La izquierda pidió crear un organismo que dé garantías de no repetición y que establezca si el paramilitarismo está vivo.
Trece asesinatos de líderes sociales entre febrero y marzo, la cabeza mutilada de un perro a las afueras de un sindicato de la salud en Barranquilla, una caja con pétalos de rosas y una amenaza en la sede de un sindicato de funcionarios públicos en Santander; panfletos amenazantes en Cundinamarca, Norte de Santander, Sucre, Antioquia y Putumayo, y la captura de tres campesinos de Marcha Patriótica en Caloto (Cauca), tienen a la izquierda en alerta máxima.
Para evitar que se sigan presentando hechos similares, el senador Iván Cepeda; los representantes a la Cámara Alirio Uribe, Ángela María Robledo y Víctor Correa; la Unión Patriótica, el Partido Comunista, Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos y otras 12 organizaciones le acaban de enviar una solicitud urgente a la mesa de conversaciones de La Habana: que cree un nuevo organismo, que se denominaría Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición.
Según la solicitud, la Comisión debería ponerse en marcha rápidamente para realizar tres tareas: identificar por qué, cómo y quiénes amenazan la vida de los líderes sociales; hacerle seguimiento a las medidas que tome el Gobierno para proteger a las personas en riesgo, y vigilar que las instituciones persigan a las estructuras que la Policía ha denominado “bandas criminales”, pero que los dirigentes de izquierda continúan llamando “grupos paramilitares”.
La propuesta también contempla que, a largo plazo, la Comisión ayude a revisar la doctrina de las Fuerzas Armadas, proponga reformas de la rama judicial, haga recomendaciones para que funcionarios señalados de atentar contra los derechos humanos sean removidos de sus cargos, y contribuya a “depurar” los archivos de inteligencia en los que se haya incluido injustamente a “líderes sociales, sindicales, populares, políticos, indígenas, campesinos, afrodescendientes y defensores de derechos humanos”.
El nuevo organismo sería de carácter oficial y estaría conformado por expertos nacionales e internacionales, organizaciones de víctimas y de defensores, y movimientos políticos de oposición.
Además, se pide que la Comisión tenga libre acceso a todos los archivos del Estado y pueda “realizar audiencias públicas y diligencias en forma confidencial y pudiendo guardar reserva de la identidad de quienes le proporcionen información importante”.
Por ahora, el Gobierno y las Farc, en la mesa de conversaciones de La Habana, discuten el punto 3 de la agenda o “Fin del conflicto”, que incluye debates sobre la manera como el Estado “intensificará el combate” contra las organizaciones criminales, esclarecerá el fenómeno del paramilitarismo y garantizará la seguridad de los excombatientes.
¿A qué se deben los asesinatos?
Según la izquierda, son tres las causas que explican la oleada de homicidios ocurrida durante las últimas semanas: la cercanía del cese bilateral del fuego entre el Gobierno y las Farc, la convocatoria a un paro nacional para este 17 de marzo, y la captura de Santiago Uribe, hermano del expresidente y senador Álvaro Uribe.
Para Jaime Caycedo, secretario general del Partido Comunista, “dentro del Estado y otros sectores hay grupos interesados en que el tema de la paz se desnaturalice desde ahora. Quienes han sido asesinados son los dirigentes y los activistas de la lucha social, campesina, indígena y juvenil, que son los que están batallando en el terreno para consolidar las posibilidades de que el proceso de paz aterrice”.
David Flórez, vocero de Marcha Patriótica, dice que los crímenes están relacionados con “un intento directo de acabar el proceso de paz, impulsado por sectores ligados al Centro Democrático, a las Fuerzas Militares y a los ganaderos. Esto evidencia que el paramilitarismo nunca ha dejado de existir, que sigue teniendo poder militar, político y económico, y que el Estado no ha tomado medidas para desmontar ese fenómeno”.
Flórez y Aída Avella, presidenta de la Unión Patriótica (UP), aseguran que un hecho ligado a la captura de Santiago Uribe también está relacionado con la seguidilla de muertes. Se trata de una declaración de la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien tras la detención de Uribe, señalado de promover grupos paramilitares, dijo en entrevista con Blu Radio que la Fiscalía “ha venido actuando de manera política desde hace mucho tiempo; esto es muy grave para Colombia, por menos inició la violencia política, hay que salir a protestar contra eso”.
Para ambos dirigentes, la opinión de la senadora es una incitación a la violencia. En diálogo con ¡PACIFISTA!, Valencia rechazó los señalamientos y aseguró que su declaración no contenía “ninguna amenaza. Lo que quise decir es que había un enorme reto de liderazgo para el Centro Democrático para poder canalizar el momento convulsionado que vive el país en manifestaciones pacíficas y en movilizaciones de resistencia cívica; que Colombia no podía caer en la violencia”.
El Centro Democrático jamás ha tenido vínculos o ha defendido ningún grupo violento.
Y dijo que la polémica arrancó cuando Blu tituló la entrevista con la frase “por menos inició la violencia política”. Para la senadora, “hay periodistas incendiarios y beligerantes en la política que lo que tratan es de sacar de contexto lo que uno dice para generar titulares de prensa”. Sobre los asesinatos de líderes y defensores, opinó que “se está utilizando a cuatro personas (las que murieron entre el 28 de febrero y el 7 de marzo) para inculpar a un partido político que jamás ha tenido vínculos o ha defendido ningún grupo violento. Todo, en un contexto donde se ha venido asesinado un defensor de derechos humanos cada semana por la negligencia del Presidente para imponer la seguridad en el país”.
En el documento con el que se propuso crear la Comisión de Alto Nivel, los firmantes también aseguraron que “los ataques buscan amedrentar al movimiento social, popular y de derechos humanos ante el amplio respaldo popular logrado por la convocatoria al Paro Nacional del 17 de marzo”. Entre los motivos de esa movilización se encuentran las inconformidades por la manera como el Gobierno ha atendido la crisis humanitaria de La Guajira, el valor del salario mínimo, la privatización de las empresas del Estado y las afectaciones que los megaproyectos le han causado al medio ambiente.
Las medidas del Gobierno
La semana pasada, en la sede del Ministerio del Interior, el ministro Juan Fernando Cristo; el consejero presidencial para los derechos humanos, Guillermo Rivera; el director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Cajiao; el defensor del pueblo (e), Diego Mora, y otros funcionarios, se reunieron con Aída Avella, de la UP, y con Jaime Caycedo, del Partido Comunista.
En esa y otra reunión, a las que también asistieron directivos de oenegés, se acordó crear mesas regionales de protección en departamentos como Cauca, Cundinamarca, Arauca, Meta y Putumayo, además de reforzar los esquemas de protección. Ambas decisiones se hicieron públicas el lunes, a través de un comunicado de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.
Sin embargo, a esos encuentros no fue convocada Marcha Patriótica, que cuenta con el mayor número de militantes asesinados durante las últimas semanas. Según David Flórez, el Gobierno asumió varios compromisos en 2014 con el fin de proteger a los integrantes de esa colectividad, pero “al día de hoy no ha cumplido ni uno solo”.
Mientras se conoce una respuesta sobre la creación de la Comisión de Garantías de No Repetición, el Gobierno anunció que estudia una solicitud de Marcha Patriótica y de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz para conformar una comisión que evalúe las formas de operar de las organizaciones criminales que están matando a los líderes de la izquierda.
