Este mes tuvo lugar la audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por el caso de los integrantes y militantes de la Unión Patriótica (UP) contra el Estado de Colombia. Les dejamos los puntos más importantes.
“Cuando mi esposo fue asesinado teníamos dos hijos, mi hija mayor Erika, en ese momento de 10 años, mi hijo menor José Darío, en ese momento 5 años. (…) Empezó mi hija mayor a tener unas enormes dificultades en poder hablar, en relacionarse, en querer siquiera abrir la puerta, en querer comer, en salir de su habitación, en tener una conversación conmigo, porque prácticamente me acusaba de no haber podido defender a su padre, que para ella era lo más importante de su vida, y si para ella su mamá era capaz de criarlos y de quererlos, tenía que ser capaz de haber podido impedir esa muerte tan horrible de su padre. Mi hijo José Darío, recuerdo con muchísimo dolor y con muchísima impresión; cada vez que yo iba a salir de mi casa, al salir mi hijo se colgaba de mis piernas y me rogaba, me suplicaba: ¡mamá no te vayas! ¡mamá júrame que tú vas a volver!”: dijo, en medio del interrogatorio, María Eugenia Guzmán de Antequera, viuda de José Antequera (fundador de la Unión Patriótica, asesinado el 3 de marzo de 1989, cuando tenía 33 años).
Hace 27 años, el 16 de septiembre de 1993, la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas (ambas ONG que trabajan por la defensa de los derechos humanos en Colombia y con participación ante la ONU) como representantes de los integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica, presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH – Comisión) por la responsabilidad internacional del Estado colombiano sobre múltiples y sucesivas violaciones de derechos humanos –cometidas directamente u omitidas– contra miembros de la UP.
Entre esas violaciones, perpetradas durante 20 años desde su fundación en 1984, a más de 6.000 integrantes y militantes de la UP, se encuentran: amenazas, hostigamientos, criminalizaciones infundadas, desplazamientos y desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, entre otras. Además, los representantes manifestaron a la Comisión que el Estado había faltado con la verdad, la justicia y la reparación.
Cómo llegó a la Corte IDH
Desde marzo de 1999 hasta noviembre de 2006, los representantes y el Estado estuvieron en conversaciones intentando llegar a un acuerdo que no se dio. En marzo del 2014, el Estado quiso retomar el proceso, pero los representantes se negaron por falta de condiciones. Después, en octubre de 2016, la familia de Miguel Ángel Díaz Mansilla (miembro fundador de la UP y desaparecido en Puerto Boyacá en 1984, cuando tenía 33 años) y el Centro Jurídico de Derechos Humanos y Derechos con Dignidad, se sumaron también como representantes de otras víctimas. En septiembre de 2017, el Estado reconoció su responsabilidad internacional por no haber protegido a los miembros del partido político y aseguró que había adoptado diferentes medidas internas para investigar y reparar esas violaciones. Finalmente, el 13 de junio de 2018, el Estado sometió el caso ante la Corte IDH, y 16 días después también lo hizo la Comisión.
El secretario general de la UP, Gabriel Becerra, le dijo a PACIFISTA! que la posición del Estado colombiano en la audiencia es igual a la que ha tenido desde que empezó el exterminio: “Una respuesta cargada de cinismo. Una respuesta cargada de evasivas, pretendiendo que lo que no se hizo durante estas tres décadas se haga ahora, en el ordenamiento jurídico interno, teniendo una postura contraria a la que el gobierno actual tiene frente al Sistema de Justicia Transicional y, en síntesis, ha sido una postura inconsecuente”. Además, el secretario convocó a todo el movimiento de derechos humanos y democrático a celebrar esta ‘conquista’ de la UP y a persistir para que en Colombia no vuelva a ocurrir un genocidio por causa de ideas políticas.
***
Desde PACIFISTA! y con el apoyo de Jomary Ortegón, coordinadora del área de litigio internacional del Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ (CAJAR), reunimos los puntos clave de la última audiencia pública, transcurrida entre el 8 y el 12 de febrero de 2021, y que deben ser definidos por la Corte IDH. Aquí van:
1. El número de víctimas
Antes de la audiencia, la Comisión presentó un informe a la Corte explicando todo el caso y anexó una lista de presuntas víctimas. Según ese documento y el listado adicional, en total son 6.077 registros, de los que la Corporación Reiniciar pidió excluir 69, quedando entonces 6.008 presuntas víctimas. De ese total, el Estado solo reconoció 219 víctimas sobre las que dijo tener responsabilidad internacional porque, según ellos, de las otras 5.789 no hay suficientes datos en el informe que permitan su completa identificación.
2. Quién asume los casos y las responsabilidades
Para los representantes y para la Comisión, el Estado tiene la obligación de investigar a todos los responsables y todas las conductas, porque solo así es que se puede dar respuesta apropiada y favorable a todas las víctimas. Pero el Estado aseguró que eso no es válido para procesos en la justicia transicional –como los del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR), que surgió de los Acuerdos de Paz de 2016 y está compuesto, entre otras entidades, por la Justicia Especial Para la Paz (JEP) – y, por ende, solo se deben concentrar en los hechos más graves, los más representativos y en los máximos responsables.
Frente a ese argumento del Estado, Michael Reed Hurtado (perito propuesto por los representantes y experto en derechos humanos, justicia penal, derecho internacional y acción humanitaria), dijo que el Sistema Integral es solo una promesa, pues hoy no puede sostenerse que la JEP haya resuelto el caso. Lo que significa para los representantes y la Comisión, que la gran mayoría de los casos de esas más de 6.000 víctimas quedarían nuevamente sin respuesta, así como en septiembre de 1984 la familia Díaz Mansilla tampoco la tuvo:
“Empezamos por preguntar a las autoridades y no hubo una respuesta coherente de las autoridades, ni civiles ni militares. Decidimos ir a poner la denuncia en el único juzgado en Puerto Boyacá (donde desapareció) y allí no nos querían recibir la denuncia porque no existía el delito de desaparición; yo diría, existía la desaparición, pero no existía el delito en el Código, y nos tocó poner la denuncia por secuestro simple. (…) El 14 de septiembre fue una comisión de 150 personas conformada por sindicalistas, por miembros del partido que iban a Puerto Boyacá a exigir la devolución de Miguel Ángel y Faustino (sindicalista y miembro de la UP, también desaparecido). Esta comisión iba acompañada de funcionarios de la Procuraduría, y solo sabía la Procuraduría y el Ministerio de Gobierno que ellos iban a ir. Ellos llegaron a Puerto Boyacá y a la entrada del pueblo se encontraron un retén militar frente a la Brigada, y en este retén (…) había unos hombres que hablaban muy amigablemente con el Ejército. Estos hombres se subieron a unos carros y siguieron a los buses. Cuando llegaron a Puerto Boyacá sonó la sirena de bomberos y allí estaba un hombre muy alto, con un megáfono en la mano, que después supe que era Pablo Emilio Guarín Vera, diputado del Partido Liberal, amigo político y personal de Jaime Castro, ministro de gobierno. Con un megáfono incitaba a estos hombres que nos rodearon y estaban armados… yo no pensé que esto ocurriera sino en las películas, realmente era impresionante. Cerraron el comercio, porque el día anterior habían regado un pasquín diciendo que iban a matar y a saquear el comercio de Puerto Boyacá. Fue muy difícil la situación. Nos amenazaron, intentaron quemar los buses y tuvimos que salir ese mismo día sin poder hacer ninguna gestión en Puerto Boyacá. Sin Miguel Ángel y Faustino”: contó, al principio del interrogatorio, Gloria Mansilla, viuda de Miguel Ángel Díaz Mansilla (militante político y sindical de la UP, tenía 33 años y tres hijas pequeñas).
3. La reparación a las víctimas
Por otro lado, los representantes y la Comisión señalaron que las víctimas deben ser reparadas integral e individualmente, y con perspectiva de género en los casos que lo requieran; y el peritaje de Juan Pablo Aranguren (psicólogo, historiador, magíster en antropología social y doctor en ciencias sociales) presentó los fuertes impactos individuales, familiares y colectivos de la victimización a la UP, entre los que se destacan los efectos del exilio, el impacto desproporcionado de los hechos sobre las mujeres, y los efectos del incumplimiento del Acuerdo de Paz. Mientras que el Estado sostuvo que el énfasis deben ser las medidas colectivas, y el programa de reparaciones administrativas. Reparaciones que parecen insuficientes frente al dolor de la pérdida de familias enteras, un dolor que se traspasa de generación tras generación:
“Juliana, mi hermana menor, quien apenas tenía un año de edad cuando desaparecieron de manera forzada a nuestro padre, lleva toda su vida, sus 37 años, dándole la oportunidad al Estado colombiano de decirle dónde está nuestro padre, por qué lo desaparecieron a él y a todo su proyecto político, quiénes fueron los responsables. Hoy, además, puedo decir que esta misma incertidumbre llevó a mis hijas de seis y siete años a preguntarme: ‘mamá, ¿en esta audiencia sabrán dónde está mi abuelo?’ No podemos dejar que esta historia se repita. Muchas gracias”: expresó Luisa Fernanda Díaz, una de las tres hijas de Miguel Ángel, durante los alegatos finales por la familia Díaz Mansilla.
4. Otros responsables
Como otro de los argumentos, el Estado colombiano dijo que no es responsable en todos los casos, porque hay diferentes actores involucrados como grupos paramilitares, de narcotráfico, delincuencia común y guerrilleros que contribuyeron en la victimización. Sobre este tema de la responsabilidad, las víctimas afirmaron que incluso existieron planes de exterminio dirigidos por entidades estatales, como el ‘Plan Golpe de Gracia’, ‘Baile Rojo’, y ‘Esmeralda’, que revelan la existencia no solo de la planificación, sino de la estigmatización y la sistematicidad de las violaciones a los derechos humanos de los miembros de la UP.
5. Hubo o no “genocidio”
Representantes de las víctimas también pidieron que el exterminio contra el partido sea catalogado por la Corte como un genocidio. Pero la Comisión no lo hizo, y el Estado tampoco lo reconoció como tal –aun cuando ya en sentencias pasadas en algunos procesos de Justicia y Paz, sí lo ha hecho–, debido a que en la definición de ‘genocidio’, en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, no se incluye el genocidio por razones políticas, sino por razones como de etnia o raza.
Sobre ese punto, el perito propuesto por los representantes, Daniel Feirstein (doctor en ciencias sociales, investigador y profesor en estudios sobre genocidio), explicó el concepto de genocidio como un fenómeno social. Expuso que la diferencia de éste con los crímenes de lesa humanidad es la intencionalidad de la eliminación del grupo y aseguró que es importante que sea reconocido como genocidio sin importar la calificación jurídica.
Jomary Ortegón le dijo a PACIFISTA! que la audiencia fue muy importante para las víctimas, para el proceso de la Unión Patriótica y para la historia del país: “Los testimonios de las víctimas fueron conmovedores, fuertes, coherentes y dignos. Escuchar sus historias de vida, los impactos de la victimización en sus vidas y en la de sus familias, es una importante contribución a la memoria del país y a la dignificación del proceso político”, exaltó.
6. ¿Qué viene ahora?
Los representantes de las víctimas, el Estado colombiano y la Comisión deben entregar por escrito a la Corte los argumentos que presentaron en la última audiencia, las respuestas ampliadas a las preguntas y solicitudes de los jueces y la jueza Odio Benito (presidente de la Corte), y responder a los argumentos de la contraparte.
Después de esto, se espera que en el transcurso de este año la Corte emita su sentencia. Son víctimas que esperan la verdad, la justicia y la reparación, familiares que por más de tres décadas han vivido con el dolor que deja la desaparición o la muerte violenta de un ser amado:
“Hablar de Gabriel Jaime no me alcanzaría el tiempo, pero si quiero citar una frase de él muy linda que decía: La vida vale la pena vivirla en función de un ideal, y ciertamente, con algunos compañeros, nos hemos propuesto contribuir a la ampliación de la democracia colombiana y a una justicia social para nuestro pueblo. Con el alma hecha pedazos por la muerte viable de nuestros mejores compañeros, somos optimistas”: expresó, entre lágrimas, Consuelo Arbeláez, esposa del diputado Gabriel Jaime Santamaria Montoya (asesinado hace 33 años).
A María Camila la pueden leer acá.
