EDITORIAL | Invitamos al senador Uribe a dar debates con altura y a no ser sicario de los argumentos.
Álvaro Uribe le dijo sicario tres veces a Petro. Frente a las cámaras y en pleno Congreso de la República (como si eso ahora fuera argumento suficiente para algo).
Se discutía en la plenaria del Senado las seis objeciones que le hizo Iván Duque la ley estatutaria permite el funcionamiento a la Justicia Especial para la Paz (JEP). Ya se habían hundido en Cámara y era el turno del Senado para discutirlas. Cuando parecía que se iban a hundir definitivamente –y que Duque tendría un nuevo revés político– el senador Álvaro Uribe planteó un acuerdo para salvar, al menos, dos objeciones: la que tiene que ver con extradición y con terceros implicados en el conflicto armado.
Petro, en una intervención aguda, dijo que Uribe está presionando a Duque para que torpedee la JEP. ¿La razón? No quiere la verdad para el país ni quiere que se sepan los nombres de terceros que participaron activamente durante el conflicto armado.
Uribe intervino y concluyó con esta frase: “prefiero 80 veces al guerrillero en armas que al sicariato (sic) moral difamando”.
Le dicen por favor a @AlvaroUribeVel que lo amo. Amo las personas que son capaces de decir las verdades de manera directa sin importar que sean “políticamente incorrectas”.
Preparada para todos los insultos que se vengan en 3, 2, 1… pic.twitter.com/3jIsOKka7x
— Laura María Naranj🍊 (@LauraNaranjoPR) 24 de abril de 2019
(Aprovechamos para hacer un llamado al pensamiento a los senadores del Centro Democrático. Es triste ver que ustedes, que ocupan las sillas de senadores de la república, no sean capaces de poner en tela de juicio –al menos por una vez– las palabras de su eterno mandatario. Y en cambio, se limiten a manotear como orangutanes –con el perdón de los orangutanes– su escritorio una vez el ‘eterno presidente’ ha finalizado su intervención).
Si nos remitimos a la palabra “sicario” hay también un desatino por parte de Uribe a nivel discursivo. Es indispensable, en el debate, hacer un buen uso del lenguaje. Esa, precisamente, es una de las tareas que tienen los senadores cuando se sientan a exponer sus ideas y opiniones –en representación de las nuestras– en las sesiones del congreso. Porque definitivamente no les pagamos para que vayan a decir cualquier cosa, sin cuidado y sin argumentos que lo respalden.
Sicario, entonces, es una persona que mata por dinero. Un asesino cuya única motivación para matar es una recompensa monetaria. No solo es impreciso, sino altamente irresponsable poner a un exguerrillero –que desde hace casi tres décadas está haciendo política en democracia– al mismo nivel que un sicario.
Si debemos remitirnos a los hechos, Gustavo Petro se desmovilizó hace casi treinta años, sujeto a un acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla del M-19, a la que él pertenecía. Podemos decir muchas cosas acerca de Petro, y ciertamente podemos estar en desacuerdo con él políticamente y en otros ámbitos, pero acusarlo de sicario es algo que va mucho más allá de la expresión de un desacuerdo.
Senador Uribe, es hora de dar debates con argumentos y no con agresiones. La violencia no se da solamente en el monte, como la prefiere usted, sino también en el lenguaje. Legitimar la calumnia perjudica la posibilidad de diálogo y esconde las verdaderas razones por las que usted se encuentra tan fervientemente en contra de la JEP.
Y decir que prefiere “80 veces al guerrillero en armas que al sicariato (sic) moral difamando” es asegurar, implícitamente, que prefiere ver a sus enemigos políticos –a todo aquel que no comparte su forma de ver el país– por fuera de los ámbitos democráticos, por fuera del debate político y, en cambio, con uniforme militar para que pueda ser blanco de balazos.
Es válido hacerse la pregunta de si la polémica por los insultos de Uribe a Petro en el congreso desvían la atención de lo que se estaba discutiendo en ese momento: el futuro de la JEP. Y esto no pretende restarle gravedad a las palabras de Uribe, pues las implicaciones que tiene que un senador de la República –con las influencias que él tiene– quiera validar el insulto por encima del diálogo en un espacio en el que se supone deberían regir el respeto y las discusiones con argumentos, son gravísimas.
Aun así, las acusaciones de Uribe desvían la atención del debate principal, por dos razones. La primera y más evidente es que los ojos de la opinión pública se volcaron hacia lo que dijo cada uno de ellos, muchas veces en videos y citas sacadas de contexto. La segunda es que Uribe, duélale a quien le duela, no atacó con argumentos, ni expuso las razones por las que está en contra de la JEP. El expresidente se limitó a atacar al hombre, a Gustavo Petro, insultándolo a él personalmente y no a sus ideas o a sus argumentos.
Esta forma de atacar (porque ciertamente no es debatir) le resta nivel a la discusión y hace que se vuelva un juego infructífero de quién dijo qué y quién dejó al otro callado. Eso, sin duda, no le aporta nada ni a la JEP, ni al país, ni a las víctimas. Tal vez solo a los egos de ambos senadores.
Detrás de las palabras de Uribe
Lo que está de fondo es la pelea por la verdad. ¿Quiere Colombia enfrentarse a la verdad con todo lo que implica?
No es fantasía lo que decía el senador Petro en la plenaria del martes: Uribe le tiene miedo a la verdad. ¿A cuál verdad? A la que pueda salir a luz con testimonios de actores del conflicto que ya se han sometido a la JEP, pero también con testimonios de terceros implicados –empresarios o políticos– que se sometan voluntariamente a este tribunal para contar la verdad sobre los sucedido durante el conflicto armado.
Varios han sido los momentos en que el nombre de Álvaro Uribe ha llegado a estar relacionado con grupos paramilitares en instancias judiciales.
En 2011, dos exparamilitares relacionaron a Uribe con el Bloque Metro y dijeron, además, que el expresidente ordenó en 1996 la masacre de San Roque en Antioquia. En 2015, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín ordenó a la Fiscalía compulsar copias para que se investigara a Uribe por su presunta participación en la masacre de El Aro mientras era Gobernador de Antioquia. Finalmente –por nombrar uno más– en enero de este año, nuevamente la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín emitió una sentencia en la que relaciona a Uribe Vélez con la creación de grupos paramilitares en el suroeste antioqueño durante la década de los noventa.
Hay que recordar que en ninguno de estos casos –que corrieron curso, por cierto, en la justicia ordinaria– ha habido una condena por parte de la justicia contra el expresidente Uribe. ¿Qué va a pasar cuando la JEP empiece a hacer audiencias públicas con todos los implicados en el conflicto armado, con todos los que participaron en la guerra durante los años noventa, por ejemplo? ¿Y qué va a pasar con todos los que, de una u otra manera, contribuyeron a poner muertos en Antioquia, por ejemplo. ¿Saldrá el nombre de Uribe?
Lo mismo con el caso de los falsos positivos.
Durante el gobierno de Uribe hubo un aumento del 154% en ejecuciones extrajudiciales. En el informe “El rol de los altos mandos en los falsos positivos”, de Human Rights Watch, publicado en 2015, aparece el nombre del expresidente Álvaro Uribe: “Christian Salazar Volkmann, representante de la Alta Comisionada (de la ONU para los Derechos Humanos) en Colombia entre 2009 y 2011, indicó que cuando el escándalo sobre falsos positivos en Soacha cobró conocimiento público, ‘el tipo de delitos del Ejército no era desconocido, ni para los jefes militares, ni para el ministro de defensa, ni para el presidente del país, Álvaro Uribe Vélez’.
En el caso 003 en la JEP, denominado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, también hay una alta posibilidad de que con los testimonios de mandos militares también aparezca el nombre de Álvaro Uribe.
Durante su gobierno, y en el marco del proceso de paz con las AUC, se creó un marco de justicia transicional que pretendía la verdad, la justicia y la reparación las víctimas: el famoso marco jurídico de Justicia y Paz. Sabemos hoy que ese mecanismo judicial fue un fracaso total en términos de verdad y reparación.
En las negociaciones de La Habana se buscaba que con la JEP no se repitiera lo que con Justicia y Paz. Por eso hay una selección de casos priorizados que tienen en cuenta la gravedad y representatividad de los hechos durante el conflicto armado, la magnitud de la victimización, el impacto del caso, la disponibilidad de información y la simetría entre todos los actores del conflicto. Estos mecanismos están hechos para que no haya impunidad y se juzgue los casos más significativos del conflicto armado.
Pero es como si Uribe quisiera ponernos otra vez en el escenario que produjo su gobierno con las negociaciones con los paramilitares.
Uribe quiere que en el Congreso se aprueben las objeciones de Duque. Sino las seis completas, al menos dos de ellas. Quiere torpedearla a toda costa. Uribe le teme a la JEP porque esta representa la posibilidad de que nuevas voces –que en la justicia ordinaria no se habían alzado– se pronuncien ampliamente sobre el conflicto armado colombiano. Un conflicto que ha tenido a Uribe como uno de los protagonistas principales de los pasados 30 años. Uribe tiene al momento 186 investigaciones en la Comisión de acusaciones.
Es verdad, tristemente, que con calificativos como “sicario” el uribismo gana votos. Construye a un enemigo público, digno de matar, según ellos, y se presentan, una vez más, como los nuevos libertadores. No permitamos que las discusiones sobre la JEP se trasladen a la guerra, ese escenario al que, cada vez con menos disimulo, nos quieren devolver.
