Escudriñamos en anaqueles del olvido algunas de las razones que evidencian por qué nos acostumbramos a la guerra.
Por: Juan Miguel Hernández
Ilustraciones: Paula Osorio
Escudriñamos en anaqueles del olvido algunas de las razones que evidencian por qué nos acostumbramos a la guerra. Encontramos en cinco documentos oficiales del Gobierno pistas que nos ayudan a entender la manera en la que el conflicto interno se ha instalado en lo más profundo de nuestra rutina.
Descubran con nosotros esta breve selección de textos que muestran cómo la muerte y el dolor han calado bien hondo en las entrañas de Colombia.
5. La guía para volver a la libertad
(Manual interinstitucional de atención para el delito de secuestro)
Entre líneas, lo que nos muestra esta rigurosa guía de atención a las víctimas del secuestro es que dicha práctica atroz se ha vuelto parte de la cotidianidad. El Estado creó un manual de instrucciones que en su primer capítulo nos aconseja qué hacer en caso de secuestro.
La iniciativa liderada por el Ministerio de Defensa y la Secretaría técnica del CONASE (Consejo Nacional de Lucha contra el Secuestro y demás Atentados contra la Libertad Personal) plasma en el documento preguntas comunes de los familiares del secuestrado a manera de un manual de buenas prácticas. El secuestro se convirtió en un trámite infinito, como pagar el impuesto de renta o sacar el pase.
Por ejemplo, el manual se pregunta: “¿Qué ruta de atención debo seguir como víctima o familiar del secuestrado?”. Y vean todo lo que hay que hacer:
Primero, poner una denuncia ante la Fiscalía, el Gaula o la autoridad competente. Después, inscribirse en la base de datos del Registro Único de Beneficiarios (RUB). Ahora, hay que ser parte del Registro Único de Víctimas (RUV) y si requiere atención médica o psicológica, debe acudir a la EPS o a la IPS y ahí lo atienden con prioridad. No obstante, nos pusimos a investigar cómo era el proceso para inscribirse en el RUB y encontramos que para superar uno de los requisitos, el de la declaración, hay que atravesar primero por tres obstáculos:
1. Entrevista previa.
2. Diligenciamientos del Formato Único de Declaración (FUD).
3. Verificación de procedimiento.
Un trámite que pareciera ser más engorroso que obtener la libreta militar.
Lo que el manual cataloga como el 1, 2, 3 para las víctimas del secuestro, es en realidad una gráfica inexplicable que se demora 10 minutos en cargar y ni siquiera cabe en la pantalla del computador.
4. Manual del olvido
(Protocolo interinstitucional para la entrega digna de cadáveres de personas desaparecidas)
Parece mentira, pero es cierto. La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en el marco de la Ley de Víctimas, creó un pequeño manual para regular la investigación, la búsqueda, la exhumación y la entrega de los cadáveres. El protocolo, que parece más bien un instructivo para cambiarle el aceite al carro o una guía para configurar el idioma del celular, describe paso a paso cómo debe ser el proceso de devolución del cuerpo de las personas desaparecidas y establece una serie de normas y procedimientos mínimos para que los funcionarios encargados actúen de manera “respetuosa y considerada”.
El defensor del pueblo, Jorge Armando Otalora, afirma: “Con este instrumento se busca humanizar la entrega de los restos y cadáveres de las víctimas a sus familiares y que se tenga en cuenta de manera integral el contexto en que ocurrió la desaparición forzada, con el ánimo de garantizar el respeto para las víctimas sin distingo de ideología, condición social, de género, raza o credo”. Según cifras del Registro Nacional de Desaparecidos, entre 1938 y 2014 se han reportado 94.275 casos (de enero a septiembre del año pasado se registraron 4.700).
Dentro del manual hay cuatro fases para la entrega del cadáver de la persona desaparecida. La última, quizás la más siniestra, está dedicada al archivo de la documentación del proceso de entrega del cadáver.
Primero, la autoridad judicial debe adjuntar los documentos de la devolución del cuerpo al proceso penal y actualizar el Sistema de Información y Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) en el módulo de desaparecidos. Segundo, el equipo forense de nuevo actualizará el Sirdec en el módulo de cadáveres. Y por último, la autoridad judicial ordenará al equipo forense la actualización en el módulo de cadáver / entrega del cadáver. Literalmente.
¿Entendieron?
Nosotros tampoco…
3. El escuadrón de la muerte
(Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada -Decreto 356 de 1994)
Este decreto, expedido en los últimos días del gobierno de Cesar Gaviria, tuvo como objetivo reglamentar a grupos organizados de personas comunes y corrientes para prestar servicios de seguridad y vigilancia privada. El propósito era detener o prevenir la violencia, pero se convirtió en una plataforma avalada para armar ejércitos urbanos y campesinos para-estatales como las Convivir (Cooperativas de Vigilancia).
Con el amparo del entonces ministro de Defensa, Fernando Botero Zea, el apoyo de Álvaro Uribe Vélez, en ese momento gobernador de Antioquia, el respaldo de grandes grupos económicos y el escudo del artículo 42 del decreto 356 de 1994, nacieron las Convivir. Según el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, en su sentencia contra el jefe paramilitar Hébert Veloza, alias HH, las cooperativas campesinas se convirtieron en tropas contraguerrilla que perpetuaron asesinatos selectivos y violaron sistemáticamente los derechos humanos
Por ejemplo, un informe del portal Verdad Abierta asegura que trece de las Convivir en el Urabá eran manejadas por paramilitares. En 1997, cuando una demanda de inconstitucionalidad contra la ley ordenó la devolución de las armas, las cooperativas de vigilancia, que en ese momento contaban con más de 15 mil hombres y tenían presencia en 24 departamentos del país, se acabaron.
Según el medio, el fallo contra HH demuestra que las Convivir fueron determinantes en la consolidación del paramilitarismo en el país. En ese momento, era legal proveerlas de los medios de transporte necesarios, dotarlas con sofisticados sistemas de comunicación y armarlas con fusiles de largo alcance. Según el informe de Verdad Abierta, el caso de Jesús Alberto Osorio Mejía, quien fuera el representante legal de la Convivir Papagayo, es la prueba reina de la relación entre las Cooperativas campesinas y los grupos paramilitares. En su testimonio, el jefe paramilitar acusó a Osorio Mejía de coordinar con el jefe paramilitar Raúl Hasbún, comandante del bloque Bananeros de las AUC, el traslado de un grupo de paras del Urabá hasta el departamento del Meta para perpetuar la masacre de Mapiripán.
Es ilógico que en un país donde la guerra ha cobrado la vida de miles y miles de personas, exista una ley que organice y financie la creación de pequeños batallones privados.
2. Manual de Amenazas del DAS
Cuando la periodista Claudia Julieta Duque encontró, dentro de los documentos incautados por la Fiscalía al antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), un macabro libro llamado Aspectos de seguridad, sintió miedo. Era un manual de tortura. Una guía que contenía todos sus datos personales, indicaba cómo debía ser amenazada y advertía a los funcionarios más crueles tener precaución a la hora de realizar las llamadas porque tenía identificador y podía grabar las conversaciones.
Duque, corresponsal de Radio Nizkor, canal virtual de audio especializado en Derechos Humanos, descubrió que el DAS desvió la investigación y entorpeció el proceso en torno al asesinato, aún impune, del comediante Jaime Garzón. Su búsqueda la convirtió en blanco de múltiples amenazas que la obligaron a salir del país.
– Hacer la llamada en cercanía a las instalaciones de Inteligencia de la Policía.
– No tartamudear, ni durar en la llamada más de 49 segundos.
– Llamar preferiblemente desde un teléfono de ETB de tarjeta, en caso de que inmediatamente devuelva la llamada.
– Constatar que en el perímetro no haya cámaras de seguridad. Así sean de tránsito.
– Quien realice la llamada la debe hacer solo y desplazarse en bus hasta el sitio.
– Extremar las medidas preventivas dado que Claudia Julieta avisara inmediatamente de la llamada al coronel Novoa de la Policía Nacional (mismo que en otras oportunidades nos ha afectado institucionalmente).
El manual, además, era muy preciso en sus instrucciones:
“Saludo: Buenos días (tardes). Por favor, ¿la doctora Claudia Julieta Duque se encuentra?”
Y muy claro en el mensaje:
“Señora, ¿es usted la mamá de María Alejandra? (esperar contestación) Pues le cuento que no nos dejó otra salida, se le dijo de todas las formas y usted no quiso hacer caso, ahora ni camionetas blindadas ni carticas chimbas le van a servir. Nos tocó meternos con lo que más quiere, eso le pasa por perra y por meterse en lo que no le importa vieja gonorrea hijueputa…”.
Sin embargo, los agentes del Estado se salieron varias veces del libreto: “Su hija va a sufrir, la vamos a quemar viva, le vamos a esparcir los dedos por la casa”.
1. El origen de los falsos positivos
(Directiva Ministerial 029 de 2005)
Asustados, después de recorrer la autopista del horror, llegamos por fin a nuestra última parada: la Directiva No. 029 de 2005 del Ministerio de Defensa tuvo carácter de “secreto de Estado” en el Gobierno hasta que se destapó el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales.
La directiva establece “criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, material de guerra, intendencia o comunicaciones e información sobre actividades relacionadas con el narcotráfico y pago de información que sirva de fundamento para la continuación de labores de inteligencia y el posterior planeamiento de operaciones”.
Según la Mesa de Ejecuciones Extrajudiciales, plataforma de Derechos Humanos encargada de velar por las víctimas durante los años de la Seguridad Democrática (2003 a 2010), esta aterradora política de incentivos promovió el asesinato de más de 5.816 falsos positivos.
Por ejemplo, Blanca Ligia Cuadrado, madre de Mauricio Hernández Cuadrado, trabajador del terminal de Transporte de Tunja y desaparecido por integrantes de la fuerza pública, afirma que los falsos positivos son delitos de lesa humanidad y constituyen graves violaciones a los derechos humanos. Los soldados implicados en la desaparición de este joven fueron condenados a 56 años de cárcel y las demandas administrativas por los daños y perjuicios contra la familia están a punto de fallar en favor de las víctimas.
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Así las cosas, quizás sea el momento de recordar al filosofo italiano Antonio Negri: “Cuando la guerra se ha convertido en un elemento fundamental de la política, y cuando el estado de excepción se ha convertido en permanente, la paz adquiere para la multitud un valor superior, la condición necesaria para su liberación”.
