La historia sobre el control territorial en el norte de este departamento es extensa. Las disputas entre los grupos armados no le han dado tregua a sus habitantes.
Una indígena nasa, menuda y con la piel curtida, recuerda que durante la época más dura de la guerra solía marcar en un calendario los días en que la guerrilla y el Ejército combatían por encima de su cabeza. Hace años, cuando no había semana sin un enfrentamiento en el norte del Cauca, pocas casillas del calendario quedaban en blanco. Las cosas han cambiado. Como consecuencia del cese al fuego por parte de las Farc, hace meses que no se escuchan ráfagas de tiros por las montañas del centro del país.
Pero no siempre ha sido así y los problemas tampoco se reducen a los combates. En el norte del Cauca, territorio de mayorías indígenas, la pelea por limpiar los territorios ancestrales de guerra, narcotráfico y minería lleva más de cien años.
Cuando la Constitución de 1886 desmembró el Cauca Grande, entre finales del siglo XIX y principios del XX, los empresarios payaneses buscaron sacar más provecho de las tierras en la Cordillera Central. Antes era común que les prestaran a los terrazgueros indígenas, sobre todo nasas y guambianos, algunas parcelas para cultivar a cambio de días de trabajo. Pero con la nueva división del departamento se valorizó la tierra y cambiaron las condiciones. Aparecieron restricciones sobre los cultivos y los terrenos que arrendaban los indígenas, conocidas como “encierros”, se redujeron y limitaron sus ingresos.
Manuel Quintín Lame, el legendario líder paez, que había visto injusticias durante toda su vida –una vez, hombres armados se metieron a su casa a violar a su hermana muda y, años más tarde, los liberales mataron a machetazos a otro de sus hermanos–, se empezó a interesar seriamente por la defensa de los derechos de los indígenas. Leyó textos que hablaban de leyes y no dudó en enfrentar a los mayordomos y hacendados que, a su juicio, cometían atrocidades.
Su reputación lo llevó a ser nombrado defensor general y representante del cabildo de San Isidro, en las cercanías de Popayán. Fue bajo ese título que comandó la toma pacífica de la población de Paniquitá, en 1914, donde al ritmo de chirimías los indígenas se reunieron a escuchar sus discursos sobre el ancestral derecho a la tierra y la mentira que para él había sido la Independencia. Su lucha, que pretendía que los indígenas crearan una “república chiquita” y se les respetaran sus derechos, se expandió por el Cauca, Huila, Tolima, Valle y Nariño.
Medio siglo más tarde, en lo que ahora es el norte del Cauca, la disputa por la tierra no paraba. En 1964 las Farc, después de que una poderosa ofensiva de miles de hombres que las arrinconó en Marquetalia, Tolima, abrieron camino hacia Riochiquito, Cauca, del lado oriental de la Cordillera Central. Del otro lado, en el occidente, están Toribío, Caloto, Miranda, Jambaló y Corinto, donde las mayorías afro e indígenas han sufrido la cara más dura de la guerra.
En ese pedazo del Macizo Colombiano la guerrilla ha buscado ganar control territorial. Sin duda es un lugar estratégico: en pocas horas, desde los picos a casi 3.000 metros de altura, es posible bajar a decenas de municipios de Cauca, Nariño, Tolima y Valle. Por los ríos Cauca y Caquetá pueden llegar hasta las selvas de Putumayo. Y la geografía, llena de desfiladeros entre montañas y trochas difíciles, les da cierta comodidad a la hora de enfrentar al Ejército.
El sexto frente de las Farc, que fue el que se estableció en esa zona, creció lentamente durante los años setenta. La expansión llegó cargada de contradicciones. Por un lado, durante la primera conferencia en Riochiquito, propusieron una redistribución equitativa de las tierras, pero, en la práctica se apoderaron de los territorios por los que también peleaban los indígenas, negros y campesinos de la zona.
A finales de la década, esta guerrilla que solía caminar tranquilamente por las montañas del norte del Cauca y desayunaba y comía en casas de indígenas, cambió las escopetas por fusiles, aumentó la fuerza de sus emboscadas y se ensañó con el plan de reclutamiento.
La ofensiva fariana, los líos con terratenientes y la eterna puja con el Gobierno fueron caldo de cultivo para la creación de la primera asociación indígena del país: el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). Desde 1971, el Cric se ha consolidado como una de las organizaciones más importantes del país en lo que se refiere a la defensa del territorio. Su papel en el norte del Cauca, donde la gran mayoría de la población es indígena, fue y sigue siendo vital. Pero el camino no ha sido fácil. Sus dirigentes, junto a los de otras asociaciones indígenas (la Acin y la Onic), llevan décadas denunciando un historial de crímenes contra sus comunidades producto de una guerra que consideran ajena.
La violencia no solo venía de las Farc. Como respuesta a la estrategia del Cric para retomar las tierras sobre las que exigían derechos, aparecieron los “pájaros”, mercenarios pagados por terratenientes que, a punta de amenazas y asesinatos, trataban de sostener el control del territorio.
De hecho, las cifras recogidas por distintas organizaciones varían pero tienen un punto en común: aunque las Farc ha sido el grupo con mayor presencia en esa zona, son los paramilitares los mayores victimarios de población indígena.
Durante la primera mitad de los ochenta el derrame de sangre indígena fue constante en el norte del Cauca. La situación se volvió tan insostenible que, a principios de 1987, indígenas de varios departamentos marcharon por las trochas del centro del país para llegar a Casa Verde, el famoso campamento de las Farc en La Uribe, Meta, y negociar de una vez por todas un pacto de no agresión.
En uno de los dos documentos que salieron de ese encuentro, la guerrilla reconoció lo que para muchos líderes es el origen de sus problemas: “el conflicto se presenta por el desconocimiento de las costumbres y formas de vida social y cultural de los indígenas”.
Aunque la tregua con las Farc no duró tanto como se esperaba, cuatro años más tarde llegó la Constitución de 1991, que en el papel garantizó derechos territoriales, políticos y culturales a los indígenas. En el Cauca se sentía un clima de esperanza, motivado por el plan que iniciaba el Gobierno para devolverles los territorios que reclamaban como ancestrales. Pocos meses más tarde, sin embargo, en un lío de tierras a escasos minutos del casco urbano de Caloto, 21 nasas fueron asesinados por civiles y policías en la hacienda El Nilo.
Los nasa se habían asentado en esa propiedad en 1987 y desde ese momento le habían exigido al Incora que comprara la tierra y se las diera. La dueña de El Nilo no había tenido reparos con la presencia pacífica de los indígenas en su propiedad, pero el Estado seguía sin resolver. Como el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) no respondía, los propietarios vendieron la hacienda en 1991.
Los nuevos dueños les notificaron a los ocupantes que, a cambio de comprarles sus cultivos, debían desalojar inmediatamente. Los indígenas no estuvieron de acuerdo y empezaron a recibir amenazas que, según ellos, venían de “policías cercanos a los nuevos dueños”. Denunciaron esa situación pero nunca recibieron protección. Lo que pasó luego es uno de los capítulos más recordados de la historia de violencia en el país.
El Estado aceptó su responsabilidad por la masacre. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado y lo obligó a reparar económicamente a las víctimas. Los acuerdos de reparación colectiva incluían adjudicación de más de 15 mil hectáreas de tierras y la puesta en marcha de planes de desarrollo alternativo.
Pero las víctimas llevan más de veinte años reclamando que la reparación no ha sido completa y que más de un 60% de las tierras que les dieron no eran aptas para cultivos. El incumplimiento desembocó en que los nasa se declararan en minga permanente. Se tomaron otras tierras y los líos, al día de hoy, no han cesado. En varias haciendas, como La Emperatriz, en Caloto, o La Agustina, en Santander de Quilichao, todavía hay presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y no han sido pocos los disturbios a raíz de esa situación.
Después de El Nilo vinieron más y más masacres. Unas por tierras, otras por “sapos”, otras solo por estar ahí. Mataron en El Naya, mataron en El Palo, mataron en Tacueyó y también en Miranda. Ningún municipio del norte del Cauca se salvó de hospedar una masacre. Después de las matanzas, que por lo general ocurrían en las veredas, la gente se desplazaba a los cascos urbanos y se refugiaba en casas de cultura, en colegios, en iglesias. Luego, casi siempre, volvían.
Cuando una persona de afuera, aterrada, le pregunta a alguien del norte del Cauca por qué no huyó lejos de una buena vez, hay dos respuestas comunes, una práctica y otra mística: o porque no había para dónde más coger o porque a los indígenas nasa al nacer les entierran el ombligo en su pueblo para que nunca se vayan.
Después de toda esa violencia, es claro que las demandas de los caucanos por las tierras no se refieren solo a cuando les son arrebatadas sino también cuando se usan con fines que están fuera de su plan de vida. El Proyecto Nasa o Plan de Vida Nasa surgió en Toribío y se extendió por todo el departamento. Y, si bien el punto de partida es la recuperación de las tierras ancestrales, el Plan se proyecta a otros escenarios como la participación en las decisiones sobre lo que pasa en su territorio y las garantías para que haya un clima de armonía con su cultura. Además de los terrenos para cultivar, sus pedidos pasan por el respeto por su justicia, el fin de la guerra entre actores externos y la eliminación de cultivos ilícitos a gran escala y la minería ilegal.
En el norte del Cauca, sin embargo, diferentes actores han pasado por encima de esas exigencias. Han sufrido tanta guerra que para ellos la calma era cuando había “pocos ataques”. “Lo normal”, responden con soltura. Lo normal era cuando se escuchaban tiroteos pero paraban rápido. Cuando los tatucos, cilindros de gas llenos de metralla y desechos, les pasaban por encima pero no caían en el pueblo. Cuando en un desalojo por la fuerza no había muertos o heridos graves. Cuando las amenazas llegaban pero no se cumplían.
Para el relativo alivio de las mayorías indígenas, de los negros, de los campesinos, la situación viene cambiando. No saben decir con certeza cuánto tiempo ha sido. Algunos dicen un año, otros seis meses, otros tres años. La razón no es otra que los diálogos que adelantan las Farc y el Gobierno en La Habana, Cuba. El desescalamiento del conflicto está ayudando a que en los últimos años los caucanos vivan una cara de su tierra que quizás no conocían o habían olvidado. Pasaron de la guerra a una calma sin garantías, desconfiados de que en cualquier momento la paz se podría romper y la violencia podría regresar con más fuerza.
Cada día que pasa sin el sonido de los tiros aumenta en ellos la esperanza. Eso no quiere decir que todo esté bien: en varios municipios siguen las amenazas de bandas criminales, no paran las trifulcas en los desalojos, la minería sigue siendo un cáncer duro de frenar, no se resuelve la situación de los miles campesinos que cultivan coca y marihuana y el Estado no termina de dar todo lo que ha prometido. En el norte del Cauca la respuesta es resistir. Aunque entienden que parte de su tranquilidad depende del desenlace de las negociaciones en Cuba, no piensan dejar la lucha por su territorio en manos de nadie.
