El acuerdo entre el Gobierno y las Farc tiene antecedentes que sirven para entender qué implica detener la guerra.
Los términos son diversos: cese al fuego, alto al fuego, cese de hostilidades, tregua. Todos tienen diferencias, pero en esencia apuntan al mismo propósito, el de detener la guerra. Sin embargo, usarlos indistintamente ha llevado a confusiones. En muchas oportunidades ha dificultado el avance mismo de los procesos de negociación.
Esos recursos están presentes en diferentes momentos de las conversaciones de paz. A veces, se imponen como condición para iniciar un diálogo. En otras ocasiones, se trata de uno de los últimos pasos luego de que todo o casi todo está acordado. Finalmente, hay procesos que culminan sin un acuerdo sobre la materia y el conflicto se detiene solamente cuando se ha logrado un acuerdo definitivo.
Lo pactado sobre la materia entre el Gobieno y las Farc tiene sus propias particularidades: la definición de zonas de ubicación, la movilización de las tropas guerrilleras hasta esos lugares, la definición de garantías de seguridad y la verificación internacional en manos de la ONU y la Celac son algunas de ellas.
Es así porque cada conflicto y cada negociación responde a dinámicas y necesidades concretas. Entonces, las experiencias internacionales son un insumo, un ejemplo que sirve para el análisis. Sin embargo, no pueden ser calcadas. No existe un cese al fuego de molde.
La Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona (ECP), en un documento titulado “Análisis sobre Declaraciones de Alto al fuego y Cese de Hostilidades en procesos de paz”, explica la diferencia entre un cese unilateral (como el declarado por las Farc. Estos casi siempre tienen el objetivo de generar confianza en la contraparte o en la opinión pública) y las declaraciones de cese al fuego que comprometen a varias partes. Asegura que en esos casos “es de suma importancia la concreción detallada y la mutua aceptación de los términos del acuerdo”.
En su análisis, la ECP aborda los casos de 36 procesos de negociación. De ellos, solo en siete casos el acuerdo de cese al fuego se consiguió al final de las conversaciones. En 15, el asunto se pactó al inicio de la negociación y en los casos restantes se hizo en la mitad del proceso o simplemente las conversaciones culminaron, con o sin éxito, sin que se definiera un cese al fuego.
El documento también precisa que aun con las características puntuales de cada acuerdo, existen cuatro asuntos comunes a las declaraciones del cese al fuego. Se trata de la definición de actos prohibidos, la separación física de las fuerzas en combate, los acuerdos sobre verificación, supervisión y control, y el repliegue y acuartelamiento como el paso previo a la desmovilización de combatientes.
En síntesis, esos cuatro elementos son pasos cruciales para silenciar las armas, así sea una determinación previa al logro de acuerdos definitivos para poner fin a un conflicto armado.
El Salvador y Guatemala
Las experiencias puntuales de El Salvador y Guatemala pueden ser ejemplos cercanos alrededor de los acuerdos para un cese al fuego. En el primer caso, el cese al fuego se logró en febrero de 1992, más de siete años después de iniciadas las primeras conversaciones y 10 meses antes de un acuerdo definitivo para poner fin a la guerra civil.
Ese cese al fuego estuvo rodeado por varios intentos que se iniciaron desde 1987, cuando las partes en las conversaciones emitieron un comunicado en el que anunciaban su voluntad de acercar posiciones sobre la materia. Los acuerdos preliminares tuvieron uno de sus principales momentos en 1990, cuando el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno guatemalteco decidieron pactar un compromiso de respeto a los derechos humanos en el desarrollo de la guerra.
Igualmente, resolvieron la creación de una figura de verificación en cabeza de Naciones Unidas que tendría la tarea de vigilar el cumplimiento de los acuerdos para poner fin a la confrontación armada. Finalmente, ese organismo, creado con el nombre de Onusal, tuvo la tarea de acompañar el proceso de desmovilización, reincorporación a la civilidad y finalmente la legalización del FMLN como partido político en diciembre de 1992.
En el caso de Guatemala el cese al fuego fue anunciado en noviembre de 1996. Más de una década después del inicio de los acercamientos de paz a principios de la década de 1980. Ese acuerdo para poner fin a la confrontación entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) fue uno de los últimos pasos del proceso de conversaciones.
Esa determinación hizo parte de una agenda de pacificación que incluyó un paquete de reformas constitucionales y una modificación en el sistema electoral. Igualmente, se definió que la verificación del cese al fuego a cargo de Naciones Unidas.
Esa misión fue denominada Minugua y su papel, de acuerdo con la ONU, fue la “observación de una cesación formal de las hostilidades, la separación de fuerzas y la desmovilización de los combatientes de la URNG en puntos de concentración preparados específicamente para este fin”.
El texto de los acuerdos para el cese al fuego en Guatemala precisaba que “la concentración de los efectivos de la URNG se hará en los puntos acordados por las partes. Su tamaño será determinado por la cantidad de efectivos a concentrar y deberá permitir la estancia temporal en condiciones adecuadas”.
La misión de la ONU permaneció en ese país hasta mayo de 1997 cuando más de 500 mil armas, municiones, material de guerra y explosivos destruidos fueron entregados al Ministerio del Interior de Guatemala por parte de los observadores militares internacionales.
