Uber ha dicho que la orden de suspensión de su servicio por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio es una forma de censura y es una violación de su libertad de expresión. Otro argumento que aparece por ahí es que se viola un principio llamado la neutralidad de la red. ¿Qué significa esto?
Por: Emmanuel Vargas Penagos*
La censura previa está prohibida en Colombia. Es decir, no puede haber revisiones de documentos por parte de juntas de gobierno, no hay que pedirle autorización a un juez para publicar un artículo periodístico o un libro, entre otros muchos ejemplos. Esto aplica en Internet: el Estado no puede obligar a las empresas como Claro, Tigo, Movistar, etc. a que filtren y eviten que la palabra Uber aparezca en Internet, ni que estén pendientes de que no aparezcan servicios similares.
El bloqueo de contenidos y servicios en Internet solo puede ocurrir en casos excepcionales y después de que un juez evalúe (dejando de lado el proceso para la pornografía infantil, que es todo otro cuento). La fórmula para esto es que, aparte de que exista una ley que permita el bloqueo, esta debe ser necesaria y proporcional. Es decir, no puede usarse como excusa para borrar o filtrar cualquier cosa que no le guste al gobierno (como en China, donde ocurren casos como el bloqueo de menciones a Winnie Pooh, porque la gente dice que es idéntico al presidente) y debe ser la última alternativa posible. Así lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en varios informes y la Corte Constitucional en una sentencia de finales del año pasado.
La neutralidad de la red es un principio que permite que Internet sea útil o divertido para cualquier persona, porque implica que las empresas que nos prestan servicios en Internet deben tratar como igual a todo lo que circula por ahí. Por esto, empresas como Claro no pueden crear una línea rápida para Netflix, ni hacer acuerdos con El Tiempo para que las páginas web de los periódicos locales sean más lentas, ni decidir que solo permiten el funcionamiento de Rappi y no de Ubereats. El asunto es que la ley que regula esto dice que este tipo de discriminaciones, bloqueos, filtros o restricciones sí pueden darse frente a contenidos, aplicaciones y servicios ilegales. Y ese es el problema. A grandes rasgos, la SIC dijo que Uber está compitiendo deslealmente con los taxis porque presta un servicio de transporte pero no tiene las mismas obligaciones que estos. Esto, básicamente, es lo mismo que decir que Uber es ilegal.
Uber ha tenido prácticamente la misma pelea en varios lugares del mundo. Uno de esos es la Unión Europea. Una empresa de taxis de Barcelona consideraba que Uber debía tener los mismos permisos que una empresa de transporte para operar. A raíz de esto, los taxistas demandaron a Uber y este caso tuvo que ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En diciembre de 2017, esta Corte dijo que la plataforma de Uber es simplemente un servicio de intermediación entre usuarios y conductores, por lo que no es nada distinto de una empresa de transporte que necesita de una aplicación para funcionar. Por esta razón, Uber sí necesitaba de permiso para operar como empresa de transporte en los países de la Unión Europea.
Airbnb tuvo un lío parecido. Esta empresa fue denunciada por una asociación hotelera en Francia porque sirve de intermediario entre viajeros y anfitriones y, por consiguiente, necesita un permiso de servicio alojamiento. En diciembre del año pasado, el TJUE prefirió darle la razón a Airbnb.
Aunque lo esencial de esta plataforma es la intermediación, Airbnb tiene otras cosas importantes que aumentan su clientela: La aplicación crea listas de ofertas dependiendo de los criterios que quiera el usuario: ¿Quiere que sea en el centro?, ¿cuál es su presupuesto?, ¿cuántas camas? Además, a diferencia de Uber, el precio lo fija el anfitrión, no la plataforma.
Este tipo de decisiones muestran que la ley, constantemente, se queda atrás de la tecnología. Las peleas de abogados sobre “lo que realmente quiere decir la ley” dejan de lado que los derechos fundamentales y la forma en que los entendemos cambia constantemente. Bajo este entendido, algunas cortes, como la Corte Constitucional, han dicho que la Constitución y los tratados de derechos humanos están vivos: crecen, evolucionan. Lo mismo pasa con la tecnología y con las relaciones humanas. Uber rompe los esquemas de la competencia en el transporte público, pero sucede principalmente porque las leyes de transporte se hicieron en otra época, antes de varios cambios de la tecnología y la sociedad.
Uber es una opción de empleo flexible para muchas personas que lo necesitan: madres cabeza de hogar, personas en situación de discapacidad y, en general, personas que no tenían ninguna otra opción. Si alguna vez fue plausible que el Ministro Carrasquilla dijera que no sabe las causas del aumento del desempleo, quizá la salida de Uber ayude a responder parte de la pregunta en el futuro. Aplicar la ley sin tener en cuenta estos factores puede poner en riesgo el uso de Internet como mecanismo para expresarse, innovar, generar cambios sociales y traer soluciones a las vidas de las personas.
Tal vez el Tribunal que está revisando la apelación que presentó Uber contra la decisión de la SIC deba tener esto en cuenta. En casos como este, más allá del tecnicismo en la ley, hay que mirar la realidad en la calle.
