¿Qué pasa con el periodismo en Córdoba?
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¿Qué pasa con el periodismo en Córdoba?

Juan David Ortíz Franco - Junio 11, 2015

Se cumplen cinco años del asesinato de Clodomiro Castilla, periodista emblemático de Montería, pero la investigación no avanza. El periódico más importante es cuestionado por la justicia, la autocensura y las amenazas son el común denominador del resto de los medios. S.O.S por los colegas.

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Cinco días antes de que un sicario le disparara en la puerta de su casa, Clodomiro Castilla le escribió un correo electrónico a su hijo Mauricio. “Me dijo que lo iban a matar, que ya estaba cansado, que ya se había dado cuenta de que sus denuncias no iban a prosperar. Ese día me dijo que ya estaba esperando la muerte”. Fueron ocho tiros. Faltaba poco para que fueran las 9:00 de la noche del 19 de marzo de 2010.

Castilla era el director de la revista El Pulso del Tiempo y conducía un programa en la emisora La Voz de Montería. Llevaba varios años investigando los vínculos de un sector de la dirigencia cordobesa con el paramilitarismo. Sus denuncias lo habían distanciado lo suficiente de los afectos de políticos, empresarios, e incluso, de otros periodistas.

Clodomiro Castilla fue asesinado el 19 de marzo de 2010. Denunciaba los vínculos de la clase dirigente cordobesa con el paramilitarismo.

Su tono le generó enemistades. De su historial de pleitos hizo parte el magistrado Jorge Pretelt, quien después se vería envuelto en un escándalo por el supuesto pago de un soborno para la selección de una tutela en la Corte Constitucional. También la exgobernadora Marta Sáenz. En varias oportunidades Castilla tuvo que rectificar sus publicaciones. Incluso, alguna vez, un juzgado ordenó en su contra un carcelazo de 10 días porque consideró insuficiente su respuesta ante un denuncia presentada por la entonces gobernadora Sáenz a raíz de una caricatura que publicó en su revista.

Pero en el centro de la polémica con Clodomiro Castilla siempre estuvo William Salleg Taboada, quien hasta marzo de este año fue el director del periódico El Meridiano de Córdoba, el medio de comunicación impreso más reconocido de ese departamento. La relación entre Salleg y Castilla se paseaba por los estrados judiciales de Montería desde que el director de El Pulso del Tiempo entregó en la Corte Suprema de Justicia varias grabaciones que, según su denuncia, daban cuenta de los nexos entre el dueño de El Meridiano y Salvatore Mancuso. Ese material, que hizo parte del proceso por el cual fue condenado por ‘parapolítica’ el exsenador Juan Manuel López Cabrales, hizo que la corte pidiera a la Fiscalía abrir una investigación contra Salleg.

Paradójicamente, un día antes del asesinato de Clodomiro Castilla, El Meridiano de Córdoba celebró su aniversario número 15 con la presencia del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. En ese evento, del que participaron numerosas personalidades de la región, Uribe destacó las garantías que existían para el ejercicio de una prensa libre e independiente.

Esas garantías no alcanzaron para Castilla. Meses antes del atentado había renunciado a la protección policial porque, según decía, integrantes de esa misma institución hacían parte de un plan para asesinarlo. Sin embargo, ante las amenazas, se retractó y pidió acompañamiento, pero la protección no llegó. Estaba solo, sin escolta, leía un libro frente a su casa cuando le dispararon.

El paramilitarismo en las voces de los periodistas

El pasado 23 de abril, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín profirió una sentencia en contra de varios antiguos integrantes del Bloque Córdoba de las Autodefensas. En ella se refiere al asesinato de Castilla y a lo que considera el “nivel de penetración y aceptación de las estructuras paramilitares en la región”, situación que, de acuerdo con el tribunal, se vio reflejada en el tratamiento de ese fenómeno por parte de algunos medios de comunicación.

“La forma cómo se presentaba a los jefes paramilitares, sus discursos y su narración de los hechos contribuyeron a la justificación de sus actos y de las violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (…) se buscaba legitimar las acciones ilegales que afectaban masivamente a la población”, dice la sentencia que señala de forma directa a El Meridiano y asegura que “es claro” que en diferentes momentos ese periódico actuó “como caja de resonancia, justificación del fenómeno paramilitar y como un instrumento para divulgar y propagar el ideario de dichos grupos, lo que lo hace responsable ante la Constitución y la Ley”.

En consecuencia, el tribunal ordena compulsar copias para que se investiguen, de nuevo, los vínculos de varias personalidades de Córdoba con el paramilitarismo –incluyendo a William Salleg-. En relación con el caso de Castilla, la Sala de Justicia y Paz asegura que esa sentencia “es también un homenaje al valor del periodista”.

La familia de Castilla pide celeridad en el proceso que ya ajusta cinco años sin que nadie haya sido vinculado formalmente a la investigación.

Mauricio Castilla, por su parte, dice que espera que de esa forma se pueda destrabar el proceso por el homicidio de su padre  que ajustó cinco años sin que nadie haya sido vinculado de manera formal. “El caso de mi papá está durmiendo el sueño de los justos, como la gran mayoría de los procesos de periodistas amenazados en este país. Nosotros esperamos que eso cambie ahora que salió la sentencia del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín que es un homenaje a Clodomiro por hacer las denuncias de los vínculos de los paramilitares con la clase política”.

Y es que luego del homicidio llegaron los señalamientos que, dice Mauricio, buscaban enlodar el nombre de su padre y justificar el crimen. Algunos dirigentes políticos e incluso periodistas relacionaron el asesinato con una antigua adicción a las drogas que el propio Castilla reconocía, se le acusó de extorsionar a algunas personas y de exigir dinero a cambio de no publicar los hallazgos de sus investigaciones. Su hijo se pregunta por qué, de ser cierto, no se denunció esa práctica, y recuerda que la celebración religiosa en que fue despedido su padre fue poco concurrida. Su explicación es que el periodismo de Córdoba teme generar molestias entre algunos sectores de la población que actúan como empleadores o anunciantes.

La sentencia del Tribunal Superior de Medellín recoge testimonios de postulados de Justicia y Paz que, en sus versiones, han asegurado que los jefes paramilitares de la zona tenían línea directa con algunos medios y, bajo presiones o coincidencias ideológicas, conducían el manejo de la información. Ante ese escenario, el propio William Salleg, en declaraciones recientes a Verdad Abierta, negó las acusaciones en contra de El Meridiano de Córdoba. “Hicimos un excelente trabajo periodístico respecto al fenómeno paramilitar durante el propio conflicto que nos tocó vivir; durante el proceso de paz; y durante el posconflicto. Tan importante fue nuestro trabajo que El Meridiano se convirtió en fuente obligada de consulta para todos los medios del país en este tema”.

Las armas y la pauta

El caso de Clodomiro Castilla es emblemático, pero no es el único que sirve para dar cuenta de la situación que enfrenta el periodismo en el departamento de Córdoba. En julio próximo se cumplirán seis años desde el primer encuentro del periodista Édgar Astudillo con la banda criminal de Los Paisas. En esa oportunidad, varios hombres que se identificaron como integrantes de ese grupo armado le impidieron llegar hasta un sector turístico de Montería donde, según dijeron, esa organización sostenía una reunión con varios ganaderos. Ante la orden, el periodista recogió los testimonios de varios habitantes de la zona que denunciaron atropellos de Los Paisas, estructura que decía defender los intereses de los grandes hacendados de la región.

Ese material se transformó en un informe radial que Astudillo emitió en Radio Panzenú. Luego de esa emisión empezaron las amenazas telefónicas y las intimidaciones. El periodista recibió varias llamadas en las que supuestos emisarios de esa banda criminal le exigían dejar de informar sobre el tema. La situación se hizo más compleja en abril de 2010, pocos días después del asesinato de Castilla, cuando hasta la sede de esa emisora llegó un panfleto en que Los Paisas aseguraban que atentarían contra Astudillo antes de que finalizara ese mes.

“Por ese entonces, otros tres periodistas de investigación de la zona también denunciaron ser víctimas de amenazas. Informé de mi caso a la Fiscalía y me asignaron a un policía que me acompañara en mis tareas diarias”, relató el propio Astudillo. Pero además de las amenazas tuvo que enfrentar la reacción de sus colegas que, según dice, llegaron incluso a responsabilizarlo de la situación por “abrir la boca demasiado”.

Siguió trabajando en esas condiciones hasta el 27 de mayo de 2010, hace cinco años, cuando varios hombres en dos camionetas lo abordaron y le dieron la orden de dejar de informar sobre las bandas criminales de la región. Si no aceptaba debía salir de la ciudad y de lo contrario atentarían contra su familia. Tomó un vuelo a Bogotá donde permaneció durante varios meses tratando de sobrevivir y alejado de los micrófonos.

Astudillo estuvo desplazado durante varios meses en Bogotá. Regresó a Montería en 2011 y sigue haciendo periodismo acompañado por un esquema de la Unidad Nacional de Protección.

Cansado del frío y de la distancia asumió el riesgo y regresó a su ciudad en 2011. Las amenazas han sido frecuentes, una de ellas la recibió en septiembre del año anterior cuando su nombre apareció junto al de otras 23 personas en un panfleto atribuido a Los Rastrojos. De la lista también hacían parte Iván Cepeda, Claudia López, Piedad Córdoba y otro periodista, Léiderman Ortiz, director del semanario La Verdad del Pueblo que circula en Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, en límites con el departamento de Córdoba.

“Tuve que presentar de nuevo una denuncia ante la Fiscalía por esas amenazas panfletarias y algunas amenazas telefónicas que recibí por denunciar la existencia y la operatividad de bandas criminales en la subregión del San Jorge, sobre todo por tratar la situación de orden público que tengo que publicar en los dos noticieros que hago”, dice Astudillo.

Permanece con un esquema de seguridad que lo acompaña desde hace más de dos años y asegura que, de no contar con él, tendría que volver a desplazarse de su ciudad:  “Las amenazas persisten, son de cada semana, yo me quedo sorprendido de cómo llaman y cómo insisten en amenazar, unas veces de forma sutil y otras de forma grosera. Ya como que me acostumbré a eso, lo tratan a uno de sapo, con palabras de grueso calibre y agregan la advertencia: ‘Ajá hijueputa, estás contento porque capturaron a tal jefe y no te da miedo que te quebremos el culo’. Eso es persistente, en algunas oportunidades anoto los números, pero es que ya he presentado como 10 denuncias y eso se vuelve fastidioso, se volvió rutinario”.

Entonces, vivir amenazado se volvió costumbre para Astudillo. Enfrenta ese temor desde su época de concejal de Montería, representaba una alianza de izquierda y a finales de los años 80 sufrió un atentado. Desde entonces persiste en su discurso en contra del paramilitarismo y no le tiembla la voz, aunque reconoce que en algunos casos ha bajado el tono.

“Me tiraron a matar, me arruinaron, me obligaron a desplazarme, se ensañaron con mi familia. Yo he sido un chivo expiatorio multipropósito. Por eso, si hay un periodista que se identifica por ser antiparamilitar ese es Édgar Astudillo. La gente lo sabe y yo he dicho públicamente que hay sectores de la economía de Córdoba que están narcoparamilitarizados”, dice Astudillo.

Jorge Velásquez, presidente del Círculo de Periodistas y Comunicadores de Montería, dice que el principal riesgo que enfrenta ese gremio en Córdoba es “morirse de hambre”. Según dice, los casos de amenazas y de ataques directos han disminuido, pero en buena medida se debe a que “prima la autocensura”.

“Hace algún tiempo eran más visibles las amenazas y la intimidación. En ese momento enfrentábamos amenazas y atentados directos, pero ahora hay un alto grado de autocensura porque la situación de orden público en la región sigue siendo complicada y hay otra situación relacionada con el manejo de la pauta”, dice Velásquez.

La fórmula es simple: las denuncias sobre corrupción o los cuestionamientos que involucren a funcionarios públicos son respondidos con señalamientos y recortes en la pauta publicitaria. Mientras tanto, los informes periodísticos que señalen las actuaciones de grupos armados se responden con intimidaciones. Y ese coctel, según explica Velásquez, se entrecruza y el resultado es la autocensura.

“Existe temor a ser víctimas de los grupos armados ilegales, pero los periodistas también son muy cuidadosos de no meterse con las actividades de funcionarios públicos por el tema de la pauta, o porque esos funcionarios puedan tener alguna relación con fuerzas oscuras”, dice el presidente del Círculo de Periodistas.

Entre tanto, periodistas como Astudillo o como el propio Mauricio Castilla, quien conduce un programa radial que lleva el nombre de la revista de su padre asesinado y también ha sido amenazado, siguen ideando estrategias para moverse con cautela entre los poderes que mandan en su región. Esa es su forma de pagar sus cuentas y sobrevivir a las amenazas.