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¿Qué cambiará en el Putumayo con los acuerdos entre Gobierno y campesinos?
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¿Qué cambiará en el Putumayo con los acuerdos entre Gobierno y campesinos?

Staff ¡Pacifista! - Septiembre 7, 2016

Las partes pretenden saldar una deuda de más de 20 años con esta región. OPINIÓN.

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Hoja de coca. Foto: Santiago Mesa.

Por: Pedro Arenas*

Después de un mes de paro campesino y cocalero en el Putumayo, la Mesa Regional de Organizaciones del Putumayo, Baja Bota Caucana y Jardines de Sucumbíos y el Gobierno alcanzaron un acuerdo que podría suponer un cambio en la visión que se ha tenido de ese departamento, un territorio olvidado históricamente por el poder central.

Por su condición de frontera con Ecuador y Perú; el Putumayo ha visto de todo. Su historia comprende la búsqueda de caucho natural al noreste; las luchas por la quina en el piedemonte amazónico; una guerra con Perú, en la primera mitad del siglo XX; la repartición de recursos a una y otra orilla de sus ríos; oleadas de colonos que desposeídos de la tierra en otras partes del país se adentraron en su manigua para arrebatarle pedazos a los bosques; la distribución del escaso poder político por cuenta de las élites vinculadas a las casas partidistas de Bogotá; y sucesivas bonanzas extractivas hasta llegar a la modernidad que pregonaba recientemente la industria del petróleo.

Curiosamente, el Putumayo fue parte del mapa del Cauca hasta hace menos de 100 años. Aun así, nunca estuvo bien conectado con los demás pueblos vecinos. Hace pocas décadas se abrió una carretera “en serio” hasta Huila y Nariño. Pero su tierra se fue poblando con pastusos, opitas y gentes venidas de todas partes tras la crisis de la colonización, la caída de la incipiente agricultura y los efectos de la apertura económica en el mercado de la pasta base y la cocaína. Esta dinámica no frenó la declaratoria de zona de rehabilitación que decretaron los gobiernos a finales de los años 80.

En los años 90, la guerra contra las drogas se ensañó contra las comunidades indígenas, campesinas y afros motivando protestas que fueron etiquetadas por la prensa como “marchas cocaleras”, en apoyo o coincidencia con otras zonas del país. La reacción del gobierno central fue negar el diálogo, asumir actitudes de fuerza, cederle espacios a las compañías americanas explotadoras del petróleo y permitir que se ‘enguerillerara’ la discusión sobre el territorio, sus recursos y los cultivos de coca.

El Putumayo fue el epicentro del Plan Colombia y el Ministro del Interior de 2003 se atrevió a sostener que en ese departamento no quedaba ni una sola mata de coca. Nunca reconocieron las violaciones de los derechos humanos ni la ofensiva del sector petrolero encabezado por la OXI.

Para los cultivadores de coca lo único que se les ofreció fue la visión de consolidación territorial la cual exigía que las veredas estuvieran libres de coca previo a las inversiones del Estado. De paso el Plan Consolidación fue una estrategia militar contrainsurgente encabezada por las FFMM que puso la discusión en términos de seguridad y combate a las guerrillas, especialmente las Farc.

El Putumayo es un departamento donde la mayoría de los pliegos que han sido suscritos por el Gobierno y las comunidades han sido incumplidos. Allí las fumigaciones acabaron por desplazar a miles de productores de coca que se fueron a Nariño a sembrar nuevamente. De hecho, una demanda de los bloqueos del pasado mes de agosto, en 14 puntos del Putumayo, era el cumplimiento de los pactos alcanzados desde 1996.

Los acuerdos alcanzados en las últimas horas entre el Gobierno y la Mesa Regional de Organizaciones del Putumayo, Baja Bota Caucana y Jardines de Sucumbíos ponen de presente que las inquietudes de estas comunidades en lo que tiene que ver con el futuro medioambiental, minero-energético y productivo no es algo menor y que pueda pasarse por alto. Más aún, teniendo en cuenta el pasado irresuelto.

En materia minero-energética se acordó propiciar la articulación institucional para diseñar estrategias que garanticen la armonía de la defensa del medioambiente y los derechos de las comunidades en el marco del desarrollo de proyectos de esa índole.  Además, se acordó la realización de análisis regionales de esos proyectos minero-energéticos para evaluar sus impactos sobre los ecosistemas y así sugerir acciones que protejan el medioambiente. También se acordaron hechos puntuales que logren la descontaminación, limpieza y restauración de ciertos puntos afectados e identificados por Corpoamazonía.

Sobre derechos humanos los acuerdos buscan que se revise la situación de algunos detenidos pertenecientes a las distintas organizaciones sociales presentes en el territorio. También se acordó que se revisará la conformación y operatividad del Comité Departamental de Derechos Humanos. La esperanza es evitar que se vuelvan a presentar violaciones a los derechos humanos en un futuro próximo.

En el tema de sustitución de cultivos declarados de uso ilícito quedó claro en los acuerdos que el Ministerio de Ambiente considera que la aspersión aérea es algo con lo que no está de acuerdo, e invita a que una propuesta concertada demuestre reducción de este tipo de cultivos. Con ese propósito, establecieron un cronograma para la estructuración de este plan.

Estos acuerdos podrían cambiar sustancialmente la relación del poder central con el departamento del Putumayo toda vez que el planteamiento de El Plan de Desarrollo Integral Andino Amazónico-PLADIA-ha demostrado que las comunidades tienen un gran poder organizativo en esa región. Una vez más, queda demostrado que el diálogo es mucho mejor que las acciones de fuerza para lograr la búsqueda de soluciones en los territorios.

*Coordinador del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos /Ocdi Global