La emergencia por el coronavirus y la presencia del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia mantienen en un doble confinamiento a 3.083 afros, campesinos e indígenas del Alto Baudó.
Carmelo* y su familia comenzaron el confinamiento antes de que el Gobierno lo volviera obligatorio en toda Colombia mediante un decreto, por la emergencia del coronavirus. Llevan tres semanas sin salir de Puerto Martínez, un corregimiento del municipio de Alto Baudó, en el sur del Chocó. “Tenemos intranquilidad porque uno no se puede mover para las fincas a cortar la comida. Hay minas por todo lado”, cuenta.
El ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC– vienen aumentando su presencia en el departamento tras la desmovilización de las Farc a finales de 2016, luego de haber firmado el Acuerdo final de paz. Se disputan el dominio de los antiguos territorios que controlaban las Farc. Pero los combates y otras acciones militares, como la instalación de minas antipersona, han crecido desde 2019. A principios de marzo de este año ocurrieron los más recientes episodios de violencia en Alto Baudó: enfrentamientos entre ambos grupos armados ilegales en el poblado de San Luis, el asesinato de cinco personas y la muerte de un indígena de la etnia Embera Dobida al pisar una mina.
Toda esa violencia provocó que el 11 de marzo se desplazaran 2.025 afros, campesinos e indígenas de las zonas rurales de Alto Baudó hacia Pie de Pató, la cabecera municipal. También llevó al confinamiento a otras 3.083 personas, entre ellas Carmelo y su familia.
“Hay unas 59 familias confinadas solo en Puerto Martínez (al menos unas 180 personas según datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios —OCHA—). Estamos en muy malas condiciones, muy mal por todo lado. Está difícil solucionar lo de la comida, hermano”, contesta. Los armados les han dicho a la gente que no salga porque pueden encontrarse o con campos minados o quedar en medio de un combate, pese a que el ELN anunció un cese al fuego durante todo abril por la emergencia del coronavirus.
El Alto Baudó ahora vive un doble confinamiento: uno por culpa del conflicto armado y otro para prevenir el contagio del virus, que según las cifras oficiales todavía no llega a Chocó. Eso sí, cuando llegue, cosa que parece inminente, incrementará la crisis humanitaria que ese pueblo ha soportado por mucho tiempo.
No es la primera vez
El confinamiento causado por el conflicto armado en el Alto Baudó no es reciente ni solo provocado por los últimos episodios de violencia. De acuerdo con un reporte de la OCHA (o Fact Sheet, como lo llaman en esa organización), publicado el pasado 21 de marzo: “El temor de las comunidades ante la intensificación de la violencia armada, sumado a otros hechos victimizantes, causó un aumento considerable de las comunidades —afro e indígenas— confinadas identificadas inicialmente (de cinco a 23)”.
Pacifista! habló con Jair Mosquera, representante legal del Consejo General del Río Buadó y sus Afluentes —Acaba—, para conocer otros casos de confinamiento en el municipio y la actual situación. Nos cuenta que por los combates entre el ELN y las AGC en diciembre del año pasado se presentaron desplazamientos y comunidades confinadas. “En ese mes, mientras en China comenzaba la pandemia, en el Alto Baudó tuvimos enfrentamientos. Duraron una semana”. El defensor del Pueblo delegado para el Chocó, Luis Murillo, le dijo en esa época a Caracol Radio que aproximadamente 2.300 personas quedaron atrapadas en sus territorios, con temor a salir y quedar en medio del fuego cruzado.
En otro reporte de OCHA quedó registrado que entre el 16 y el 18 de noviembre del 2019, por la presencia y la acciones militares de las AGC en zona rural del municipio, al menos 198 familias de seis comunidades indígenas en el río Dubasa y de dos comunidades afro de los corregimientos de Apartadó y Bocas de León terminaron confinadas. “Estas personas presentan restricciones a la movilidad y acceso a bienes, servicios y medios de vida”, se lee en el documento.
La gente del Alto Baudó, lastimosamente, ya sabe lo que es tener que quedarse encerrada en casa para salvarse, mucho antes de la emergencia por el coronavirus. Pero a diferencia de quienes tenemos el privilegio de pasar la cuarentena con los servicios básicos cubiertos y resguardados en nuestros hogares, ellos no cuentan con agua potable, alimentación y acceso a atención médica inmediata.
Sin comida ni salud
Le preguntamos a Carmelo cuáles son las necesidades más urgentes que tienen en estos momentos las 59 familias confinadas en Puerto Martínez y en todo su pueblo. La primera, y más importante, es la alimentación. Los cultivos de pancoger son la principal fuente de comida. Pero debido a las advertencias que les hicieron los grupos armados –campos minados o quedar a la mitad de un cruce de disparos-, son pocos los que se atreven a ir hasta sus fincas y cortar algo de lo que siembran para cocinar.
“Hay varias implicaciones humanitarias con el confinamiento”, explica Viviana Jiménez, coordinadora de Seguridad Económica del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia. “Una de ellas es que evidentemente pierden todos sus medios de producción. Si pescan no pueden hacerlo por las restricciones en la movilidad. Su cultivan no pueden cosechar o sembrar”. A esto hay que sumarle que la entrada de alimentos es escasa precisamente por la presencia de actores armados. “Entonces, a la gente le toca comer una sola vez al día o simplemente no comer, porque los alimentos escasean”.
El sacerdote Juan Carlos Palacios, director de la pastoral social de la Diócesis de Itsmina y Tadó, también conoce la situación de confinamiento en el Alto Baudó. Le recordó a Pacifista! que como los grupos ilegales se mueven y controlan las rutas fluviales de la zona, accesos clave para entrar o salir del municipio, se dificulta aún más el acceso a alimentos. “Viven en un área selvática rica para el pancoger, pero se necesitan de otros alimentos para que tengan una alimentación balanceada”.
Otra necesidad que es urgente cubrir para las familias confinadas en el Alto Baudó es la salud. Carmelo nos dice que hay niños desnutridos y con diarrea, pero no hay quién o cómo atenderlos. Ni siquiera cuentan con agua potable. Y existen entre 15 y 20 adultos mayores que requieren servicios médicos.
Por el avance rápido de la pandemia del coronavirus, al representante de Acaba le preocupa que se reporten casos de contagio en zonas donde las comunidades están confinadas por el conflicto. “Es que se juntarían los problemas, tendríamos una doble tragedia: la crisis humanitaria, que es histórica, y una enfermedad viral”. Justo en las últimas semanas, varias organizaciones sociales del Chocó le han pedido al Gobierno Nacional crear protocolos diferenciales para atender a los pueblos étnicos y afro en medio de la emergencia por el virus.
“La disputa territorial de los grupos al margen de la ley ha generado un alto porcentaje de confinamiento y desplazamiento que pone en alto riesgo de salud a la población, por las condiciones precarias en las que se encuentran (…) Por eso le exigimos al presidente Duque atención diferencial y prioritaria”, señaló el Foro Interétnico Solidaridad Chocó hace unos días por medio de un comunicado.
Si bien la Unidad de Víctimas esta semana entregó kits alimentarios y de aseo en el Alto Baudó, la ayuda sigue siendo insuficiente. Según Mosquera, en caso de que haya que atender a pacientes con Covid-19, en el pueblo no existe asistencia médica adecuada.
“Imagínate si el virus llega a una de las comunidades confinadas”, nos comenta Viviana Jiménez. “Si en Bogotá, con la capacidad de respuesta que tiene, no podría dar abasto en caso de una infección masiva, imagínate lo que pasaría en un municipio como Alto Baudó. A eso súmale los grupos armados y las minas”.
Otros confinamientos en el Chocó
Según el más reciente informe del CICR sobre la situación humanitaria en el país, 27.694 colombianos estuvieron confinados durante el 2019 por la presencia de grupos armados ilegales o de explosivos sembrados en sus territorios. De ese cifra, el 83 por ciento (22.931 personas) son del Chocó. Como lo dijimos al principio de este artículo, la violencia provocada por el ELN y las AGC va en aumento desde el año pasado en el departamento. Y estos datos sobre el confinamiento son una muestra del recrudecimiento del conflicto.
Debido a los combates y las minas antipersona, en marzo y abril del 2019 cerca de 883 indígenas de tres comunidades de la zona rural de Bojayá tuvieron que confinarse. Lo mismo pasó en los municipios de Carmen del Darién, Riosucio y Juradó. Y en octubre, la Defensoría de Pueblo dio otro reporte de personas confinadas en Bojayá.
“Cuando no pasa en la región del Atrato —donde queda Bojayá— es en la del San Juan; cuando no es en la del San Juan es en el Baudó. Así nos tienen las disputas de los armados en el Chocó”, de este modo resume Jesús Albeiro Parra, de la Coordinación Regional del Pacífico y sacerdote de la Diócesis de Quibdó, cómo se ha dado el confinamiento en el departamento.
Además del caso de Alto Baudó, en 2020 ya se había presentado otro confinamiento en el Chocó. En enero se denunció que las AGC se habían tomado el corregimiento de Pogue, en Bojayá, por lo que la comunidad prefirió confinarse por temor a combates o un reclutamiento forzado.
“Toda esa situación ha perjudicado y debilitado a las comunidades. El coronavirus mostrará la crisis de derechos que se vive aquí: falta salud, educación y seguridad alimentaria”, señala el sacerdote Parra, quien ruega para que los efectos del coronavirus no golpeen con fuerza al Chocó, porque “sería el acabose”.
*Cambiamos el nombre de la fuente por su seguridad.
A José lo pueden seguir acá.
