La Comunidad de Paz pidió Fajardo no incluir en su delegación al comandante de la Brigada XVII. A los hombres de esa unidad se les acusa de haber participado en 2005 en la masacre de ocho personas. El gobernador no aceptó la exigencia.
Esta vez no fue la situación de orden público, no fueron las minas instaladas por las Farc, ni la imposibilidad de que el Ejército asegurara la zona. Fue la propia comunidad la que condicionó la visita del gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, a San José de Apartado, en la región de Urabá.
Decían que estaban dispuestos a recibir la delegación siempre que de ella no hiciera parte el coronel Germán Rojas Díaz, comandante de la Brigada XVII del Ejército. Entonces, para no ceder a esa pretensión, el gobernador canceló su visita, tal y como ocurrió hace una semana cuando se vio obligado a aplazar su agenda en el corregimiento de Ochalí, municipio de Yarumal, esa vez por cuenta de que el Ejército no podía garantizar su seguridad en esa zona.
“Ha sido un sitio complejo en medio de toda la destrucción, la guerra, presencia de las Farc cerca, enfrentamientos. Una comunidad muy agobiada que se declaró territorio neutro de paz y que ha tenido una condiciones muy particulares (…) Pero había una condición y nos decían que no podíamos ir, dentro de ese mundo de la desconfianza y esa historia dolorosa, con el coronel Rojas que es el comandante del Ejército, allá en la región de Urabá”, dijo el gobernador para explicar por qué se canceló la visita a San José de Apartadó.
Y es que en efecto hay desconfianza y dolor. Y esa brigada, la XVII, representa mucho en esa página teñida de sangre en la historia del corregimiento.
San José de Apartadó se declaró Comunidad de Paz en marzo de 1997. Eso significaba que se definía como neutral ante el conflicto y rechazaba la presencia en su territorio de cualquier actor armado, incluyendo al Ejército y la Policía.
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La comunidad denuncia la presencia constante en su territorio de actores armados. Su declaración impide que transiten o permanezcan allí. Foto cdpsanjose.org
De esa forma, acogía las experiencias de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, en el Magdalena Medio santandereano y la declaratoria de Neutralidad Activa de la Organización Indígena de Antioquia. En total, se contabilizan cerca de 52 iniciativas de comunidades de paz en Colombia que incluyen también a la Comunidad de Paz de San Francisco de Asís en el Chocó. Así, los pobladores de San José de Apartadó esperaban blindarse de los embates de la guerra luego de dos masacres cometidas por paramilitares entre septiembre de 1996 y febrero de 1997.
Las víctimas fueron los líderes del corregimiento y, como consecuencia de esas acciones armadas, se desplazaron casi la totalidad de las familias que vivían en la cabecera urbana. Por eso, el acto solemne que declaró a San José de Apartadó Comunidad de Paz, el 23 de marzo de 1997, fue la oportunidad de ponerle vida a un pueblo fantasma. Ese día, la comunidad hizo pública una declaración en la que se define “como aquella que hace parte de la población civil campesina, no combatiente y que a pesar del desarrollo de las hostilidades, se protegerá sin distinción alguna de los rigores de la confrontación”, excluye a sus integrantes de cualquier relación directa o indirecta con las acciones de los actores armados y exige el respeto de los derechos de sus pobladores.
“Todavía vivíamos en las veredas y con la declaratoria de Comunidad de Paz esperábamos ser respetados y poder seguir en nuestras tierras, pero estábamos equivocados; tropas del Ejército en conjunto con los paramilitares realizaron operativos en las veredas, asesinaron gente de nuestra comunidad y a muchos de ellos les colocaron camuflados para decir que habían sido asesinados en combate”, dice la reconstrucción de esa historia en la voz de sus propios habitantes.
“A las veredas nos dieron plazo de tres días para abandonar nuestras tierras –continúa el relato- y el que no cumpliera la orden sería asesinado. Esta amenaza era real ya que a los tres días entraron y asesinaron a quienes se encontraron en los caminos; entretanto, los helicópteros y aviones bombardeaban y ametrallaban. Los que pudimos salir nos ubicamos en el caserío de San José y desde allí comenzamos a resistir”.
Fue el 21 de febrero de 2005 en las veredas Mulatos y La Resbalosa. Ese día fueron asesinados tres niños y cinco adultos. Las víctimas fueron Luis Eduardo Guerra, su esposa Beyanira Aleiza y su hijo Deyner Andrés, de 11 años. También Alfonso Bolívar, su esposa Sandra Milena Muñoz, y sus hijos Natalia, de cinco años, y Santiago, de dos. Junto a ellos fue asesinado Alejandro Pérez, trabajador de la finca de los Bolívar Muñoz.
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San José de Apartadó conmemora cada año la masacre de ocho personas cometida en 2005. foto cdpsanjose.org
En su momento, el Ejército señaló como responsables a integrantes de las Farc. Sin embargo, en 2008, el capitán Guillermo Armando Gordillo confesó que más de 150 hombres, entre paramilitares del Bloque Héroes de Tolová de las Autodefensas y militares adscritos a las Brigada XVII, patrullaron la zona y cometieron la masacre. En 2012, quienes confesaron fueron varios integrantes de ese bloque paramilitar. También reconocieron la participación del Ejército.
Desde entonces, más de 80 militares han sido vinculados a la investigación. Pero en San José de Apartadó, siguen esperando resultados y respuestas. Hace poco menos de dos meses se conmemoraron los 10 años de esa masacre y como dice Fajardo, el problema sigue siendo el dolor y la desconfianza.
