Desde que empezó la implementación han matado a cerca de 100 excombatientes, dice un reciente informe de la ONU.
En la noche del sábado, un bebé de siete meses perdió la vida luego de recibir un impacto de bala. El bebé era hijo de Carlos Enrique González, excombatiente del Frente 41 de las Farc y quien, desde la implementación del Acuerdo de paz, se encontraba en el ETCR de Tierra Grata, Cesar, a cargo de distintos proyectos productivos.
En hechos que todavía están por aclarar, varios hombres se les acercaron a González y a su esposa, Sandra Pushiana, mujer wayúu de 19 años, mientras se encontraban en el corregimiento de Montelara, Maicao, en una visita familiar y les dispararon a los padres y a un primo de González. El primo y el bebé murieron y los padres se encuentran heridos en el hospital de Maicao.
El atentado contra González y la muerte de su hijo bebé dejan en evidencia la falta de garantías de seguridad para los excombatientes que se encuentran en los distintos ETCR del país.
—Han muerto casi más compañeros en la paz que en la guerra —le dijo en días pasados a Semana Francisco Gamboa, excombatiente de las Farc, y líder del ETCR de Charras en Guaviare.
Y aunque sería difícil sostener esa afirmación, si es cierto que la cifra de excombatientes asesinados desde la implementación no ha hecho sino crecer. Para comienzos del año pasado, el número llegaba a 40. Y, según un reciente informe de la ONU, ya hay registro de 99 excombatientes asesinados desde diciembre de 2016.
La seguridad para muchos excombatientes es cada vez más difícil.
Es muy disiente, por ejemplo, la historia de Romaña quien en septiembre de 2017 tuvo que salir del ETCR que lideraba en Tumaco por presiones de distintos grupos armados que controlaban la zona (entre ellos las disidencias de ‘Guacho’). Se trasladó, junto con cerca de 150 excombatientes, a una zona veredal en el municipio de Uribe, Meta (zona que conoce muy bien, pues fue comandante del Frente 53 que operaba en ese departamento). Allí, en Uribe, Romaña instaló ETCR del Diamante y puso en marcha varios proyectos productivos: marraneras, cultivos de maíz, girasol, turismo cooperativo y ganadería. Una vez instalado el ETCR tuvo que salir de ahí, nuevamente, por temas de amenazas y al día de hoy su paradero es desconocido.
Omar Jiménez, quien actualmente está a cargo del ETCR del Diamante dice que por razones de “seguridad” tuvieron que salir de la zona de Tumaco para el lado de Uribe, donde las condiciones son mucho más tranquilas para ellos.
¿Qué está pasando con las garantías de seguridad para los excombatientes?
El Informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, publicado a finales de marzo de este año, dice que para el mes pasado “se habían puesto en marcha 198 esquemas de protección, incluidos 38 esquemas para mujeres y 33 esquemas colectivos”. Pero que siguen pendientes 14 esquemas de protección individual, así como medidas de protección para 2 sedes del partido político Farc.
La Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la UNP ha contratado en total a 1.124 escoltas, incluidos 696 excombatientes de las Farc. Pero, a pesar de los progresos realizados en materia de contratación y capacitación, la Subdirección sigue careciendo de un marco institucional sólido. Los actuales déficits presupuestarios, dice el informe de la ONU, podrían limitar su capacidad de funcionar eficazmente y, en particular, de ampliar su presencia regional.
Según lo dijo a fines año pasado la Fundación Paz y reconciliación (Pares), “las dinámicas de violencia sugieren unas nuevas relaciones entre los actores que tienen presencia en el territorio, la población y las actividades que hasta hace poco tuvo control las Farc”, dice el Informe de la Fundación Pares.
“Si bien, no se trata de la aparición de nuevos fenómenos de ilegalidad, las acciones institucionales concentradas en los planes de implementación del acuerdo de paz, la reincorporación a la vida civil de excombatientes de la Farc, y la expansión de viejas estructuras y emergencia de otras organizaciones ilegales, hace que los procesos que se adelantan en estas regiones del país sean de la mayor complejidad y deban ser estudiados desde un enfoque que resalte la experiencia de cada uno de los territorios”, dice el Informe de Pares.
Por su parte, los miembros del partido de las Farc, se han pronunciado en los últimos días pidiendo garantías de seguridad para los excombatientes:
“El Estado colombiano debe reincorporarse a los territorios de donde ha estado marginado, y brindar garantías de seguridad a comunidades y exguerrilleros en tránsito a la vida civil”, dijo en su cuenta de Twitter Pastor Alape, delegado de las Farc al Consejo Nacional de Reincorporación.
Por su parte, el Representante a la Cámara por Antioquia y miembro también de las Farc, dijo que “Nuestro certero compromiso con la Paz no merece nunca la pérdida de ninguna otra vida, estamos trabajando por la vida, la paz y la reconciliación”.
El también Representante a la Cámara de las Farc, Benedicto González, fue uno de los primeros en pronunciarse y en rechazar el asesinato del bebé de siete meses:
“A diario tenemos que seguir sumando nombres de compañeros y compañeras, a la lista de muertos por culpa de Estado negligente. Hoy hay luto en la familia fariana. Hoy debemos exigir que se cumpla lo que se pactó y que se brinden garantías de seguridad a quienes firmamos la paz”.
Todavía queda por aclararse qué fue lo que pasó exactamente el pasado sábado. Queda por aclararse quién mató a Samuel David González, el bebé de siete meses, hijo de un excombatiente. Quién estaba detrás del atetado en La Guajira y por qué tenía intereses en asesinar contra Carlos Enrique González, excombatiente y líder de proyectos productivos en el ETCR Simón Trinidad.
Queda también el interrogante de quién o quiénes están detrás de los asesinatos de cerca de cien excombatientes que se reincorporaron a la vida civil desde que se firmó el Acuerdo de paz. Queda preguntarse por qué los están matando. Qué intereses están detrás de esas muertes.
Y queda, también, la pregunta por la sevicia. ¿Hasta qué punto es capaz de llegar la violencia en un país en el que se le dispara a un bebé de siete meses? ¿A un bebé que es hijo de un proceso de paz y de una idea de esperanza?
