Más allá de la polémica que puede generar, la exsenadora representa el reto que tendrá Colombia de dirimir sus diferencias sin eliminar al contradictor.
Este martes, el Consejo de Estado anuló la inhabilidad de 18 años que la Procuraduría le había impuesto a la exsenadora Piedad Córdoba por supuestos vínculos con las Farc. A propósito de esta decisión, que deja sin efectos una de las dos sanciones del Ministerio Público, recordamos este perfil que le hicimos a Córdoba cuando sufrió un atentado a principios de abril.
En hechos que todavía son confusos, el 2 de abril hubo un supuesto intento de atentado contra la exsenadora Piedad Córdoba, quien asistía a un evento en la ciudad de Quibdó. Según dijo, cuando salía de un hotel en la capital chocoana, vio como un hombre que se escondía detrás de un poste trató de desenfundar un arma. Ella reaccionó y de inmediato sus escoltas la protegieron. El hombre escapó del sitio.
Aunque la Policía de Quibdó y el propio ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguraron que se trató de una falsa alarma por cuenta de la presencia en la zona de agentes de la Sijín vestidos de civil y de una alerta por la supuesta instalación de un explosivo en la ciudad, Córdoba, su familia y personas cercanas, insisten en que hubo una amenaza directa contra su vida.
Más allá de la polémica sobre cómo ocurrieron los hechos, el caso no puede tomarse a la ligera. A lo largo de su carrera política, Córdoba ha sobrevivido por lo menos a dos atentados y a un secuestro de las Autodefensas Unidas de Colombia, en 1999, por orden directa de Carlos Castaño. También es víctima del conflicto armado.
Pero no es solo su historial de amenazas y ataques violentos. Sobrellevando señalamientos, Córdoba ha tenido un papel fundamental en numerosas gestiones relacionadas con la paz y es un referente de oposición política. Hoy, en medio de un paro armado orquestado por un grupo paramilitar, y con el antecedente de decenas de asesinatos de líderes de izquierda en la últimas semanas, su derecho a ejercer la política -más allá de que esté inhabilitada para lo electoral- es una prueba de fuego para saber qué tanto es capaz Colombia de debatir sus diferencias sin eliminar al contradictor.
La búsqueda implacable de una salida negociada al conflicto
En 1991 Piedad Córdoba llegó a la Cámara de Representantes. Durante su primer periodo como congresista —pasó al Senado en 1994 y fue reelegida hasta 2010—, impulsó una ley que reglamentó la seguridad social para las madres comunitarias y apoyó el proyecto de ley que en 1993 se convirtió en la Ley de Negritudes. Dos años más tarde impulsó la ley que creó la Dirección Nacional de Equidad para las Mujeres.
Como senadora, defendió toda clase de proyectos relacionados con víctimas, equidad de género, reivindicación de minorías y soluciones pacíficas a la guerra. Su lucha, abiertamente de izquierda, le valió toda clase de enemigos y señalamientos, pero también el reconocimiento de otros sectores de la sociedad e incluso de su partido, el Liberal, del que fue codirectora y luego presidenta.
Aunque ya había apoyado distintos proyectos enfocados en la salida negociada del conflicto, sin duda el que la catapultó a lo más alto, tanto de la gratitud como del desprecio, fue cuando, durante el gobierno de Álvaro Uribe, fue escogida como una de las intermediarias que negociarían el acuerdo humanitario para lograr la liberación de secuestrados de las Farc.
Córdoba llevaba un tiempo presionando para que el gobierno de Uribe, uno de sus grandes contradictores políticos, buscara salidas que propiciaran el acuerdo humanitario, que consistía en liberar secuestrados a cambio de guerrilleros presos. A principios de agosto de 2007, le pidió a Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela, que tratara de intermediar para que Uribe atendiera su propuesta. Chávez le dijo que no sabía si eso estaba a su alcance, pero, apenas días después, Córdoba y Uribe se reunieron en Palacio. El presidente le ofreció formalmente ser parte de los “facilitadores” autorizados para tener acercamientos con las Farc.
La exsenadora buscó ayuda en Chávez, quien también fue autorizado por el Gobierno colombiano para participar en ese proceso, para destrabar la situación entre el Gobierno y las Farc, que no avanzaba por cuenta de varios “inamovibles” de parte y parte. Uribe decía que no desmilitarizaría territorios para el intercambio y las Farc, además de que pedían un despeje, exigían que se incluyera a alias “Simón Trinidad” y a alias “Sonia”, presos en Estados Unidos.
Córdoba logró reunirse con Trinidad y Sonia, y logró que ambos firmaran una carta en la que se hacían a un lado para que las negociaciones pudieran continuar. Además, se reunió con “Raúl Reyes” y con “Iván Márquez”, con el propósito de agilizar la liberación de secuestrados. Sin embargo, a finales de 2007, debido a roces políticos entre Chávez y Uribe, la exsenadora y el presidente venezolano fueron desautorizados para continuar con los acercamientos.
Pese a ello, Córdoba y Chávez lograron que un par de meses después, a principios de 2008, las Farc hicieran dos tandas de liberaciones unilaterales. Primero fueron Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo, y más adelante Gloria Polanco, Luis Eladio Pérez, Orlando Beltrán y Jorge Géchem. Todos agradecieron la gestión de la exsenadora, quien luego dijo que, con o sin autorización de Uribe, seguiría apoyando el proceso de liberación de secuestrados.
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Foto: Pnud.
Así lo hizo. Desde finales de la década pasada, junto a Iván Cepeda, Córdoba creó Colombianos y Colombianas por la Paz, un movimiento encaminado a la búsqueda de una salida negociada a la guerra. A través de cartas enviadas al secretariado de las Farc en 2009, miles de colombianos, que suscribieron la iniciativa de la entonces senadora, le pidieron a esa guerrilla que adelantara acciones concretas, que dejara de secuestrar, que liberara a quienes tenía en su poder. Esa petición dio lugar al anuncio por parte de las Farc de la liberación unilateral de seis secuestrados.
Después de que en 2011 el procurador Alejandro Ordóñez la destituyó y la inhabilitó para ejercer cargos públicos por supuestos vínculos con las Farc, siguió trabajando con Colombianos y Colombianas por la Paz, desde donde, además, denunció la grave situación por la que ya atravesaban las cárceles del país. Siguió promoviendo el diálogo de esa ONG con las Farc, pidiéndoles cada vez que generaran condiciones para negociar la paz.
En 2012 apareció Marcha Patriótica, un movimiento social y político liderado por Córdoba, que reúne a numerosos procesos organizativos de diferentes lugares del país e insiste, entre otras reivindicaciones, en la necesidad de una salida negociada al conflicto, en promover la discusión sobre la propiedad de la tierra y la reforma agraria, la construcción de paz con justicia social y otros temas de garantías para las minorías.
Según ese movimiento, que se pronunció luego de lo ocurrido en Quibdó, el caso no puede desconectarse de “su trabajo de denuncia sobre la persistencia de dichas estructuras paramilitares, que continúan asesinando líderes sociales y políticos del país, con un saldo trágico de asesinatos recientes, que sólo entre los miembros de nuestra organización ya supera el centenar de víctimas”.
También en 2012 se instaló la mesa de negociaciones entre el Gobierno y las Farc. Y a propósito de esa negociación, Córdoba se pronuncia, es activa en redes sociales, viaja por las regiones y ha sido una de las principales promotoras de un cese al fuego bilateral. En diciembre de 2014, en el marco de ese proceso, fue escogida para integrar la quinta delegación de víctimas que viajó a La Habana. La polémica no faltó y sus detractores cuestionaron su elección. Pero su posición en la mesa, además de por su condición de víctima, que comparte con ya casi otros 8 millones de colombianos, fue en el fondo el reconocimiento a su papel en la construcción de paz.
