar acciones frente a su salud y derechos reproductivos. El Estado debe ser garante de estos derechos y del acceso a la información para promover la autonomía de las mujeres en las zonas rurales más afectadas. También, para disminuir los estereotipos de género sobre la reproducción en el marco del conflicto.
En el proceso de reparación, el informe establece derechos de las víctimas como indemnización, rehabilitación, medidas de no repetición y medidas para promover su recuperación física y psicológica. Además, sugiere el desarrollo de espacios personalizados de atención y escucha a las víctimas para establecer medidas de reparación efectivas.
“Más allá de los casos específicos lo que le estamos pidiendo a la Comisión de la Verdad es qué recomendaciones le va hacer al Estado para que dentro de la implementación de la paz adopte medidas estructurales que permitan que estos temas no se vuelvan a repetir, y eso implica cambios en políticas y legislativas y no solamente de justicia”, apunta Catalina Martínez, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos.
El informe también solicita reconocer a la violencia reproductiva en el conflicto como violación a los derechos humanos, que afecta desproporcionadamente a niñas, mujeres y población LGBTI+, e identificar los estereotipos de género que se desencadenan en otros tipos de violencia basada en género.
Este informe se presenta a la Comisión de la Verdad para que los derechos reproductivos hagan parte del enfoque de género que enmarca el Mandato de esa entidad y que deberá rendir en el informe final ante el Estado, el próximo año, para esclarecer y promover el reconocimiento y repercusiones en la sociedad del conflicto armado en Colombia.
Para consultar el informe completo, haz clic aquí
A Laura la encuentran acá.
