Así lo demuestra el último informe del Cinep y el Iepri. El caso de José Jair Cortés es el cuarto homicidio de una persona que apoyaba la sustitución de cultivos.
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Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera. Foto: Mateo Rueda
Los funcionarios de la Dijín tuvieron que esperar 14 horas para ingresar a la zona donde estaba el cadáver de José Jair Cortés, líder social asesinado este martes en el consejo comunitario de Alto Mira y Frontera, la zona de Tumaco donde el pasado 5 de octubre murieron siete campesinos en medio de un enfrentamiento con la Fuerza Pública. Se espera que en el transcurso del día se lleve a cabo la necropsia de Cortés, pues hasta el momento no se sabe cómo fue asesinado ni hay pistas sobre quiénes podrían ser los autores materiales. Lo único cierto es que su homicidio, según el reporte de la Policía Nacional, se presentó en el sector de la Y, en la vereda El Restrepo, pasadas las 5 p.m.
Las autoridades están barajando diferentes hipótesis alrededor de este caso. José Jair Cortés hacía parte de la Junta de Gobierno de Alto Mira y Frontera, había sido amenazado en los últimos 20 días –así lo documentó la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo– y la Unidad Nacional de Protección (UNP) aprobó medidas de seguridad para protegerlo después de la masacre del 5 de octubre. Cortés, como otros voceros, representaba a las comunidades aliadas en la sustitución de cultivos ilícitos, un programa que no ha logrado ver la luz en Nariño, entre otras razones, por las presiones de grupos armados que controlan el tráfico de drogas.
Harold Ruiz, funcionario de la Gobernación de Nariño y encargado de involucrar a las comunidades en el programa de sustitución de cultivos, nos contó que Cortés era uno de los líderes más activos en la zona de Alto Mira y Frontera: “Estábamos trabajando juntos en el Consejo Comunitario. A pesar de los riesgos, él quiso viajar a la vereda el Restrepo para seguir cumpliendo sus labores pero…. fue asesinado”. Tanto la Defensoría del Pueblo como la Gobernación de Nariño solicitaron un esclarecimiento de los hechos, pues hasta el momento no hay claridad sobre cómo se vulneraron las medidas de protección durante el asesinato.
Teniendo en cuenta que Cortés apoyaba el programa de sustitución de cultivos, las autoridades analizan si las disidencias de las Farc podrían estar detrás del asesinato. Además, existen registros desde el pasado mes de septiembre donde grupos armados amenazan a líderes sociales que respalden las iniciativas del Gobierno o que no se opongan al programa de erradicación de cultivos de coca. Ruiz nos confirmó que desde entonces los líderes han sido muy precavidos: “Están confinados, tienen miedo de ir al territorio”.
“Hay una relación entre asesinatos a líderes y municipios con cultivos de coca”
El asesinato de Cortés demuestra que los investigadores sociales tenían razón cuando hablaban sobre la vulnerabilidad de los líderes en zonas cocaleras. En el informe Violaciones al derecho a la vida, libertad e integridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos, presentado este miércoles y elaborado por el Cinep, Iepri, Indepaz y la Comisión Colombiana de Juristas, queda demostrada una correlación entre la violencia contra líderes y las regiones donde se implementan planes de sustitución de cultivos. Después de analizar los escenarios de violencia contra los liderazgos sociales durante 2016, los investigadores señalaron que “del total de los 84 municipios donde ocurrieron los crímenes, en 31 existen cultivos de coca, lo que corresponde al 36, por ciento”.
Dentro de los municipios con mayor afectación por violencia contra líderes está Tumaco, El Bagre, Corinto, Caloto, El Tambo y Buenaventura. En estas zonas, agrega el informe, “campesinos, indígenas y afrodescendientes que han hecho parte de estos procesos de sustitución han venido siendo objeto de múltiples agresiones por parte de actores vinculados al narcotráfico, cuyos intereses se pueden ver afectados con esa participación. Durante el primer trimestre de 2017, se registraron al menos tres asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos”.
Entre enero de 2016 y el primer semestre de 2017, dice el informe, se reportaron 101 violaciones al derecho de la vida contra líderes sociales: 98 homicidios y tres desapariciones forzadas. En el 57 por ciento de los casos se desconoce el autor de los hechos, lo que también refleja un alto índice de impunidad en los procesos judiciales contra líderes. Se ha logrado comprobar la responsabilidad de grupos “narco-paramilitares” en el 24,75 por ciento de los casos. El Escuadrón Móvil Anti Disturbios de la Policía Nacional (Esmad) y el Ejército Nacional son presuntos autores del 4,95 por ciento de los casos; mientras que a las guerrillas de las Farc y del Eln les corresponde otro 4,95 por ciento.
Al revisar los perfiles de las víctimas, el informe concluye que las comunidades indígenas son las más afectadas, con 23 líderes asesinados –lo que representa un 22 por ciento –, seguida por las comunidades campesinas, con 20 líderes afectados y representantes de Juntas de Acción Comunal, con 17 casos. “Los líderes y organizaciones con mayor número de afectaciones son las de carácter campesino y étnico, las cuales se enfocan en la defensa de derechos territoriales: el 36 por ciento corresponde a campesinos, 23 por ciento a indígenas y 7 por ciento a afrodescendientes”, concluye el informe.
Que los líderes que apoyan la sustitución de cultivos estén siendo asesinados tiene serias implicaciones para el proceso de paz. Por un lado, aumenta la desconfianza entre las comunidades que viven de la coca y el Estado. Por otro, pone en riesgo la implementación de la Reforma Rural Integral, con la que se podría avanzar en soluciones para problemas como la distribución de tierra, por ejemplo. Por último, queda en vilo el proceso de planeación participativa de las comunidades en la construcción de la paz, que es un punto clave en los Acuerdos de La Habana.
