El mecanismo busca hacerlo obligatorio y no dejar el asunto en manos de la buena voluntad de las empresas. Tendrá énfasis en el posconflicto.
Quizás el principal reto que tiene el país, no solo para un eventual posconflicto sino en cualquier tiempo y lugar, es garantizar un ambiente donde se protejan los derechos humanos de los ciudadanos. Además de combatir estructuras criminales o de evitar que el mismo Estado incurra en violaciones, también es necesaria una política que vincule a las empresas, públicas o privadas, nacionales o internacionales, para que la defensa de los derechos humanos sea una prioridad.
“Hace veinte años —dice un informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos— rara vez se encontraban las expresiones “derechos humanos” y “negocios” en la misma oración. Los derechos humanos eran asunto de los Gobiernos, en tanto que las empresas se limitaban a atender sus propios negocios”. La comunidad internacional presionaba a los estados, pero se pasaba por alto que 50 de las 100 economías más grandes del mundo no son estados sino empresas, y alguien debía regularlas.
Sobre esa situación, en 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acogió unánimemente unos principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Se estructuraron a partir de tres pilares: que las empresas deben respetar los derechos humanos, que los estados deben proteger a los ciudadanos de los posibles abusos de las empresas y que se debe actuar de forma proactiva para evaluar los riesgos y remediar oportunamente las violaciones.
Esos principios, sin embargo, no eran obligatorios ni vinculantes jurídicamente. Se dejaban, por decirlo de alguna manera, a la buena voluntad. Ante esa situación, el Estado colombiano acaba de formular una política para que las empresas respeten los derechos humanos. El Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos y Empresas nació de un proceso participativo que contó con la presencia de representantes del Gobierno, empresarios y más de 19 mil líderes sociales de todos los departamentos del país.
Normalmente, los más afectados en materia de derechos humanos por parte de empresas están en las regiones, aunque eso no excluye a las ciudades. Muchas ONG, sindicatos y líderes de las comunidades han denunciado tratos que consideran degradantes o peligrosos: líderes sindicales amenazados o asesinados, omisión de la consulta previa a comunidades indígenas a la hora de entrar a explotar las tierras donde viven, la compra por parte de empresas de tierras despojadas en medio del conflicto, malos pagos y tercerización laboral, daños al medio ambiente y un largo etcétera que confirma que hace falta una política que regule esas relaciones.
En ese sentido, para dar un mayor cubrimiento, los lineamientos del plan reconocen que la exigencia debe incluir y ser igual de firme con empresas de todo tipo: grandes, pequeñas, públicas, privadas, nacionales, extranjeras; independientemente de su sector, actividad, contexto operacional o estructura. Además, el Plan de Acción admite que, aunque parte unos principios internacionales, se debe ajustar al contexto del país.
La nueva política, entre otros, identifica tres elementos esenciales a partir del contexto general colombiano y el específico de las regiones. El primer elemento es el enfoque diferencial, que consiste en la implementación de acciones para superar los prejuicios, las prácticas discriminatorias y las estigmatizaciones que a veces cometen las empresas contra grupos étnicos, mujeres, niños, adolescentes, población LGBTI, personas con discapacidad, movimientos sindicales y otros grupos minoritarios.
El segundo elemento es el enfoque territorial. Dice el documento del Plan de Acción: “Se tienen en cuenta las acciones que incorporan las características socio-históricas, culturales, ambientales, y productivas de los territorios y sus habitantes. También es de especial interés que las empresas que operan en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado sean especialmente cuidadosas en la gestión de sus riesgos y posibles afectaciones a los derechos humanos”.
El tercer elemento es el manejo del posconflicto, pues ese escenario puede llevar, por un lado, a que se vuelvan más relevantes o más notorios los problemas que ahora opaca la guerra, y algunos de estos están relacionados con las empresas y los derechos humanos. Por otro lado, se requiere una mayor participación de las empresas en la inserción laboral y productiva de las víctimas del conflicto y de las personas en proceso de reintegración.
Para hacer que las empresas cumplan las normas, el plan contempla mecanismos judiciales y no judiciales. Aunque las medidas judiciales todavía no están desarrolladas, el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos (conformado por varios ministerios, el SENA, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, entre otros) desarrollará durante el próximo año una estrategia en pro de la eficacia del sistema judicial, haciendo énfasis en que las poblaciones afectadas tengan información y acceso a la justicia. En esa misma línea, el Ministerio de Justicia formará a los operadores judiciales para que estén al tanto de las nuevas medidas.
Como complemento a las medidas judiciales, se planea dar incentivos a las empresas que se destaquen en materia de derechos humanos. Una empresa destacada debe cumplir con tres requisitos: mostrar compromiso público, tomar medidas para proteger los derechos humanos y tener un mecanismo de verificación de resultados. Los incentivos van desde facilidades para hacer alianzas público-privadas o intercambios internacionales hasta divulgación de la labor de las empresas a través de las instituciones que integran el plan.
La Consejería en Derechos Humanos dice que el plan tiene una validez de tres años para desarrollarse. Se espera que los incentivos y la presión del Estado motiven un cambio en las acciones de muchas empresas que, como si se opusiera a su visión de negocio, vulneran de distintas formas los derechos de sus empleados, a veces directamente y otras veces al intervenir sin rigor los territorios. Las consecuencias de una política así podrían ser decisivas para el país, si se tiene en cuenta que en muchas casos, al igual que a nivel global, en Colombia el poder está en manos de los empresarios.
