Varias organizaciones denunciaron los errores que cometen la Unidad de Víctimas y el Ministerio de Salud a la hora de reparar el daño emocional de la guerra.
- Ilustración: Liév
En octubre de 2013, en un debate de control político al Ministerio de Salud y a la Unidad de Víctimas sobre la atención psicosocial a quienes sufrieron la guerra, la congresista Ángela María Robledo dijo que “las víctimas tienen una herida invisible que se profundiza día a día con una atención precaria, inoportuna, ineficaz, y que en muchas ocasiones las revictimiza, estigmatiza y violenta”.
Casi tres años después, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes volvió a llamar a un debate sobre ese tema y de nuevo fueron citados los representantes de estas dos instituciones, que encabezan el proceso de reparación en salud a víctimas del conflicto. Como aporte a la discusión, la Mesa Psicosocial, integrada desde 2007 por varias organizaciones que trabajan temas de reparación, presentó un documento que resume las fallas y los retos que enfrenta el Estado para brindarles a las víctimas la atención que realmente necesitan.
¿Un sistema desarticulado?
La Mesa Psicosocial denunció una la falta de coordinación entre las instituciones. Según cifras de la Unidad de Víctimas, en el país hay casi 3 millones de personas que esperan entrar en las rutas de reparación emocional. Ese universo lo deberían cubrir dicha entidad y el Ministerio de Salud, con el apoyo de los entes territoriales de cada región.
El proceso que lleva la Unidad de Víctimas para la reparación emocional tiene dos modalidades. En algunos casos se realiza a partir de visitas periódicas a las víctimas, mientras que en otros éstas se acercan a un centro de atención fijo donde pueden hablar con los profesionales. La atención puede ser individual o grupal y un 90% de quienes empiezan el proceso lo terminan. Si los profesionales de la Unidad identifican que una víctima requiere un mayor número de sesiones o un acompañamiento distinto al que ellos ofrecen, lo remiten al Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (Papsivi).
El Papsivi fue implementado en 2013, como parte de las medidas de la Ley de Víctimas, para “mitigar el impacto y el daño a la integridad física, psicológica y moral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario”. Con el fin de que la atención a las víctimas funcione de manera óptima, las instituciones responsables deberían estar bien articuladas. Aunque existen protocolos para llevar a cabo el engranaje, la Mesa Psicosocial dice que no la coordinación no ocurre.
Dora Lancheros, directora de la Corporación Avre, una de las organizaciones que integran la Mesa, explicó que el problema es tanto de la Unidad de Víctimas como del Papsivi. Por un lado, la primera no da abasto para atender todas las solicitudes en la ruta de reparación emocional: desde que se puso en marcha la Ley 1448 ha atendido alrededor de 100 mil, que es apenas un 3% del total. Por otro lado, el Papsivi, según el documento redactado por la Mesa Psicosocial, no constituye una política pública porque “no cuenta con un programa elaborado a partir de las necesidades del grueso de las víctimas” y “no puede garantizar estabilidad y continuidad en la atención”.
De tal manera que el problema es, entonces, cuantitativo y cualitativo. Más allá de las carencias en cobertura que tienen las instituciones —situación derivada de que las cifras de víctimas se cuenten por millones—, Lancheros explicó que la atención psicosocial no se está brindando como debería, y que esos errores conducen a revictimizaciones. Una de las premisas del enfoque psicosocial es la acción sin daño, que se trata de evitarle a la víctima nuevos sufrimientos por causa de una atención mal practicada.
En este sentido, la Mesa Psicosocial denunció varias falencias del Papsivi. La primera es que “está enmarcado dentro de un sistema de salud inoperante de por sí, que lo es mucho más para las víctimas del conflicto armado”. La segunda es que, cuando la Unidad de Víctimas interpreta que alguien debe continuar su tratamiento en este programa, “muchas veces esa remisión no se da”. Una de las razones es que el Papsivi no tiene la capacidad para acceder a muchas zonas donde la Unidad sí llega. Esos mismos lugares donde la mayoría de víctimas no tienen una atención especializada y donde el impacto de la guerra ha sido más fuerte.
Otra de las quejas radica en que, desde que empieza y hasta que termina el proceso con una víctima, los funcionarios del Papsivi cambian constantemente. El documento de la Mesa rescató el siguiente testimonio: “sólo se dan 2 o 3 citas en el primer año y en el segundo año mandan a otra persona, y entonces otra vez les ponen a responder las mismas preguntas. […] Y ya es su cuarta visita y esto es todo lo que podemos hacer por usted, ya lo indemnizaron”. Que una víctima tenga que abrirse y contar su historia varias veces a distintas personas, explicó Lancheros, es un claro ejemplo de cómo es revictimizada.
Al respecto, Sandra Moreno, coordinadora psicosocial de la Unidad de Víctimas, aseguró que “la situación es compleja porque implica hacer ajustes interinstitucionales para hacer más efectivos los procesos de remisión (de la Unidad al Papsivi) y de seguimiento”. Y agregó que parte de la articulación que planean con el Ministerio de Salud está en cubrir mayor cantidad de territorios a los que llega una sola entidad o, en el peor de los casos, ninguna. Para eso, insistió, será necesaria la colaboración con los entes territoriales.
Las recomendaciones de la Mesa Psicosocial
Para las organizaciones que integran la Mesa Psicosocial es claro que, aunque el Papsivi es un avance, no alcanza a ser una política pública porque “su enfoque se limita al de la salud mental en términos de protección y prevención, desconociendo el fundamento y la especificidad de la atención psicosocial a personas cuyos derechos han sido vulnerados por graves violaciones a los DDHH en el marco y contexto de un conflicto armado”. En ese sentido, plantearon estas recomendaciones finales que pueden ayudar a corregir los errores identificados. Todas caben dentro de una gran exigencia: la creación de una política de atención psicosocial y salud integral para las víctimas.
- Diseñar un sistema de información que pueda, además de mostrar cifras del aumento en la cobertura, dar a conocer “indicadores de recuperación emocional”.
- Incorporar el enfoque diferencial en la atención, el tratamiento y el acompañamiento, reconociendo el género, la etnicidad, la orientación sexual, el ciclo de edad, la cultura, la historia, las condiciones geográficas, el tipo de hecho o hechos victimizantes.
- Crear una comisión de expertos que cuente con el acompañamiento y la representación de las víctimas y sus familiares, para visibilizar y ampliar la discusión sobre cómo se llevan los procesos de reparación emocional en el país.
- En vista de que no existe ninguno, realizar un estudio específico sobre la población víctima del conflicto armado, que dé cuenta de su salud mental, física y psicosocial.
La Mesa manifestó, finalmente, que la única forma en que se garantizaría el derecho a la salud de las víctimas es con un proyecto de ley que cree un sistema de seguridad social en salud especial para quienes han sufrido el conflicto armado. “Este sistema especial —agregó el documento— debe contar con instituciones y funcionarios que respondan adecuadamente a las necesidades de las víctimas, desde una perspectiva de salud integral y reparación”.
