Así lo dice Diego Martínez, asesor jurídico de las Farc, quien hace dos semanas conversó con el alto mando de las Farc en Estados Unidos, donde está recluido.
Aunque todavía no ha sido aprobada por el Congreso, la Justicia Especial para la Paz (JEP) viene acumulando una serie de expedientes por resolver. Uno de estos es el de alias Simón Trinidad, quien sorpresivamente anunció –a través de las Farc – que quiere someterse a la justicia transicional para confesar la verdad sobre los 177 procesos que tiene pendientes ante la justicia colombiana. Su intención es por el momento política, pues así se someta a la JEP, primero debe cumplir con 51 años de prisión en la cárcel ADX Florence de Colorado (Estados Unidos).
Teniendo en cuenta que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz reconoció a Trinidad y a dos extraditados más – alias Iván Vargas y Sonia – como integrantes de las Farc, se abre la posibilidad para que participen en la JEP confesando la verdad. Esto mismo hicieron, durante el proceso de Justicia y Paz, paramilitares extraditados como Salvatore Mancuso, quienes recibieron rebajas de pena por participar en procesos de verdad y justicia.
Juvenal Ovidio Ricardo Palmera se convirtió en Simón Trinidad entre 1986 y 1987, cuando integró el Bloque Caribe de las Farc, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Su pasado como economista e intelectual en Valledupar, además de los recursos que tenía, lo llevaron al Estado Mayor de las Farc. De acuerdo con el Ejército, Trinidad tenía conocimiento de todos los movimientos financieros, incluso los relacionados con los secuestros, los cultivos de coca y amapola y el tráfico de armas.
Hablamos con Diego Martínez, asesor jurídico de las Farc. Él fue quien, junto al senador Iván Cepeda, visitó a Trinidad en la cárcel de Colorado, hace dos semanas. Por ahora, el mensaje de Trinidad es político y, como asegura Martínez, da luces sobre la voluntad de colaborar con el esclarecimiento de la verdad durante el conflicto. También opinó sobre la inclusión a la JEP de Diego Palacio, exministro de Protección Social acusado de participar en el escándalo de la “Yidispolítica”.
¿Es posible que a Simón Trinidad le rebajen la pena –como en los casos de Justicia y Paz– o que pueda terminar de pagar su condena en Colombia?
Él no se puede someter a Justicia y Paz, se somete a la JEP, y esto tendrá efectos acá en el país, no influye en las sanciones que otros modelos de justicia han impartido, como es el caso de Estados Unidos. En la justicia norteamericana no es posible que obtenga una rebaja de pena, es solo posible en la justicia colombiana. Si es repatriado se podrían homologar las dos sentencias. Realmente él tiene un cúmulo bastante grande de procesos en el país, y con este mensaje lo que hace es poner estos procesos a voluntad de la JEP.
¿Los otros extraditados también buscarían colaborar con la justicia en Colombia?
Depende, porque en el caso de Sonia, ella ya está cerca de pagar su pena entonces no habría ninguna razón para que se acogiera a la JEP. En el caso de Iván Vargas, él está condenado en la justicia norteamericana pero no hemos podido conocer y explorar su situación legal. Nosotros vamos a ir a visitarlo para ver qué posibilidades existen de que colabore con la justicia colombiana.
¿Qué expectativas tienen las Farc con el anuncio de Trinidad y de otro posible caso, el de Iván Vargas?
Que Simón fuera a acogerse a la JEP es un mensaje de que quiere homologar sus penas aquí en Colombia. Que si algún día se logra la repatriación, ésta no vaya a ser tan traumática teniendo en cuenta que se estaría acogiendo a la JEP. No es que estemos buscando repatriarlo en este momento, eso va a depender de otros factores. Hay dos mensajes con este anuncio: uno político y otro jurídico. El político es que envía un mensaje de que está de acuerdo con el proceso de paz, pese a las condiciones físicas y emocionales que genera estar en esa prisión. Fácilmente él podría decir: “como ustedes no trabajaron por mí yo no me acojo al proceso de paz”. Con ese factor se podrían engrandecer las disidencias. El segundo mensaje es jurídico, y es que él está de acuerdo en acogerse a la justicia colombiana y a responder por sus delitos.
¿Tiene la voluntad de aportar toda la verdad?
Claro, toda. Incluso estaría dispuesto a pedirles perdón a las víctimas, como ya lo han hecho otros altos mandos. El mensaje es justamente para demostrar que está de acuerdo con el proceso de paz.
¿Qué les preocupa a ustedes de las modificaciones que el Congreso le pueda hacer a la JEP?
Me parece que lo más grave es que le estén haciendo conejo al tema de participación en política. Hay una modificación en el artículo 30 de la JEP que les impediría a los integrantes de las Farc participar en política. Es muy grave. Lo que están haciendo en el Congreso es tocar las líneas rojas del Acuerdo de Paz. Además, no creo que la Corte Constitucional pueda salvar ese punto. Este es un problema político.
Lo que está diciendo Diego Palacio es que él cometió un delito que le permitía a Uribe continuar con la política de seguridad democrática
¿Qué otras modificaciones a la JEP han generado dudas en las Farc?
Fijar mecanismos de selección en la Comisión de la Verdad es otro tema grave y obviar el tema de la justicia restaurativa es igualmente grave. El otro tema que nos preocupa son los mecanismos para ver si se puede llamar a interrogatorio a los integrantes de las Farc. La Corte Suprema de Justicia ya dijo que no era posible y por eso es muy grave. Otro tema es el de los testaferros. El Fiscal lo que dice es que los que no digan quiénes son los testaferros perderán los beneficios legales. Nosotros lo que quisimos fue ampliar este punto, diciendo que las personas que no cuenten toda la verdad y no confiesen su relación con paramilitares y empresarios pierdan los beneficios.
¿Existen garantías para que en efecto los militares cuenten la verdad?
La JEP es para todos. Todos los que hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado tienen que confesar. El tema de que fijar que los delitos ocurrieron durante el conflicto dependerá de los magistrados, quienes deben tener un criterio acorde a la jurisprudencia internacional.
¿Cómo ven que Diego Palacio vaya a ir a la JEP?
Fíjese como es de dinámica la cosa. Si uno mira el caso de Diego Palacio diría, no tiene por qué estar en la JEP. Sin embargo, lo que está diciendo Diego Palacio es que él cometió un delito que le permitía a Uribe continuar con la política de seguridad democrática. Por eso dice que sí es un delito relacionado con el conflicto armado. Lo que está diciendo Palacio es que él cometió un delito por la obsesión de Uribe para continuar con la política de seguridad democrática.
¿Estaría muy flexible la interpretación frente a la JEP?
No, porque si es para reelegir un plan o política encargada de continuar con el conflicto armado está claro que es un delito relacionado con el conflicto. Es como un alcalde que sacaba plata para darle a la guerrilla y así esta cumpliera con sus actividades. Es lo mismo que pasa con Palacio. Eso sí, la idea es que vayan todos, Rito Alejo del Río, por ejemplo, y cuenten toda la verdad para que se establezcan responsabilidades.
Las Farc también quieren que les cuenten como tiempo de privación de libertad el tiempo que permanecieron en las zonas veredales…
En el caso de los paramilitares les contaron el tiempo que estuvieron en San José de Rialito. Las zonas veredales eran zonas de confinamiento. Nadie podía salir, al que saliera lo capturaban. No era una libertad plena, eran zonas controladas por el Ejército y por eso decimos que representan confinamiento.
¿Qué piensan de la captura de Tito Aldemar Ruano, alias Don Ti?
La gente que está en la zona dice que era un integrante histórico de las Farc en el territorio, entonces lo que se está generando es una incertidumbre jurídica grave. Sin embargo, toca ver las pruebas que tiene el Estado para capturarlo. Estamos en esa etapa de evaluación.
¿Están preparando más casos para la JEP?
Estamos esperando cómo va a quedar la Jurisdicción Especial para la Paz. Por ahora estamos evaluando varios casos, como el de Simón Trinidad. Al mismo tiempo estamos haciendo un diagnóstico sobre la situación legal de todos los integrantes de las Farc que se integrarán, ojalá pronto, a la JEP.
